La Cámara de Diputados aprobó y despachó un nuevo proyecto de la agenda de seguridad. Se trata de la propuesta que sanciona el porte injustificado de combustible en manifestaciones.
La Corporación aprobó las modificaciones del Senado que pasaron por suprimir dos normas de la iniciativa despachada en el primer trámite. La primera de ellas introducía una nueva falta en el Código Penal. Ella castigaba a quien, injustificadamente, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, portara combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas.
La multa planteada a esta situación era de 10 a 20 UTM. Se contemplaba aplicar siempre y cuando la persona no pudiese proporcionar una explicación razonable para su porte.
La segunda norma suprimida en el Senado permitía a las policías detener a las personas que incurrían en esta falta.
De esta manera, se sanciona con presidio menor en su grado mínimo (desde 61 días a 540 días) a quien, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas.
Esta sanción fue cuestionada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien acusó que la disposición excede el espíritu de esta ley y que debería primar solo la nueva falta y la facultad entregada para las policías de detener a los infractores. Así, llamó a rechazar el texto del Senado para ir a una comisión mixta para acordar un mejor articulado que defina una sanción al porte de combustible en reuniones en lugares públicos.
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