A cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos no hay pistas certeras de su paradero
Padres y familiares de las víctimas exigen que la justicia haga algo por esclarecer el paradero de los jóvenes que presuntamente fueron asesinados y sus cadáveres quemados.
Hace justo cinco años 43 estudiantes normalistas de pedagogía de la ciudad mexicana de Iguala, del estado de Guerrero, fueron detenidos por la policía, y de ellos nunca más se supo.
Sus familiares y amigos no han parado de buscarlos, la justicia ha detenido a varios involucrados, pero aún no se de con algún desaparecido o con sus restos.
El drama comenzó porque los estudiantes eran parte de un grupo de jóvenes que se tomaron unas micros para asistir a una manifestación, y en el marco de esa protesta se enfrentaron con la policía local.
Las fuerzas de seguridad se llevaron a los estudiantes, y según las investigaciones se los habrían pasado al grupo paramilitar Guerreros Unidos para que ellos se deshicieran de los muchachos, y lo habrían hecho con sangre fría.
Según declaraciones de algunos detenidos, los estudiantes fueron llevados al basurero municipal de Cocula hacinados y amarrados en dos camionetas, y al llegar quince de ellos ya habían muerto de asfixia.
Los sobrevivientes bajaron de los vehículos y fueron asesinados de una balazo en la nuca, y los cuerpos fueron apilados en la parte baja del basural donde los quemaron durante varias horas con la ayuda de combustible
Según los detenidos y confesos de los Guerreros Unidos, más tarde los sicarios trituraron los huesos, los metieron en bolsas y las tiraron al río San Juan.
Las familias sólo piden justicia y que el gobierno no los olvidé, a pesar que desde que partió de la llamada guerra contra el narcotráfico en México han desaparecido más de 40 mil personas.
CITACIONES
José Abarca, el alcalde de Iguala al momento de la desaparición de los estudiantes, el gobernador de entonces, Ángel Aguirre, y el fiscal Iñaki Blanco, fueron citados a declarar como testigos. La intención de la administración del presidente Andrés López Obrador es identificar omisiones y errores que han estancado el caso y llevar a los responsables a la cárcel, si es necesario.
Fuente
Padres y familiares de las víctimas exigen que la justicia haga algo por esclarecer el paradero de los jóvenes que presuntamente fueron asesinados y sus cadáveres quemados.
Hace justo cinco años 43 estudiantes normalistas de pedagogía de la ciudad mexicana de Iguala, del estado de Guerrero, fueron detenidos por la policía, y de ellos nunca más se supo.
Sus familiares y amigos no han parado de buscarlos, la justicia ha detenido a varios involucrados, pero aún no se de con algún desaparecido o con sus restos.
El drama comenzó porque los estudiantes eran parte de un grupo de jóvenes que se tomaron unas micros para asistir a una manifestación, y en el marco de esa protesta se enfrentaron con la policía local.
Las fuerzas de seguridad se llevaron a los estudiantes, y según las investigaciones se los habrían pasado al grupo paramilitar Guerreros Unidos para que ellos se deshicieran de los muchachos, y lo habrían hecho con sangre fría.
Según declaraciones de algunos detenidos, los estudiantes fueron llevados al basurero municipal de Cocula hacinados y amarrados en dos camionetas, y al llegar quince de ellos ya habían muerto de asfixia.
Los sobrevivientes bajaron de los vehículos y fueron asesinados de una balazo en la nuca, y los cuerpos fueron apilados en la parte baja del basural donde los quemaron durante varias horas con la ayuda de combustible
Según los detenidos y confesos de los Guerreros Unidos, más tarde los sicarios trituraron los huesos, los metieron en bolsas y las tiraron al río San Juan.
Las familias sólo piden justicia y que el gobierno no los olvidé, a pesar que desde que partió de la llamada guerra contra el narcotráfico en México han desaparecido más de 40 mil personas.
CITACIONES
José Abarca, el alcalde de Iguala al momento de la desaparición de los estudiantes, el gobernador de entonces, Ángel Aguirre, y el fiscal Iñaki Blanco, fueron citados a declarar como testigos. La intención de la administración del presidente Andrés López Obrador es identificar omisiones y errores que han estancado el caso y llevar a los responsables a la cárcel, si es necesario.
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