Alcalde Boccazzi enfrenta querella por malversación y apropiación indebida

Una querella criminal contra el alcalde Emilio Boccazzi y la secretaria general de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Cristina Susi, interpuso este lunes ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad, el abogado Hermes Hein, en representación de los trabajadores del Sindicato de Asistentes de la Educación. Los querellados son acusados de los delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida de una suma cercana a los 900 millones de pesos. Los fondos estaban destinados al pago de imposiciones y de créditos sociales gestionados por algunos de los 537 funcionarios asociados al gremio.

Hein, abogado patrocinante, fue despedido a comienzos de 2015 por el alcalde Boccazzi, de su cargo de secretario general de la Corporación Municipal.

En la querella se solicita a la Fiscalía Local cite a declarar a la secretaria regional ministerial de Educación, Margarita Makuc, y a la directora regional de la Superintendencia de Educación en Magallanes, Nieves Raín.

El escrito, asegura que, a lo menos, en noviembre y diciembre de 2015, sumado a enero de 2016, no se han cancelado las imposiciones de los trabajadores, además de los créditos sociales que solicitaron a la Caja de Compensación La Araucana, pese a que se han hecho los descuentos respectivos por planilla, sumando cerca de 600 millones de pesos por conceptos previsionales, y otros 300 millones por los compromisos crediticios, lo que ha detonado una serie de impedimentos para los asistentes de la educación, quienes se han encontrado con la imposibilidad de acceder, entre otros trámites, a la obtención de beneficios de la Caja de Compensación, y otras entidades bancarias, sumado a prestaciones de salud que se han visto congeladas por el “retraso” de los afiliados en cancelar las cotizaciones.

También a cómplices
y encubridores

Como principales querellados figuran Boccazzi y Susi, aunque está dirigida en contra de todos aquellos que resulten ser cómplices o encubridores de los supuestos ilícitos denunciados.

“Los hechos constitutivos de delito perjudican gravemente a los trabajadores sindicalizados a nuestra institución gremial, consistiendo en que no se les ha pagado en forma íntegra sus remuneraciones, reteniendo para sí nuestro empleador parte de ellas, correspondientes a las sumas que debía destinar el pago de los créditos sociales en la Caja de Compensación La Araucana, hecho constitutivo de delito de apropiación indebida. A su vez, no ha pagado en forma íntegra las imposiciones previsionales a que está obligado, hecho sancionado con las penas del Código Penal”, enfatiza el texto.

Entre los medios probatorios aportados para configurar los presuntos delitos, figuran una serie de documentos, entre los cuales estarían los comprobantes de descuento que la Corporación Municipal realiza a los sueldos de los trabajadores afectados, pese a que los certificados de cotizaciones de los mismos, darían cuenta que no se han hecho los pagos, aunque en algunos casos se han declarado las responsabilidades contractuales.

Algunos de los antecedentes con los que se buscó dar sustento legal a la querella, dicen relación con dos situaciones ocurridas durante 2015. La primera de ellas tiene relación al pronunciamiento hecho por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, cuando acogió el recurso judicial interpuesto por los trabajadores de la Corporación, ratificando la falta de pagos previsionales. A eso, se le suma la retención de más de 310 millones de pesos que hizo el Ministerio de Educación respecto de las subvenciones que se le entregan al municipio, dineros que permanecieron “cautivos” hasta que el municipio asumió las responsabilidades que hasta ese instante mantenía.

Sin embargo, la querella plantea que las malas prácticas, se habrían retomado durante noviembre, arrastrándose, según se acreditó con documentos, hasta enero pasado, considerando que febrero aún no es reflejado en los certificados previsionales.

Acogida la querella a tramitación, el Juzgado de Garantía deberá remitir los antecedentes a la Fiscalía, a fin de investigar la participación de los querellados en los eventuales delitos, y diligenciar a las policías la recolección de antecedentes que permitan establecer si hay o no responsabilidades, o grados de participación en los ilícitos denunciados.

http://laprensaaustral.cl/cronica/a...propiacion-indebida-de-900-millones-de-pesos/


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