Gobierno reduce Parque Nacional Patagonia para entregar terrenos a minera australiana

El 11 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la creación del nuevo parque, que era la penúltima unidad de la red de protección más grande de Sudamérica que se aprobó en el gobierno anterior. Sin embargo, el ministro Felipe Ward dejó afuera miles de hectáreas del proyecto original, para favorecer una posible explotación por parte de la minera de oro y plata Equus Mining.

El 12 de febrero de 2018, hace casi un año atrás, se ingresó un decreto a la Contraloría General de la República impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet, a un mes de expirar su mandato. La iniciativa promulgaba el Parque Nacional Patagonia, en la Región de Aysén, como parte de la Red de Parques de la Patagonia, que consideró la creación de tres nuevos parques y la ampliación de las áreas de protección ya existentes entre las regiones de Los Lagos y Magallanes.

La promesa consistía en 309.445,40 hectáreas, entre la actual Reserva Forestal Lago Cochrane, la Reserva Nacional Lago Jeinimeni, predios fiscales colindantes y tierras donadas por la fundación Tompkins Conservation, del fallecido empresario estadounidense Douglas Tompkins.

Pero la aparición de un nuevo proyecto minero complicó el panorama. El pasado 11 de diciembre se publicó en el Diario Oficial el oficio que crea el Parque Nacional Patagonia. Esta vez, con un total de 304.527 hectáreas aproximadamente, es decir, casi 5.000 hectáreas menos de los contemplados en el decreto original.

Los Domos

A inicios de 2017 comenzó a escucharse del proyecto minero Los Domos cuando se tramitaron las primeras autorizaciones de concesiones mineras en el Juzgado de Letras de Chile Chico.

Ubicado a 18 kilómetros al suroeste de Chile Chico y a casi 400 metros de la Reserva Nacional Jeinimeni, se trata de 19 plataformas de perforación que cuentan con 12 concesiones mineras. En total, son 4.100 hectáreas, según la información publicada por Equus Mining, empresa australiana que impulsa este proyecto a través de su división sudamericana Southern Gold, quien posee los derechos de concesión minera.

Equus cotiza en la Bolsa de Valores de Australia y sus principales negocios en la región de Aysén consisten en la búsqueda de metales básicos y preciosos. En 2018 incluso fue apoyado por el ministerio de Economía, a través de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables.

Los terrenos donde se realizaron las primeras exploraciones mineras estaban considerados en el proyecto inicial para ser parte del Parque Nacional Patagonia, pero debido a una modificación impulsada por el actual gobierno, de la mano de Felipe Ward del Ministerio de Bienes Nacionales, se les dejó fuera del área protegida.

Los dirigentes de Aysén acusan un fuerte lobby detrás de esta decisión, además de irregularidades en materia medioambiental.



Cuatro conversaciones

El historial de reuniones, registradas bajo la ley de lobby, es el siguiente: La primera fue el 23 de octubre de 2017, con el subsecretario de minería, Erich Schnake. En representación de la minera australiana estaba el encargado de proyectos de exploración en América del Sur, el australiano Damien Koerber y el directorio de Equus Mining: Mark Lochtenberg, Robert Yates y Edward Leschke. Además del gestor de interés y representante de Southern Gold, Sergio Romero, hijo del ex senador por Valparaíso de Renovación Nacional del mismo nombre.

En esa primera reunión, realizada solo seis meses después del acuerdo para la creación de la Red de Parques, la tabla de materias a tratar fue: “Exploración en curso en bienes fiscales (Chile Chico, Región de Aysén), susceptibles de ser incorporados a la actual reserva Jeinimeni, y eventual futuro Parque Nacional Patagonia”.

Durante 2018, y ya con Sebastián Piñera al mando del gobierno, se registraron tres audiencias más. La primera fue el 3 de mayo con el ministro Felipe Ward. En ella participó, nuevamente, Damien Koerber y Sergio Romero en representación de la minera, y la tabla describe exactamente lo mismo que en la ocasión anterior.

