27F: A 15 años del «No hay Tsunami» de Bachelet en el terremoto del 2010
Faltaban 13 días para el término del gobierno de Michelle Bachelet cuando el 27 de febrero de 2010 un fuerte terremoto y posterior tsunami azotaron el sur del país. A 15 años de la tragedia, la reacción de las autoridades y la fragilidad de los sistemas para enfrentar una catástrofe natural continúan siendo tema de debate.
Videos y análisis de una tragedia que enlutó a todo el país, el 27 de febrero del 2010
Más de seis años después del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, altas autoridades públicas comparecieron ante el Séptimo juzgado de Garantía de Santiago para asumir su responsabilidad en las decisiones tomadas durante la emergencia. La investigación, inicialmente liderada por la exfiscal regional Solange Huerta, fue transferida al fiscal José Luis Pérez Calaf tras el término del período de Huerta. Bajo su dirección, el caso tomó un rumbo distinto al previsto, culminando en una solución alternativa al juicio oral.
Huerta, junto a la PDI, había llevado a cabo una investigación exhaustiva que incluía la declaración de la entonces Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, el cambio de fiscalía resultó en la
suspensión condicional del procedimiento, evitando un juicio penal para los imputados: el exsubsecretario del Interior Patricio Rosende, la exdirectora de la Onemi Carmen Fernández, el exjefe del Centro de
Alerta Temprana Johaziel Jamett, y los exfuncionarios del SHOA Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina.
LA DECISIÓN DEL FISCAL PÉREZ CALAF
En marzo de 2016, Pérez Calaf anunció su decisión de no llevar el caso a juicio, argumentando que la investigación había permitido establecer hechos que debían ser conocidos por un tribunal, pero que no excluían una solución no penal. “El ordenamiento jurídico no solo comprende responsabilidades penales, sino también civiles”, explicó. Como parte del acuerdo, los imputados debían pagar multas a 104 víctimas, con montos que variaban según su cargo. Rosende fue multado con 80 millones, mientras que Fernandez debio pagar 80 millones, mientras que Fernandez debio pagar 40 millones.
Además, los acusados ofrecieron disculpas públicas. Rosende declaró: “Creo haber hecho lo humanamente posible dadas las condiciones que existían en ese momento”. Fernández, entre lágrimas, expresó: “Hasta hoy vivo esta pesadilla con dolor e impotencia junto a ustedes”.
LA TRASTIENDA DEL PROCESO
La prolongada duración de la investigación jugó en contra de las expectativas de los querellantes. Alfredo Morgado, abogado que representó a 15 familias en la causa penal y a 74 en materia civil, se opuso a la decisión del fiscal Pérez Calaf. “Me opuse por la
gravedad de los hechos, la cantidad de personas fallecidas y otros motivos”, señaló.
Morgado también recordó que el avance de la investigación se vio entrampado por hitos como un recurso de inaplicabilidad presentado en el Tribunal Constitucional y la renuncia de uno de los abogados defensores.
Por su parte, Gonzalo Medina, abogado defensor de Mario Andina, consideró que la suspensión condicional fue la solución más adecuada: “Sin establecer responsabilidad penal, pero dando la
oportunidad de escuchar a las víctimas”.
Paula Vial, defensora de Andrés Enríquez, también valoró el acuerdo: “Fue lo más adecuado, buscábamos la reparación de las víctimas, no la persecución penal”.
DEMANDAS CIVILES CONTRA EL ESTADO
Además del proceso penal, el Estado enfrentó numerosas demandas civiles de familiares de las víctimas del 27/F. Hasta 2020, el Fisco
había desembolsado casi 6 mil millones en indemnizaciones.Mas de 60 acciones civiles se presentaron en tribunales de Santiago, Valparaıso, Talca, Chillan, Talcahuano y Concepcion.
Solo en Santiago, 13 causas llegaron a su termino, con indemnizaciones que superaron los 6 mil millones en indemnizaciones.
Mas de 60 acciones civiles se presentaron en tribunales de Santiago, Valparaíso, Talca, Chillan, Talcahuano y Concepcion.
Solo en Santiago, 13 causas llegaron a su termino, con indemnizaciones que superaron los 3.242 millones.
Una de las últimas indemnizaciones se ordenó en 2024, cuando la justicia condenó a la Municipalidad de Talcahuano a pagar $2.500 millones a un grupo de damnificados. El fallo determinó que La dirección de Obras no fiscalizó adecuadamente el cumplimiento de las normas antisísmicas en la construcción del edificio Puerto Palos.
REFLEXIONES FINALES
El caso del 27/F dejó en evidencia las dificultades de
responsabilizar penalmente a autoridades en medio de catástrofes de gran magnitud. Aunque la suspensión condicional permitió una reparación económica y simbólica a las víctimas, muchos
consideraron que no fue suficiente para abordar la gravedad de los hechos. El fiscal Pérez Calaf, en una entrevista de 2016, reconoció las críticas pero defendió su decisión: “Hay expectativas que no
son realistas”.
https://eldiariodesantiago.cl/2025/...mi-de-bachelet-en-el-terreoto-del-2010-video/
Faltaban 13 días para el término del gobierno de Michelle Bachelet cuando el 27 de febrero de 2010 un fuerte terremoto y posterior tsunami azotaron el sur del país. A 15 años de la tragedia, la reacción de las autoridades y la fragilidad de los sistemas para enfrentar una catástrofe natural continúan siendo tema de debate.
