Los efectivos son investigados por pedir millonarias sumas para alertar de teléfonos intervenidos, posibles allanamientos y otros procedimientos de la fiscalía.
El caso relojes ha sido uno de los más mediáticos del último tiempo, pero hay aristas menos conocidas que han sido opacadas y que involucran a empresarios y funcionarios de la Policía de Investigaciones.
Un reportaje de CIPER da cuenta de cómo los efectivos policiales cobraban millonarias sumas por filtrar información del caso, dar aviso de posibles allanamientos y ofrecer dejar fuera de la investigación a algunas personas.
Por esto, ya hay siete efectivos de la PDI a los que se investiga en calidad de imputados, por delitos como violación de secreto y cohecho.
En 2019 el empresario Domingo Jalil se enteró de que estaba siendo investigado por el llamado caso relojes y que fiscalía estaba tras sus pasos. Esto provocó un cambio de hábitos en el empresario, incluyendo el cambio de su teléfono celular, el que llevaba un tiempo siendo monitoreado.
Según explica el medio investigativo, Jalil conversó con otro de los involucrados, Jaime Quiroz, y le contó que los teléfonos de ellos, y también el de Estrella Dinamarca -quien según la investigación judicial es la líder del grupo-, estaban intervenidos.
Uno de los sospechosos de brindar la información al empresario fue el entonces subinspector Cristián González Arancibia, quien se desempeñaba en la Brigada Antinarcóticos Metropolitana. Según CIPER, el subinspector, más otro efectivo policial llamado Mauricio Jorquera Gallardo, pidieron inicialmente $30 millones a cambio de ayuda.
Allanamientos y detenciones
Jalil contrató, además, a dos ex PDI para que chequearan los antecedentes que le proporcionaban sus fuentes policiales. Tras esto, ya en 2021, el fiscal Baeza comandó una serie de allanamientos y detenciones en decenas de domicilios de Santiago. Parte de las detenciones realizadas ese día se conocieron públicamente -las de Domingo Jalil y la de los policías Cristián González Arancibia y Mauricio Jorquera Gallardo, entre otros-, pero la mayor parte se mantuvo bajo reserva, hasta ahora.
A los ya mencionados Cristián González Arancibia, Mauricio Jorquera Gallardo y Luis Jara Jara, se sumaron Sergio Leal Villarroel, Rodrigo Chamorro Bustamante y Cristián González Fernández.
CIPER señala que el séptimo policía imputado por la Fiscalía, Cristián Álvarez Casajuana -que también sigue activo-, no forma parte del sumario interno de la PDI, aunque la investigación del Ministerio Público indica que él fue el primero que alertó a Jalil sobre la indagatoria, en septiembre de 2019.
https://www.adnradio.cl/nacional/20...pdi-imputados-por-proteger-a-empresarios.html
El caso relojes ha sido uno de los más mediáticos del último tiempo, pero hay aristas menos conocidas que han sido opacadas y que involucran a empresarios y funcionarios de la Policía de Investigaciones.
Un reportaje de CIPER da cuenta de cómo los efectivos policiales cobraban millonarias sumas por filtrar información del caso, dar aviso de posibles allanamientos y ofrecer dejar fuera de la investigación a algunas personas.
Por esto, ya hay siete efectivos de la PDI a los que se investiga en calidad de imputados, por delitos como violación de secreto y cohecho.
En 2019 el empresario Domingo Jalil se enteró de que estaba siendo investigado por el llamado caso relojes y que fiscalía estaba tras sus pasos. Esto provocó un cambio de hábitos en el empresario, incluyendo el cambio de su teléfono celular, el que llevaba un tiempo siendo monitoreado.
Según explica el medio investigativo, Jalil conversó con otro de los involucrados, Jaime Quiroz, y le contó que los teléfonos de ellos, y también el de Estrella Dinamarca -quien según la investigación judicial es la líder del grupo-, estaban intervenidos.
Uno de los sospechosos de brindar la información al empresario fue el entonces subinspector Cristián González Arancibia, quien se desempeñaba en la Brigada Antinarcóticos Metropolitana. Según CIPER, el subinspector, más otro efectivo policial llamado Mauricio Jorquera Gallardo, pidieron inicialmente $30 millones a cambio de ayuda.
Allanamientos y detenciones
Jalil contrató, además, a dos ex PDI para que chequearan los antecedentes que le proporcionaban sus fuentes policiales. Tras esto, ya en 2021, el fiscal Baeza comandó una serie de allanamientos y detenciones en decenas de domicilios de Santiago. Parte de las detenciones realizadas ese día se conocieron públicamente -las de Domingo Jalil y la de los policías Cristián González Arancibia y Mauricio Jorquera Gallardo, entre otros-, pero la mayor parte se mantuvo bajo reserva, hasta ahora.
A los ya mencionados Cristián González Arancibia, Mauricio Jorquera Gallardo y Luis Jara Jara, se sumaron Sergio Leal Villarroel, Rodrigo Chamorro Bustamante y Cristián González Fernández.
CIPER señala que el séptimo policía imputado por la Fiscalía, Cristián Álvarez Casajuana -que también sigue activo-, no forma parte del sumario interno de la PDI, aunque la investigación del Ministerio Público indica que él fue el primero que alertó a Jalil sobre la indagatoria, en septiembre de 2019.
https://www.adnradio.cl/nacional/20...pdi-imputados-por-proteger-a-empresarios.html
