FFAA y policías en la mira: se han robado 126 armas de sus arsenales

“Mi cabo nos enseñó a subir, nos dijo cuál plancha de zinc estaba abierta para ingresar. Nos mandó a mí y al otro soldado a sacar municiones, granadas, granadas de humo, aturdidoras, municiones de 40mm. Sacamos de todo… por órdenes de él”, dice Carlos (28) con palabras entrecortadas. Su voz -a través del teléfono-, se mezcla con su agitada respiración. El joven es un exsoldado de tropa profesional del Ejército, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad. Cuando, en 2013; Carlos se ofreció como voluntario para custodiar los polvorines de la Estación San Pedro, perteneciente al Regimiento Reforzado N.º 1 de Calama, nunca pensó que terminaría siendo procesado por el delito de robo de material de guerra. Todo, según cuenta él, por seguir instrucciones de su cabo, quien les habría ordenado sacar armamento en sus bolsos militares.

—¿No se dio cuenta de que estaba robando?

—Tenía 18 años recién cumplidos y lo que me decían yo lo hacía. El reglamento militar señala que hay que hacerle caso a los superiores, yo tenía esa información, pero no sabía que era mientras no constituyera un delito.

El relato del exsoldado da cuenta de fallas de seguridad en las dependencias donde se almacena armamento del Ejército, pero, además, narra cómo junto a dos compañeros de custodia, otro soldado de tropa profesional y un cabo, lograron salir e ingresar de dos recintos militares portando las especies sin ser revisados. “Ese día parece que las estrellas se alinearon y no hubo control de nada, fue todo… a ver, cómo decirlo… a lo compadre, no hubo ningún tipo de seguridad ni revisiones. Nadie nos preguntó nada”, recuerda Carlos.

Para este reportaje se investigaron los reglamentos de cada una de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y policías sobre el control y fiscalización del armamento institucional. El material fue comparado con hechos acreditados y declaraciones de involucrados en múltiples procesos de la justicia militar, constatando que de los 20 casos analizados, en al menos 16 se pudieron corroborar faltas a los reglamentos internos de cada institución. Además, se realizaron solicitudes de Transparencia a las tres ramas de las FF.AA., Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI), para conocer cuántas armas fiscales han sido hurtadas o extraviadas entre 2018 y 2022, dando cuenta que, entre todas ellas, se han notificado 126 especies robadas y perdidas. Asimismo, respecto al mismo rango de años, se revisaron los libros de causas y sentencias de la Corte Marcial de Santiago (Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros) y Valparaíso (Armada), en los cuales se registran72 procesos judiciales relacionados con el hurto de material de guerra o infracciones a la Ley de Control de Armas. De estas, 13 cuentan con una resolución y 17 funcionarios han recibido algún tipo de condena.

Lo anterior confirmó falencias de seguridad e incumplimientos de protocolos internos en decenas de casos en que los mismos uniformados se involucraron en el robo y extravío de armamento institucional. Según Alejandra Mohor, académica superior en estudios policiales de la Universidad de Chile, el principal problema es que estos hechos de extravío y robo de armamento se examinan como casos aislados. “Se considera que la responsabilidad recae en la persona que cometió el ilícito y no hay un cuestionamiento al procedimiento institucional que lo permitió”, dice. “La institución necesita considerarse a sí misma falible, capaz de cometer errores, pero la primera reacción es decir ‘hacemos todo bien’”.

Ejército: cifras equivocadas y robos escalados
9 de abril de 2019. 04:35 a. m. Regimiento Chacabuco, Concepción. Dos centinelas sufren un robo que deja dos fusiles extraviados. Durante ese día, se confirmó que los conscriptos fingieron la situación y que una de las armas estaba en el domicilio de un exsoldado desertor del Ejército. Más tarde, el OS9 de Carabineros encontró uno de los fusiles bajo una cama de la casa indicada.

El caso mencionado pertenece a las causas ingresadas en la Corte Marcial de Santiago que involucran al Ejército. Sin embargo, al solicitar por Transparencia a la institución la información de cuántas armas se han perdido o robado entre 2018 y 2022, esta respondió que "durante el período consultado no existe armamento fiscal extraviado, perdido, sustraído o robado a nivel institucional”. A pesar de esto, el segundo fusil sigue sin ser hallado. Rodrigo Bascuñán, fiscal del caso, dice que probablemente fue vendido al mejor postor -aún no identificado- en el mercado negro.

