Los más de 50 tuiteos que le pesan a Hugo Gutiérrez en su proceso de destitución ante el TC

Los más de 50 tuiteos que le pesan a Hugo Gutiérrez en su proceso de destitución ante el Tribunal Constitucional



El Pleno del Tribunal Constitucional acordó abrir un término probatorio por espacio de 15 días, con respecto al requerimiento presentado por diez diputados de Chile Vamos, a través del cual solicitan el cese en el cargo del diputado comunista. El recurso incluye más de 50 publicaciones en Twitter del legislador con frases como “la tiranía es la ley y la revolución es orden”, y con descalificativos al Presidente Sebastián Piñera. Los magistrados Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez se inhabilitaron de la causa, pero en su declaración advierten una estrategia judicial de Gutiérrez y el PC para obligarlos a restarse.

Cuando diez diputados de Chile Vamos acudieron ante el Tribunal Constitucional para solicitar el cese en el cargo del legislador comunista Hugo Gutiérrez argumentando que había ido en contra del artículo 60 de la Constitución, al haber incitado de palabra o por escrito, a la alteración del orden público, acompañaron su requerimiento con más de 50 tuits emitidos desde el perfil de Gutiérrez en esa red social.

También entregaron noticias aparecidas en la prensa que daban cuenta del número de funcionarios de Carabineros heridos hasta el 6 de enero de 2020; de los 40.000 locales afectados por manifestaciones, de las más de 6.000 pymes dañadas por saqueos y desmanes, de los 85 inmuebles fiscales dañados desde el comienzo de la crisis en octubre de 2018, y de la cancelación de cumbres internacionales como la APEC y la COP25, entre otras. “En este panorama -dicen- es que se presentan las incitaciones del señor diputado a la subversión y a la revuelta”.

El pleno del Tribunal Constitucional, reunido por videoconferencia, revisó ayer el requerimiento y optó por recibir la causa a prueba, de manera que comienza un proceso que durará 15 días, en la que los ministros designados para encargarse de las diligencias probatorias son Miguel Ángel Fernández y Nelson Pozo, aunque aún queda por conocer la resolución que fija los puntos a probar y será a partir de entonces que se pueda llegar a conclusiones.

Desde Chile Vamos trascendió que trabajan en incluir declaraciones de prensa, redes sociales, grabaciones, discursos en la Cámara de Diputados, que den cuenta de “una trayectoria y forma de hacer política, siempre llamando o incentivando a la violencia”.

Si bien en su momento se dijo que el requerimiento respondía a un tuit del diputado en el que mostraba unos dibujos supuestamente realizados por niños en el que aparecía el Presidente Sebastián Piñera muerto, al presentar el requerimiento, se anexaron 54 mensajes del diputado en Twitter en los que expresa frases como “la tiranía es la ley y la revolución es orden”, “¡Boicot COP25!”; “No hay grandes logros sin una gran lucha”; “¡La revolución llegó y no hay marcha atrás!”.



O en las que publica videos de encapuchados quemando la imagen del Presidente de la República o trata de “idiota” al Mandatario. Hay tuits en los que advierte que la solución es una asamblea constituyente o en caso contrario habrá otro paro general -jornadas que fueron de las más violentas durante el estallido social-. Otros en los que manifiesta su acato a las disposiciones de la Mesa de Unidad Social y llama a una huelga legislativa mientras durara el estado de emergencia. También presentan como evidencia un tuit en el que luego de escuchar en la TV la frase “la violencia nunca se justifica”, él sostiene que la actual institucionalidad se construyó sobre el bombardeo de La Moneda, la muerte de un Presidente, y miles de ejecutados y desaparecidos.

Hay un tuit en respuesta a la FACH, en el que “sin negar su participación al ser sindicato como sedicioso por figurar en un video de quema de Cuartel Militar en Iquique”. Con respecto al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, firmado por la mayoría de las fuerzas políticas en noviembre, critica que los partidos “se arroguen la representación del pueblo”, lo llama un “acuerdo de medianoche de políticos trasnochados”, dice que “miles entienden que esto no ha terminado” o expresa que “mientras los partidos juegan a los acuerdos, la ciudadanía sigue en las calles”; y otras frases como “queda claro que todo proceso constituyente en Chile es sin Piñera”.



También hay un mensaje en el que comparte fotos de parlamentarios de oposición que votaron contra la acusación constitucional que se quería hacer al Presidente Piñera y los califica de “traidores”.



El TC emitió un comunicado en el que explica que los hechos que deberán ser probados para configurar la causal prevista en el artículo 60, inciso quinto, de la Constitución Política, serán explicitados en la resolución que será dictada a tal efecto.

