Cámara pedirá a Presidente Piñera responder por despidos en sector público

Tema en 'Política Nacional e Internacional' iniciado por pino3, 20 Jun 2018.

  1. pino3

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    Juzgado del Trabajo de Chillán acoge tutela laboral contra Municipalidad de Chillán deducida por un profesor que fue despedido en razón de su homosexualidad.
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    El Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán acogió la denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos con ocasión del despido y dio lugar a la indemnización por acoso laboral e indemnización de perjuicios, de un profesor contra la Municipalidad de Chillán, rechazando en el mismo acto la indemnización por lucro cesante y por enfermedad profesional solicitadas, como asimismo la excepción de caducidad deducida por la denunciada.

    La sentencia sostiene que se puede concluir que existen indicios suficientes de la vulneración a los derechos fundamentales denunciada, ya que en cuanto al artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, la integridad síquica del actor se vio afectada, toda vez que el acoso laboral, plenamente acreditado con las conductas descritas, solo puede encuadrarse de este modo, de que era objeto por parte del Jefe de UTP afectaron directamente el estado anímico, y, en consecuencia la siquis del actor, derivando en un perjuicio directo en su situación personal y laboral, generando una patología que se aprecia de larga duración en el tiempo.

    Finalmente, el fallo señala que se ha infringido la garantía de no discriminación, pues no solo se ha acreditado que existía una denostación pública, constante y gratuita contra el actor por el solo hecho de su orientación sexual, sino que además ésta fue constante en el tiempo y tuvo su punto culmine con el hecho del despido.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...-fue-despedido-en-razon-de-su-homosexualidad/
     
  2. pino3

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    Osorno: funcionarios de autoridad sanitaria en alerta ante posibles despidos
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    Un mes complejo en materia de despidos es el que acusan los funcionarios de la autoridad sanitaria de la provincia de Osorno. Ellos anuncian protestas si constatan desvinculaciones por razones políticas.

    Desde la dirigencia local del organismo, Claudio Millaguin, dijo que existen contratos precarios, los que llegando el último día hábil de noviembre pueden poner fin a la relación contractual.

    También indicó que se suma el incumplimiento del estatuto laboral que dice que el 80% de los funcionarios deben ser de planta y sólo el 20% a contrata. En la Seremi de Salud de Los Lagos queda demostrado, con un 90% de personal a contrata y honorarios.

    Millaguin aseguró que por esta razón, las Asociaciones de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria, tanto de Osorno como de Puerto Montt, están en alerta por los posibles despidos.

    El dirigente de los funcionarios de la autoridad sanitaria sostuvo que sería lamentable afectar a la población con medidas de presión, pero se ven obligados a defender la estabilidad laboral de quienes tienen buen desempeño.

    https://www.biobiochile.cl/noticias...itaria-en-alerta-ante-posibles-despidos.shtml
     
  3. pino3

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    CS acogió protección deducida contra Subsecretaría de Evaluación Social por poner término anticipado a contrata de un funcionario.
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    Por otra parte, la decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sandoval y el abogado integrante Matus.

    La Corte Suprema acogió la acción de protección deducida por un ex funcionario a contrata contra el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Evaluación Social, debido a que se le puso término anticipado a su contrata que lo vinculaba a la Subsecretaría por estimarse que sus servicios ya no son necesarios para el cumplimiento de los objetivos de esa repartición.

    El recurrente indicó que se infringió la igualdad ante la ley, ya que ha sido sometido a un trato desigual carente de justificación racional o razonable, basado en diferencias arbitrarias, y en ausencia de proporcionalidad, el que además tiene un cariz político pues es militante de un partido de la oposición al actual gobierno. Asimismo, considera que se vulneró la libertad de trabajo y el derecho de propiedad, pues se le ha privado de su derecho sobre la permanencia en el cargo.

    En su sentencia, el máximo Tribunal indicó que la decisión impugnada se funda en hechos diversos a los que se desprenden de la resolución que pone término a la contrata, puesto que las labores que el funcionario desempeña subsisten en la administración, cualesquiera que sean los nuevos objetivos, no especificados en la resolución, no obstante lo cual, en lo conclusivo, se invoca la falta de necesidad de los servicios prestados por el actor, por lo que se ha incurrido en desviación de poder, atendido que la decisión de la administración no se basa en una causal de carácter objetivo fundada realmente en los términos del contrato, en el cual se contienen las cláusulas “razones de buen servicio” y “mientras sean necesarios sus servicios”. Además, el actor se desempeñó de manera continua desde el 1 de mayo de 2014, esto es, durante más de dos años, situación que no se condice con la calificación de sus labores como esencialmente transitorias. Tal circunstancia confirma la arbitrariedad de la medida adoptada por la recurrida, en tanto no hubo aviso de término con un mes de anticipación, criterio establecido por la Contraloría General de la República en el Dictamen N° 85.700 de 28 de noviembre de 2016, que señala como fecha límite el día 30 de noviembre, lo que no se aviene a la cantidad de años de servicio prestados por la recurrente para la institución, que fueron continuos en virtud de las sucesivas renovaciones de su contrato, contrariándose con tal proceder el principio de confianza legítima del funcionario.

