La televisión estatal ¿La televisión de todos?

¿Tontos o muy listos?​

Mariló Montero nos tiene acostumbrados a todo tipo de meteduras de pata, torpezas y salidas de tono que pueden ser y son muy cuestionadas, pero su última ocurrencia ha ido demasiado lejos al entregar nuestro espacio y la poca audiencia que nos queda a la voz de quien le niega a la rtv pública su sentido, su existencia y su futuro.
Cuando el mercado televisivo en nuestro país está ocupando gran parte de su parrilla a la economía, con la sucesión de diferentes voces representando distintas visiones y posturas ante la crisis y el dolor que provoca, la Radio Televisión Pública por excelencia, la nuestra, comprometida por mandato constitucional con valores como la PLURALIDAD, opta por una voz marginal por extremadamente extrema, la derecha a la derecha de la derecha, el enemigo número uno de las radiotelevisiones públicas y de todo lo que huela a público, y lo hace con un espacio fijo y en exclusiva dentro de nuestras mañanas… no vaya a ser que pueda ser escuchada ninguna otra voz ni opinión.
La contratación de Juan Ramón Rallo, el nuevo e inexplicable economista de cabecera de Mariló Montero, es una afrenta y un insulto para todos los trabajadores de CRTVE, para nuestro mandato constitucional y para la sociedad en su conjunto. Este “ideólogo” de la nada, que defiende una sociedad sin impuestos y la “ley del capital más fuerte”, dirige el Instituto Juan de Mariana, una especie de club muy muy privado con los poquísimos economistas que existen tan tan a la derecha y tan capaces de decir los mayores disparates sin temblarles la voz. Pero nadie mejor que Juan Ramón Rallo para hablar de Juan Ramón Rallo, y para ello basta con entrar en internet y ver algunas de sus “joyas”, bien en forma de twitter, de facebook, de conferencia de marcado título, o de “ocurrencia” en forma de frase para la posteridad:





“No sólo Canal 9 debe cerrar: sino todas y cada una de nuestras televisiones estatales.” - Juan Ramón Rallo -



Como se ve, se ha buscado un perfil moderado y representativo de una amplia mayoría de la sociedad para paliar la lamentable ausencia de otras voces… ¡UNA VERGÜENZA! Este nuevo “ideólogo” contra lo público que viene a medrar de lo público aboga sin tapujos por el cierre inmediato de cualquier RTV pública, y nosotros lo metemos en casa. Abrir de par en par la puerta a quien se declara tu enemigo cada vez que tiene ocasión es estúpido, es propio de tontos… pero probablemente lo que hay es mucho listo tras esta decisión y los intereses de siempre. Hay interés en manipular, y programas como La Mañana son más interesantes incluso que los informativos para ello, para contribuir a inclinar la balanza ideológica hacia el poder. Pero también hay interés en hacerlo sin mesura, con personajes como Juan ramón Rallo, para acabar con RTVE. Nuestras audiencias siguen bajando, inexorablemente, y desde UGT venimos insistiendo en que el sectarismo y la falta de pluralidad tienen que ver mucho con ello, no podemos seguir dando pábulo a los de siempre, y aún menos a este “ideólogo”. La audiencia demanda la radio y la televisión públicas que la sociedad refrendó en la Constitución, pero nos alejamos de ese mandato y la audiencia también se aleja de nosotros.
Desde UGT exigimos que se suspenda de inmediato cualquier relación laboral con Juan Ramón Rallo, es más, demandamos por parte de nuestra dirección que sepa quiénes son y qué deben defender, y que en consecuencia impidan la presencia de este señor en nuestras instalaciones.
Fuente

 

Más allá de ciertas ridículas y anecdóticas salidas de tono, resulta del todo punto lógico y saludable debatir sobre los límites de la interacción entre el Estado y los liberales. Al cabo, el liberalismo es una corriente de pensamiento que impulsa la reducción del sector público a su mínima expresión (cuál sea esa mínima expresión posible y adecuada es otro debate), por lo que evidentemente resulta cuestionable que un liberal se mezcle con organismos públicos que propugna eliminar.