“Durante los últimos meses hubo muchos actores políticos y líderes de opinión que hicieron un llamado a la violencia, hicieron vista gorda a la violencia o promovieron reacciones violentas, y eso le hizo mucho daño a Chile. Algunos parlamentarios de Chile Vamos hicimos una presentación al TC, que es el que falla estos temas, preguntándole y poniéndole antecedentes sobre algunas publicaciones en redes sociales del diputado Gutiérrez. Se acogió el recurso y hoy día se ha acogido la causa a prueba, se van a revisar los antecedentes. Atacar a la democracia no es gratis. Destruir a la democracia no es gratis, tenemos que cuidar Chile entre todos”, declara el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Por su parte el diputado Sebastián Torrealba (RN) señala: “Tenemos la convicción de que el diputado Hugo Gutiérrez ha cometido actos en los cuales ha incitado a la violencia, al desorden público, y por eso estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional debe cesar de su cargo al diputado Gutiérrez. Ha violado la Constitución, por la cual juró al momento de ser diputado. Esperemos que el TC pueda tomar una determinación de forma breve, que ha sido la que nosotros hemos solicitado: que sea cesado de su cargo, porque a través de medios escritos y RR.SS. ha incitado a la violencia, al desorden público y esperemos que esa conducta sea condena con la destitución de su cargo”.

La estrategia judicial de Gutiérrez que ahora podría fallarle
El diputado Gutiérrez ha optado por no defenderse ante el Tribunal, alega que «no reconoce su legitimidad». Mientras que su partido se pronunció, el 22 de enero después de que el TC acogiera el trámite y acusó “una arremetida antidemocrática” y persecución política en contra del legislador.

Aunque el diputado se ha negado a reconocer el proceso, su defensa la ha ejercido por otras vías. Ayer los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez se inhabilitaron de conocer la causa. La noticia no sorprendió, pues ocurre después de que el propio Gutiérrez interpusiera una querella en contra de los jueces, a principios de mayo, por cohecho y prevaricación; y así inhabilitó a quienes debían juzgarlo a él.

De acuerdo con La Tercera, los jueces se abstuvieron para despejar cualquier duda con respecto a la imparcialidad del TC, al tiempo que descartaron que su participación en la causa “pudiera tener como propósito o motivos, un desafío, empate o vindicta originados en la querella del señor Hugo Gutiérrez, interpuesta en contra nuestra. Por el contrario, nuestra conducta personal y profesional siempre se ha caracterizado por no haber recurrido a artimañas que pudieran servir para mezquinos fines, intereses perversos o para eludir nuestras responsabilidades”.

Al saberse el resultado, Gutiérrez declaró: “Los ministros de ese tribunal a los que había introducido una querella criminal por delitos de corrupción, digámoslo derechamente, se inhabilitaron. Aróstica y Vásquez. Sin duda eso da más confianza en este tribunal que va a tener cierta imparcialidad y objetividad en la resolución de este requerimiento, pero mi posición sigue siendo la misma no me voy a presentar ante el tribunal para que conozca ilícitos penales que por supuesto nunca he cometido”.

Aróstica y Vásquez durante el pleno también fueron críticos con la presidenta del TC María Luisa Brahm ya que afirman, que si no fuera por las declaraciones en las que aseguró que antes de su llegada a la presidencia del TC las demoras en las tramitaciones de casos, en particular las de DD.HH., podían llegar “al límite de la corrupción” creó un clima de cuestionamiento al TC.

En la Declaración de inhabilidad de los ministros Aróstica y Vásquez, queda asentado que del 20 de abril a la fecha se han interpuesto sucesivas querellas por parte de Gutiérrez, de la diputada Carmen Hertz (PC) y de otras organizaciones vinculadas a este, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y un ex rector de la Universidad Arcis.

Fuentes vinculadas al Tribunal Constitucional lamentaron la demora que existió para que el caso de Gutiérrez fuera puesto en tabla, ya de se introdujo el 6 de enero y desde el 21 del mismo mes se admitió su tramitación. Se reconoce que pasó a prueba porque Gutiérrez no presentó defensa, pero algunos expertos que conocen la causa dudan que se destituya al diputado porque se necesitan cinco votos de los ocho magistrados que están viendo la causa y la “izquierda nunca vota contra la izquierda”; y otro punto que subrayan es que ponen en duda que la ministra Brahm «se atreva» a destituir a un diputado, incluso cuestionan la ligereza con la que Brahm se refiere a hechos de corrupción, para después retractarse casi que de forma inmediata.

Los magistrados, el 14 de mayo, solicitaron a Brahm explicación del retardo en la puesta en tabla de la causa y solicitaron que se diera curso a los autos, lo cual se hizo luego de dos meses de parálisis.

Esta no sería la primera vez que el diputado Gutiérrez utiliza el sistema judicial con fines políticos. Entre 2014 y 2016, el diputado se querelló contra una decena de figuras políticas, de Chile Vamos y de la Nueva Mayoría. Su principal víctima de ese tiempo fue el senador por su zona, Fulvio Rossi. Entre las querellas que Gutiérrez presentó contra el ex senador hay una por el caso Corpesca y otra por dineros fiscales recibidos por la ONG Casa Abierta, fundada por el ex timonel PS para atender a víctimas de violencia intrafamiliar de las comunas de Alto Hospicio e Iquique.

