El caso de expulsión que evitó el INDH, y luego el beneficiado acuchilló a una persona y traficó

El caso de la expulsión que evitó el INDH, y luego el beneficiado acuchilló a una persona y traficó droga


En lo que va de año se han presentado 87 recursos judiciales para evitar la expulsión de inmigrantes, en la que estos tienen antecedentes; en 26 de estos casos los extranjeros han sido acusados por delitos como tráfico de drogas, abuso sexual, hurto, amenazas, robo y trata de personas.

Aumento en el control fronterizo, expulsiones de quienes han cometido delitos en el país y medidas para evitar los ingresos clandestinos de inmigrantes son algunas de las materias que se han puesto sobre la mesa luego de la agudización de la crisis migratoria en la zona norte del país. Todos temas que fueron consultados al ministro de Interior, Rodrigo Delgado, durante la interpelación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados desde las 17 horas de ayer.

Una de las medidas que ha defendido el Gobierno ha sido la dictación de órdenes de expulsión, que muchas veces son dejadas sin efecto luego de que organizaciones “promigrantes” presentan recursos de amparo en su favor. “Dejar de hacer expulsiones no está en nuestra planificación futura”, fueron las palabras del ministro Delgado. De acuerdo con las autoridades de dicha cartera, el freno a las expulsiones entrega señales contradictorias para los extranjeros que cometen delitos en el país.

Uno de los casos que lo grafica es el de Luis Mario Mayor, un ciudadano colombiano de 33 años que ingresó como turista el 5 de septiembre de 2016, plazo que venció en diciembre del mismo año, quedando como extranjero en condición irregular. Su expulsión del país fue detenida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pese a que el inmigrante ha tenido tres investigaciones por delitos de tráfico de drogas y de lesiones graves en sus 5 años como residente irregular.

El 3 de noviembre de 2017, poco más de un año después de su ingreso, se formalizó una investigación en su contra por el delito de tráfico ilícito de más de 3 kilos de cocaína. Durante su período en prisión preventiva, que terminó en febrero de 2019 con una sentencia absolutoria, la Intendencia Regional de Aysén ordenó la expulsión del territorio nacional del ciudadano, ya que también se habían vencido sus plazos de residencia legal. La notificación de dicha expulsión llegó a manos de Mayor recién el 12 de marzo de 2021.

Ante esa resolución, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó, en septiembre de 2021, un recurso de amparo en favor del ciudadano colombiano por “vulnerar el derecho constitucional a la libertad personal y seguridad individual”, el que fue aprobado por la Corte de Apelaciones el 11 de septiembre, revocando su expulsión.

Llama la atención que el 22 de mayo de 2020, meses antes de la presentación del recurso de amparo del INDH, Mayor había sido formalizado por el delito de lesiones graves luego de que acuchilló a otro ciudadano colombiano. El hecho no es mencionado en el recurso presentado por la institución de Derechos Humanos, ya que no habrían tenido conocimiento de dicho ilícito hasta la audiencia.

De acuerdo con Aldo Basquee, abogado de la Delegación Regional de Aysén en la causa, la sentencia que esgrimió la Corte de Apelaciones para revocar la expulsión fue que el ciudadano habría “buscado mejores condiciones de vida a fin de desarrollar su proyecto de vida en familia”. “Nos parece impresentable el actuar del INDH señalando que esta persona busca mejores condiciones de vida, cuando estamos mostrando que ha tenido contacto con la justicia en 2 oportunidades en el momento del recurso”, sostiene Basquee. El tercer delito lo comete posterior a la sentencia de la Corte.

El juicio por lesiones graves terminó con una suspensión del procedimiento bajo la condición de que Luis Mayor no se acercara a la víctima durante un año, pagara una indemnización de $50.000 y fijara domicilio. El abogado explica que dichas medidas no se cumplieron y que la causa deberá ser reactivada, ya que el 13 de octubre de 2021 ambos ciudadanos colombianos volvieron a protagonizar un hecho violento en el que terminaron con lesiones y heridas.

Tras ese episodio, Mayor fue formalizado nuevamente por tráfico ilícito de drogas, esta vez por marihuana. El imputado quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir de la Región de Aysén por un plazo de 120 días.

La cautelar y el proceso judicial en su contra los cumplirá mientras tramita su regularización y residencia definitiva. Basquee afirma que se podría rechazar si recibe una condena y que están evaluando hacerse parte de la causa por tráfico de drogas. “Me parecería de toda lógica esperar esa sentencia para poder llegar a concretar una regularización positiva o negativa”, asegura.

Desde Interior aseguran que detrás de las revocaciones de expulsión existe una lógica de “migración descontrolada” en la que no hay restricciones. En el caso del ciudadano colombiano y otros, critican que en cuanto se levanta la expulsión por ingreso clandestino, las personas continúan cometiendo delitos debido a que no existe la señal definitiva de que quien comete ilícitos debe ser expulsado.

87 recursos de amparo durante 2021
Durante la interpelación, el ministro Delgado fue claro y tajante en que no dejarán de hacer expulsiones. En respuesta al diputado Vlado Mirosevic (PL), encargado de hacer las preguntas durante la jornada, el secretario de Estado aseguró que hubo 626 recursos de amparo presentados por organizaciones entre 2017 y 2020 y que la primera causa de ellos no fue por ingreso clandestino (113), sino personas acusadas por narcotráfico (248). Además mencionó otros 70 que habían robado, 20 con antecedentes penales y 16 acusados de homicidio entre los “beneficiados”.

Si bien se ha concretado la expulsión de más de 700 extranjeros en lo que va del 2021, se han presentado 87 recursos judiciales para evitarlas, en casos en que los beneficiados tienen antecedentes. La gran mayoría de ellos corresponden a ingresos clandestinos (61) y la segunda causa es el tráfico de drogas (7). También hay inmigrantes que han sido amparados a pesar de haber cometido abuso sexual, amenazas, hurto simple y calificado, robo con violencia e intimidación, lavado de activos y trata de personas.

La Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) lideran como las instituciones que más recursos han presentado este año (30), aunque las mismas fuentes consultadas aseguran que es debido a que tienen la obligación de proteger a los extranjeros.

En cuanto a la cantidad de recursos judiciales les siguen la Clínica Jurídica de la Universidad de Concepción (16), Juriscard (10), el INDH (9) y el Servicio Jesuita a Migrantes (9).

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