De entrada, es obvio que la radical coherencia de un liberal con los principios de una sociedad liberal sólo podría observarse en caso de que se hallara inmerso en esa sociedad liberal. Fuera de la misma, casi cualquier curso de acción que adopte estará "contaminado" por las influencias antiliberales que ese liberal justamente quiere eliminar. Lo mismo vale para un comunista: su radical coherencia con los principios que predica sólo podría observarse en una sociedad comunista.


Se podría tildar de incoherente al comunista que quiere socializar los medios de producción y, sin embargo, compra en los supermercados las mercancías que necesita para alimentarse por más que las crea fruto de la explotación laboral. Siguiendo esa línea, también podría tildarse de incoherente a un liberal que aparezca o vea una televisión pública que quiere privatizar, que haga uso de una moneda fiat que quiere eliminar, que acuda a un hospital público que desea liberalizar o que camine por una calle que aspira a comunitarizar. Pero elevar hasta ese nivel de exigencia la vara de medir de la coherencia ideológica supone dinamitar la utilidad y razonabilidad de cualquier test de coherencia ideológica: simplemente, medir la coherencia de aquellas personas que buscan alterar ampliamente el statu quo por su nivel de subversión y desafío frontal —y violento— al statu quo implica convertirles en mártires de su causa ideológica. ¿Acaso no es posible vivir dentro del statu quo defendiendo un cambio del mismo?


Por supuesto, lo anterior no significa que los liberales puedan realizar cualquier actividad sin ser tildados de incoherentes. Un liberal que cabildeara para que el político de turno creara una nueva subvención de asignación ad hoc sería incoherente; como lo sería un ecologista que promoviera la prohibición de las corridas de toros y, mientras tanto, fuera a las plazas de toros a disfrutar de ellas; o como lo sería un comunista que no sólo crea una empresa, sino que intenta pagar el salario más bajo posible a sus trabajadores. En todos estos casos, estaríamos ante claros ejemplos de hipócrita oportunismo ideológico.


El martirio y el oportunismo serían los dos extremos diáfanos de qué cabe entender (o no entender) por coherencia ideológica. Entre esos dos extremos nos encontramos, como siempre, con zonas grisáceas y debatibles. ¿Puede un comunista constituir una empresa mientras defiende la necesidad de socializar internacionalmente los medios de producción? ¿Puede un comunista comprarse un iPhone fabricado por trabajadores "explotados"? ¿Puede un médico que considera preferible un modelo de sanidad privada trabajar para la sanidad pública? ¿Puede un liberal que defiende la privatización de todos los medios de comunicación estatales participar como colaborador en uno de ellos?


Diría que la coherencia de las interacciones de un liberal con el Estado se puede fiscalizar desde los siguientes parámetros: a) que el cometido de esa interacción no sea abiertamente antiliberal, b) que el liberal no obtenga un lucro desproporcionado (privilegiado) por su interacción con el sector público, c) que el liberal no intente consolidar los elementos antiliberales (financiación a costa de los contribuyentes o privilegios regulatorios) del organismo con el que se relaciona. Es decir, un liberal no podría coherentemente ni ejercer de, por ejemplo, torturador a sueldo del Estado, ni percibir cobros —en metálico o en servicios— del Estado que carezcan de cualquier justificación razonable (no sólo porque sean muy superiores a los impuestos que ese mismo liberal le paga al Estado, sino también porque tales cobros se hallen muy por encima del valor de mercado de la actividad desempeñada por el liberal), ni defender la supervivencia del organismo público con el que se interrelaciona si defiende la privatización de otros organismos públicos asimilables.