Videos y análisis de una tragedia que enlutó a todo el país, el 27 de febrero del 2010
Más de seis años después del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, altas autoridades públicas comparecieron ante el Séptimo juzgado de Garantía de Santiago para asumir su responsabilidad en las decisiones tomadas durante la emergencia. La investigación, inicialmente liderada por la exfiscal regional Solange Huerta, fue transferida al fiscal José Luis Pérez Calaf tras el término del período de Huerta. Bajo su dirección, el caso tomó un rumbo distinto al previsto, culminando en una solución alternativa al juicio oral.
Huerta, junto a la PDI, había llevado a cabo una investigación exhaustiva que incluía la declaración de la entonces Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, el cambio de fiscalía resultó en la
suspensión condicional del procedimiento, evitando un juicio penal para los imputados: el exsubsecretario del Interior Patricio Rosende, la exdirectora de la Onemi Carmen Fernández, el exjefe del Centro de
Alerta Temprana Johaziel Jamett, y los exfuncionarios del SHOA Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina.
LA DECISIÓN DEL FISCAL PÉREZ CALAF
En marzo de 2016, Pérez Calaf anunció su decisión de no llevar el caso a juicio, argumentando que la investigación había permitido establecer hechos que debían ser conocidos por un tribunal, pero que no excluían una solución no penal. “El ordenamiento jurídico no solo comprende responsabilidades penales, sino también civiles”, explicó. Como parte del acuerdo, los imputados debían pagar multas a 104 víctimas, con montos que variaban según su cargo. Rosende fue multado con 80 millones, mientras que Fernandez debio pagar 80 millones, mientras que Fernandez debio pagar 40 millones.
Además, los acusados ofrecieron disculpas públicas. Rosende declaró: “Creo haber hecho lo humanamente posible dadas las condiciones que existían en ese momento”. Fernández, entre lágrimas, expresó: “Hasta hoy vivo esta pesadilla con dolor e impotencia junto a ustedes”.
LA TRASTIENDA DEL PROCESO
La prolongada duración de la investigación jugó en contra de las expectativas de los querellantes. Alfredo Morgado, abogado que representó a 15 familias en la causa penal y a 74 en materia civil, se opuso a la decisión del fiscal Pérez Calaf. “Me opuse por la
gravedad de los hechos, la cantidad de personas fallecidas y otros motivos”, señaló.
Morgado también recordó que el avance de la investigación se vio entrampado por hitos como un recurso de inaplicabilidad presentado en el Tribunal Constitucional y la renuncia de uno de los abogados defensores.
Por su parte, Gonzalo Medina, abogado defensor de Mario Andina, consideró que la suspensión condicional fue la solución más adecuada: “Sin establecer responsabilidad penal, pero dando la
oportunidad de escuchar a las víctimas”.
Paula Vial, defensora de Andrés Enríquez, también valoró el acuerdo: “Fue lo más adecuado, buscábamos la reparación de las víctimas, no la persecución penal”.
DEMANDAS CIVILES CONTRA EL ESTADO
Además del proceso penal, el Estado enfrentó numerosas demandas civiles de familiares de las víctimas del 27/F. Hasta 2020, el Fisco
había desembolsado casi 6 mil millones en indemnizaciones.Mas de 60 acciones civiles se presentaron en tribunales de Santiago, Valparaıso, Talca, Chillan, Talcahuano y Concepcion.
Solo en Santiago, 13 causas llegaron a su termino, con indemnizaciones que superaron los 6 mil millones en indemnizaciones.
Mas de 60 acciones civiles se presentaron en tribunales de Santiago, Valparaíso, Talca, Chillan, Talcahuano y Concepcion.
Solo en Santiago, 13 causas llegaron a su termino, con indemnizaciones que superaron los 3.242 millones.
Una de las últimas indemnizaciones se ordenó en 2024, cuando la justicia condenó a la Municipalidad de Talcahuano a pagar $2.500 millones a un grupo de damnificados. El fallo determinó que La dirección de Obras no fiscalizó adecuadamente el cumplimiento de las normas antisísmicas en la construcción del edificio Puerto Palos.
REFLEXIONES FINALES
El caso del 27/F dejó en evidencia las dificultades de
responsabilizar penalmente a autoridades en medio de catástrofes de gran magnitud. Aunque la suspensión condicional permitió una reparación económica y simbólica a las víctimas, muchos
consideraron que no fue suficiente para abordar la gravedad de los hechos. El fiscal Pérez Calaf, en una entrevista de 2016, reconoció las críticas pero defendió su decisión: “Hay expectativas que no
son realistas”.
https://eldiariodesantiago.cl/2025/...mi-de-bachelet-en-el-terreoto-del-2010-video/
Última edición:
