Corte Suprema obliga al fisco a pagar indemnización a adolescentes torturadas y abusadas sexualmente

Corte Suprema obliga al fisco a pagar indemnización a adolescentes torturadas y abusadas sexualmente en Punta Arenas en 1973

La justicia chilena ha dado un paso significativo hacia la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar al confirmar una sentencia histórica. La Corte Suprema ha rechazado el recurso de casación en la forma presentado por el Consejo de Defensa del Estado y ha ratificado la condena al fisco a pagar una indemnización total de $780.000.000 por concepto de daño moral a seis personas que fueron detenidas y sometidas a torturas, vejámenes, abusos físicos, psíquicos y sexuales en la ciudad de Punta Arenas entre septiembre y diciembre de 1973.


En un fallo unánime (causa rol 3.741-2023), la Segunda Sala de la Corte Suprema ha desestimado la falta de fundamentación en la sentencia impugnada, emitida por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que incrementó el monto indemnizatorio originalmente establecido. Este fallo reconoce que determinar el monto adecuado para compensar el dolor causado por actos ilícitos es una tarea compleja y requiere un análisis cuidadoso de las circunstancias específicas de cada caso.


Las víctimas son Vilma de Lourdes Mansilla Revens, Jeannette Susana Antonín Torres, Mirna Donoso García, Magda Ruiz Méndez; Rosa María Lizama Barrientos y Emilia del Carmen Díaz Mancilla, menores de edad a la época de los hechos, detenidas por agentes del Estado entre septiembre y diciembre de 1973 y sometidas a torturas, vejámenes, abusos físicos, psíquicos y sexuales en la ciudad de Punta Arenas y, finalmente, condenadas por consejos de guerra.


La resolución del tribunal destaca que la víctima se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad, ya que todas ellas eran menores de edad según la ley vigente en ese momento. Además, hace hincapié en los abusos sexuales y los actos de sometimiento a los que fueron sometidas estas mujeres, subrayando que se abusó de ellas especialmente en su condición de mujeres, lo que resultó en la violación de su voluntad, dignidad y esencia como personas.



El fallo de la Corte Suprema deja en claro que la sentencia impugnada cumplió con todas las exigencias legales y que no hay mérito para cuestionarla a través del recurso de casación en la forma. También señala que las discrepancias en cuanto a los razonamientos jurídicos o la aplicación de normas específicas no pueden servir como base para cuestionar una sentencia en este contexto, ya que la ley reserva el recurso de casación sustancial para tales fines.


En resumen, este fallo representa un hito importante en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Chile. Reconoce la gravedad de los abusos sufridos por estas personas durante un período oscuro de la historia del país y demuestra el compromiso de la justicia chilena en la defensa de los derechos humanos y la reparación de las víctimas. La indemnización otorgada contribuirá a aliviar el sufrimiento de las víctimas y a mantener viva la memoria de lo sucedido durante la dictadura militar.


https://www.elclarin.cl/2023/09/03/corte-suprema-obliga-al-fisco-a-pagar-indemnizacion-a-adolescentes-torturadas-y-abusadas-sexualmente-en-punta-arenas-en-1973/


Condenan a tres ex marinos por asesinato de Marcelo Barrios y el Estado deberá indemnizar a su familia con $240 millones


En una entrevista realizada por La Prensa Austral a Gladys Barrios Andrade, confidenció que su hermano Marcelo “amaba Punta Arenas, si todos le decían el “Pingüino” siempre decía que era del sur, hablaba del truco, de la nieve, el frío, el viento y de su gente”.


Marcelo Barrios Andrade tenía 21 años cuando fue asesinado el 31 de agosto de 1989, en Valparaíso, en circunstancias que formaba parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Las crónicas de la época, que correspondía a los últimos meses de la dictadura para dar paso a la transición, dieron cuenta de un enfrentamiento en que perdió la vida. Sin embargo, el informe forense indicó que en el cuerpo del entonces estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha, había más de 150 impactos de bala.


Ahora Marcelo tendría 55 años y sería profesor de Historia.


En septiembre de 2019 su hermana estuvo en el Liceo Luis Alberto Barrera, en cuyo frontis se descubrió una placa recordatoria, obra del artista Carlos Bahamonde, en presencia de estudiantes, amigos y dirigentes sociales.


Gladys recordó que “nosotros llegamos a Punta Arenas el año 1969, al barrio Prat, Marcelo tenía solamente dos años, nuestro papá, Washington Barrios, trabajaba en construcción y se vino a trabajar a la Universidad Técnica. Y nos quedamos, nos consideramos de Punta Arenas, porque nuestra niñez y adolescencia estuvo acá”.


Marcelo estudió en la Escuela Nº15, actual Arturo Prat, cursando su enseñanza media en el Liceo San José, aunque la terminó en el Liceo Luis Alberto Barrera, tras lo cual en 1987 viajó a estudiar Pedagogía. Ya militaba en la Juventud Socialista.


Condenados


El día 31 de agosto reciente, la ministra en visita para causas de Derechos Humanos de Valparaíso, María Cruz Fierro, condenó al capitán de corbeta en retiro de la Armada, Sergio Chiffelle Kirby, junto a dos ex cabos de la misma institución, Luis Ceballos Guerra y Oscar Arturo Aspée, como autores del delito de homicidio calificado respecto de Marcelo Barrios. Todos ellos recibieron una pena de 10 años de cárcel, la que deberán cumplir de manera efectiva cuando la sentencia quede ejecutoriada. La sentencia absolvió a Fernando Pereda Navarro, ex oficial de la PDI, de la acusación que lo tuvo como encubridor.


Sergio Chiffelle Kirby, de actuales 68 años, ejerce como abogado. En la causa también fueron procesados otros dos oficiales de la Armada: Carlos Schnaidt Parker, y Francisco Paves Puga, ambos fallecidos.


Según lo declarado por ex funcionarios de la Armada durante el proceso, los oficiales a cargo no hicieron más que cumplir una orden emanada del almirante, comandante de la Guarnición Naval de Valparaíso, de “destruir un objetivo en el cerro Yungay”.


Demanda civil


Paralelamente, la ministra sentenciadora acogió la demanda civil interpuesta por la familia, condenando al fisco de Chile y solidariamente a los autores del crimen, a pagar la suma de 240 millones de pesos, como indemnización de perjuicios por daño moral.


De acuerdo a lo declarado por testigos, el 31 de agosto de 1989, a eso de las 17,45 horas, vieron llegar a un camión naval con infantes de marina fuertemente armados, en el pasaje Latorre del cerro Yungay de Valparaíso, luego de lo cual “el comando, bajo el mando de Chiffelle Kirby, hizo detonar explosivos en el domicilio, provocando la destrucción de gran parte del inmueble”, señala la sentencia, la que agrega que asimismo lanzaron varias ráfagas de ametralladora “en contra de la víctima, sin que ésta tuviera la posibilidad de defenderse”. Como si ello no bastara, “posteriormente los uniformados lanzaron granadas de mano al interior del domicilio y efectuaron un allanamiento de gran despliegue”.


Al cumplirse 34 años de su muerte, el hecho es reconocido como uno de los últimos asesinatos de carácter político cometidos durante la dictadura militar


Condenan a tres ex marinos por asesinato de Marcelo Barrios y el Estado deberá indemnizar a su familia con $240 millones
En una entrevista realizada por La Prensa Austral a Gladys Barrios Andrade, confidenció que su hermano Marcelo “amaba Punta Arenas, si todos le decían el “Pingüino” siempre decía que era del sur, hablaba del truco, de la nieve, el frío, el viento y de su gente”
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