Diría que estos tres criterios son parámetros razonables de coherencia ideológica que no se escoran ni hacia el inexigible martirio ni hacia el hipócrita oportunismo: ni hacen inviable la sociabilidad —e incluso la supervivencia— dentro del statu quo de quienes pretenden modificar profundamente ese statu quo, ni tampoco otorgan una carta blanca a la perversión de los principios que se dicen defender. De acuerdo con lo anterior, pues, un médico sí podría coherentemente trabajar para la sanidad estatal defendiendo al mismo tiempo la conveniencia de privatizarla y un economista liberal sí podría colaborar con una televisión estatal que defiende privatizar.


Ese último es mi reciente caso que tanta polémica ha generado en redes sociales y algunos medios de comunicación: ni acudo a TVE para transmitir un mensaje antiliberal —más bien al contrario: gran parte de las críticas se deben precisamente a que voy a transmitir un mensaje liberal—, ni obtengo un lucro desproporcionado y privilegiado —no sólo sigo pagando muchos más impuestos de los cobros en metálico o especie que recibo del Estado, sino que el importe de la colaboración se halla al nivel, o por debajo, de colaboraciones análogas en medios privados—, ni defiendo la supervivencia de este organismo público —como tengo ocasión de repetir cada vez que se me pregunta al respecto—.


Pese a lo anterior, por supuesto también cabe la posibilidad de que otra persona ofrezca otros criterios para medir la coherencia ideológica y, según esos criterios alternativos, me tilde de incoherente con mis planteamientos liberales. Lo respeto aunque sólo sea porque, como ya dije, la zona entre el martirio y el oportunismo se trata de una zona gris donde caben diversas perspectivas. Por mi parte, ante la razonable duda, prefiero seguir acudiendo a tantos medios de comunicación como se me invite para defender las ideas liberales.


Ahora bien, que estemos en una zona gris también implica que quienes se rasgan las vestiduras por observar una indubitada, absoluta, incuestionable e inadmisible incoherencia liberal en mi colaboración con TVE, en realidad sólo están sobredimensionando su indignación para enmascarar el auténtico motivo de su enfado: que las opiniones liberales puedan ser escuchadas, aunque sea en un formato muy reducido, desde un medio público. Es la pulsión censora, esa misma que no pueden manifestar abiertamente cuando se trata de un medio privado, lo que en el fondo mueve a quienes hacen un absoluto casus belli del asunto: el deseo de mantener abierta TVE para convertirla en foco de pensamiento antiliberal en tanto en cuanto ningún liberal, aunque la costee con sus impuestos, debe tener cabida en ella. Lejos de promover el debate plural que dicen defender, se enrocan en el sectarismo ideológico, acaso inseguros de la solidez de sus posiciones.


En suma, del mismo modo que no debería verse como incoherente el que un comunista trabaje en una empresa capitalista en lugar de en una cooperativa teniendo la opción de hacerlo, tampoco, creo, debería verse incoherente el que un liberal trabaje en un hospital, en una universidad o en una televisión pública. Su coherencia o incoherencia no debería medirse por criterios tan irrealmente maximalistas en una sociedad muy alejada de sus ideales, sino con una vara de medir más razonablemente ajustada a la realidad: ¿ejecutan acciones antiliberales, obtienen prebendas ad hoc por su connivencia con el poder político o promueven un mantenimiento o acrecentamiento de aquellas áreas del Estado de las que salen directamente beneficiados? Si se dan algunas de estas circunstancias, claro que debería calificarse al liberal de incoherente. En mi caso, ya lo dije y lo repito: todos los medios de comunicación estatales, incluida TVE, deberían dejar de ser financiados coactivamente por los contribuyentes lo antes posible. Pero que no lo sean no debería ser óbice para defenderlo, también, desde esos propios medios de comunicación estatales.
FUENTE

 

El IJM responde al comunicado emitido por la sección sindical de UGT en Televisión Española en el que exige el veto a Juan Ramón Rallo en aquel organismo.

