Peruano es expulsado de Chile por amenazar por correo a Piñera

Expulsado del país por amenazar a Piñera: PDI localizó a extranjero que además estaba con visa vencida





El 25 de marzo, un joven peruano de 20 años envió un correo electrónico a Presidencia en que presuntamente amenazaba al Presidente y su familia. La Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones trabaja en otras 30 denuncias por amedrentamientos por redes sociales a autoridades.


Cuatro días después de enviar un correo en que presuntamente amenaza de muerte al Presidente Sebastián Piñera y a su familia -así dan cuenta informes de la PDI y los antecedentes del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior- Roy Camacho Valverde, ciudadano peruano de 20 años, ya tenía a efectivos de la Brigada del Cibercrimen de la PDI tocándole la puerta de su casa. Y hoy, dos meses después, y una vez que sea notificado y resuelto sus asuntos judiciales, tiene 72 horas para abandonar el país.

Esta mañana, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, decretó la expulsión Camacho, por las presuntas amenazas dirigidas al Presidente Piñera, y además, porque el ciudadano peruano estaba con vista de turista en nuestro país, la que venció en febrero de este año.

Según los antecedentes de la investigación, el 25 de marzo, Camacho envió desde su teléfono Motorola, en la casa de su tía, en calle Victoria en Valparaíso, un correo electrónico a Presidencia. Allí habría emitido palabras amenazantes, “de muerte” de acuerdo a los peritajes de la PDI, contra Piñera, su esposa y sus hijos.

De acuerdo a un informe de expulsión remitido por el Departamento de Extranjería al subsecretario del Interior, “el extranjero en comente fue denunciado por el delito de atentados y amenazó contra la autoridad, al haber amenazado de muerte al Presidente de la República, su esposa e hijos, causando un grave perjuicio en la seguridad individual, integridad física, seguridad Interior y el Orden Público, lo que genera graves consecuencias sociales, que afectan los intereses colectivos resguardados por el Estado, y cuya realización además atenta directamente contra el bienestar común y orden social, por lo que no es posible aceptar su permanencia en territorio nacional”.


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