Según un reglamento del Ejército, cuando se genera un sumario administrativo son los rangos más altos quienes realizan la investigación y definen las medidas disciplinarias. Alejandra Mohor, sostiene que esto provoca que se refuercen los intereses individuales. “Es uno de los déficits que tienen estos sistemas cerrados: no generan aprendizaje. Es una de las grandes críticas, lo que reafirma la necesidad de un mecanismo de supervisión externo”, dice.

Entre el 30 de octubre y el 14 de noviembre de 2013, casi seis años antes de los sucesos en el Regimiento Chacabuco, Carlos escalaba por unos pequeños huecos en la pared del polvorín -lugar donde se almacena desde granadas a armas de fuego-, de la Estación San Pedro del Ejército en Calama. Hoy, el exsoldado recuerda los hechos sentado en el living de su casa y cuenta cómo en ese momento solo pensaba en la posibilidad de recibir entrenamiento militar. Según dice, el cabo se los había ofrecido, ordenándoles ingresar y sustraer especies. “Me dije ‘en este momento tengo la oportunidad de vivir todo lo que no pude vivir en mi servicio militar. ¿Mi instructor me está diciendo que me puede hacer instrucción militar prácticamente particular?’ ”, dice. “Lo vi como una buena opción (…). Claro, se vio bastante irregular cuando dijo que la entrada estaba en el techo”.

Cristián Vial Maceratta, comandante General de la Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana y comandante de Industria Militar e Ingeniería del Ejército, consultado por la seguridad con la que cumple la infraestructura en donde se almacena el armamento, menciona que estas dependen de la zona geográfica a custodiar. “Hay almacenes que tienen ciertas condiciones, por ejemplo, material optrónico -sistemas con elementos ópticos y electrónicos, como radares y láseres-, también tienes que tener una instalación con la temperatura adecuada”. Carlos, en tanto, cuenta que los polvorines eran de adobe: “Nosotros mismos ingresamos levantando un clavo que estaba suelto en la plancha de zinc”.

Vial agrega que las fiscalizaciones a los almacenes de armamento deben ser diarias por el guarda almacén, quien a su vez es supervisado por un suboficial y un oficial de servicio.

En su confesión a la justicia militar, Carlos menciona que cuando regresaban al regimiento en un vehículo del Ejército, ambos soldados estaban asustados, pensaron incluso en lanzar sus bolsos a la carretera con el camión en movimiento. “Hay dos razones por las que no van a revisar. La primera es que nunca lo hacen y la segunda es que llegamos justo a la hora de almuerzo y hoy trabajamos hasta medio día”, les insistió el cabo en ese momento.

Así, Carlos y sus dos compañeros de custodia, salieron con sus bolsos institucionales llenos de especies sin pasar por ninguna fiscalización, ni siquiera al ingresar al regimiento de Calama. A pesar de que el Reglamento Administrativo indica que se debe revistar a todos los soldados a la entrada y salida de un cuartel.

“Días antes, el cabo nos había dicho que con otros soldados de tropa ya se habían metido al polvorín y que él hacía negocios con esas cosas, que tenía venta de granadas y bengalas”, afirma Carlos. Según los archivos judiciales, los uniformados los descubrieron luego de que en una revista rutinaria de vestuario y equipo de almacén, donde fiscalizan el estado de la ropa y armamento de los soldados, encontraron la mochila de Carlos llena de especies. Luego, el cabo confesó que tenía una maleta repleta de granadas y otros artefactos en su dormitorio. El otro soldado de tropa profesional habría arrojado su bolso con material de guerra al río Loa.

Tanto Carlos como su compañero del mismo rango, afirmaron en sus declaraciones que su cabo guardó más especies de las encontradas, unas en un alcantarillado y otras en la casa de una expolola. De acuerdo con la resolución de la justicia militar, esta información no pudo ser ratificada.

A más de nueve años de ocurridos los hechos, recién en marzo de este año, según cuenta Carlos, recibió la notificación de su condena. Debe cumplir libertad vigilada intensiva: por los próximos tres años tiene que asistir todos los meses a una cita con un asistente social en el centro de reinserción de su comuna.

