Fisco indemnizará a médico con $100 millones por detención ilegal, secuestro y torturas

Ejecutoriada (a firme) quedó la sentencia pronunciada por el titular del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, Javier Toledo, que acogió una demanda del médico Luis Godoy González y condenó al fisco de Chile a pagar la suma de 100 millones de pesos por concepto de indemnización de daños y perjuicios, sufridos con ocasión del Golpe de Estado.
El demandante acusó detención ilegal, secuestro y torturas, tras ser aprehendido por efectivos de la policía, en Punta Arenas, el 9 de agosto de 1976, sin que, según su versión, mediara orden alguna de detención, siendo víctima de una real captura, la que se produjo desde el interior de su domicilio, en horas de la noche.
Sabido era por las autoridades de la época que era hijo de su homónimo padre, Luis Godoy Gómez, senador de la República hasta el 11 de septiembre de 1973 por Chiloé, Aysén y Magallanes. Estas circunstancias, su militancia y actividades políticas, que eventualmente podrían haber sido objeto de cargos en su contra y por lo menos, de esa manera, una aparente justificación del actuar de los agentes policiales y militares, jamás nunca le fueron imputados.
En su presentación legal expuso que desde su secuestro, el 9 de agosto, y hasta el 10 de septiembre del mismo año 1976, fue sometido a sofisticados métodos de tortura, que además de golpes de toda clase en todo el cuerpo, aplicación de corriente eléctrica y asfixias, lo mantenían con luz artificial permanente dispuesta con la finalidad de evitar que tuviera noción de los días, y de esa manera, del transcurso del tiempo. “Los dolores y secuelas físicas de las torturas son sin duda un aspecto de gran entidad, ya que en este caso en particular dejaron secuelas permanentes”, se relató en la demanda.
Inicialmente la suma solicitada a título de indemnización fue de 200 millones de pesos, sin embargo, el juez Javier Toledo resolvió: “Prudencialmente, conforme a los hechos acreditados en la presente sentencia, la circunstancia acreditada que la víctima fue apresada y torturada, cuyo hostigamiento continuó una vez recuperada la libertad, por agentes del Estado en un período determinado de nuestra historia reciente, en el marco de una política de Estado represiva, las secuelas que dichas circunstancias le ha provocado al actor (demandante) duran hasta el día de hoy, se fija el monto a indemnizar en la suma de $100.000.000”.
La sentencia condenatoria acaba de ser confirmada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, por lo que la misma quedó ejecutoriada, restando en consecuencia sólo el cúmplase del fallo, a través de la Tesorería General de la República.



Fisco indemnizará a médico con $100 millones por detención ilegal, secuestro y torturas
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