Madrid, 3 de septiembre de 2014.- Al hilo del comunicado emitido por la sección sindical de UGT en Televisión Española, en el que se califica al Instituto Juan de Mariana de "una especie de club muy muy privado con los poquísimos economistas que existen tan tan a la derecha y tan capaces de decir los mayores disparates sin temblarles la voz" (sic), y en el que también se reclama a la dirección del Ente público que "suspenda de inmediato" cualquier colaboración de Juan Ramón Rallo e incluso "su presencia en nuestras instalaciones", el Instituto Juan de Mariana manifiesta lo siguiente:
El Instituto Juan de Mariana es una institución de espíritu y letra liberal que defiende una sociedad de individuos libres y responsables que actúen libre y voluntariamente bajo el marco de la Ley en una sociedad diversa y abierta.
El Instituto Juan de Mariana se financia íntegramente de las cuotas de sus miembros, pero eso no lo convierte ni mucho menos en "una especie de club muy muy privado": el Instituto Juan de Mariana organiza semanalmente actividades abiertas a todo el mundo, donde se puede debatir, reflexionar y confrontar ideas sobre las ventajas y eventuales inconvenientes de la sociedad de individuos libres y responsables que propugnamos. A diferencia de UGT, las actividades públicas que organiza el Instituto Juan de Mariana no le cuestan ni un euro al contribuyente.
Tan abierto al debate público se halla el Instituto Juan de Mariana, que procedemos a usar esta nota de prensa como invitación formal a la sección sindical de la UGT en Televisión Española a participar en una tertulia en nuestra sede, también abierta al público, acerca de la necesidad de contar con una televisión financiada coactivamente por los contribuyentes en las sociedades modernas.
Recordamos que el marco normativo suscrito, aceptado y defendido por UGT, dentro del cual encuentra soporte legal el actual modelo de TVE, establece lo siguiente: por un lado, la Constitución Española, en su artículo 20, consagra el derecho "a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción" para, a continuación, añadir que el ejercicio de estos derechos "no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa"; por otro, el artículo 3 de la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal especifica que uno de los cometidos de TVE dentro de su función de servicio público es "facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones".
Más allá del contenido específico del marco normativo actual, debemos recalcar que una sociedad libre, plural y diversa, como la que también dice defender la UGT, implica tolerar que todas las ideas concurran en la arena pública, también aquellas con las que no coincidamos o que puedan acarrearnos un perjuicio político o económico.
En consecuencia, Televisión Española (y también sus sindicatos), que siempre ha presumido de ser "la televisión de todos", debería recibir con los brazos abiertos la llegada de nuevos puntos de vista. Entre ellos, las ideas liberales, con las que, según el último CIS, se identifica el 12,7% de los españoles, y que Juan Ramón Rallo, director de esta institución, lleva años tratando de defender en sus libros, artículos de prensa y colaboraciones con medios de comunicación de todo cuño ideológico.
Por desgracia, parece que la sección de la UGT en Televisión Española ha optado por defender el mismo arrinconamiento y oscurantismo de las ideas liberales ya observable en todos los debates de la televisión estatal, por lo general repletos de socialistas, democristianos, conservadores, neoconservadores, centristas, comunistas, ecologistas y un sinfín de ideologías políticas más. Resulta extraño que la única voz que hayan pretendido acallar desde la sección de UGT en Televisión Española haya sido la de un liberal que cuestiona abiertamente las prebendas estatales del sindicato. No deberían confundirse los intereses particulares de la UGT con los intereses generales de los españoles.
En este sentido, tanto Juan Ramón Rallo como el Instituto Juan de Mariana se reafirman en sus opiniones sobre la conveniencia de permitir elegir a cada contribuyente si desea financiar o no la televisión pública. Se trata de una postura al menos tan válida como las contrarias y que, en consecuencia, no debería ocultársele ni secuestrársele a la audiencia y, sobre todo, a los contribuyentes.
Fuente

 

La relación entre el Estado y los liberales es una relación inevitablemente complicada. El objetivo del liberalismo es reducir el Estado a su mínima expresión, ya sea por motivos éticos o consecuencialistas. Muchos liberales, de hecho, llegan a equiparar impuesto y robo, con lo que aparentemente también equiparan gasto público con disposición del atraco.


