Fiscalía confirmó que el titular de Justicia es investigado por prevaricación administrativa. Pese a la salida de Luis Silva y las presiones del oficialismo, el Presidente mantiene su respaldo. La oposición exige su renuncia y La Moneda busca cerrar filas ante la acusación constitucional.
La crisis del ministro de Justicia, Fernando Rabat, sumó este lunes un nuevo frente. El secretario de Estado tiene calidad de imputado en una investigación penal por presunta prevaricación administrativa, relacionada con las 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores. Pese a ello, continúa en el gabinete con el respaldo del Presidente José Antonio Kast, mientras la oposición prepara una acusación constitucional para destituirlo.
La información fue confirmada por la Fiscalía Nacional, según consigna Radio BíoBío, en el marco de la investigación iniciada el viernes pasado tras una denuncia de los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) contra Rabat y el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva. La causa quedó en manos del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, para determinar si los hechos constituyen delito y establecer eventuales responsabilidades penales. La calidad de imputado no implica que Rabat haya sido formalizado ni supone responsabilidad penal acreditada.
Consultado este lunes en el Congreso sobre su situación judicial y si esta podría afectar sus funciones, el ministro aseguró conocer únicamente lo publicado por la prensa.
“Lo único que sé es lo que ha informado la prensa, que existe una denuncia en mi contra”, sostuvo, agregando que el procedimiento seguirá la tramitación penal correspondiente y que prestará su colaboración.
Ante una nueva pregunta sobre lo inusual de que un ministro de Justicia esté bajo investigación penal, evitó profundizar: “Lo relevante es lo que se resuelva en definitiva en aquello”, respondió.
Rabat también insistió en defender las atribuciones de las comisiones evaluadoras para determinar las rebajas de penas, pese a nuevos antecedentes sobre seremis que se opusieron a determinados beneficios y resoluciones judiciales contrarias a su otorgamiento.
“El único órgano competente para calificar aquella materia es la comisión”, afirmó, invocando el artículo 10 de la Ley 19.856.
“No hay un plazo”, respondió al ser requerido por una fecha concreta.
El ministro justificó la demora en la necesidad de proteger información reservada y resguardar a las víctimas.
También rechazó que la controversia haya deteriorado su relación con el Congreso, pese a que la oposición anunció que ya no lo considera un interlocutor válido para negociar iniciativas legislativas.
“He tenido un excelente diálogo con los parlamentarios de todos los partidos políticos”, sostuvo tras participar en la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde se tramita un proyecto sobre la continuidad de los juicios orales ante la incomparecencia injustificada del acusado.
El ministro, sin embargo, permanece en su cargo. “Siento el respaldo del sector, siento el respaldo del Presidente de la República”, aseguró este lunes, pese a que parlamentarios de RN y la UDI han cuestionado su continuidad.
En paralelo, La Moneda intenta evitar que las diferencias dentro del oficialismo terminen entregando votos a la acusación constitucional anunciada por la oposición.
El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, reconoció que algunos parlamentarios todavía no están convencidos de la defensa de Rabat y confirmó conversaciones con las bancadas.
“Hay muchos que necesitan o requieren mayores explicaciones, mayores antecedentes”, admitió, aunque manifestó su confianza en alcanzar acuerdos.
Arenas también apeló a un antecedente político para advertir sobre el costo de respaldar el libelo: “Desde 1990, si mi informe no me falla, no hay ningún parlamentario de Gobierno que haya votado a favor de una acusación constitucional contra su propio Gobierno”.
El vocero aseguró que no se está exigiendo lealtad al Ejecutivo, sino “lealtad a la Constitución”, y defendió que, a juicio de La Moneda, no existen causales jurídicas para destituir al ministro.
Al mismo tiempo, intentó bajar la tensión con los aliados: “Las bancadas de diputados no son regimientos, son parlamentarios electos”, sostuvo, aunque insistió en que espera una posición unificada.
“El ministro ya no es interlocutor válido para el país”, señalaron los firmantes, quienes también exigieron revisar la legalidad de los beneficios, evaluar su eventual invalidación y adoptar medidas de protección para las víctimas.
En paralelo, el presidente del PPD, Raúl Soto, confirmó que los equipos jurídicos de la oposición trabajan en una acusación constitucional contra el ministro.
Rabat, por su parte, anunció una mesa de trabajo con organizaciones vinculadas a las víctimas y defendió la tramitación urgente de reformas legales para impedir que se repitan situaciones similares.
www.elmostrador.cl
La crisis del ministro de Justicia, Fernando Rabat, sumó este lunes un nuevo frente. El secretario de Estado tiene calidad de imputado en una investigación penal por presunta prevaricación administrativa, relacionada con las 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores. Pese a ello, continúa en el gabinete con el respaldo del Presidente José Antonio Kast, mientras la oposición prepara una acusación constitucional para destituirlo.
