Nexos con banda criminal: formalizan a matrimonio de carabineros por vínculos con el Robo del Siglo

Uno expulsado y el otro en vías de serlo. Ese es el presente de un matrimonio de carabineros recientemente formalizado por nexos con la banda criminal que perpetró el denominado Robo del Siglo. La causa se abrió luego de que uno de los imputados destapara los vínculos con el grupo, algo que es cuestionado por la defensa de los policías: "No hay ningún antecedente fidedigno que pueda relacionarlos" con el atraco, asevera su abogado. En total, los delincuentes huyeron con casi 16 mil millones de pesos. La causa se tramita en sigilo por el fiscal Marcelo Cabrera.

Un matrimonio de Carabineros fue formalizado este martes por su eventual participación en lo que fue denominado como el Robo del Siglo.

Los hechos materia de la indagatoria se remontan a Fiestas Patrias de 2017. Fue entonces cuando un grupo de delincuentes sustrajo cerca de 16 mil millones de pesos desde la empresa de transporte de valores Esertval, ubicada en la comuna de Independencia, región Metropolitana.

Así, según antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, los nuevos imputados corresponden al sargento segundo de la 26 Comisaría de Pudahuel, Eduardo Aranda Bravo, y su cónyugue, Romina Marambio Vargas, cabo primero de la 27 Comisaría Aeropuerto Internacional.

A ambos, el fiscal del caso, Marcelo Cabrera Pérez, les comunicó cargos por los delitos de asociación ilícita, robo en lugar no habitado, incendio sólo con daños y receptación de vehículos motorizados, entre otros.

Aranda fue formalizado en calidad de autor, mientras que Marambio como cómplice.

LAZOS DE AMISTAD
De acuerdo a consultados por este medio, la línea investigativa que apunta en contra de los uniformados se abrió luego de que uno de los imputados revelara nexos de la organización criminal con el matrimonio de la policía verde oliva.

Una fuente cercana al procedimiento incluso asegura que los vínculos quedaron evidenciados en conversaciones entre Eduardo Aranda con uno de los miembros de la banda.


Otro de los requeridos confirma que el matrimonio efectivamente mantenía lazos de amistad con uno de los imputados, justamente por el lado del marido.

La mujer ya fue interrogada por el OS-9 de Carabineros.

EXPULSIÓN
Según conoció BBCL Investiga, la formalización fue comunicada al interior de Carabineros este miércoles. A través de un documento, la policía dio cuenta a los mandos de la realización de la audiencia, para los “fines administrativos” pertinentes.

Precisamente, tras las consultas de este medio, la institución confirmó la expulsión del sargento Aranda. Esto, luego de que entre Carabineros y el Ministerio Público se verificara “la presunta participación de dos funcionarios” en el atraco.

En el caso de la cabo Marambio, su salida de la institución está a la espera de “los cursos de acción pertinentes (…) debido a que se encuentra con fuero maternal”.

En esa línea, desde la policía uniformada indicaron que “todos los antecedentes relacionados con este caso fueron investigados por Carabineros, por parte de sus equipos especializados, a fin de que el Ministerio Publico determine la participación y acciones legales correspondientes”.

“Como institución seremos firmes y enérgicos con este tipo de decisiones y medidas expulsivas para aquellos que se aparten de la normativa vigente, y por cierto, de nuestros valores, principios y doctrina”, añadieron.

NINGÚN HECHO CONCRETO
Con todo, el abogado de los uniformados, Adrián Villena, cuestionó la formalización de sus representados. A juicio del defensor, el ente persecutor “solamente aportó antecedentes generales” de lo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, sin imputar “hecho concreto alguno”.

De ahí -aseguró- que el fiscal del caso comunicara prácticamente los mismos cargos que pesan sobre el resto de la banda, hoy en prisión preventiva.
“No hay ningún antecedente fidedigno que pueda relacionarlos con el Robo del Siglo”, comentó.

Por decisión del Tercer Juzgado de Garantía, ambos quedaron con las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Asimismo, el tribunal fijó un plazo de investigación de 150 días, a lo largo de los cuales se buscará confirmar o descartar la comisión de delitos por los hoy formalizados.

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