En una nueva investigación especial, Contraloría detectó deficiencias en la gestión de la Autoridad Fiscalizadora del Departamento Control de Armas y Explosivos (OS-11) de Carabineros.
Según la auditoría, Carabineros no denunció al Ministerio Público los casos en que no encontró las armas en el domicilio registrado ni cuando, tras el fallecimiento del titular del arma, estas no fueron transferidas conforme a la ley. Como es la tónica en estos casos, Contraloría señaló que remitirá los antecedentes al Ministerio Público.
Sin embargo, sólo una semana antes, Fiscalía desistió de la investigación de una denuncia similar sobre pérdida de armas en manos de fallecidos, realizada por otro organismo de control de armas: la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), dependiente del Ejército.
En junio de 2024, Contraloría publicó una auditoría a la gestión de la Dirección de Movilización. En ella se detectó que 191 mil armas que estaban a nombre de fallecidos no se habían inscrito a nombre del nuevo adjudicatario. En consecuencia, Contraloría ordenó a la DGMN elaborar un plan de acción para regularizar los trámites de armas de personas difuntas.
En esta línea, el 12 de septiembre la DGMN ingresó una denuncia ante el Ministerio Público reportando un listado de personas fallecidas propietarias de armas, las que no habían sido registradas o entregadas según la normativa.
En un primer momento el fiscal Marcelo Vargas Leiva optó por desestimar la denuncia, argumentando que los hechos eran “constitutivos de infracciones administrativas, y no de carácter penal”. Sin embargo, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Cheryl Fernández Albornoz, rechazó la decisión del Ministerio Público y ordenó investigar.
El caso es que, una semana antes de la publicación de la nueva auditoría de Contraloría, el fiscal comunicó su decisión de no perseverar en la investigación por las armas pérdidas a nombre de fallecidos.
El pasado 6 de junio, Fiscalía solicitó audiencia al Juzgado señalando que “cerró investigación y ha decidido no perseverar en el procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”.
El tribunal aceptó y fijó la audiencia para cerrar el caso el próximo 27 de junio.