Falencias de seguridad en el almacenaje
Un año y medio luego del robo en la Estación San Pedro, en 2015, un soldado conscripto del Regimiento Artillería Nº 1 “Tacna”, en San Bernardo, enfrentaba los mismos cargos que Carlos. El conscripto fue condenado a cinco años y un día de presidio menor en su grado máximo -pena que fue sustituida por libertad vigilada intensiva-, por el robo de dos fusiles. En 2013, cuando tenía 17 años, el joven soldado juró a la bandera por primera vez, tras ofrecerse como voluntario para el servicio militar. Dos años más tarde, el soldado fue acusado de robar material de guerra.

“Yo los metí a todos en el forro”, dice el exsoldado, que se pasea por las habitaciones de su casa en Rancagua, mientras recuerda lo ocurrido. De acuerdo con la sentencia de la Corte Marcial, además de él, en los hechos, participaron otros tres conscriptos.

“Cuando fuimos a dar la PSU, fuimos a comprar unos pititos como para relajar los nervios y ahí hablamos con unos narcotraficantes. Les preguntamos de dónde sacaban tantas armas y nos contaron que tenían el poder de todo San Bernardo, que eran los que la llevaban”, cuenta. “Como trabajábamos en el Ejército y teníamos acceso a fusiles, nos pasaron un par de millones por dos fusiles”, agrega el exconscripto.

Al igual que en el caso de Carlos, el relato de este exconscripto evidencia falencias en las dependencias donde se almacena el material de guerra de la unidad. “Nosotros subimos por un hoyo que había en el techo”, dice. “Como a los seis meses de llegar al regimiento, se cayó un árbol sobre el techo del almacén de material de guerra. Se podría decir que estuvo como diez meses el material dañado e incluso podías ver el hoyo desde la calle”. El joven menciona que el almacén era de adobe recubierto de cemento con tejas coloniales.

A pesar de que la resolución de la justicia militar señala que el delito consistió en el robo de dos fusiles, el exuniformado dice que fueron cuatro: dos para narcotraficantes de San Bernardo y dos para que familiares de uno de los conscriptos comercializara en el mercado negro. “Le alcanzamos a entregar los fusiles a los narcos, pero igual recuperaron todas las armas”, cuenta.

“A mí se me ocurrió hacer esto porque mi madre tiene cáncer, más de diez años lleva luchando y quería ayudarla, porque ella tenía que pagarse todos los meses una inyección que valía no sé cuánta plata. Además, quería pagarme mis estudios”, cuenta el exconscripto mientras se esfuerza por no llorar. Nada quedaba del joven, que momentos antes afirmaba que la situación no le importaba. “Es un error que cometí en el pasado y tampoco me arrepiento de los hechos”, decía minutos atrás.

PDI: la institución con más robos
Según datos obtenidos mediante Transparencia, entre 2018 y 2022, la PDI ha realizado 87 sumarios administrativos por pérdida o robo de armamento, siendo la institución que más material ha extraviado en ese período. En 75 de los casos, lo perdido fueron armas de puño: pistolas y revólveres. En los 12 restantes no se especificó el tipo.



El Reglamento armamento y munición de la PDI menciona que para portar un arma de puño, se debe realizar un curso teórico, práctico, de manejo y mantención de la pistola. Además, el uniformado debe llevar, por lo menos, seis meses en la institución y contar con un certificado emitido por un psiquiatra y por el Departamento de Armamento, Munición y Elementos de Protección Balística.

Eduardo Labarca, experto en seguridad y prefecto en retiro de la institución, dice que la pérdida de pistolas se debe a que los funcionarios tienen sus armas con ellos durante toda la jornada. “Para nosotros la guerra es el día a día, puede ser eso, pero también por irresponsabilidades. Pero pérdida o robo de armas largas, nosotros somos los que menos tenemos”, dice. Labarca cuenta que las armas de puño son chequeadas una vez al mes, donde el funcionario debe mostrar su pistola al encargado de armamento y munición de la unidad, quien verifica el número de serie y las condiciones de la especie. Sin embargo, quienes no se encuentren en la unidad el día de la verificación -por tener libre o licencia médica-, no son revisados hasta el mes siguiente.

