Alemania contrató al Instituto Koch y a otros científicos para justificar los confinamientos inconstitucionales
Uno de los periódicos más importantes de Alemania, Die Welt, ha obtenido pruebas de que el Ministerio del Interior contrató a científicos del instituto Robert Koch y de varias universidades para justificar las estrictas medidas de confinamientos del país.
Los documentos -más de 200 páginas que se recuperaron tras una batalla legal con el Instituto Koch- revelan correspondencia interna entre el Ministerio del Interior y los investigadores.
En uno de los intercambios, el Secretario de Estado Markus Kerber pide a los investigadores que elaboren un modelo en el que basar las “medidas preventivas y represivas”.
En sólo cuatro días, los científicos que trabajaban en estrecha coordinación con el ministerio elaboraron en secreto un documento de trabajo que describía el “peor escenario”, en el que más de un millón de personas en Alemania podrían morir de COVID-19 si la vida social continuaba como antes de la pandemia.
Sobre la base de las funestas proyecciones, el Estado alemán respondió con cambios legislativos radicales en leyes de larga data para promulgar medidas estrictas, incluidos confinamientos sin precedentes que comenzaron en marzo. Esto desencadenó una avalancha de demandas que cuestionan la constitucionalidad de las medidas, que van desde la pérdida de ingresos hasta el aislamiento de los ancianos, pasando por la obligación de que la gente permanezca en sus casas y evite los lugares públicos, en violación de los “derechos fundamentales de la libertad personal”.
Mientras tanto, los tribunales alemanes han fallado en contra de las restricciones.
En un caso, un tribunal concedió medidas cautelares después de que los demandantes afirmaran que la ciudad de Gießen prohibió ilegalmente una protesta, a pesar de las detalladas precauciones de distanciamiento social expuestas por los organizadores. El tribunal sostuvo que la prohibición de la ciudad violaba la libertad de reunión, y que los cambios legales instituidos en marzo no se aplican a las reuniones al aire libre.
En un segundo caso relacionado con una protesta COVID-19 en Stuttgart, se determinó que la ciudad había infringido la ley al comunicar al organizador que no podía tramitar las solicitudes para realizar concentraciones masivas debido a las restricciones de la pandemia. Finalmente, el Tribunal Constitucional consideró que la ciudad había violado igualmente la libertad de reunión.
Y en un tercer caso, la petición de los musulmanes de celebrar oraciones en una mezquita durante el Ramadán, en medio de la estricta prohibición de las reuniones religiosas de la Baja Sajonia, fue anulada por el Tribunal Superior Administrativo (Oberverwaltungsgericht), que -aunque rechazó la apertura de todas las mezquitas- señaló que el riesgo de infección dependía de varios detalles, y que una prohibición general era inapropiada.
En enero, un tribunal alemán de Weimar declaró que la prohibición de contacto social era ilegal y contraria a la Ley Fundamental Alemana (Gründgesetz), al considerar que las leyes de confinamiento eran “inconstitucionales porque la Infection Protection Act no era una base jurídica suficiente para una normativa de tan amplio alcance como la prohibición de contacto”, según UK Human Rights Blog.
En resumen, los funcionarios alemanes pagaron al Instituto Koch y a otros para que elaboraran modelos de pandemia nefastos, que luego utilizaron para promulgar leyes inconstitucionales que ahora están siendo anuladas por los tribunales.
Uno de los periódicos más importantes de Alemania, Die Welt, ha obtenido pruebas de que el Ministerio del Interior contrató a científicos del instituto Robert Koch y de varias universidades para justificar las estrictas medidas de confinamientos del país.
Los documentos -más de 200 páginas que se recuperaron tras una batalla legal con el Instituto Koch- revelan correspondencia interna entre el Ministerio del Interior y los investigadores.
En uno de los intercambios, el Secretario de Estado Markus Kerber pide a los investigadores que elaboren un modelo en el que basar las “medidas preventivas y represivas”.
En sólo cuatro días, los científicos que trabajaban en estrecha coordinación con el ministerio elaboraron en secreto un documento de trabajo que describía el “peor escenario”, en el que más de un millón de personas en Alemania podrían morir de COVID-19 si la vida social continuaba como antes de la pandemia.
Sobre la base de las funestas proyecciones, el Estado alemán respondió con cambios legislativos radicales en leyes de larga data para promulgar medidas estrictas, incluidos confinamientos sin precedentes que comenzaron en marzo. Esto desencadenó una avalancha de demandas que cuestionan la constitucionalidad de las medidas, que van desde la pérdida de ingresos hasta el aislamiento de los ancianos, pasando por la obligación de que la gente permanezca en sus casas y evite los lugares públicos, en violación de los “derechos fundamentales de la libertad personal”.
Mientras tanto, los tribunales alemanes han fallado en contra de las restricciones.
En un caso, un tribunal concedió medidas cautelares después de que los demandantes afirmaran que la ciudad de Gießen prohibió ilegalmente una protesta, a pesar de las detalladas precauciones de distanciamiento social expuestas por los organizadores. El tribunal sostuvo que la prohibición de la ciudad violaba la libertad de reunión, y que los cambios legales instituidos en marzo no se aplican a las reuniones al aire libre.
En un segundo caso relacionado con una protesta COVID-19 en Stuttgart, se determinó que la ciudad había infringido la ley al comunicar al organizador que no podía tramitar las solicitudes para realizar concentraciones masivas debido a las restricciones de la pandemia. Finalmente, el Tribunal Constitucional consideró que la ciudad había violado igualmente la libertad de reunión.
Y en un tercer caso, la petición de los musulmanes de celebrar oraciones en una mezquita durante el Ramadán, en medio de la estricta prohibición de las reuniones religiosas de la Baja Sajonia, fue anulada por el Tribunal Superior Administrativo (Oberverwaltungsgericht), que -aunque rechazó la apertura de todas las mezquitas- señaló que el riesgo de infección dependía de varios detalles, y que una prohibición general era inapropiada.
En enero, un tribunal alemán de Weimar declaró que la prohibición de contacto social era ilegal y contraria a la Ley Fundamental Alemana (Gründgesetz), al considerar que las leyes de confinamiento eran “inconstitucionales porque la Infection Protection Act no era una base jurídica suficiente para una normativa de tan amplio alcance como la prohibición de contacto”, según UK Human Rights Blog.
En resumen, los funcionarios alemanes pagaron al Instituto Koch y a otros para que elaboraran modelos de pandemia nefastos, que luego utilizaron para promulgar leyes inconstitucionales que ahora están siendo anuladas por los tribunales.
Última edición: