El máximo tribunal apuntó al argumento esgrimido por el ministro y pidió que "especifique de qué manera se afecta la información reservada de los pacientes y la protección de la vida privada y precise de qué manera la diligencia en cuestión pone en riesgo o afecta la seguridad nacional“.
La Corte Suprema dio un plazo de tres días hábiles al ministro de Salud, Enrique Paris, para que explique a través de un informe los argumentos que sustentan su negativa a entregar los correos electrónicos de su antecesor, Jaime Mañalich, a la Fiscalía.
En concreto, el máximo tribunal solicita que indique “de manera pormenorizada las razones que sustentan su oposición a la diligencia” liderada por el fiscal Xavier Armendáriz, como parte de la querella en contra del ministro y que también incluye al presidente Sebastián Piñera y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga.
Según consigna La Tercera, la Corte considera relevante que la autoridad “especifique de qué manera se afecta la información reservada de los pacientes y la protección de la vida privada y precise de qué manera la diligencia en cuestión pone en riesgo o afecta la seguridad nacional“.
Esto último fue precisamente el motivo esgrimido por el actual ministro de Salud para oponerse a la solicitud de la Fiscalía, que indaga en la responsabilidad de las autoridades en la cifra de fallecidos por COVID-19, en específico por los delitos de negación de auxilio y cuasidelito de homicidio.
En concreto, el ente persecutor busca acceder a las comunicaciones de Mañalich con su entonces jefa de gabinete, Itziar Irune, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
La Corte Suprema dio un plazo de tres días hábiles al ministro de Salud, Enrique Paris, para que explique a través de un informe los argumentos que sustentan su negativa a entregar los correos electrónicos de su antecesor, Jaime Mañalich, a la Fiscalía.
En concreto, el máximo tribunal solicita que indique “de manera pormenorizada las razones que sustentan su oposición a la diligencia” liderada por el fiscal Xavier Armendáriz, como parte de la querella en contra del ministro y que también incluye al presidente Sebastián Piñera y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga.
Según consigna La Tercera, la Corte considera relevante que la autoridad “especifique de qué manera se afecta la información reservada de los pacientes y la protección de la vida privada y precise de qué manera la diligencia en cuestión pone en riesgo o afecta la seguridad nacional“.
Esto último fue precisamente el motivo esgrimido por el actual ministro de Salud para oponerse a la solicitud de la Fiscalía, que indaga en la responsabilidad de las autoridades en la cifra de fallecidos por COVID-19, en específico por los delitos de negación de auxilio y cuasidelito de homicidio.
En concreto, el ente persecutor busca acceder a las comunicaciones de Mañalich con su entonces jefa de gabinete, Itziar Irune, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
