Entre las irregularidades detectadas están pago de asignaciones y bonos sin acreditar su procedencia y gastos rendidos por actividades no vinculadas al funcionamiento de los liceos.
La Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en la administración de los liceos que la Universidad de Santiago de Chile gestiona por delegación del Ministerio de Educación. Así lo concluye el Informe Final de Auditoría N° 807 de 2025, que revisó la ejecución de los convenios suscritos entre ambas instituciones, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.
La auditoría identificó diversas irregularidades en el uso de los recursos destinados a la administración de los establecimientos educacionales bajo la tutela de la USACH, dentro de los que se encuentran el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez y los liceos Experimental Artístico, Industrial de Angol, Industrial de Nueva Imperial y Bicentenario Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda. El objetivo fue verificar la existencia de mecanismos de control y supervisión para la correcta ejecución de los convenios, revisar el proceso de rendición de cuentas de los recursos transferidos y comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para la administración de los respectivos establecimientos educacionales. Entre las principales observaciones está la existencia de pago de asignaciones y bonos sin acreditar su procedencia ($165.802.665), gastos rendidos por actividades no vinculadas al funcionamiento de los liceos ($103.783.058), bienes no habidos ($5.555.932) y la existencia de un trabajador registrado simultáneamente en la dotación de dos establecimientos sin acreditar el cumplimiento efectivo de sus jornadas laborales ($18.863.245). Debido a lo anterior, la CGR formulará un reparo por un total de $327.700.415, conforme a lo dispuesto en la ley N° 10.336, sin perjuicio de otras acciones relacionadas. Asimismo, en los casos que corresponda, la universidad deberá instruir procedimientos disciplinarios. Asimismo, la Contraloría constató que la USACH no dispone de mecanismos formales asociados a conflictos de intereses en la administración de los liceos bajo su supervisión.
En ese contexto, se detectó la contratación de una sociedad vinculada a un funcionario de la institución, así como de personas con vínculos familiares directos, situaciones que no se ajustan al principio de probidad administrativa, debiendo, en tales casos, las autoridades y funcionarios abstenerse de intervenir conforme a lo previsto en la normativa vigente. Por ello, la casa de estudios deberá establecer herramientas de control que aseguren el cumplimiento del deber de abstención, además de instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de estos hechos. La fiscalización también permitió evidenciar que el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez -vinculado a la USACH- imparte la especialidad Técnico-Profesional de Administración desde 2016, sin contar con la autorización de la SEREMI de Educación de la Región Metropolitana, exigida por la normativa vigente.
En consecuencia, la universidad deberá informar las gestiones realizadas para regularizar esta situación. Finalmente, el informe observó que la cantidad de cursos, especialidades formativas y matrícula de diversos establecimientos administrados por la USACH presenta disminuciones respecto de lo establecido en los convenios suscritos con el Ministerio de Educación, sin que existan antecedentes que acrediten la autorización correspondiente. Por ello, la universidad deberá remitir la documentación que respalde las gestiones efectuadas para regularizar esta situación ante la autoridad competente. La USACH deberá implementar medidas correctivas y responder ante las observaciones formuladas por la Contraloría, mientras el organismo fiscalizador continuará verificando el cumplimiento de las acciones comprometidas, de acuerdo con los plazos establecidos para cada caso.
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La Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en la administración de los liceos que la Universidad de Santiago de Chile gestiona por delegación del Ministerio de Educación. Así lo concluye el Informe Final de Auditoría N° 807 de 2025, que revisó la ejecución de los convenios suscritos entre ambas instituciones, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.
La auditoría identificó diversas irregularidades en el uso de los recursos destinados a la administración de los establecimientos educacionales bajo la tutela de la USACH, dentro de los que se encuentran el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez y los liceos Experimental Artístico, Industrial de Angol, Industrial de Nueva Imperial y Bicentenario Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda. El objetivo fue verificar la existencia de mecanismos de control y supervisión para la correcta ejecución de los convenios, revisar el proceso de rendición de cuentas de los recursos transferidos y comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para la administración de los respectivos establecimientos educacionales. Entre las principales observaciones está la existencia de pago de asignaciones y bonos sin acreditar su procedencia ($165.802.665), gastos rendidos por actividades no vinculadas al funcionamiento de los liceos ($103.783.058), bienes no habidos ($5.555.932) y la existencia de un trabajador registrado simultáneamente en la dotación de dos establecimientos sin acreditar el cumplimiento efectivo de sus jornadas laborales ($18.863.245). Debido a lo anterior, la CGR formulará un reparo por un total de $327.700.415, conforme a lo dispuesto en la ley N° 10.336, sin perjuicio de otras acciones relacionadas. Asimismo, en los casos que corresponda, la universidad deberá instruir procedimientos disciplinarios. Asimismo, la Contraloría constató que la USACH no dispone de mecanismos formales asociados a conflictos de intereses en la administración de los liceos bajo su supervisión.
En ese contexto, se detectó la contratación de una sociedad vinculada a un funcionario de la institución, así como de personas con vínculos familiares directos, situaciones que no se ajustan al principio de probidad administrativa, debiendo, en tales casos, las autoridades y funcionarios abstenerse de intervenir conforme a lo previsto en la normativa vigente. Por ello, la casa de estudios deberá establecer herramientas de control que aseguren el cumplimiento del deber de abstención, además de instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de estos hechos. La fiscalización también permitió evidenciar que el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez -vinculado a la USACH- imparte la especialidad Técnico-Profesional de Administración desde 2016, sin contar con la autorización de la SEREMI de Educación de la Región Metropolitana, exigida por la normativa vigente.
En consecuencia, la universidad deberá informar las gestiones realizadas para regularizar esta situación. Finalmente, el informe observó que la cantidad de cursos, especialidades formativas y matrícula de diversos establecimientos administrados por la USACH presenta disminuciones respecto de lo establecido en los convenios suscritos con el Ministerio de Educación, sin que existan antecedentes que acrediten la autorización correspondiente. Por ello, la universidad deberá remitir la documentación que respalde las gestiones efectuadas para regularizar esta situación ante la autoridad competente. La USACH deberá implementar medidas correctivas y responder ante las observaciones formuladas por la Contraloría, mientras el organismo fiscalizador continuará verificando el cumplimiento de las acciones comprometidas, de acuerdo con los plazos establecidos para cada caso.
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Entre las irregularidades detectadas están pago de asignaciones y bonos sin acreditar su procedencia y gastos rendidos por actividades no vinculadas al funcionamiento de los liceos.
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