7 de junio de 2018. 03:55 horas. Comuna de Pedro Aguirre Cerda. Un delincuente fue sorprendido por Carabineros en posesión de una pistola Smith & Wesson y otros objetos que quedaron registrados en la sentencia judicial del caso. Más tarde, la institución publicó en su cuenta de Twitter una imagen del artefacto y, como constató CHV, recién en aquel momento la PDI notó que el armamento confiscado les pertenecía. Luego, la policía comprobó los registros internos y se dieron cuenta de que faltaban otras 15 armas. Jeannette Cofré, abogada defensora del acusado, afirma que “[la pistola] tiene que tener alguna vinculación [con la policía] y no con eso quiero denunciar a la PDI, pero tiene lógica, independiente que la persona que represento pudo haberla comprado en la feria, pero ¿Cómo llega a la feria?”.

Por otro lado, el prefecto en retiro dice que el material de apoyo policial -las armas largas-, como pistola ametralladora, escopeta antimotín y fusiles, son almacenadas con un protocolo más estricto en comparación a las que utilizan a diario. Quien las retire, debe registrar su salida y llegada en los libros. Además, si las ocupa tiene que realizar una minuta detallando lo sucedido, sin omitir o falsificar información o si no se recibirá una amonestación. Asimismo, se ejecutan revistas de inventario de manera diaria, por parte del oficial de guardia; mensuales, hechas por el encargado del armamento y munición de la unidad; y anuales, a cargo del Departamento de Armamento, Munición y Elementos de Detección Balística.

Para octubre de 2021, según un documento entregado por la PDI al Senado, se contaba con un total de 18.324, entre armas de puño y de apoyo, pero que únicamente el 78% se encontraba operativa y otras 2.000 estaban en resolución de baja.

Armada y Fuerza Aérea: sin información
En la Corte Marcial de Valparaíso, entre 2018 y 2022, solo se da cuenta de un caso de hurto de material de guerra. En una causa de la justicia militar ingresada en 2019, pero ocurrida en 2017, un soldado extrajo en su mochila, desde la repartición militar de Talcahuano, 142 tiros de munición, estimados en $55.664. Fue su polola quien entregó las balas a Carabineros, luego de sacar la ropa del bolso para lavarla. Según un teniente de la Armada, las prácticas de tiro están reglamentadas bajo protocolos, en los cuales se debe realizar un acta informando cuánta munición se entregará a cada persona, debiendo dispararla toda.

A pesar de esto, no es posible conocer si existen más casos de robo o pérdida de material de guerra, pues, consultada a través de Transparencia, la Armada se negó a entregar información y señaló que esta estaría directamente relacionada con la seguridad del Estado y Defensa Nacional, por lo que entregarla sería dar a conocer el estándar con que operan las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Patricio Rosas, abogado experto en derecho penal y académico en criminología de la Universidad de Chile, dice que “la información, transparencia, el control de la gestión y una agencia civil de control armado, va a propender a que se reduzca la posibilidad del desvío [de armas]”.

Respecto a los protocolos para el cuidado de material de guerra, un teniente de la institución -cuyo nombre fue omitido para proteger su identidad-, afirma que varían según la repartición. Por ejemplo, en los buques, las salas de armamento son de acero, tienen una temperatura específica y, si es que tienen ventanas, deben ser blindadas. Asimismo, en los barcos solo hay un oficial del área de artillería encargado de las llaves y no está apostado siempre fuera de la puerta. En cambio, en tierra sí habría una guardia custodiando las especies todo el día.

En la Fuerza Aérea solo se registra oficialmente un arma extraviada entre 2018 y lo que va de 2022. Ocurrió el 15 de enero de 2019. Base Aérea El Bosque, comuna de Puente Alto. Tres funcionarios de la Fuerza Aérea (FACH) -un teniente, un sargento 2º y un cabo-, son investigados administrativamente por el ataque a un centinela que estaba de guardia en la base aérea, al cual le robaron su fusil -avaluado en 386.746 pesos chilenos-, con cargador y munición. Según la respuesta entregada vía Transparencia por la institución, esa arma figura como la única robada durante ese periodo. En la información no se detalla de qué forma se vieron involucrados los funcionarios investigados, pero sí que forman parte del único sumario que se ha cursado en los años consultados por robo o pérdida de armamento. De acuerdo a la FACH, los funcionarios siguen realizando labores propias de su especialidad.