    De ese modo, el fallo concluyó que, determinada la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución que dispuso el término de la contrata del reclamante, se debe entender que ésta ha carecido de razonabilidad, contrariándose la finalidad que el legislador previó al establecer la facultad para poner término a la contrata en razón de las necesidades del servicio, de modo que el recurrente ha sido discriminado arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la igualdad ante la ley.

    Por lo anterior, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y acogió el recurso de protección, dejando sin efecto la resolución la Resolución Exenta RA N° 119516/176/2018 de fecha 2 de mayo de 2018, debiendo reincorporarse al actor a sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2018 y procederse al pago de todas las remuneraciones devengadas desde que fuera separado del servicio.

    La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Muñoz, quien concurrió al fallo y estuvo, además, por reincorporar al funcionario pura y simplemente y sin limitación temporal, por estimar que su contrato se encuentra amparado por el principio de confianza legítima, dado que se ha extendido por un periodo superior a dos años.

    Asimismo, la decisión fue acordada con la prevención del Ministro Prado, quien concurrió al fallo, teniendo especialmente presente que la razón invocada para poner término anticipado a la contrata no corresponde a un fundamento real que lo justifique y que se encuentre debidamente acreditado.

    Por otra parte, la decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sandoval y el abo
    http://www.diarioconstitucional.cl/...mino-anticipado-a-contrata-de-un-funcionario/
     
  4. pino3

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    Juzgado Laboral de Antofagasta condena a Gobierno regional por despido injustificado y discriminación de trabajadora.
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    El Tribunal estableció que existió una vulneración de derechos fundamentales dado que no se justifica el despido, además de una discriminación en contra de la demandante.

    El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta condenó al Gobierno Regional a pagar una indemnización total de $14.646.168 a profesional que se desempeñaba en el programa Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT), quien fue desvinculada en abril de 2018 por tener una ideología política contraría a la de su empleador y sin justificación relevante.
    La sentencia sostiene que es posible establecer que el programa a la que se encontraba adscrita la actora no fue eliminado, y que en razón de ello, tampoco era necesaria su separación del servicio, pudiendo incluso indicarse, que a la denunciante le asistía la confianza legítima de que se mantendría en sus funciones a lo menos hasta el término del plazo contemplado en la resolución que la designó, esto es hasta el 31 de diciembre del año 2018, concluyendo en consecuencia que la desvinculación efectuada no se ajustó a derecho.
    La resolución agrega que queda de manifiesto que la actora no tenía un pensamiento político afín a la actual administración, siendo además de ideologías políticas diferentes el nuevo Gobierno al Gobierno saliente, es altamente probable que la salida de la denunciante haya sido motivada por razones de discriminación de esa naturaleza, por lo que habiendo quedado establecido que no fueron reales los motivos invocados para el término anticipado de la contrata de la actora, sólo queda por deducir que fue discriminada por razones de diferencias políticas.
    Ante lo expuesto, el Tribunal resuelve:
    I. Que se hace lugar a la denuncia de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, interpuesta por doña Katty Zapata Soza en contra de Gobierno Regional de Antofagasta, representado legalmente por su órgano ejecutivo el Intendente Regional don Marco Díaz Muñoz, y en consecuencia se declara que existió un vínculo de carácter laboral entre las partes que tuvo vigencia desde el día 31 de marzo de 2015 al 20 de abril de 2018; y que la desvinculación efectuada se produjo con vulneración de las garantías dispuestas en el artículo 19 N°1 y 16 de la Constitución Política de la República, como asimismo, infracción al artículo 2 del Código del Trabajo, condenado por tanto a la denunciada al pago de los siguientes conceptos:
    a) La suma de $1.343.667.- por indemnización sustitutiva previo;
    b) La suma de $4.031.001.- por indemnización por tres años de servicios.
    c) La suma de $1.209.300.- por recargo legal del 30% conforme letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo.
    d) La suma de $8.062.200.- por concepto de seis remuneraciones conforme el artículo 489 del Código del Trabajo.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...njustificado-y-discriminacion-de-trabajadora/
     
  5. pino3

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    Extrabajador de Gobernación de Valdivia será indemnizado tras despido por "razones políticas"
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    El Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia ordenó al fisco a pagar más de $8 millones a un exfuncionario de la Gobernación de Valdivia, quien es militante de la Democracia Cristiana y fue reemplazado tras el cambio de Gobierno por uno de Renovación Nacional

    El Tribunal de primera instancia acogió parcialmente una demanda por la desvinculación de este exfuncionario que trabajó desde marzo de 2014 hasta abril de este año, pero que fue desvinculado.