La información fue confirmada por la Fiscalía Nacional, según consigna Radio BíoBío, en el marco de la investigación iniciada el viernes pasado tras una denuncia de los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) contra Rabat y el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva. La causa quedó en manos del fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, para determinar si los hechos constituyen delito y establecer eventuales responsabilidades penales. La calidad de imputado no implica que Rabat haya sido formalizado ni supone responsabilidad penal acreditada.
Consultado este lunes en el Congreso sobre su situación judicial y si esta podría afectar sus funciones, el ministro aseguró conocer únicamente lo publicado por la prensa.
“Lo único que sé es lo que ha informado la prensa, que existe una denuncia en mi contra”, sostuvo, agregando que el procedimiento seguirá la tramitación penal correspondiente y que prestará su colaboración.
Ante una nueva pregunta sobre lo inusual de que un ministro de Justicia esté bajo investigación penal, evitó profundizar: “Lo relevante es lo que se resuelva en definitiva en aquello”, respondió.
Rabat también insistió en defender las atribuciones de las comisiones evaluadoras para determinar las rebajas de penas, pese a nuevos antecedentes sobre seremis que se opusieron a determinados beneficios y resoluciones judiciales contrarias a su otorgamiento.
“El único órgano competente para calificar aquella materia es la comisión”, afirmó, invocando el artículo 10 de la Ley 19.856.
Rabat no fija plazo para entregar los decretos
La presión también apunta a la transparencia de las decisiones. Consultado por la exigencia opositora de entregar los 56 decretos cuestionados, Rabat aseguró que se proporcionarán oportunamente, pero no comprometió una fecha.“No hay un plazo”, respondió al ser requerido por una fecha concreta.
El ministro justificó la demora en la necesidad de proteger información reservada y resguardar a las víctimas.
También rechazó que la controversia haya deteriorado su relación con el Congreso, pese a que la oposición anunció que ya no lo considera un interlocutor válido para negociar iniciativas legislativas.
“He tenido un excelente diálogo con los parlamentarios de todos los partidos políticos”, sostuvo tras participar en la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde se tramita un proyecto sobre la continuidad de los juicios orales ante la incomparecencia injustificada del acusado.
Kast lo sostiene y Arenas busca ordenar al oficialismo
La investigación penal se suma a una crisis que ya provocó la salida del subsecretario Luis Silva, removido el viernes tras publicar un video en el que explicó que había firmado decretos aplicando el criterio fijado por el propio Rabat.El ministro, sin embargo, permanece en su cargo. “Siento el respaldo del sector, siento el respaldo del Presidente de la República”, aseguró este lunes, pese a que parlamentarios de RN y la UDI han cuestionado su continuidad.
En paralelo, La Moneda intenta evitar que las diferencias dentro del oficialismo terminen entregando votos a la acusación constitucional anunciada por la oposición.
El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, reconoció que algunos parlamentarios todavía no están convencidos de la defensa de Rabat y confirmó conversaciones con las bancadas.
“Hay muchos que necesitan o requieren mayores explicaciones, mayores antecedentes”, admitió, aunque manifestó su confianza en alcanzar acuerdos.
Arenas también apeló a un antecedente político para advertir sobre el costo de respaldar el libelo: “Desde 1990, si mi informe no me falla, no hay ningún parlamentario de Gobierno que haya votado a favor de una acusación constitucional contra su propio Gobierno”.
El vocero aseguró que no se está exigiendo lealtad al Ejecutivo, sino “lealtad a la Constitución”, y defendió que, a juicio de La Moneda, no existen causales jurídicas para destituir al ministro.
Al mismo tiempo, intentó bajar la tensión con los aliados: “Las bancadas de diputados no son regimientos, son parlamentarios electos”, sostuvo, aunque insistió en que espera una posición unificada.
Oposición exige su salida y prepara acusación
La presión llegó este lunes directamente a La Moneda. Representantes del PC, PS, PPD, Frente Amplio, Partido Liberal y Democracia Cristiana entregaron una carta dirigida a Kast para exigir la salida de Rabat y solicitar la entrega de los decretos cuestionados.“El ministro ya no es interlocutor válido para el país”, señalaron los firmantes, quienes también exigieron revisar la legalidad de los beneficios, evaluar su eventual invalidación y adoptar medidas de protección para las víctimas.
En paralelo, el presidente del PPD, Raúl Soto, confirmó que los equipos jurídicos de la oposición trabajan en una acusación constitucional contra el ministro.
Rabat, por su parte, anunció una mesa de trabajo con organizaciones vinculadas a las víctimas y defendió la tramitación urgente de reformas legales para impedir que se repitan situaciones similares.
Ahora imputado y blindado por Kast: ministro Rabat suma frente penal por rebajas de condena | El Mostrador
Fiscalía confirmó que el titular de Justicia es investigado por prevaricación administrativa. Pese a la salida de Luis Silva y las presiones del oficialismo, el Presidente mantiene su respaldo. La oposición exige su renuncia y La Moneda busca cerrar filas ante la acusación constitucional.
www.elmostrador.cl