Las irregularidades en los fondos SEP de la Municipalidad de Recoleta

El organismo realizó una investigación al Departamento de Educación Municipal (DEP) de la comuna dirigida por el alcalde Daniel Jadue (PC). Entre los principales hallazgos, se encuentran remuneraciones efectuadas a funcionarios del DEP con recursos SEP. Desde la Municipalidad explican que ello se debe a un error administrativo en el uso del sistema que asigna dichos pagos y que todo está siendo rectificado ante la Superintendencia de Educación, que abrió un plazo excepcional.

El 11 de julio de 2018, la Contraloría General de la República publicó del Informe Final de la auditoría realizada al Departamento de Educación de la Municipalidad de Recoleta, dirigida por el alcalde Daniel Jadue (PC), en el que se analizan los gastos de los fondos entregados vía Ley 20.248 para la Subvención Escolar Preferencial (SEP) del año 2016. Una auditoría a casi 2.200 millones entregados ese año por el Mineduc a dicho municipio.

Los recursos aportados vía Ley SEP tienen como fin exclusivo financiar a los colegios que adscriben al Plan de Mejoramiento Educativo de cada municipio, el que busca mejorar la calidad y condiciones educacionales para los estudiantes más vulnerables, en este caso, de la comuna dirigida por Jadue. Según datos del Ministerio de Educación, entre el periodo 2008 y 2011, los alumnos prioritarios en dicha comuna alcanzaron los 2.077 niños y niñas.


Tras la promulgación de la Ley de Inclusión Escolar, se introdujo una serie de modificaciones a la Ley SEP, que incluyen el incremento en un 20% de los recursos. Es en vista de estos cambios y sobre la base de los históricos antecedentes de mal manejo de dichos fondos que se tiene en muchos municipios del país, que la Contraloría decidió iniciar un proceso de revisión de distintos Departamentos de Educación Municipal. El ente fiscalizador destaca que este proceso persigue aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos en la agenda 2030 de la Asamblea General de la ONU, específicamente los de “Educación de Calidad” y “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.
Entre las principales conclusiones arrojadas por la auditoría al Departamento de Educación de Recoleta, se destacan un conjunto de observaciones de “alta complejidad”. Una de ellas, basada en los gastos por remuneraciones a docentes y funcionarios del DEM cargadas a la Ley SEP, que no corresponden al Plan de Mejoramiento Educativo. “Se determinó que las remuneraciones pagadas a funcionarios y trabajadores, por las sumas de $ 174.971.665, $ 67.311.468, $11.157.423, y $ 3.490.191, fueron incorporadas en la rendición de cuentas de la SEP (...) en circunstancias que los contratos ni sus anexos respectivos establecen que desempeñen ese tipo de labores”, reza el informe.


Al respecto, desde el minicipio de Recoleta señalaron a;El Mostrador que “las cifras son correctas, pero las personas fueron equívocamente imputadas por error en la plataforma. Las imputaciones correctas, por las mismas sumas observadas, figuran en los libros de remuneraciones y en los respectivos contratos”.

La Contraloría también determinó que el saldo de la cuenta corriente del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) habilitada por la municipalidad para el “manejo exclusivo de los recursos de la ley N° 20.248, registraba un saldo de $ 71.379.350”, monto que no cubre el saldo sin utilizar del año 2016, que según la auditoría debía alcanzar los $2.810.503.194, lo que genera una diferencia de gastos por $ 2.739.123.844 sin rendir al 31 de diciembre de 2016.
Además, recalca que existen adquisiciones de bienes y servicios por más de $71 millones de pesos, que corresponden a años anteriores, pero que fueron adjudicados al año 2016. El informe también concluye que el municipio “no puso a disposición de la comisión fiscalizadora” la documentación que permitiera acreditar una serie servicios prestados por trabajadores bajo la Ley SEP, que alcanzan $11.381.749.

Cambio de cuentas
Entre las diligencias realizadas por el ente fiscalizador, está la revisión de los movimientos financieros de la cuenta Nº 35413701 del Banco BCI, destinada exclusivamente para administrar los fondos SEP recibidos por la Dirección de Educación Municipal (DEM). También, hizo una investigación en terreno en la Escuela España, Liceo Paula Jaraquemada, Escuela Puerto Rico y Escuela Rafael Valdivieso.

De acuerdo a la información entregada por el Mineduc, los recursos asignados y entregados por Ley SEP a Recoleta alcanzaron los $ 2.193.973.820 en el año 2016. De estos, $1.259.053.527 (57,3% del total) fueron rendidos por el municipio a fines de ese año. Todos estos recursos deben ser asignados desde una cuenta bancaria exclusiva para los recursos SEP, hecho que no ocurrió en este caso.

