“Amarillos por Chile” y “Una que nos una” no han presentado iniciativas ante la Convención

En la recta final del trabajo de la Convención, que culminará con la entrega de su propuesta para una nueva Constitución, diversos actores han criticado su funcionamiento y avances. Algunos se organizaron en el movimiento “Amarillos por Chile”, que se ha manifestado contrario a la declaración de un Estado plurinacional. La iniciativa “Una que nos una” creó una campaña en redes sociales llamando a los convencionales a llegar a acuerdos que convoquen a sectores más amplios. En tanto, la fundación Horizonte Ciudadano, de la expresidenta Michelle Bachelet, si bien fue presentada en la prensa como una voz crítica, dijo a CIPER que sus intervenciones no han sido en contra del proceso, sino de apoyo, convocando a la sociedad a tomar parte activa para conseguir el éxito de la Convención.

CIPER revisó el contenido de las páginas web de estas iniciativas, sus publicaciones en redes sociales y también declaraciones de sus voceros. En ellas, más allá de reparos generales al clima “polarizado” del proceso, no hay críticas específicas a normas ya aprobadas por los convencionales que eventualmente podrían implicar un “peligro para la democracia”, como ellos mismos han advertido. Salvo “Amarillos por Chile”, que ha manifestado de manera concreta su desacuerdo con el primer inciso del artículo 4 que consigna que “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado«, no hay otros aportes en materia de propuestas o recomendaciones.

En el caso de “Una que nos una”, su única propuesta concreta es que la Comisión de Armonización de la Convención -que revisará el borrador del texto constitucional para evitar incoherencias entre sus normas- sea dotada de facultades para “sugerir modificaciones y mejoras”.

CIPER también intentó comunicarse con el expresidente Ricardo Lagos, quien hizo declaraciones críticas sobre el proceso, para que explicara cuáles son los puntos ya aprobados por la convención que a su juicio pueden ser contrarios a un ordenamiento democrático. Pero, desde el equipo del exmandatario respondieron que Lagos ha decidido no dar más entrevistas.

—Puedo asegurar que este constituyente y esta directiva no ha recibido ninguna carta con sugerencias, ninguna solicitud de reunión, ninguna solicitud a través de la plataforma del lobby. Tampoco un correo haciendo sugerencias, comentarios o propuestas sobre las normas aprobadas o sobre las que están en discusión y aún no han sido aprobadas. Como (lo ha sido con) todas las personas que han hecho comentarios y críticas que han permitido mejorar el texto, estamos abiertos y disponibles para que cualquier persona y organización que quiera hacer un comentario, pueda hacerlo, para mejorar el resultado de lo que estamos escribiendo— dice el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez.

Desde el equipo de Domínguez confirmaron que hasta este jueves 5 de mayo estas organizaciones no habían ingresado presentaciones formales a la Convención.

AMARILLOS CONTRA LA PLURINACIONALIDAD
Tanto en su página web www.amarillosxchile.cl como en conversación con uno de sus voceros, el movimiento advierte del supuesto peligro al que podría enfrentarse el país con una nueva Constitución tal como se está discutiendo hoy en día, pero no aborda especificaciones.

Fue apenas dos días después de que se iniciara la votación de las iniciativas de norma en el pleno de la Convención cuando se anunció la creación de este movimiento liderado por Cristián Warnken e integrado, entre otros, por miembros de la ex Concertación, académicos y algunos premios nacionales. En su primera aparición pública anunciaron ser “una respuesta al peligro de una refundación de Chile desde cero”.

No existe una nómina o una enumeración detallada de sus observaciones o de los artículos que despiertan mayor preocupación en este grupo, que dice contar con más de 40 mil personas que han respaldado su planteamiento a través de su plataforma en línea.

El único punto concreto que hasta ahora “Amarillos por Chile” ha criticado es que se reconozca a los pueblos originarios como naciones. Lo hizo en una declaración que tituló “Alerta máxima” y que difundió en marzo pasado:

“Se acaba de aprobar hace un par de días en el pleno un autogobierno al 12% indígena de la población, derecho a escaños reservados en todas las instancias y cuerpos elegidos (municipalidades, Cores, Congreso, etc.) violando así el principio esencial a toda democracia de un ciudadano, un voto. Acaban de enterarse los chilenos y los chilenos que su voto no vale lo mismo que el de otros chilenos y chilenas. Y se ha dado el estatuto de nación a los pueblos originarios”.

