"Irregularidades en el Gobierno Metropolitano: Uso de Fondos Públicos con Fines Electorales"

En un nuevo informe, la Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en el manejo de fondos públicos dentro del Gobierno Metropolitano de Santiago. De acuerdo con la investigación, se habrían utilizado recursos fiscales para financiar asesorías relacionadas con estrategias electorales y campañas políticas, lo que ha generado un fuerte debate sobre la transparencia en el gasto público.

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Hallazgos del informe
El documento de la Contraloría detalla que varios contratos de consultorías, destinados teóricamente a mejorar la gestión y planificación del Gobierno Metropolitano, terminaron vinculados a actividades político-electorales. La revisión detectó pagos a asesores que prestaban servicios a figuras públicas asociadas a campañas, sin una justificación clara sobre el beneficio institucional de estas contrataciones.

Personas investigadas y sospechosos
Según fuentes oficiales, entre los investigados se encuentra Claudio Orrego, gobernador metropolitano de Santiago, quien ha sido mencionado en el informe por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos. La auditoría indica que se habrían destinado recursos para asesorías vinculadas a planificación electoral en su campaña de reelección.

Orrego ha negado las acusaciones y anunció que presentará un recurso de reconsideración ante la Contraloría, argumentando que los fondos fueron utilizados para capacitaciones y planificación estratégica, no para fines electorales. Sin embargo, la Fiscalía Regional Oriente ha tomado el caso y está investigando si existen delitos asociados a la gestión de estos recursos.

También se ha identificado a Patricio Baronti, exgerente corporativo de Metro, vinculado al escándalo de licencias médicas fraudulentas. Además, la investigación menciona a 55 personas, entre empresarios y asesores políticos, conectados al fraude tributario más grande registrado en Chile.

Reacciones y consecuencias
La denuncia ha generado una fuerte reacción en distintos sectores políticos. Mientras algunos exigen una investigación más profunda, otros han minimizado el impacto de los hallazgos, argumentando que se trata de procedimientos administrativos sin intenciones fraudulentas. No obstante, el informe abre la puerta a posibles sanciones, que podrían incluir la devolución de fondos mal utilizados y, en casos más graves, acciones judiciales contra los responsables.

Por su parte, organizaciones de transparencia y entidades fiscalizadoras han solicitado una mayor regulación en la asignación de recursos públicos, para evitar que se repitan situaciones similares.

El impacto en la confianza pública
Este caso se suma a una serie de cuestionamientos sobre el uso de dinero fiscal en distintas administraciones gubernamentales. La revelación pone en evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de control, especialmente en períodos electorales, donde la línea entre el gasto institucional y el financiamiento político se vuelve difusa.

A medida que avance la investigación, se espera que la Contraloría entregue nuevos antecedentes, y que el Gobierno Metropolitano adopte medidas correctivas para garantizar una mayor transparencia en el uso de recursos públicos.