    Para el Juzgado, la terminación del contrato obedeció a una cuestión de carácter político y sin haber otra causal probada, se vulneró la prohibición de la no discriminación consagrado en el Código del Trabajo, y contenido además en la Constitución.

    Según la demanda, la gobernadora María José Gatica -ligada a Renovación Nacional- le notificó verbalmente de su desvinculación, para que luego entregara los elementos de trabajo y abandonara el edificio.

    La abogada del demandante, Ximena Águila Silva, indicó que que su representado es militante de la Democracia Cristiana, y a su partida, inmediatamente fue reemplazado por otra persona, que milita en Renovación Nacional.

    El Tribunal condenó al fisco al pago de nueve remuneraciones, que en total supera los $8 millones, indicó la abogada.

    Conocimiento de la gobernadora

    La gobernadora provincial de Valdivia, María José Gatica, reconoció que sabían que el fisco podría ser demandado y pagar una millonaria multa del erario fiscal, en el caso de la desvinculación de un funcionario.

    Consultada por el caso, María José Gatica, quien también está ligada a Renovación Nacional, indicó primero que dicha persona no tenía militancia, asintiendo luego cuando se le indicó que lo anterior quedó establecido desde el Servicio Electoral.

    La autoridad agregó que como gobernación realizaron dos desvinculaciones como servicio, ya que el resto de funcionarios que venían de la administración anterior renunciaron.

    En el caso en particular, dijo que este fue evaluado en Santiago, cargo que es de directa confianza de la gobernadora, asumiendo que con su desvinculación podrían haber consecuencias judiciales o costos al erario fiscal.

    La gobernadora evitó profundizar sobre el por qué todos los chilenos deben pagar por una determinación como esta.

    El Consejo de Defensa del Estado pidió el rechazo de la demanda, existiendo en esta causa aún recursos pendientes y que podrían ser resueltos en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Además, porque la demandante exige otras indemnizaciones y sanciones por parte de la demandada.

    https://www.biobiochile.cl/noticias...zado-tras-despido-por-razones-politicas.shtml
     
  6. pino3

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    CS acogió protección deducida contra Servicio de Salud de la Región de O'Higgins por poner término anticipado a contrata de un funcionario.
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    La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sandoval y el abogado integrante Matus, quienes fueron del parecer de confirmar el fallo en alzada, en virtud de sus propios fundamentos.
    La Corte Suprema acogió la acción de protección deducida por un ex funcionario a contrata contra el Servicio de Salud de la Región de O’Higgins, debido a que se le puso término anticipado a su contrata por estimarse que sus servicios ya no son necesarios para la administración por cuanto las funciones fueron asignadas a otro profesional encargado, y por haberse observado deficiencias en su desempeño.

    El recurrente indicó que se infringió la igualdad ante la ley, pues no concurre ninguna de las causales de cese contempladas en el Estatuto Administrativo. Asimismo, consideró que se vulneró el derecho de propiedad, ya que se le ha privado del denominado derecho a la función.

    En su sentencia, el máximo Tribunal indicó que la decisión impugnada se funda en hechos diversos a los que se desprenden de la resolución que pone término a la contrata, puesto que las labores que el funcionario desempeña subsisten en la administración y sólo han sido encomendadas a otras personas, en tanto que los demás motivos, debieron haberse ventilado en una investigación administrativa que ofreciera al funcionario la oportunidad de formular descargos no obstante lo cual, en lo conclusivo, se invoca la falta de necesidad de los servicios prestados por el actor, por lo que se ha incurrido en desviación de poder, atendido que la decisión de la administración no se basa en una causal de carácter objetivo fundada realmente en los términos del contrato, en el cual se contienen las cláusulas “razones de buen servicio” y “mientras sean necesarios sus servicios”. Además, el actor se desempeñó de manera continua desde el 1 de febrero de 2016, esto es, durante más de dos años, situación que no se condice con la calificación de sus labores como esencialmente transitorias. Tal circunstancia confirma la arbitrariedad de la medida adoptada por la recurrida, en tanto no hubo aviso de término con un mes de anticipación, criterio establecido por la Contraloría General de la República en el Dictamen N° 85.700 de 28 de noviembre de 2016, que señala como fecha límite el día 30 de noviembre, lo que no se aviene a la cantidad de años de servicio prestados por la recurrente para la institución, que fueron continuos en virtud de las sucesivas renovaciones de su contrato, contrariándose con tal proceder el principio de confianza legítima del funcionario.