Y agrega: “Los pueblos originarios serán ahora naciones con autonomía política y jurisdiccional equivalentes a un Estado: ellos podrían perfectamente declarar que en sus territorios no rige la ley chilena ni puedan ingresar ni actuar las fuerzas de orden público o cualquier otra institución del Estado”.

—Nosotros somos un grupo que creemos que Chile es uno solo y es una sola nación y que los pueblos originarios sí bien son pueblos, culturas o etnias aparte, no son una nación aparte— dice Tomás Aylwin, abogado y uno de los voceros de Amarillos por Chile, recalcando que el grupo sí cree que los pueblos originarios “merecen el espacio de autonomía y merecen reconocimiento constitucional”.

Los artículos a los que hace referencia “Amarillos por Chile” son los que establecerían un Estado plurinacional, intercultural y que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos, pero siempre en el marco de la unidad del Estado. La idea de que los pueblos originarios tuvieran escaños reservados en la elaboración del texto constitucional, pretendía asegurar su participación directa en la toma de decisiones sobre su futuro y su estatus político.

El cientista político Claudio Fuentes aseguró en una columna publicada en CIPER que incluir escaños reservados fue también el resultado de la “vieja política”. El número lo fijó la derecha, y lo hizo con un ojo puesto en el estallido social de octubre de 2019 y con una mano en la calculadora electoral: al descontar los escaños reservados, se restringían los asientos a disputar, y eso mejoraba sus posibilidades de obtener cupos, explicaba Fuentes en su análisis.

—Nosotros no estamos inventando nada nuevo— responde Luis Jiménez, convencional representante del pueblo aymara. El abogado explica que lo que han hecho es recoger el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado multilateral general que reconoce estos derechos y establece mecanismos para su protección, y el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el artículo primero común señala que los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Añade que también se han guiado por la Declaración de las Naciones Unidas, que indica que dentro del concepto de pueblos están los pueblos indígenas.

—En diversos instrumentos los autores señalan que pueblo, para esos efectos, es lo mismo que nación. O sea, un colectivo. Y que son titulares de la libre determinación porque comparten características económicas, sociales, culturales, una misma historia y forma de proyectarse hacia el futuro—, dice Jiménez.

El convencional aymara sostiene que hay ejemplos donde se han garantizado mecanismos de representación política a través de escaños o autonomías territoriales, como en Estados Unidos, Canadá, España o Colombia. “Yo no he escuchado que los pueblos indígenas están demandando separarse. Entonces, creo que son miedos atávicos, arraigados en prejuicios”, señala Jiménez.

manifiesto colgado en su web, “Amarillos por Chile” sostiene que “este nuevo texto Constitucional está, hasta ahora, pecando del mismo vicio de la Constitución del 80, cuando se quiso imponer un modelo fuertemente ideologizado al país, pero esta vez de signo inverso”. Pero, además de esta crítica política, no aporta evidencia o una aclaración -salvo lo referente a la plurinacionalidad- sobre los puntos que formarían parte de lo que llama un “sobregiro a un extremo”.

Para el convencional y vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, comparar el proceso actual con el que gestó la Constitución del 80 demostraría un desconocimiento profundo o una intención de confundir. Esto porque el actual, dice, nació de una reforma constitucional hecha por un Congreso elegido democráticamente y con un posterior plebiscito en que votaron más de 7,5 millones de personas, manifestando por amplia mayoría que aprobaban el proceso Constituyente a través de la Convención Constitucional.

—Esta convención ha cumplido todas las reglas que se le impusieron y, además, va a proponer y promover una propuesta de texto constitucional con este quórum de aprobación alto de dos tercios, y la ciudadanía el 4 de septiembre va a definir en las urnas si lo aprueba o rechaza. Comparar esto con una comisión de integrantes elegidos por el dictador, con el parlamento cerrado, con una elección de plebiscito que además fue sin padrón auditado, creo que no tiene punto de comparación razonable—, dice Domínguez.

