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"Todas las causas se encuentran terminadas". Así lo señaló el Ministerio Público, por la arista penal que se abrió cuando se detectó en 2020 que 37 mil de las 437 mil personas que habrían recibido el bono clase media sin cumplir los requisitos, eran funcionarios públicos. El caso derivó en que el Servicio de Impuestos Internos (SIl) permitiera que se devolvieran los montos, aunque igualmente los antecedentes fueron remitidos al organismo de persecución penal.