De los $4 mil millones, fueron rendidos $1.259.053.527 por parte de la DEM de Recoleta, lo que –según el informe de Contraloría– dejaría un saldo de $2.810.503.194 en la cuenta de los fondos SEP de dicho municipio. Pero el Departamento de Educación Municipal informó que la cuenta quedó con un saldo de $71.379.350 en el año 2016. La Contraloría destaca que el monto señalado por la DEM “no cubre el saldo sin utilizar” y que los $ 2.739.123.844 no ejecutados se habrían ocupado “en una finalidad distinta de la establecida” en la Ley SEP.

El informe detalla que parte de los recursos ingresados por Ley SEP fueron a dar a las cuentas de “Aplicación de Fondos y Administración”, lo que según el administrador municipal ya fue subsanado y corregido en los años posteriores.

La Contraloría, revisó los movimientos de la cuenta “Nº 35413701 del Banco BCI, determinada por la municipalidad de Recoleta para el uso exclusivo de los recursos asignados bajo Ley SEP. En el año 2016, la municipalidad de Recoleta recibió $2.193.973.820 para financiar los programas de la Ley SEP en los colegios, pero sólo se hizo uso del 57,3% de los recursos asignados en dicho año".

Además, la cuenta de los fondos SEP contaba con un remanente de años anteriores, el que ascendía a $1.875.582.901. La suma del remanente y los fondos frescos de 2016 daban un total de $4.069.556.721 en la cuenta del Banco BCI.

De los $4 mil millones, fueron rendidos $1.259.053.527 por parte de la DEM de Recoleta, lo que –según el informe de Contraloría– dejaría un saldo de $2.810.503.194 en la cuenta de los fondos SEP de dicho municipio. Pero el Departamento de Educación Municipal informó que la cuenta quedó con un saldo de $71.379.350 en el año 2016. La Contraloría destaca que el monto señalado por la DEM “no cubre el saldo sin utilizar” y que los $ 2.739.123.844 no ejecutados se habrían ocupado “en una finalidad distinta de la establecida” en la Ley SEP.


El administrador municipal (s) de Recoleta indicó a la Contraloría que la Ley Nº 20.248 permite el pago de remuneraciones, por lo que la afirmación relativa a que "habrían sido ejecutados con una finalidad distinta” no se sostiene. De acuerdo al informe del órgano fiscalizador, desde el municipio entregaron nuevos antecedentes, en los que destacan un ítem de gastos por remuneraciones que alcanza los $1.457.445.134 y un traspaso por cotizaciones de $506.137.576.


Desde la Municipalidad de Recoleta explicaron que los montos por remuneraciones fueron movidos desde la cuenta de Fondos SEP a la cuenta corriente de Fondos Generales y, posteriormente, a los Fondos de Remuneraciones del municipio. Incluyendo estos montos, el balance de ingresos y gastos de la cuenta corriente de Fondos SEP, detallados en el cuadro de la página N°48 del informe de Contraloría, determina un saldo para el 21 de diciembre de 2016 de $71.379.350 en la cuenta exclusiva para los fondos SEP.

Pero el órgano contralor plantea que dicha información entregada posteriormente “no coincide con los antecedentes aportados por el municipio en el transcurso de la auditoría”, que sirvió como base para la indicación formulada. Agrega que, mientras la Municipalidad de Recoleta “no acredite la rectificación de las rendiciones de cuentas históricas”, se mantendrá la observación y solicita que se inicie un “proceso disciplinario”, con plazo de quince días máximo desde que se entregó el informe final.

Consultados por El Mostrador al respecto, desde la señalada municipalidad explican que este panorama se arrastra desde administraciones anteriores a la del alcalde Jadue, al tiempo que recalcan que es una “situación de larga data, la cual nace en períodos anteriores al 2012 –desde el año 2008 en adelante–, generando un saldo de arrastre que no ha podido ser rendido dadas las características del sistema de rendiciones”. Agregan que en el contexto del proceso de rectificación que abrió la superintendencia, esta situación podrá ser corregida, “ya que esta permitirá dar cuenta de lo no rendido en años anteriores, lo que viene a hacer justicia a la gestión municipal actual”.

Pagos que no son Ley SEP


La Contraloría también identificó una serie de desajustes en la rendición de los fondos SEP por parte del municipio, un problema que no es novedad, que es abiertamente conocido en el mundo educacional y respecto del cual el mismo ente fiscalizador reconoce que en auditorías anteriores, realizadas a otras municipalidades, se han detallado variadas irregularidades.