En esa oportunidad, fue Rossi quien acusó “persecución política constante” y tildó al diputado de “miserable y mentiroso”. En esa ocasión dijo a El Líbero: «Gutiérrez utiliza al Poder Judicial y al Ministerio Público para destruir a sus adversarios políticos a través del desprestigio. Su receta es el ‘miente, miente, que algo queda’”. Agregó: “En Tarapacá, él y sus abogados financiados por el Congreso, han presentado denuncias y querellas contra todos sus adversarios políticos. Incluso su asistente, Enzo Morales, fue condenado por injurias y calumnias”. Aludía a una condena de mayo de 2016 contra el abogado de la oficina parlamentaria de Gutiérrez, por calumniar al alcalde de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos (UDI).

Cuando explotó el caso Corpesca, el diputado comunista junto a un grupo de pescadores artesanales presentó una querella por presunto cohecho y soborno en contra de todos los senadores que integraron la comisión de pesca de la Cámara Alta en 2012, período en el que se aprobó la nueva Ley de Pesca. La acusación fue en contra de Antonio Horvath, Fulvio Rossi, Carlos Bianchi, Alejandro García-Huidobro y Hosaín Sabag. Meses después, desistió de la acción en contra de Horvath y Bianchi; pero en mayo de 2016 presentó una ampliación de la querella criminal en contra del senador Jaime Orpis por delitos reiterados de fraude al fisco y por cohecho agravado.

El 22 de agosto de 2016, Gutiérrez junto a la diputada Karol Cariola y Lorena Pizarro, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, presentaron una querella criminal en contra de la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, por los delitos de malversación de caudales públicos, distracción indebida y fraude al fisco en el marco del Caso Cema Chile.

Ese mismo año un grupo de pescadores artesanales patrocinados por el abogado Matías Ramírez, quien trabajaba con el diputado Gutiérrez, se querelló en contra del senador Patricio Walker (DC) en el marco de las investigaciones por aportes de empresas pesqueras a campañas políticas. La situación generó molestia al interior de la DC e incluso se le pidieron explicaciones al timonel PC, Guillermo Teillier.

Además, cuando se dieron a conocer los correos entre el ex senador de la UDI, Pablo Longueira, y el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, en medio de la tramitación de la ley de royalty minero, Gutiérrez presentó una querella en contra del ex líder del gremialismo por cohecho.

El diputado PC interpuso una querella por «acarreo electoral» en Huara, ubicada en la provincia del Tamarugal. La acción fue dirigida en contra del candidato a alcalde de Chile Vamos, José Bartolo, quien superó por solo tres votos al actual edil de la Nueva Mayoría, Carlos Silva. Pocos días antes de la elección municipal, el parlamentario comunista también presentó una querella por acarreo en representación de los candidatos a alcalde por Pica, Francisco Cabezas (independiente) y por Camiña, Evelyn Mamani (independiente). En ambas comunas resultaron electos los candidatos de Chile Vamos.

Mientras que en octubre de 2015 los abogados Enzo Morales y Matías Ramírez, ambos representantes del diputado, presentaron una querella criminal contra quienes resulten responsables por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y cohecho, en relación al proceso de adjudicación de las obras de reconstrucción del frente de atraque número 1 del puerto de Iquique, que resultó dañado tras el terremoto de 2014. Las obras se las adjudicó la empresa Copisa, de capitales españoles. A juicio de los querellantes, el proceso de adjudicación estuvo guiado para que esa empresa lo ganara. A pesar de la querella, a septiembre de 2016 las obras de reconstrucción alcanzaban un avance del 90%.

Un caso emblemático fue la querella que presentó contra el Presidente Sebastián Piñera por el llamado caso Exalmar y su arista, minera Dominga. El diputado del PC quería comprobar que el actual Presidente sabía de las inversiones de Bancard en Exalmar y que incluso este asistía con regularidad a las oficinas de la firma. Sin embargo, este caso se le dio vuelta y el 4° Juzgado de Garantía sobreseyó de manera definitiva al entonces ex Mandatario. En cambio, se determinó que Gutiérrez debía pagar $2,5 millones por costas judiciales.

En el caso del recurso que introdujo contra los magistrados Aróstica y Vásquez el 6 de mayo fue declarada inadmisible. Sin embargo, volvió a interponer una querella del mismo tenor y en el mismo 7° Juzgado de Garantía de Santiago que sí fue admitida a tramitación.

En esta estrategia le acompañaron la diputada Carmen Hertz, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Comisión Chilena de DD.HH., con el patrocinio del abogado Carlos Margotta, ex rector de la Universidad Arcis, cada uno por su cuenta, aunque con la misma argumentación. “La referida querella del señor Gutiérrez resulta manifiestamente inútil, salvo en el efecto de intentar inhabilitar a dos Magistrados del Tribunal Constitucional, quienes eventualmente se verían impedidos de entrar al conocimiento y resolución del requerimiento parlamentario en su contra”, dice la Declaración de inhabilidad de los Ministros.

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