A raíz de mi colaboración en el programa La Mañana de TVE, se ha suscitado una comprensible polémica sobre si los liberales pueden participar del gasto público toda vez que denuncian su coactivo origen. Se trata de un debate recurrente que resulta extensible a muchos otros campos: ¿Puede un liberal que quiere privatizar la educación ser profesor de una universidad pública? ¿Puede un liberal que quiere privatizar Renfe hacer uso del AVE? ¿Puede un liberal que quiere privatizar la sanidad hacer uso de la sanidad estatal?, etc. Es decir, ¿puede un liberal recibir directa o indirectamente alguna renta (monetaria o en especie) que proceda de la coacción estatal que él mismo denuncia? En este artículo voy a tratar de desarrollar la cuestión.


¿Puede un liberal colaborar con un organismo estatal?


¿Cuáles son los problemas para un liberal de un organismo estatal? Básicamente tres: su cometido (espionaje, represión, adoctrinamiento antiliberal…), su financiación (impuestos) y sus privilegios regulatorios en perjuicio de terceros (por ejemplo, ese organismo opera gracias a una restricción legal de la competencia). Los problemas son esos tres y no otros: si el Estado promoviera la creación de un organismo financiado voluntariamente, sin privilegios regulatorios y con un cometido lícito, los liberales no criticarían su existencia (de hecho, eso es una empresa o fundación privada).


¿En qué sentido, pues, resulta incoherente que un liberal se relacione con un organismo público? Por su cometido, el liberal sería incoherente si ejecutara acciones antiliberales: por ejemplo, un liberal no puede coherentemente formar parte de un servicio de espionaje estatal; por su financiación, un liberal podría ser incoherente si se lucrara desproporcionadamente de ese organismo público (luego trataremos con más detalle la cuestión); por sus privilegios regulatorios, un liberal podrá ser incoherente usara esos privilegios para obtener ciertas prebendas de las que no gozaría en ausencia de Estado. Tomemos el caso de colaborar con medios de comunicación estatales o con las universidades públicas.


Por su objeto: ¿el cometido de estos organismos es antiliberal? Informar y educar no es antiliberal. Informar y educar contra el liberalismo es lícito en una sociedad libre pero, evidentemente, sí es antiliberal. Por tanto, mientras el liberal no adopte una postura antiliberal en los medios y en la universidad pública no hay ninguna incoherencia en este campo por el hecho de mezclarse con ellos. O dicho de otra manera: lo incoherente no es que un liberal participe en una televisión o una universidad pública que desea cerrar o privatizar, sino que, justamente por participar en ellas, deje de defender su cierre o participación (o que adopte discursos antiliberales para participar en ellas).


Por su financiación: al relacionarse con ellos, ¿el liberal se lucra desproporcionadamente? Para ello determinarlo podemos emplear dos criterios que más adelante desarrollaremos: uno al que llamaría “criterio fuerte” (que el liberal no obtenga cobros del Estado, en metálico o en especie, superiores a los impuestos que abona) y otro al que llamaría “criterio débil” (que el liberal no perciba por sus servicios remuneraciones ampliamente por encima de las que se logran en el mercado por servicios asimilables).


Por sus privilegios: ¿el liberal se aprovecha de algún privilegio regulatorio que detenten universidades y televisiones públicas? En España no están prohibidas ni las televisiones ni las universidades privadas. Tampoco las televisiones o universidades públicas se han constituido para uso exclusivo de los liberales. Por tanto, por participar en ellas no se hace uso de ningún privilegio: la presencia no-liberal en ambas es infinitamente superior a la liberal, lo que prueba que el liberal no se aprovecha de ningún trato de favor del Estado.


Por consiguiente, bajo estas condiciones y siempre que el liberal siga defendiendo la supresión de ese organismo público, no debería observarse ninguna profunda incoherencia en que un liberal colabore con él. Pero, sin ninguna duda, que un liberal cobre del Estado resulta un asunto harto espinoso. Si los impuestos son dinero robado, ¿no está el liberal tomando parte del botín cuando cobra del Estado? ¿Puede un liberal lucrarse del sector público?