En el caso de Recoleta, el informe de Contraloría destaca que en la cuenta de remuneraciones hay distintos aspectos objetables. Detalla que hay $3.490.191 en horas asignadas a profesores que no pueden ser acreditadas bajo funciones financiadas por Ley SEP y que el DEM no puso a disposición contratos, anexos de trabajo y decretos alcaldicios de $ 11.381.749 que pudieran justificar 116 horas rendidas por Ley SEP, registradas en tres escuelas de la comuna.

Desde el municipio explican que los contratos solicitados por el órgano contralor corresponden a los sueldos mal cargados a la Ley SEP, “pues la muestra solicitada (por Contraloría) se basa en el error en plataforma, por lo tanto, no se pudo acreditar el listado de la muestra correspondiente a ella”.

>En cuanto a los cinco funcionarios contratados en la administración central –DEM– y rendidos bajo la Ley SEP, el informe destaca que en todos los casos “no consta que las horas convenidas sean para ejecutar tareas relacionadas con la administración de los Programas de Mejoramiento Educativo”. Son $67.311.468 pagados al analista de estudio de convivencia escolar, encargado de arte y cultura, la asistente curricular, encargada de ciencia y tecnología, y al analista desarrollador de proyectos y programas de educación, que no corresponden a la Ley SEP.

Ante esta situación, el administrador municipal (s) reconoce que los funcionarios fueron “erróneamente cargados a la plataforma de rendiciones la Superintendencia de Educación”. En conversación con El Mostrador, desde la municipalidad destacan que esto se debe a un error en la plataforma de asignación, el que “se corrige al presentar los libros de remuneraciones y los contratos e imputaciones correctas”. Agregan que “esta situación será corregida en el proceso de rectificación que abarca desde el año 2008 al 2016 y establecerá los listados correctos”.


Además, la Contraloría destaca en su informe que “se observaron gastos rendidos en exceso”, en el caso de 63 funcionarios, en los que se asignaron “erróneamente” sus sueldos completos a los fondos SEP, quedando un excedente de $11.157.423 que no corresponden a labores cubiertas por la Ley 20.248. Además de $738.464 por pagos de seguro de cesantía a docentes contratados por el Programa de Integración Escolar, lo que tampoco es cubierto por los fondos SEP.

Finalmente, desde la Municipalidad de Recoleta reconocen que “existe un error administrativo en relación al uso de la plataforma que generó esta contradicción en la imputación de remuneraciones, situación que se debe a cómo se cargan en ella los archivos respectivos”. Explican que “en esto reside cantidades correctas cruzadas con listados incorrectos, por ello la Superintendencia (de Educación) ha iniciado un proceso de rectificación que permitirá aclarar correctamente dichas situaciones que generan esta mala comprensión”.

Pero la auditoría a Recoleta no es la única revisión que ha realizado la Contraloría respecto a los recursos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial. El 15 de marzo de este año,publicó una auditoría efectuada a la Superintendencia de Educación respecto a los recursos financieros entregados en los años 2015, 2016 y 2017 a los sostenedores de establecimientos educacionales, lo que incluye a corporaciones, municipios y organismos que administren establecimientos que reciban financiamiento SEP.

La investigación fue realizada por la misma unidad de auditoría que, en el caso de Recoleta, recalca que la Superintendencia de Educación no cumplió con sus labores de fiscalización en el año 2016, cuando estaba en ejercicio el Gobierno de Michelle Bachelet. Detalla que de un total de $ 337.097.702.054, “no existe evidencia de fiscalización para $56.996.186.237” y que, respecto a la contratación de las agencias técnicas educacionales (ATE), por parte de 181 colegios que gastaron $3.342.108.531, solo se fiscalizaron 33 establecimientos y un monto de $155.817.051.


Además, determinó que hay 95 sostenedores de escuelas que deben $ 5.720.008.849 en cotizaciones impagas a sus profesores, hasta septiembre de 2017. Y que existen 15 sostenedores que no presentaron su rendición de cuentas por fondos SEP para el año 2016, por un monto que llega a los $ 2.086.244.288. “Al respecto, procede que la superintendencia realice las coordinaciones pertinentes con el aludido ministerio, a fin de que se realicen las gestiones tendientes a exigir la restitución de los fondos, de cuyo avance deberá informar en el plazo ya anotado”, detalla el organismo contralor.

En mayo, el Gobierno de Sebastián Piñera anunció la flexibilización del uso de la Ley SEP, luego que la superintendencia informara que cerca del 28% de los recursos asignados no son utilizados por los establecimientos y los sostenedores. Unos $280 mil millones en promedio al año.

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