Nuevamente la Junaeb está en el centro de la polémica, luego que la Contraloría General de la República detectara graves anomalías en el servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
De acuerdo a una auditoría entre enero de 2021 y diciembre del 2022 al organismo dependiente del Ministerio de Educación, se hicieron imputaciones calificadas de “Alta Complejidad”, que generaron una “pérdida fiscal significativa”.
El primer problema tiene que ver con el millonario pago de raciones a una empresa por apenas 284 raciones, pese a lo cual se incrementó su número; así como también cambios en los precios a cancelar, que no fueron autorizados por Contraloría.
Según el informe al que tuvo acceso Radio Bío Bío, en el primer caso, Junaeb pagó a la empresa Soser S.A. $3.554 millones por las 284 raciones, pese a que debió haber entregado un total de 796 mil raciones.
En otras palabras, el organismo pagó $12 millones y medio por cada ración de Once Nivel Básica a Soser.
Lo expuesto, no se condice con lo previsto en los citados artículos 3º, y 5º, de la ley Nº 18.575, según los cuales la Administración del Estado debe velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos, incluyendo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control”, indica el informe.
Pero además, aun cuando Soser solo entregó 284 raciones en el 2022, de las 796.043 raciones de Once Nivel Básico (0,0004% de las raciones pagadas), para el año siguiente la Junaeb le aumentó en un 118,2% dichas raciones fijas, quedando en 1.737.942.
Esto había implicado el pago de un sobreprecio en el año 2023 de $4.423 millones adicionales a los del 2022, indica el documento.
“La situación descrita, implicaría que Junaeb podría haber desembolsado, para el año 2023, al menos, $4.423.911.223 adicionales a los desembolsados en el periodo 2022, monto que fue calculado multiplicando el número de raciones incrementadas con el precio base, y dicho resultado por el ponderador de la porción fija del pago, correspondiente al 60%, atendida la modificación de los porcentajes de los componentes fijo y variable, establecidos en la resolución exenta N” 2.538, de 2022, de la Junaeb”, se señala.
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Por último, la Contraloría también cuestionó los cambios a la proporción fija del precio a pagar por el servicio, del 40% al 60%, modificación que no fue autorizada por el organismo que encabeza Dorothy Pérez.
Según concluyó el ente contralor, la variación implicó que la Junaeb pagara $4.640 millones adicionales a los distintos proveedores.
“Se puede advertir que Soser S.A, Aliservice S.A., Las Lagunas y Savisa, fueron los prestadores que percibieron las mayores diferencias luego de la entrada en vigencia de las aludidas modificaciones”, puntualiza el informe.
Además, concluye que tres empresas concentran el mayor beneficio con dicha modificación, llevándose Soser el 50% ($2.300 millones) del mayor valor que se pagó por la modificación del porcentaje fijo y variable.
No obstante, si bien la Junaeb debió haber enviado las modificaciones de los contratos, que cambiaban la estructura de precios, a Toma de Razón, no lo hizo.
“Por lo anterior, considera que dichas medidas importaron una modificación a los contratos celebrados originalmente, los que se ajustaron al formato contenido en las respectivas bases, cuyo acto fue tomado razón por esta Contraloría General, variando la forma de pago de los productos alimenticios y la de reajustar los precios. Por lo que, concluye que la JUNAEB debió remitir a esta Entidad Fiscalizadora los actos administrativos que aprobaron tales modificaciones para los efectos de su control previo de juridicidad”, especifica el informe.
Finalmente, Contraloría constató que la Junaeb no había hecho público las modificaciones del Programa Referencial de Alimentos, que es lo que permite definir cuánto el pago fijo a las empresas.
De acuerdo a una auditoría entre enero de 2021 y diciembre del 2022 al organismo dependiente del Ministerio de Educación, se hicieron imputaciones calificadas de “Alta Complejidad”, que generaron una “pérdida fiscal significativa”.
El primer problema tiene que ver con el millonario pago de raciones a una empresa por apenas 284 raciones, pese a lo cual se incrementó su número; así como también cambios en los precios a cancelar, que no fueron autorizados por Contraloría.
Según el informe al que tuvo acceso Radio Bío Bío, en el primer caso, Junaeb pagó a la empresa Soser S.A. $3.554 millones por las 284 raciones, pese a que debió haber entregado un total de 796 mil raciones.
En otras palabras, el organismo pagó $12 millones y medio por cada ración de Once Nivel Básica a Soser.
Lo expuesto, no se condice con lo previsto en los citados artículos 3º, y 5º, de la ley Nº 18.575, según los cuales la Administración del Estado debe velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos, incluyendo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control”, indica el informe.
Pero además, aun cuando Soser solo entregó 284 raciones en el 2022, de las 796.043 raciones de Once Nivel Básico (0,0004% de las raciones pagadas), para el año siguiente la Junaeb le aumentó en un 118,2% dichas raciones fijas, quedando en 1.737.942.
Esto había implicado el pago de un sobreprecio en el año 2023 de $4.423 millones adicionales a los del 2022, indica el documento.
“La situación descrita, implicaría que Junaeb podría haber desembolsado, para el año 2023, al menos, $4.423.911.223 adicionales a los desembolsados en el periodo 2022, monto que fue calculado multiplicando el número de raciones incrementadas con el precio base, y dicho resultado por el ponderador de la porción fija del pago, correspondiente al 60%, atendida la modificación de los porcentajes de los componentes fijo y variable, establecidos en la resolución exenta N” 2.538, de 2022, de la Junaeb”, se señala.
Contraloría detecta graves irregularidades en Junaeb
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Por último, la Contraloría también cuestionó los cambios a la proporción fija del precio a pagar por el servicio, del 40% al 60%, modificación que no fue autorizada por el organismo que encabeza Dorothy Pérez.
Según concluyó el ente contralor, la variación implicó que la Junaeb pagara $4.640 millones adicionales a los distintos proveedores.
“Se puede advertir que Soser S.A, Aliservice S.A., Las Lagunas y Savisa, fueron los prestadores que percibieron las mayores diferencias luego de la entrada en vigencia de las aludidas modificaciones”, puntualiza el informe.
Además, concluye que tres empresas concentran el mayor beneficio con dicha modificación, llevándose Soser el 50% ($2.300 millones) del mayor valor que se pagó por la modificación del porcentaje fijo y variable.
No obstante, si bien la Junaeb debió haber enviado las modificaciones de los contratos, que cambiaban la estructura de precios, a Toma de Razón, no lo hizo.
“Por lo anterior, considera que dichas medidas importaron una modificación a los contratos celebrados originalmente, los que se ajustaron al formato contenido en las respectivas bases, cuyo acto fue tomado razón por esta Contraloría General, variando la forma de pago de los productos alimenticios y la de reajustar los precios. Por lo que, concluye que la JUNAEB debió remitir a esta Entidad Fiscalizadora los actos administrativos que aprobaron tales modificaciones para los efectos de su control previo de juridicidad”, especifica el informe.
Finalmente, Contraloría constató que la Junaeb no había hecho público las modificaciones del Programa Referencial de Alimentos, que es lo que permite definir cuánto el pago fijo a las empresas.