El criterio fuerte: el saldo fiscal con el Estado


Lo primero de todo es aclarar a qué nos referimos cuando se dice que un liberal se lucra del sector público (o incluso que “vive del” Estado). Todo ciudadano, también los liberales, paga una determinada suma de dinero de impuestos y recibe unos determinados servicios del Estado: la diferencia entre ambas magnitudes es su saldo o balanza fiscal individual. Así, si su balanza fiscal es negativa (el valor de todos los impuestos pagados supera el valor de todos los servicios estatales recibidos), ¿puede decirse que ese ciudadano se lucre del Estado? Evidentemente no: ese ciudadano no sería un beneficiario neto de su relación con el Estado sino un perjudicado neto.


La cuestión, entonces, pasa a ser: sin perjuicio de sus principios liberales (ejecutar acciones antiliberales o aprovecharse de privilegios estatales), ¿puede un liberal tratar de reducir su saldo fiscal negativo con el Estado cobrando rentas monetarias o en especie del Estado? Muchos se escandalizan con semejante pregunta, por cuanto optan por observar sólo un lado de la relación liberal-Estado (en concreto, el de los cobros que el liberal recibe del Estado), obviando por entero el otro lado (el de los pagos que el liberal efectúa al Estado). A mi entender, los siguientes cuatro casos son perfectamente asimilables:


1º Supongamos que el Estado aprueba una nueva deducción en el IRPF por cada hijo que tenga el declarante. Si un ciudadano se acoge a ella, ¿podríamos decir que no paga impuestos o que incluso vive del Estado? No, diríamos que paga menos impuestos y que el Estado le quita un menor porcentaje de su renta.


2º Supongamos que el Estado le arrebata mensualmente a un liberal un 40% de su salario y, a cambio de ello, el ciudadano puede optar dentro de 35 años por cobrar una pensión pagada por el Estado que no llega a cubrir la totalidad de todo lo que se le quitó. Remarco que el ciudadano tiene la opción (pero no la obligación) de percibirla. Si finalmente escoge cobrarla, ¿podríamos decir que ese ciudadano está viviendo del Estado o que sólo está recuperando lo que previamente le arrebataron? Más bien la segunda opción.


3º Supongamos que una familia paga 60.000 euros anuales en impuestos y que sus hijos consiguen una beca estatal de 3.000 euros. ¿Diríamos que esa familia se lucra del Estado? En realidad, está recuperando un 5% de los impuestos que ha abonado. Desde luego, mucha gente puede pensar que esos 3.000 euros que recupera no proceden de los 60.000 euros que previamente les han arrebatado, sino de los impuestos abonados por otros ciudadanos. Pero el dinero es un bien fungible, es decir, un bien no identificable por su individualidad: una vez pagados los impuestos, es imposible conocer qué saldos concretos de la administración pública pertenecen a qué ciudadanos. Lo único que podemos saber es cuántos impuestos le ha pagado cada uno al Estado: y, en este sentido, ser receptor de gasto público es una forma equivalente a las deducciones fiscales de reducir la carga tributaria (siempre, insisto, que se paguen más impuestos del gasto público percibido).


4º Una buena analogía con lo anterior es plantearse qué sucede en la más celebérrima de las formas de presunta explotación: la explotación del capital sobre el trabajo denunciada por Marx. Según el alemán, el capitalista explota al trabajador cuando no le remunera plenamente su jornada laboral: es decir, cuando el precio de venta de las mercancías que han producido los trabajadores superan los salarios abonados a los trabajadores que directa o indirectamente las han fabricado. ¿Deberíamos decir en tal caso que el trabajador “vive del capitalista” por percibir un salario? No creo que ningún marxista concluyera tal cosa: desde su óptica, el salario es sólo aquella parte de la producción del trabajador que retiene el trabajador (que no le arrebata el capitalista). Si el trabajador logra una subida salarial, ¿significa que está incrementando su tasa de explotación sobre el capitalista? No, según Marx la estaría reduciendo. Si un liberal denuncia los impuestos como una forma de explotación, ¿acogerse a más deducciones o percibir gasto público es una forma de explotar a los demás o de reducir la explotación propia?


