El 20 de febrero de este año los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) fueron sancionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por su eventual responsabilidad en el apagón del 25 de febrero de 2025, el que dejó sin luz a prácticamente la totalidad del país.
Los consejeros, que apelaron la multa por 300 UTM, $21 millones, se anotaron un primer triunfo en tribunales.
El viernes, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió los reclamos de los cinco consejeros que alegaron: Bernardita Espinoza, Jaime Peralta, Humberto Espejo, Carlos Finat y Juan Carlos Olmedo. Peralta y Olmedo ya no están en el Coordinador porque terminaron sus periodos, mientras que Eric Ahumada y Claudia Rahmann ocupan los cargos actualmente.
“Se le atribuye una responsabilidad objetiva, política y colectiva, sin identificar una conducta personal negligente conforme al estándar de culpa leve ni el nexo causal con el apagón, cuya causa eficiente fue el hecho de un tercero”, sostiene el fallo de la corte, y apunta a la SEC.
“La Superintendencia se extralimitó en sus competencias, al revisar el mérito de decisiones técnicas propias del Coordinador, cuyas discrepancias corresponden al Panel de Expertos (...) la resolución carece de motivación, porque omitió pronunciarse sobre cinco defensas de los descargos y ponderó indebidamente las demás, en particular que el criterio n-1 es el estándar normativo de operación y que los 1.600 MW constituyen un rango de validez y no un límite operativo”, detalló el escrito.
“En todo momento ha operado la línea en cuestión conforme al criterio de seguridad consagrado en la normativa y aplicable en el presente caso, cual es el criterio n-1”, dijo el Coordinador en el pasado.
El fallo dice que el abogado de la SEC defendió que no constaba que los consejeros sancionados hayan pedido informaciones respecto de que el sistema operaba en condiciones seguras.
“Si consta de los antecedentes que, hasta antes del evento de 25 de febrero de 2025, no se ha controvertido en juicio que éste funcionaba normalmente y se encontraba dentro de los márgenes contemplados como seguros conforme al criterio N-1, que había sido determinado por el Panel de Expertos, cuya función es precisamente resolver las discrepancias y conflictos técnicos o económicos que surjan”, se lee en el escrito.
La sentencia de la Corte de Apelaciones añade que “resultaba imprescindible indicar a los consejeros a los que se le han formulado cargos, cuál era el reproche preciso que se les estaba atribuyendo. En otras palabras, los cargos debieron haber permitido conocer que es lo que debieron hacer, cómo se encontraron en situación de hacerlo y por qué razón, al haber omitido dar cumplimiento a este deber, ello ha sido causa del blackout, lo que no se patentiza de los antecedentes”.
La corte analizó que si bien el consejo director del Coordinador debe supervisar el funcionamiento del sistema, “nuestro legislador no ha previsto que en este deber de supervigilancia, la responsabilidad de los consejeros se extienda incluso a daños que aun extremando los recaudos y la diligencia, se hubieren producido de todas maneras, pues eso, en los hechos, importaría la existencia de una cierta responsabilidad objetiva, que se produce sin necesidad de acreditar dolo ni culpa”.
“Sería el equivalente a establecer que les empece una suerte de deber de resultados y no de medios, lo que exorbita el tipo de responsabilidad que reglamentariamente corresponde exigir a los consejeros”, concluyó.
www.latercera.com
Los consejeros, que apelaron la multa por 300 UTM, $21 millones, se anotaron un primer triunfo en tribunales.
El viernes, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió los reclamos de los cinco consejeros que alegaron: Bernardita Espinoza, Jaime Peralta, Humberto Espejo, Carlos Finat y Juan Carlos Olmedo. Peralta y Olmedo ya no están en el Coordinador porque terminaron sus periodos, mientras que Eric Ahumada y Claudia Rahmann ocupan los cargos actualmente.
“Se le atribuye una responsabilidad objetiva, política y colectiva, sin identificar una conducta personal negligente conforme al estándar de culpa leve ni el nexo causal con el apagón, cuya causa eficiente fue el hecho de un tercero”, sostiene el fallo de la corte, y apunta a la SEC.
“La Superintendencia se extralimitó en sus competencias, al revisar el mérito de decisiones técnicas propias del Coordinador, cuyas discrepancias corresponden al Panel de Expertos (...) la resolución carece de motivación, porque omitió pronunciarse sobre cinco defensas de los descargos y ponderó indebidamente las demás, en particular que el criterio n-1 es el estándar normativo de operación y que los 1.600 MW constituyen un rango de validez y no un límite operativo”, detalló el escrito.
Criterio n-1
El criterio n-1 fue un eje central de la defensa del Coordinador. La función de este criterio es garantizar que cuando ocurra una contingencia, sus efectos no se propaguen a las instalaciones restantes, lo que provocaría eventualmente una salida en cascada de otros componentes por sobrecargas inadmisibles o pérdida de estabilidad de frecuencia.“En todo momento ha operado la línea en cuestión conforme al criterio de seguridad consagrado en la normativa y aplicable en el presente caso, cual es el criterio n-1”, dijo el Coordinador en el pasado.
El fallo dice que el abogado de la SEC defendió que no constaba que los consejeros sancionados hayan pedido informaciones respecto de que el sistema operaba en condiciones seguras.
“Si consta de los antecedentes que, hasta antes del evento de 25 de febrero de 2025, no se ha controvertido en juicio que éste funcionaba normalmente y se encontraba dentro de los márgenes contemplados como seguros conforme al criterio N-1, que había sido determinado por el Panel de Expertos, cuya función es precisamente resolver las discrepancias y conflictos técnicos o económicos que surjan”, se lee en el escrito.
Voto en contra
Los cinco reclamos contaron con el voto en contra de la ministra Jenny Book Reyes, quien argumentó que “el Coordinador Eléctrico se encontraba en conocimiento cabal y pleno de la existencia de la condición riesgosa para la Zona Norte, atendida precisamente la operación de transferencia de 1800 MW por el corredor Nueva Maitencillo- Polpaico”. Sostuvo que “no ha existido ilegalidad que amerite que el reclamo sea acogido”.La sentencia de la Corte de Apelaciones añade que “resultaba imprescindible indicar a los consejeros a los que se le han formulado cargos, cuál era el reproche preciso que se les estaba atribuyendo. En otras palabras, los cargos debieron haber permitido conocer que es lo que debieron hacer, cómo se encontraron en situación de hacerlo y por qué razón, al haber omitido dar cumplimiento a este deber, ello ha sido causa del blackout, lo que no se patentiza de los antecedentes”.
La corte analizó que si bien el consejo director del Coordinador debe supervisar el funcionamiento del sistema, “nuestro legislador no ha previsto que en este deber de supervigilancia, la responsabilidad de los consejeros se extienda incluso a daños que aun extremando los recaudos y la diligencia, se hubieren producido de todas maneras, pues eso, en los hechos, importaría la existencia de una cierta responsabilidad objetiva, que se produce sin necesidad de acreditar dolo ni culpa”.
“Sería el equivalente a establecer que les empece una suerte de deber de resultados y no de medios, lo que exorbita el tipo de responsabilidad que reglamentariamente corresponde exigir a los consejeros”, concluyó.
Apagón 25F: Corte de Apelaciones acoge reclamos de los consejeros del Coordinador Eléctrico y deja sin efecto sanciones por $21 millones - La Tercera
El fallo sostiene que la SEC "se extralimitó en sus competencias", y que se le atribuyó al consejo directivo una responsabilidad "sin identificar una conducta personal negligente".
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