Las otras dos audiencias se realizaron el 11 de julio y 8 de agosto . La segunda fue con el subsecretario de minería, Pablo Terrazas. Participó Koerber, Romero y se sumó el abogado Aldo Cardinali, jefe del área Ambiental del bufete Prieto Abogados. El tema a tratar fue el proyecto minero Los Domos. La primera audiencia fue con José Manuel Rebolledo, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), bajo la descripción de: “Aportar información sobre la minería en Chile Chico, Aysén”. En esta también participó Romero y el asesor ambiental Alejandro Segura de Southern Gold.

Para Patricio Segura, secretario de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, la discusión sobre los límites del parque se planteó en primer lugar por los campesinos que utilizaban las tierras para las veranadas de sus animales.

“Dijeron que era fundamentalmente para los vecinos, pero empezamos a ver que de repente tenía que ver con la minería y el gobierno tuvo que reconocer eso", afirmó en conversación con INTERFERENCIA. "No había discusión sobre respetarle los usos históricos a los campesinos, aquí siempre se dijo que se necesitaban algunos mecanismos, pero no para la minería”, dijo Segura.

“No puedes, a partir del lobby de una empresa en particular, cambiar un decreto de una política pública que se estaba haciendo. Aquí se cambió una política pública para beneficiar un proyecto privado, ese es el problema”, acusó el dirigente social.

Ubicado a 10 km de Puerto Ibáñez y a 40 km al noroeste del proyecto Los Domos, Equus Mining estableció una segunda área de sondeo denominada Cerro Diablo. Fue solicitada para exploración en julio de 2017 y apareció en el Boletín Oficial de Minería del Diario Oficial, entre agosto y septiembre del mismo año. Según Equus Mining el proyecto de exploración se realizó en 4.554 hectáreas de manera superficial y además indicó que preparan la exploración con perforadoras desde julio de 2018.

El tema no ha pasado desapercibido, y durante 2018 tanto el diario La Tercera como el periódico digital El Mostrador, publicaron artículos acerca del lobby ejercido por la minera australiana. Sin embargo, no han informado que ese lobby -finalmente- obtuvo frutos.

Convenio de Washington

En el documento del 11 de diciembre de 2018, donde se establece el Parque Nacional Patagonia en el Diario Oficial, se hace referencia al Decreto Supremo N°531 firmado por Chile en 1967, conocido como “Convenio de Washington de 1940”, acuerdo internacional para la preservación de zonas de flora y fauna indígena.

Una de las zonas de protección consideradas por el acuerdo, son las reservas naturales, donde se permiten actividades de explotación, pero bajo vigilancia y compatibilidad con las riquezas naturales que se buscan proteger. Por otro lado, están los Parques Nacionales, que establece preservar el valor escénico, flora y fauna, con una vigilancia oficial.

El artículo tercero de la convención señala además la imposibilidad de modificar sus límites una vez que ya haya sido dictaminada por ley su existencia y extensión. Además, el convenio internacional que Chile suscribió hace varias décadas, aclara que las riquezas del territorio no pueden ser explotadas con fines comerciales.

En octubre de 2018, en medio de las conversaciones para la modificación de los límites del parque, la senadora por Aysén, Ximena Órdenes (Independiente cercana al PPD) advirtió que la actividad minera estaría violando la Convención de Washington. “Por medio de un acto administrativo, se pretende cambiar el espíritu original del decreto que era la preservación del patrimonio ambiental de la Región”, declaró en aquel momento a la prensa.

“Se anunció una suerte de acuerdo con la comunidad para dar garantías del uso de servidumbres y veranadas de familias que se han dedicado toda su vida a la ganadería, pero creemos que hay un presión del sector minero para realizar el proyecto Domos y extraer oro y plata a sólo 20 km de la cuenca del Lago General Carrera, una de las principales reservas hídricas del país”, aseguró Órdenes a la prensa en octubre del año pasado.

INTERFERENCIA trató de contactarse con la senadora en numerosas ocasiones, pero no recibió respuesta de ella.

Por su parte, David Sandoval, senador (UDI) por el mismo distrito, asegura que la zona de explotación minera al no ser parte del parque, no altera ningún acuerdo. “La zona de explotación minera no tiene nada que ver con los territorios y los límites que hoy día se construyeron con el Parque Patagonia”, afirmó a nuestro medio.