Una que nos una”, que tiene entre sus filas a la exsenadora Carolina Goic (DC), al economista y ex presidente del BancoEstado, Guillerno Larraín, y la profesora Magdalena Garretón. La campaña, que se dio a conocer con videos en redes sociales solo menciona una propuesta concreta: que la Comisión de Armonización de la Convención Constitucional pueda tener más atribuciones para sugerir mejoras.

Javiera Parada, una vocera de la campaña, aseguró a CIPER que están conscientes de la necesidad del cambio constitucional, pero que para ellos lo importante es que una nueva Constitución convoque mundos muy distintos: gente de derecha, izquierda, independientes, personas de regiones o de grandes ciudades. “Vemos que el desarrollo de la convención, lamentablemente, pone un poco en peligro esta convocatoria amplia”, dice.

Una de las razones por las que, a juicio de Javiera Parada, el debate no ha incorporado las ideas de sectores más amplios, es que la convención tiende a ser bastante maximalista. Hasta el jueves 5 de mayo el pleno de los constituyentes había aprobado 364 normas. Ese volumen, estima la ex jefa de la campaña presidencial de Ignacio Briones, nos pondría dentro del rango de las constituciones con más normas. A su parecer, habría sido mucho mejor tener un texto más conciso, más de principios que de tantos detalles.

Parada dice que en “Una que nos una” creen que hay grupos políticos que han estado siendo excluidos de discusiones importantes, como la derecha, la centroderecha y la centroizquierda; y que si bien la representación que tienen dentro de la Convención es el resultado de la elección de los convencionales, por lo que es democrática y transparente, no representa la realidad ni los equilibrios políticos de Chile.

Sin embargo, a la hora de señalar alguna crítica específica en torno a alguna propuesta de normas ya aprobada por el pleno que debiese ser corregida, “Una que nos una” no tiene un petitorio concreto sobre el contenido actual del borrador. “Hay algunos que estamos por la plurinacionalidad, otros que no. No es como que nosotros tengamos un proyecto de la nueva Constitución que querríamos, sino que más bien vemos con preocupación estos aspectos del proceso y creemos que pueden poner en riesgo ese apoyo mayoritario que tuvo la nueva Constitución en el último plebiscito”, dice Parada.

SIN DIÁLOGO CON LA CONVENCIÓN
En la misma semana en que diversas normas sobre derechos sociales pasaron a formar parte del borrador de la nueva Constitución -entre ellas el derecho a la salud, a la educación, a la ciudad y al territorio, al cuidado y a la vivienda-, la Multigremial Nacional realizó un evento reservado en el Hotel Sheraton. En la cita, que tuvo lugar el jueves 21 de abril, intervino uno de los líderes de “Amarillos por Chile”, Cristián Warnken, para hablar sobre la Convención.

—Desconozco la naturaleza y el contenido de la reunión sostenida en un hotel del barrio alto de Santiago. Lo que sí, independiente de esa reunión, tengo la convicción de que en un proceso constituyente donde se busca redistribuir el poder, es natural que quienes ostenten o concentren la mayor cantidad de este, tengan preocupaciones legítimas. Y por eso hemos visto no sólo reuniones en hoteles, sino también correos de cadena de aseguradoras privadas de salud—, dice Gaspar Domínguez.

El convencional de Independientes No Neutrales (INN) se refiere a los correos electrónicos enviados por Isapre Colmena a sus afiliados, justo después de que se aprobara el Sistema Nacional de Salud, el 19 de abril. En la carta que recibieron sus cotizantes, la isapre afirma que “si deseas continuar con un seguro de salud privado que te brinde cobertura para atenderte en clínicas y prestadores privados de tu elección, probablemente deberás aportar dos veces: una para financiar de manera obligatoria el sistema público y otra para adquirir el seguro privado que elijas”.

Domínguez dice entender este tipo de manifestaciones políticas y considera legítimo que se organicen actividades para promover sus puntos de vista: “Agradezco que tengamos una democracia sólida donde la ciudadanía tiene la última palabra”, dice.