En definitiva, no veo incoherencia alguna en que un liberal cobre del Estado menos de lo que paga al Estado: ese debería ser un criterio fuerte de que no se está lucrando del Estado. En caso contrario, estaríamos equiparando coherencia liberal con maximizar los impuestos pagados al Estado: algo que no parece demasiado coherente (ni inteligente) desde un punto de vista liberal.


Dado que mi relación con el Estado es marcadamente deficitaria para mí y dado que sigo defendiendo el cierre/privatización de todos los organismos públicos con los que he colaborado, podría detenerme aquí si mi propósito fuera tratar mi caso personal. Pero como quiero reflexionar de manera general sobre el asunto, demos un paso más allá: ¿pueden los liberales coherentemente recibir más gasto público de los impuestos que abonan? ¿Se están lucrando del sector público en tal caso? El caso paradigmático sería el del liberal que se convierte en funcionario y sólo en funcionario (su única fuente de renta son los salarios públicos que proceden de los impuestos ajenos). Aquí es cuando habría que utilizar el criterio débil.


El criterio débil: el precio de mercado


Entiendo perfectamente que ésta es la zona más gris dentro de la posible incoherencia de un liberal: si los impuestos son un robo, recibir transferencias netas del resto de contribuyentes debería ser equivalente a robarles. Me parece una postura perfectamente defendible dentro del liberalismo, pero me gustaría complementarla con otra en principio igualmente válida.


Los impuestos no se perciben como coactivos por parte de todos los ciudadanos. Ni siquiera, por desgracia, por un gran número de ellos. La mayoría de las personas paga gustosamente impuestos al Estado a cambio de que éste le preste ciertos servicios. Si los impuestos son objetivamente coactivos no es porque nadie los pague de manera voluntaria, sino porque algunos —por ejemplo, los liberales— preferiríamos no pagarlos a cambio de, por supuesto, no recibir servicios estatales. Sin embargo, los liberales no disfrutamos de esta opción: hemos de pagarlos obligatoriamente.


En este sentido, el mensaje liberal es doble: ante todo, los liberales reclaman el derecho de que cualquier ciudadano puedan individualmente desprenderse o separarse del Estado (o de la mayor parte de los servicios que hoy presta). Por añadidura, los liberales también proclaman que la inmensa mayoría de ciudadanos, sin ser consciente de ello, sale perjudicada con el Estado. Pero, en general, la inmensa mayoría de la sociedad acepta el statu quo (por eso el statu quo puede mantenerse): es decir, acepta que el Estado goza de autoridad política para cobrarles impuestos y gastar esos impuestos.


En este sentido, un liberal que trabaje exclusivamente para el Estado percibe un salario que para la gran mayoría de la población no es ilegítimo: un salario que la gran mayoría de la población entiende como una parte de los servicios que acepta que el Estado le preste. ¿Puede decirse que el liberal coaccione a esa mayoría de la población que legitima al Estado y a su sistema tributario? No: el liberal podrá pensar que esas personas se están equivocando al legitimar el Estado, e intentará convencerlas de lo contrario, pero sobre esas personas no estará ejerciendo coacción alguna por cobrar una parte de sus impuestos.


