Destacado «Prohibido el Paso»: La investigación que demuestra que FFAA poseen la mitad de los bienes fiscales

“Esta es una historia con raíces en tiempos remotos que se proyectan hasta el presente. Es la trama de la dilapidación de un territorio que, nominalmente, pertenece a todos los chilenos. Un críptico proceso de enajenación de los bienes nacionales (…) del innegable enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de muchos (todo esto a nuestras espaldas, bajo las narices de gobierno de todo signo”.

Así parte el estremecedor libro Prohibido el Paso. Propiedad militar, del periodista y escritor Dauno Totoro Taulis (Ceibo) que está próximo a ser presentado.

La información presentada en este libro deja como una alpargata el fraude conocido como “Milicogate” y por el que se encuentran procesados tres comandantes en jefe del Ejército: Humberto Oviedo, Juan Miguel Fuente-Alba y Óscar Izurieta.

Pese a que mucho se ha dicho que este caso constituye uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Chile, la verdad está muy lejos de aquello. Al menos en lo que se refiere a montos involucrados pese a que en este caso lo defraudado al menos implica unos 40 millones de dólares.

El desfalco inmobiliario de las FFAA a los bienes comunes del Estado es algo de otra proporción. No tiene relación alguna con el milicogate. Acá se trata de la apropiación de casi la mitad (49,3%) de la totalidad de los bienes fiscales, según reporta Totoro en su libro, las fuerzas castrenses detentan el 49%.

“Aquí se están aportando datos concretos, cifras que no se han conocido. Lo más grave de esta cuestión, es que las FF.AA. y en particular el Ejército, son la principal herramienta que tienen los consorcios privados, las inmobiliarias privadas grandes, para hacerse de propiedades fiscales, que, por ningún otro método podrían hacerlo. Es contra la ley”. Es lo que señala Dauno en entrevista con El Ciudadano.

El autor sostiene que el Estado de Chile es el mayor propietario de tierras y bienes inmuebles de todo el país. “Un tercio del territorio nacional corresponde a patrimonio fiscal, con una superficie cercana a los 250 mil kilómetros cuadrados, similar al área de países como Ecuador, muy por encima de Uruguay o Cuba, y muy cerca de Italia. De esta superficie, parte importante corresponde a bienes de uso público. El resto son propiedades o bienes fiscales administrados por el Estado. De estos bienes fiscales, más de un 50% se encuentra destinado a las distintas instituciones del Estado para el cumplimiento de sus funciones. De este 50% de destinaciones, la mitad está en manos de las Fuerzas Armadas, sumando un total estimado de 5.100 propiedades, que constituyen un ‘territorio militar’ de, al menos, 1.6 millones de hectáreas”.

En el texto se recuerda que si bien la ley señala que las instituciones estatales tienen la obligación de devolver al fisco los terrenos en su poder cuando dejan de cumplir la función por la que los solicitaron, “lo cierto es que, de las 5.100 propiedades en manos de la Fuerzas Armadas, unas 2.410 han sido traspasadas a su Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF) nomenclatura que define el paso previo y ‘legal’ a su venta en el mercado inmobiliario”.

Una de las cosas más increíbles (incluso podría decirse dolorosa) es que este método de defraudación de bienes fiscales tiene su génesis en un acto jurídico emanado por el presidente Salvador Allende, con otro propósito.

Se trata del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1971, firmado por el entonces ministro de Hacienda Américo Zorrilla (PC), el titular de Defensa Alejandro Ríos (PR) además de Allende. Mediante este decreto se autorizó a las Fuerzas Armadas y a las policías, por un plazo estricto de 90 días, a traspasar terrenos que estuvieran bajo su administración a su PAF.

La idea que motivó ese decreto era permitir que las instituciones castrenses pudieran vender terrenos en su poder para “hacer caja”, en la medida que lo requirieran. Se inventó ese mecanismo para responder a las importantes demandas en materias sociales (sobre todo de vivienda), de infraestructura y equipamiento que los jefes de las fuerzas armadas y Carabineros (Carlos Prats, Cesar Ruiz, Raúl Montero y José María Sepúlveda) le transmitieron al entonces mandatario. Hicieron esto en momentos en que la prioridad de Allende era concentrar los recursos disponibles en cumplir con el vasto programa de transformaciones que implementaba la Unidad Popular.