A pesar de lo anterior, tal como ocurre con el Ejército, en las sentencias de la justicia militar se pudo acreditar la existencia de al menos una causa más por hurto de material de guerra, que involucra a un funcionario de la institución y que no figura en lo informado por la FACH. En 2019, un sargento primero y su hijo fueron formalizados por infracción a la Ley de Control de Armas, luego de que una denuncia de la Dirección General Aeronáutica Civil en Pudahuel diera cuenta que el imputado más joven estaba vendiendo armamento a través de internet. Un informe de la Fiscalía de Aviación de Santiago señala que en el domicilio de ambos involucrados se encontraron especies, entre ellos: un lanzacohetes, granadas de humo y balas de alto calibre.

Consultados sobre los protocolos de control y fiscalización de armamento, para evitar eventos como el descrito, hasta el cierre de este reportaje la Fuerza Aérea de Chile no ha dado respuesta.

Las armas de Carabineros: un cuidador sin requisitos
2 de marzo de 2020. Un joven de 21 años era el Carabinero de guardia encargado de las llaves y cuidado de la sala de armas del retén de Valle Hermoso, en la Ligua. Según el Reglamento de Carabineros, quien tiene la obligación de custodiar el material de guerra, municiones y elementos de protección debe ser un oficial con capacitación especial y que, además, sea supervisado por el jefe de la Comisión de Armamento y Municiones. El joven no cumplía con ninguno de los requisitos. Esa misma noche fue acusado de realizar un montaje para robar armamento del retén e imputado por posesión, tenencia o porte de armas sujetas a control.

De acuerdo con la audiencia de control de detención, el reloj marcaba la 01.30 de la madrugada cuando dos sargentos pasaron al retén a buscar aceite para motor y fiscalizar al Carabinero de guardia. Al llegar encontraron en el auto del retén un bolso gris repleto de municiones, 12 esposas de seguridad, ocho revólveres Taurus y una ametralladora UZI de 9mm. El total del botín, según la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado: $1.970.405.

En su declaración, el Carabinero imputado relata que a la 01.20 de la madrugada, alrededor de siete personas entraron al retén para robar el armamento de la unidad, situación en la cual fue reducido por uno de los delincuentes. “Siempre le dijo [el carabinero] a la Fiscalía y a mí que él pensó que los que entraron a la unidad eran funcionarios policiales por la forma en que se movían, porque en ningún momento le preguntaron dónde estaba la sala de armas, sino que le dijo ‘pásame las llaves de la sala’, o sea, eso te da la impresión de que ya conocían”, dice Álvaro Bahamonde, abogado defensor del carabinero. En la misma declaración del exuniformado, señala que, luego de que ingresaran a la sala, se inició una persecución contra los individuos, momento en el que llegaron los sargentos.

En la audiencia de control de detención, se indica que es el compañero de repartición del joven, un cabo, quien lo señalaría como responsable de haber guardado las especies fiscales en el vehículo y cooperar con los civiles. Al interior del cuartel, la sala de armas aún estaba cerrada con llave, sin signos de haber sido forzada, pero su interior se encontraba vacío. “[El excarabinero] tiró las llaves para afuera para que no las encontraran, pero estos tipos en ningún momento forzaron las chapas, porque todos en la unidad tienen acceso a las llaves de la sala de armas. Cualquiera les puede sacar copia”, sostiene Bahamonde.

A pesar de que el bolso que estaba en el auto con especies nunca salió de la unidad, esa noche Carabineros sufrió el robo de dos pistolas Taurus, 14 cartuchos de guerra y ocho cartuchos punta de plomo. Según información entregada vía Transparencia por la institución, esas pistolas corresponden a dos de las 38 armas robadas o perdidas entre 2018 y 2022.

A las 05.20 de la mañana el joven carabinero fue detenido. Dos años más tarde, su abogado se prepara para el juicio oral que se llevará a cabo en el mes de julio. “Cuando concurrió a una audiencia con el mayor, este le ordenó responsabilizarse por todos los hechos. Que debía confesar que todo esto lo había coordinado con uno de los asaltantes y que tenía que dejarlo todo por escrito”, cuenta Bahamonde. “Es decir, Carabineros jamás indagó absolutamente nada”.

Gonzalo Huenumil, consultor internacional en Policía, Seguridad y Prevención y coronel en retiro de Carabineros, señala que cuando se delega a quien no tiene las competencias necesarias, “debería considerarse una responsabilidad del mando, porque ese funcionario siempre va a tener a alguien sobre él, quien le dio la orden”. Hasta el momento, el joven es el único imputado por los hechos de ese día.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/destacad...as-en-seguridad-y-protocolos-de-fiscaliacion/