TURBIO: COMUNISTA JADUE ACTIVA TODA SU MAQUINARIA LEGAL PARA IMPEDIR SER SUSPENDIDO DE SU CARGO

El alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, se encuentra nuevamente asediado por problemas legales que cuestionan la legitimidad de la ostentación de su cargo, lo cual es cuestionado seguidamente debido a los antecedentes que su gestión tiene en materias de transparencia y probidad.

El marxista fue esta vez denunciado por un miembro de su propia coalición oficialista, el concejal socialista de Recoleta José Luis Salas, quien solicitó ante el Segundo Tribunal Electoral que Jadue sea suspendido del ejercicio de su cargo, esto “por haber perdido uno de los requisitos de elegibilidad para ejercer dicho cargo al encontrarse acusado de delitos que merecen pena aflictiva”.

En concreto, Salas hace alusión a que el Tribunal Constitucional habilitó al exconcejal de la comuna, Salvador Smok y a los representantes de la constructora Desarrollo Inmobiliario Bellavista para iniciar un juicio penal contra el comunista por prevaricación y negociación incompatible por tráfico de influencias, lo cual, de ser comprobado, ameritaría poner a Jadue tras las rejas.

Uno de los argumentos presentados por Salas es el caso del exalcalde de Colina, el centroderechista Mario Olavarría, quien fue suspendido de su cargo de manera momentánea por el llamado “caso basura”. Frente a esto, Daniel Jadue Jadue, quien es hijo de primos y se ha jactado de su “pureza genética” en televisión, activó su maquinaria legal, la que le ha permitido salir airoso de sus múltiples conflictos legales.

De esta forma, sus abogados vinculados al Partido Comunista, Ciro Colombara y Aldo Díaz, indicaron en un comunicado que “el alcalde Daniel Jadue no ha sido suspendido de su cargo, y sigue con su derecho a voto intacto. Las solicitudes intentando suspenderlo o inhibirlo de votar son improcedentes, ilegales e inconstitucionales. De hecho, el juzgado de garantía rechazó categóricamente dicha solicitud y estamos seguros que ocurrirá lo mismo con estas nuevas solicitudes. Se utiliza a los tribunales por razones políticas sin fundamento jurídico, práctica que es conocida como lawfare (guerra jurídica)”.

Por de pronto, el Segundo Tribunal Electoral se declaró incompetente y derivó el requerimiento a la Secretaría Municipal de Recoleta y también a Contraloría.

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