    De esa manera, el fallo concluyó que, determinada la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución que dispuso el término de la contrata del reclamante, se debe entender que ésta ha carecido de razonabilidad, contrariándose la finalidad que el legislador previó al establecer la facultad para poner término a la contrata en razón de las necesidades del servicio, de modo que el recurrente ha sido discriminado arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la igualdad ante la ley.

    Por lo anterior, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y acogió el recurso de protección, dejando sin efecto la resolución la Resolución Exenta N° 2223 de fecha 6 de junio de 2018, debiendo reincorporarse al actor a sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2018 y procederse al pago de todas las remuneraciones devengadas desde que fuera separado del servicio.

    La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Muñoz, quien concurrió al fallo y estuvo, además, por reincorporar al funcionario pura y simplemente y sin limitación temporal, por estimar que su contrato se encuentra amparado por el principio de confianza legítima, dado que se ha extendido por un periodo superior a dos años.

    Asimismo, la decisión fue acordada con la prevención del Ministro Prado, quien concurrió al fallo, teniendo especialmente presente que la razón invocada para poner término anticipado a la contrata no corresponde a un fundamento real que lo justifique y que se encuentre debidamente acreditado.

    Por otra parte, la decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sandoval y el abogado integrante Matus, quienes fueron del parecer de confirmar el fallo en alzada, en virtud de sus propios fundamentos.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...mino-anticipado-a-contrata-de-un-funcionario/
     
  7. pino3

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    Funcionarios del GORE Los Ríos realizaron paro de brazos caídos tras desvinculación de trabajadores
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    Más de 100 funcionarios del Gobierno Regional de Los Ríos realizaron un paro de brazos caídos tras la desvinculación de cuatro trabajadores del gobierno interior.

    Ellos piden que el ejecutivo informe de forma anticipada quiénes serán los funcionarios desvinculados de esa repartición.

    El presidente de la Asociación de Funcionarios de Servicios Administrativos del Gobierno Regional, Alejandro Gallardo, comentó que la decisión de efectuar dicha movilización, se tomó tras una asamblea extraordinaria.

    Esto tras el despido de cuatro trabajadores de la Intendencia Regional, entre ellos, una funcionaria con 11 años de servicio, lo que ante posibles despidos en el Gobierno Regional, los dejó en la incertidumbre.

    El dirigente dijo esperar que el Gobierno informe, antes del viernes, los funcionarios que podrían ser desvinculados. Ese mismo día se cumple el plazo para informar de las renovaciones de contrato.

    Si bien por la movilización no hubo público afectado, si se detuvieron algunos procesos administrativos propios de las labores que desarrollan los funcionarios que se acogieron a la medida que extendió durante la jornada del martes.

    En tanto, desde el ejecutivo hasta el momento, no se han referido al tema.


    https://www.biobiochile.cl/noticias...dos-tras-desvinculacion-de-trabajadores.shtml
     
  8. pino3

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    Inicia juicio de extrabajadoras de la Gobernación de Osorno: acusan despido por razones políticas
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    En el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno se desarrolló la audiencia de juicio de dos exfuncionarias de la Gobernación Provincial en contra del Fisco, luego de que fueran desvinculadas por presuntas razones políticas.

    Se trata de Carolina Gatica, anterior encargada de prensa, y Pamela Carrasco, exjefa de Extranjería en la repartición. Ambas fueron contratadas en el anterior gobierno bajo la modalidad de contrata, condición que fue renovada sucesivamente hasta el 31 de diciembre de 2018.

    Sin embargo, a los pocos meses del cambio de gobierno fueron desvinculadas. Ella aseguran que las explicaciones no fueron convincentes, por lo que iniciaron la demanda por vulneración de derechos con ocasión de despido.

    Su abogado representante, Luis Reyes, enfatizó en que el despido fue netamente por razones políticas.

    Según el jurista, en la audiencia se expusieron al menos tres reclamos ingresados a la Oficina de Información y Reclamos de la entidad, los que no tendrían asidero.

    Demandan la regularización de sus despidos, incluyendo años de servicio, más las indemnizaciones correspondientes, esperándose que en diez días más el tribunal falle.

    Este no es el único proceso judicial que enfrenta la Gobernación Provincial de Osorno, pues la próxima semana se espera que comience otro, por acoso laboral, denunciado por otra extrabajadora.

