Ingresos clandestinos aumentan 53% en marzo y encienden alerta por presión migratoria en pasos no habilitados

Estado
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Maria Gräfin von Maltzan

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11 Jun 2022
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  • Primer reporte del Servicio Nacional de Migraciones bajo el gobierno del Presidente José Antonio Kast informó que 2.065 personas ingresaron irregularmente al país durante marzo, cifra superior a febrero y enero. En el primer trimestre de 2026, los ingresos por pasos no habilitados llegaron a 4.860 casos autodenunciados ante la PDI.
El primer reporte del Servicio Nacional de Migraciones, Sernamig, bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, encendió una nueva alerta en materia de control fronterizo tras revelar un aumento de 53,1% en los ingresos clandestinos de migrantes entre febrero y marzo de 2026. El documento, ingresado al Congreso el pasado 28 de abril, expone una tendencia al alza que vuelve a instalar la presión migratoria irregular como uno de los principales desafíos para el Estado en la macrozona norte y en los pasos no habilitados del país.

De acuerdo con los antecedentes publicados por el diario La Tercera, en base a cifras del Sernamig y de la Policía de Investigaciones, durante marzo ingresaron 2.065 personas a territorio nacional a través de rutas irregulares. La cifra supera ampliamente los 1.348 casos registrados en febrero y también se ubica por sobre los 1.447 ingresos informados durante enero, consolidando un primer trimestre marcado por la persistencia de flujos clandestinos pese al reforzamiento del debate público sobre seguridad fronteriza.

El dato adquiere especial relevancia porque corresponde únicamente a las personas que se autodenunciaron ante la policía civil tras ingresar al país por pasos no habilitados. Es decir, se trata de una medición administrativa que permite dimensionar parte del fenómeno, pero que no necesariamente refleja la totalidad de ingresos irregulares ocurridos en el periodo. Aun así, el reporte confirma que entre enero y marzo de 2026 se contabilizaron 4.860 ingresos clandestinos autodenunciados.

El aumento de marzo vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de control, fiscalización y registro en las zonas fronterizas, particularmente en el norte del país, donde la geografía, la extensión territorial y la existencia de rutas informales dificultan la vigilancia permanente. La situación también reabre el debate sobre la capacidad institucional para responder de manera oportuna a un fenómeno que combina dimensiones humanitarias, administrativas, policiales y de seguridad pública.

La comparación mensual muestra una variación significativa. Mientras en enero se reportaron 1.447 ingresos irregulares y en febrero la cifra bajó a 1.348, marzo marcó un salto a 2.065 casos. Esta alza de 717 personas respecto del mes anterior representa un incremento de 53,1%, configurando el registro más alto del trimestre informado por el Servicio Nacional de Migraciones.

El reporte fue ingresado al Congreso en un contexto donde la migración irregular continúa siendo un punto de tensión para las regiones fronterizas y para las comunas que reciben mayor presión en materia de servicios públicos, seguridad, salud, transporte y asistencia social. La información también aparece en medio de una discusión política más amplia sobre las herramientas del Estado para ordenar los flujos migratorios y fortalecer la capacidad de respuesta en frontera.

Uno de los elementos que genera preocupación es que la autodenuncia ante la PDI se ha transformado en un indicador clave para monitorear el ingreso irregular, pero también revela las limitaciones del sistema para detectar en tiempo real todos los cruces clandestinos. Por ello, las cifras conocidas podrían representar solo una parte de una realidad más amplia, especialmente en territorios donde los pasos no habilitados operan con alta movilidad y escasa infraestructura de control.

El fenómeno impacta directamente en la planificación pública. Un aumento sostenido de ingresos irregulares exige no solo mayor presencia policial y militar en zonas fronterizas, sino también coordinación entre Migraciones, PDI, Carabineros, municipios, delegaciones presidenciales, servicios de salud y organismos sociales. La respuesta estatal, en este sentido, requiere equilibrio entre control migratorio, seguridad ciudadana y resguardo de derechos fundamentales.

En términos políticos, el primer reporte del Sernamig bajo el gobierno del Presidente José Antonio Kast entrega una radiografía inicial de uno de los desafíos más sensibles de su administración. La promesa de mayor control fronterizo deberá enfrentarse ahora a cifras que muestran un incremento relevante en el ingreso clandestino durante marzo, situación que probablemente marcará nuevas discusiones en el Congreso y en las regiones más afectadas.

El alza de 53% entre febrero y marzo confirma que el ingreso irregular por pasos no habilitados sigue siendo una realidad activa y dinámica. Más allá de la cifra puntual, el informe plantea una advertencia de fondo: la frontera continúa siendo un punto crítico para la seguridad, la institucionalidad migratoria y la capacidad del Estado para anticiparse a flujos que, de no ser abordados con planificación y coordinación, pueden profundizar las tensiones sociales y administrativas en el país.

Con 4.860 ingresos irregulares autodenunciados durante el primer trimestre de 2026, el desafío para las autoridades será transformar el diagnóstico en medidas concretas. La discusión ya no pasa únicamente por registrar el fenómeno, sino por responder con una política pública capaz de ordenar, controlar y prevenir nuevos desbordes en una materia que exige mirada nacional, presencia territorial y decisiones sostenidas en el tiempo.



Entraron mas weones en marzo con KKKAST. Que en enero y febrero con el BORIHH. Y ninguno cayo en la caga de zanja? gasto de plata y show, donde los fachos aplaudian como focas!!
 
Los extranjeros que se habían ido por miedo fueron reemplazados rápidamente :lol:
 
yo creo que deberías revisar esa noticia, porque el 12 de marzo y la zanja de 4000 km ya no entró ningun inmigrante ilegal. es más, se fueron TODOS los que habian en chile, lo dijo en su campaña y sedini lo confirmó
 
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