Hernán Larraín, vicepresidente adjunto de la Convención y militante de Evópoli, considera que hace falta una autocrítica más profunda: “La Convención también tiene que escuchar el mensaje. Ahí está el Presidente Boric, la expresidenta Bachelet desde su fundación y el ex presidente Lagos. Pero también las encuestas son una forma en que la ciudadanía se manifiesta a través de la opinión pública y cuando un conjunto de encuestas te está diciendo que hay distancia, desconfianza y preocupación por lo de la convención, bueno, algo estamos haciendo mal”, dice Larraín.

El convencional Luis Jiménez comparte la visión del constituyente de Evópoli y cree que en el ámbito público todos tienen derecho a expresar sus opiniones o pagar insertos en los diarios, pero que eso es muy distinto a establecer derechamente un diálogo con los convencionales:

—Creo que en esa patita han fallado porque, tal como dice el vicepresidente (Domínguez), se quedan en la opinión, en la denuncia, en la declaración. Lo que está bien, pero si quisieran incluirse en el debate podrían efectivamente pedir reuniones de lobby. Si quieren escuchar nuestras opiniones, establecer un diálogo directo e influir institucionalmente, como todos los demás grupos en el proceso, podrían recurrir a estos mecanismos, pero lamentablemente no han querido—, dice el convencional aymara.

FUNDACIÓN DE BACHELET: “TOTAL RESPALDO”
Aunque Hernán Larraín pone a la Fundación Horizonte Ciudadano, de la expresidenta Bachelet, entre las entidades que han manifestado preocupación por la Convención, en esa entidad se apresuran a aclarar que respaldan el trabajo del organismo constituyente.

—Lo nuestro es una postura súper clara respecto de nuestro total respaldo al trabajo que realiza la Convención Constitucional y, en general, al proceso constituyente—, aclara Xavier Altamirano, director ejecutivo de Fundación Horizonte Ciudadano.

Altamirano marca distancia antes de responder cualquier pregunta y se instala de inmediato en la vereda contraria de quienes miran con desconfianza el proceso constituyente y de movimientos como “Amarillos por Chile”: “Lo nuestro no es una crítica, sino que es una puesta a disposición de un proceso que consideramos fundamental para la democracia y para el nuevo ciclo político”, dice el cientista político.

Horizonte Ciudadano, publicó un comunicado en que hizo un llamado a tomar en serio las dudas y preocupaciones que ha expresado la ciudadanía: «Creemos que el llamado a hacer posible un punto de encuentro para Chile es mucho más que una notoria convergencia de los dos liderazgos más recientes del progresismo: es un punto de inflexión para quienes depositan sus esperanzas en una nueva Constitución y en la sostenibilidad de un nuevo proyecto político«, se lee en el documento que fue interpretado por diversos analistas y artículos de prensa como una crítica al proceso.

Altamirano aclara que la preocupación apunta más bien a que tanto la elaboración del texto y su proceso de ratificación deben generar una alta motivación de la ciudadanía, una fuerte conexión con los intereses y las demandas de las personas, y un gran respaldo popular.

—Hay que tener súper en cuenta una condición de la regla del juego, que es que el apruebo inicial y el 78% de respaldo que obtiene se da en un contexto electoral más acotado que el que tendremos al finalizar el proceso, donde es el conjunto del electorado habilitado para votar que tiene que ir. Hacerlo en forma obligatoria es totalmente distinto—, explica Altamirano.

El director ejecutivo de Horizonte Ciudadano considera que hay un desapego de la épica inicial que tuvo la Convención y que, por lo tanto, hay que reimpulsarla. “Nuestra diferencia con el otro grupo es que nosotros vemos con preocupación esto porque queremos que resulte bien. Y no solo eso, sino que nos ponemos al servicio de la Convención”.

Altamirano ve una falta de articulación entre diversos actores sociales para participar en el proceso que, a su juicio, se debe a un profundo individualismo, que él considera de origen neoliberal, pues cada uno pretende ser una fuerza política:

—Nosotros haremos lo propio: ayudar a traducir la relevancia de este proceso, que aún no finaliza. No está ganada la batalla, no está ganado el proceso de tener una Constitución legítima. Hay que dejar atrás las aventuras personales y los cálculos respecto de fuerzas políticas emergentes que quieren ratificar su posición de fuerza en un escenario político en construcción. Me parece que es irresponsable—, dice.

Fuente: https://www.ciperchile.cl/2022/05/0...an-presentado-iniciativas-ante-la-convencion/