Calama insiste en rechazar decreto que les obligaría a albergar residuos de batería del país

El municipio de Calama insistió en su rechazo al decreto que dará cumplimento el Gobierno y que prohíbe al país exportar desechos de plomo, con lo que se obligaría a la ciudad a albergar los residuos provenientes de todo el territorio nacional.

La comunidad de Calama acusa sentirse como el “patio trasero de los tóxicos” y califican la decisión como un “decreto de amarre” de parte del Ejecutivo, debido al reglamento que regula el Movimiento Transfronterizo de Residuos.

Éste estipula que los desechos, como las baterías, no se podrán exportar si existe la capacidad para reutilizar las materias primas, dando cumplimiento así al Convenio de Basilea, suscrito por Chile.

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El problema para los habitantes de Calama es que la única planta certificada en Chile se encuentra en dicha ciudad lo que, señalan, afectaría gravemente su ya deteriorada calidad de vida.

Así lo afirmó el alcalde, Daniel Augusto, quien insistió en que con esto se perjudica gravemente la salud de la población.

Expresó que “lo lamento profundamente, yo hago un llamado a la cordura, hago un llamado a las autoridades que por favor detengan este decreto que en definitiva lo único que va a hacer es perjudicar gravemente o incipientemente la salud de miles de calameñas y calameños”.

“No saben lo que es vivir en una zona extrema, y todas las penalidades negativas que tenemos además con la contaminación minera”, agregó la autoridad.

ucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, señaló que es entendible el reclamo de la población porque se aumentará considerablemente el nivel de toxicidad, pero el problema radica en que no existen otras plantes actualmente en funcionamiento.

“Es una medida formal para decir que estamos buscando cumplimiento a un convenio internacional, pero en realidad el problema es otro, y es mucho más grave porque se está aumentando la carga de toxicidad a una ciudad que ya tiene altos niveles, y que ya tiene evidentes problemas a la salud”, explicó.

La Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, en tanto, sostuvo que no existe justificiación para prohibir la exportación de residuos peligrosos hacia empresas de reciclaje globales y con prestigio internacional.

Con ello, consideran que se coarta la libertad de elegir, la libre competencia y se incentiva el incremento de la posición dominante de la única firma presente en el país, RAM Recimat, al obligar a todo el mercado interno a vender las baterías usadas sólo a dicha empresa.

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