Justamente, a quien podría entenderse que está “robando” o “coaccionando” el liberal que cobra netamente del Estado es a los liberales que contribuyen netamente con el Estado: es decir, a todos aquellos que querrían pagar menos impuestos a cambio de recibir menos servicios del Estado. Pero en muchos casos esos mismos liberales que son contribuyentes netos aceptarán que parte de sus impuestos vaya a parar a la contratación de un liberal siempre que ese liberal utilice su posición para promover las ideas liberales, para reducir el nivel de coacción del Estado o para bajar impuestos (sobre todo, si la alternativa a su contratación no es bajar los impuestos, sino gastarlos en otras actividades). Por supuesto, no todos los liberales verán con buenos ojos que el Estado use sus impuestos en contratar a un liberal, pero no olvidemos que los liberales contratados por el Estado también pagan impuestos y que la mordida tributaria que sufren sobre sus remuneraciones bien podría compensar con creces la porción de impuestos pagados por los liberales descontentos que integraban su salario (sobre todo, cuando el porcentaje de “liberales descontentos” sobre el conjunto de la población es tan reducido).


Por consiguiente, mientras la inmensa mayoría de la población acepte la legitimidad del Estado y del pago de impuestos; mientras muchos liberales acepten que sus impuestos se destinen a sufragar gastos que contribuyan marginalmente a reducir el peso del Estado; y mientras los liberales contratados por la Administración paguen cuantiosos impuestos, resulta bastante discutible que, incluso cuando la única fuente de renta de un liberal sea su empleo público, éste esté recibiendo netamente transferencias coactivas del resto de ciudadanos.


Eso no significa, por sí solo, que el liberal no se esté lucrando del sector público. Si los ciudadanos aceptaran por desconocimiento o por mero Síndrome de Estocolmo que el Estado preste un servicio pagando precios absolutamente descabellados a sus proveedores, entonces sí podría decirse que esos proveedores están capturando rentas y aprovechándose de los ciudadanos. Y si el liberal fuera uno de ellos evidentemente también. Para conocer si los precios que paga el Estado por la provisión de sus servicios son “absolutamente descabellados” o no, habrá que atender a los precios de mercado de servicios análogos: si la diferencia entre uno y otro no es muy grande y si el servicio público es uno que convalidan buena parte de los ciudadanos (y no una canonjía creada ad hoc para el liberal), entonces difícilmente podrá hablarse de lucro. Omitir este criterio débil de determinación del lucro debería llevarnos a considerar que un profesor universitario de la pública que cobre la mitad del salario mínimo por hora y que no obtenga ninguna renta del sector privado se estaría “lucrando” del Estado, cuando obviamente no parece ser el caso.


Bajo este segundo criterio débil, pues, los liberales que prestaran servicios no antiliberales a través del Estado no se estarían lucrando, lo cual no significa que el mantenimiento de su puesto de trabajo dentro del sector público esté justificado: tan sólo que no hay un aprovechamiento personal del Estado en contra de sus principios.


Conclusión


Los liberales que presten servicios a través del Estado que no tengan un contenido antiliberal, sin usar los privilegios regulatorios en perjuicio de terceros y sin percibir más rentas del Estado de las que pagan al Estado no parece que puedan ser calificados de incoherentes. Los liberales que, en cambio, cobren más del Estado de lo que pagan se hallan en una situación más cuestionable, pero en tanto en cuanto presten servicios justificados por la mayoría de los contribuyentes y no perciban rentas absurdamente por encima de las que podría estar logrando en el mercado por actividades análogas, tampoco cabría entender que son incoherentes.


En suma: lo que el liberal jamás puede hacer es promover el crecimiento del Estado u obstaculizar la reducción del mismo en beneficio propio. Interactuar con el Estado realmente existente sin dejar de defender su continua reducción parece ser la vara de medir exigible y razonable de su coherencia.
Fuente

 

http://www.periodistadigital.com/pe...marilo-montero-economista-la-manana-tve.shtml

 

Con esos comentarios queda más que claro el porqué de tu tirá de CV como sustento

 

Te centrarás en la polémica o en la imagen? Igual la imagen es una cita de un libro, así que...

 

O sea que responderás a los argumentos que no has leído, o leíste el libro?
El tema es interesantisimo para que te pierdas por una imagen (que ha puesto la gente del comunicado).
Btw: estás a favor de lo que dice los socialistas del comunicado?