Resulta llamativo que el informe que fundamentaba que la implementación de PAF como mecanismo para hacer caja para las Fuerzas Armadas surgió de un estudio que fue elaborado por el entonces jefe de la Guarnición Militar de Santiago, general Augusto Pinochet; por el vicealmirante y jefe de logística de la Armada José Toribio Merino; y por el futuro director general de Carabineros Cesar Mendoza.

“Pero las Fuerzas Armadas, con la complicidad de la Contraloría General de la República, hicieron caso omiso del plazo fatal de 90 días y, hasta 1998, siguieron traspasando libremente bienes inmuebles fiscales a su patrimonio, para luego enajenarlos”, como señala Totoro en su investigación.

Allí se da cuenta que, partir de 1998, luego de un dictamen de Contraloría (una vez concluido el período del contralor nombrado por Pinochet, Osvaldo Iturriaga), este procedimiento fue modificado. De ahí en adelante, las FFAA debieron comenzar a informar al Estado los traspasos al PAF. Sin embargo, esto no incluía las propiedades acumuladas hasta ese momento.

Además, a partir de entonces (1998) siguieron sucediéndose los traspasos y enajenaciones, mediante un mecanismo de ‘trueque’ mediante el cual “el Estado solicita a las instituciones castrenses la devolución de un predio a cambio de la enajenación o destinación de otro”.

Este proceder fue perfeccionada durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-06), mediante las Actas de Chena: la negociación pasó de ser un trueque ‘predio a predio’ a uno en el que se negociaba “por paquetes de terrenos”.

Este es el modelo que impera hasta hoy. Totoro cita, a modo de ejemplo, el hecho que las Actas de Chena aprobaron en 2004 que el Ejército vendiera 49 propiedades fiscales, a cambio de la devolución a Bienes Nacionales de 14 predios. El saldo a favor del Ejército, sumando y restando las tasaciones fiscales, fue de diez mil ciento ochenta y siete millones de pesos actuales.

Totoro -que es autor de La Cofradía Blindada (Planeta, 2018) y una decena de otros libros- resalta en su trabajo que entre 1992 y 1998, el Ejército y la Fuerza Aérea percibieron, por la venta de bienes inmuebles fiscales, la suma de 184 mil millones de pesos. Entre 2002 y 2005, el Ejército percibió, por el mismo procedimiento, 75 mil millones de pesos.

“Las ventas y licitaciones no se han detenido entre 2005 y la actualidad. Casos notorios y recientes son los del Lote 18 de Nueva Las Condes (82 mil millones de pesos); el Lote colindante con la Escuela Militar (39 mil millones de pesos); el Lote Presidente Riesco (42 mil millones de pesos); el Lote D-1 de La Reina (29 mil millones de pesos); el Lote 2C2 de Antofagasta (10 mil millones de pesos); etcétera.

Lo terrible -señala Dauno Totoro- es que el Estado no cuenta con un catastro detallado ni de cuántas, ni de cuáles ni menos del valor que tienen las tierras fiscales. Tampoco se conoce con certeza cuántas ni cuáles propiedades han sido destinadas a las Fuerzas Armadas; ni menos, cuántas ni cuáles han sido enajenadas por las instituciones de la Defensa Nacional, a qué precios, ni cuál ha sido el destino de los montos recaudados.

Si se sabe que los recursos obtenidos a partir de las multimillonarias ventas inmobiliarias no retornan al fisco, sino que se depositan en cuentas reservadas de las propias Fuerzas Armadas. “Estos montos no son fiscalizados, ni se suman al presupuesto de Defensa», expresa el también autor de Plan Camelot (Planeta, 2019).

En Prohibido el paso, se hace un pormenorizado análisis del involucramiento de empresarios, consorcios y grandes empresas en el negocio inmobiliario de las Fuerzas Armadas que les ha permitido apropiarse a bajo costo de apetecidos terrenos.

“Las Fuerzas Armadas han actuado como abastecedoras de bienes inmuebles fiscales para inmobiliarias, constructoras, bancos y entidades financieras. Todo al alero de amañadas interpretaciones legales, el silencio de las autoridades políticas, y la ausencia de fiscalización”, señala Totoro.

Se añade; “en estos predios fiscales enajenados por las Fuerzas Armadas que se han construido grandes centros comerciales, exclusivos condominios, oficinas corporativas, polos empresariales y financieros.

Fuente: el ciudadano.com