“Me da la impresión de que al haber corregido este decreto del Parque Patagonia en definitiva se le da sustento a que la comunidad de Chile Chico siga manteniendo actividades económicas”, aseguró el senador oficialista.

Sin evaluación ambiental

En mayo de 2017 la empresa Southern Gold presentó una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para que se evaluaran sus características y definir si el proyecto debía someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Pero, un mes después, la solicitud fue desistida. Hoy, funcionan sin evaluación ambiental alguna.

En julio de ese mismo año, la unidad de fiscalización del Ministerio de Bienes Nacionales llegó hasta el sector para evaluar los sondajes. Si bien en ese momento las obras estaban paralizadas, constataron diferentes impactos en el terreno.

“De los trabajos realizados, previo a la paralización de las obras, se logró constatar tres puntos de sondajes, los cuales, dada la profundidad, alcanzaron el curso de agua colindante derramando agua con sedimentos de roca desde la barra de perforación hacia la superficie. El ingreso a la faena es por servidumbre de paso en el predio colindante (…), afectando algunos puntos de los arroyos presentes, al pasar por el camino sobre los cursos de agua”, se lee en el informe.

“De acuerdo a lo constatado y dada la cercanía de la exploración minera con la Reserva Nacional Lago Jeinimeni, se recomienda coordinar reunión entre SEREMI y SEREMI de Minería para determinar el cierre de la faena de sondaje, producto que este terreno fiscal será incorporado al parque”, concluía el informe.

El propio ministro Felipe Ward expuso el 8 de mayo de 2018 ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado los problemas entre la creación del parque nacional y las exploraciones mineras de Equus Mining, en una presentación titulada “Red de Parques de la Patagonia”.

“Se detectó, por parte del ministerio, la realización de actividad minera ilegal en terrenos fiscales al interior de la Reserva Nacional Lago Jeinimeni por parte de la empresa minera Equus Mining”, dijo el ex ministro.

En la instancia, además anunció que se coordinarían con el Consejo de Defensa del Estado para interponer las acciones judiciales que fueran pertinentes.

Frente a esto, en diciembre de 2018, representantes de la Corporación Privada Para El Desarrollo de Aysén, de la Agrupación Social y Cultural Aysén Reserva de Vida y de la Corporación Para El Desarrollo Sustentable del Lago General Carrera, denunciaron el proyecto ante la Superintendencia de Medio Ambiente por incumplimiento de la normativa ambiental.

“No cabe dudas que el proyecto en cuestión debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en aplicación de la letra p) del artículo 10 de la Ley número 19.300; ello por tratarse de un proyecto cuyas obras o actividades se desarrollan: a) Al interior de un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad; b) al interior de una Zona de Interés Turístico; c) y, pese a existir controversia al respecto, a no más de 160 metros de los límites de la Reserva Nacional Lago Jeinimeni”, dice la denuncia.

Un nuevo antecedente tendría que ver con el número de plataformas de perforaciones que presenta la empresa. Si bien en su información oficial habla de 19 plataformas de perforación, se contradice con una presentación de uso personal que, en inglés, presenta el proyecto con 41 perforaciones hasta septiembre de 2018. En el artículo 3 del reglamento del SEIA se indica que se debe someter al sistema todos aquellos proyectos que consideren 40 o más plataformas.

Este dato será incorporado en la investigación que actualmente encabeza la Superintendencia de Medio Ambiente.

Hoy la batalla de los ayseninos es en contra de la actividad minera que, como el proyecto Los Domos, está llegando a la región sin que la ciudadanía se entere y preocupando al sector turístico. Bajo un lema casi idéntico al que crearon en el pasado, con la amenaza de Hidroaysén, marcharon en octubre de 2018 por las calles de Coyhaique, Cochrane, Puerto Cisnes y Puerto Río Tranquilo.

Un grupo de personas sostenía un cartel que decía: “El agua vale más que el oro. Patagonia sin mineras”.

CORRECCIÓN: Este artículo fue corregido para dar cuenta de un error en la bajada. El Parque Nacional Patagonia no es “la última unidad de la red de protección”, sino en realidad la penúltima (la última fue el Parque Nacional Kawésqar).

Fuente: Interferencia