    Desde la Gobernación Provincial de Osorno se descartó por el momento entregar alguna declaración al respecto.

    https://www.biobiochile.cl/noticias...no-acusan-despido-por-razones-politicas.shtml
     
  9. pino3

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    Corte de Santiago ordena indemnizar a funcionario despedido de Tesorería con vulneración de garantías.
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    El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada que acogió la demanda presentada, tras establecer que la desvinculación vulneró garantías fundamentales a la integridad síquica y física del denunciante.

    En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que acogió la demanda de tutela laboral presentada por exfuncionario de la Tesorería General de la República, desvinculado en diciembre de 2017 de la repartición pública, con vulneración de garantías fundamentales.
    Así, el Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda presentada, tras establecer que la desvinculación vulneró garantías fundamentales a la integridad síquica y física del denunciante.
    La sentencia sostiene que la tercera causal solicitada es la nulidad es aquella contemplada en la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo. La errada calificación la expresa en que los hechos que se dieron por probados en el considerando Décimo del fallo impugnado no pueden ser estimados como indicios en los términos del artículo 493 del Código del Trabajo, ya que para ser calificados de tales, deben constituir evidencias o señales de un hecho o fin oculto que, en concreto, persiga vulnerar los derechos fundamentales de un trabajador, lo que no ocurre en el caso sub lite, agregando dos definiciones de indicios postuladas por la doctrina.
    La resolución agrega que esta causal debe ser desestimada por falta de fundamentación en un doble sentido, primero, porque la parte recurrente no explica ni señala cuál es la definición de indicio que debe contar como correcta, permitiendo así desafiar los indicios que el fallo da como válidos, y segundo, debido a que no argumenta en torno a las razones de la errónea calificación jurídica de indicios de los antecedentes tenidos por ciertos en el fallo. Tal ausencia se explica razonablemente porque el recurrente no observa que la regla del artículo 493 del Código del Trabajo no define lo que se entiende por indicios suficientes, cuya errónea calificación impugna el recurrente, sino que establece una norma de carácter procedimental en relación a la prueba, en caso de existir indicios suficientes de vulneración de derechos fundamentales, norma procedimental que no fue objeto de cuestionamiento en la causal planteada. En efecto, la regla del artículo en comento distribuye argumentación, pues cualquiera sea el mundo donde se configure un indicio suficiente, queda a salvo al denunciado justificar la proporcionalidad del acto de vulneración.
    Por tanto, concluye que procede el rechazo de esta causal, pues no se observa la infracción al artículo 489 del Código del Trabajo, alegada como ultrapetita, ya que en petitorio de la demanda, según se lee del considerando Primero de la sentencia, la indemnización fue solicitada en el marco de la declaración de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, y por un monto comprendido en dicha norma -once meses de remuneración-, de lo que resulta manifiesto que solicitó indemnización y que la alegada es la regulada en el artículo 489 del Código del ramo, y no otro tipo de indemnización.

    El fallo confirmado, dictado en agosto pasado, ordenó al Fisco pagar al demandante una indemnización de $58.055.107, monto equivalente a 11 remuneraciones, más intereses y reajustes.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...do-de-tesoreria-con-vulneracion-de-garantias/
     
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    Corte de Valdivia confirma fallo que ordena a Fisco indemnizar a exdirector regional de Serviu
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    La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó el fallo que ordena al Fisco indemnizar en más de 55 millones de pesos al exdirector del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en Los Ríos, Alejandro Larsen, tras ser despedido con vulneración de garantías.

    En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal rechazó un recurso de nulidad que interpuso el Fisco de Chile, por lo que mantuvo la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia que determinó que se debía indemnizar a Alejandro Larsen Hoetz, despedido tras el cambio de gobierno.

    Lo anterior pues la orden de que Larsen presentara su renuncia no voluntaria a su cargo -y que posteriormente se decretara la vacancia del mismo- obedeció a una cuestión de carácter político.

    Con ello, se vulneró el derecho a la no discriminación, consagrado en el artículo 2° del Código del Trabajo y en el artículo 19, número 16, inciso 3° de la Constitución.

    La Corte de Apelaciones confirmó que el exdirector del Serviu Los Ríos de la administración Bachelet debe ser indemnizado en 55 millones 901 mil 70 pesos.

    También ligado a desvinculaciones, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) Los Ríos quedó sin director ya que el subrogante fue desvinculado y, según se informó, no se descartarían acciones legales.

    https://www.biobiochile.cl/noticias...emnizar-a-exdirector-regional-de-serviu.shtml