Control preventivo de identidad: cuando la política pública va contra la evidencia

Desde 1998 que en Chile las policías están facultadas para realizar controles de identidad a las personas de las cuales sospechen que cometieron un ilícito, o bien, que van a cometerlo. Pero desde 2016 esas facultades se ampliaron cuando el Congreso aprobó una ley que las autorizó a realizar controles de identidad preventivos. Desde entonces, Carabineros y la PDI pueden controlar a cualquier persona mayor de edad, con o sin sospechas.

En la práctica, eso ha implicado que los controles de identidad se disparen. Si en 2016 se realizaron 1,9 millones fiscalizaciones de este tipo en el país, por parte de Carabineros, en 2020 la cifra llegó a 5,6 millones, según datos recopilados por el Monitor de Seguridad, una iniciativa del centro de pensamiento Chile 21.

Fue justamente un control de identidad preventivo el que aplicó Carabineros a Francisco Martínez, el malabarista de Panguipulli que terminó muerto en la calle luego de que se negara a identificarse ante el sargento Juan González Iturriaga (vea reportaje de CIPER). La ley de 2016 faculta a los carabineros y a los detectives a conducir a un recinto policial a toda persona que no quiera entregar su identificación o que no porte su carné de identidad al momento del control. Fue exactamente lo que pasó en Panguipulli: el malabarista se enfrentó con los carabineros cuando estos quisieron detenerlo.

Luego de la muerte de Martínez, que provocó una ola de protestas nacional en contra de la policía uniformada, han surgido iniciativas políticas para derogar la ley aprobada en 2016. Los expertos nunca han estado de acuerdo con los controles de identidad preventivos. Dicen que no sirven para disminuir los delitos, y que se prestan para abusos y discriminaciones. Hoy las cifras parecen confirmarlo.

CIPER revisó distintas bases de datos y conversó con quienes han estudiado la medida, para entender cómo han operado los controles de identidad preventivos en la práctica.

El diagnóstico es claro: se trata de una facultad utilizada principalmente por Carabineros, cada vez con mayor frecuencia y con peores resultados, pues tiene una baja tasa de eficacia. Su uso es discriminatorio en perjuicio de las comunas con menos ingresos, y se aplica en menores de edad, pese a que la ley lo prohíbe tajantemente. Según datos levantados por «Monitor de Seguridad», solo entre enero y septiembre del año pasado se controlaron 27.684 adolescentes a nivel nacional, algo que contraviene la propia normativa.

La información recopilada por el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, suma más datos: entre abril de 2017 y mayo de 2018 se realizaron más de 70.000 controles de identidad preventivos a menores.

Hasta ahora desde el gobierno defienden a brazo partido la medida.

El Presidente Sebastián Piñera, quien este martes se refirió a la muerte de Francisco Martínez, defendió el control preventivo de identidad como “un instrumento legal, útil y necesario para proteger el orden público y proteger la seguridad ciudadana. En consecuencia, todas las personas tienen que permitir que se practique y no resistirse”.

CADA VEZ MÁS CONTROLES
Mientras los datos muestran que año a año aumentan los controles de identidad realizados en el país, la muerte del malabarista en Panguipulli pareciera haber abierto una ventana para revisar la normativa.

Datos sistematizados por el Monitor de Seguridad muestran que los controles de identidad preventivos que se aplican en las calles son más numerosos que los llamados controles investigativos, que se realizan cuando hay indicios de que alguien cometió un delito, o se dispone a cometerlo. Durante el segundo semestre de 2017 los controles preventivos en todo el país fueron 2,4 millones, versus 302 mil investigativos.

En 2018 la diferencia aumentó: 4,8 millones versus 423 mil. En 2019: 5 millones de controles preventivos contra 312 mil investigativos.

Desde 2016, cuando se aprobaron los controles preventivos durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, los controles de identidad totales se dispararon en el país.

Según los datos recopilados por el Monitor de Seguridad, la Región Metropolitana es la que concentra la mayor cantidad de controles de identidad en el país, con 2,6 millones solo durante 2020.

La cifra más alarmante que surge de la revisión de los datos disponibles es la cantidad de menores de edad que han sido sometidos a un control preventivo de identidad. Se trata de algo prohibido taxativamente en el artículo 12 de la ley que dio origen y regula esta herramienta. Allí se señala claramente que un efectivo policial no puede realizar este tipo de controles a menores de 18 años. Indica, incluso, que si existe la duda respecto a la edad del sujeto, el fiscalizador debe asumir que no cumple con el mínimo legal y no debe realizarle el control.

Los datos más recientes al respecto son los de «Monitor de Seguridad», que indican que entre enero y septiembre de 2020 se realizaron 27.684 controles a menores de edad.

El abogado Mauricio Duce apunta que entre 2017 y 2018 un total de 70.317 menores de 18 pero mayores de 14 años pasaron por el control preventivo. De este total, según los datos obtenidos por Duce, el 4,2% eran adolescentes de 14 años, el 12,3% tenía 15 años, el 28,7% tenía 16 años y el 54,8% alcanzaba los 17. Cuando Duce recibió la información y se percató de esta irregularidad, recuerda que la defensa de Carabineros se basó en que “en esos 70 mil casos, no había dudas sobre la edad de la persona a fiscalizar”.

Actualmente el Congreso tramita un proyecto de ley que busca legalizar los controles de identidad preventivos a menores de edad. La Cámara de Diputados ya despachó la iniciativa con los votos a favor de todo el oficialismo más demócratacristianos, regionalistas verdes y radicales. El proyecto está en el Senado a la espera de que lo pongan en tabla.

USO DISCRIMINATORIO Y BAJA EFICACIA
¿Cuáles son las comunas de la Región Metropolitana en las que se realizan más controles de identidad? La respuesta a esta pregunta la tienen los datos recopilados por «Monitor de Seguridad» y revisados por CIPER para este artículo.

Entre enero y septiembre de 2020 se realizaron 2.652.152 controles en la RM. 298.391 de ellos fueron en Santiago, la comuna que registró la mayor cantidad de este tipo de procedimientos. Estación Central, con 257.599, y Puente Alto con 108.599, cierran el podio.

En este contexto, el proyecto de Chile 21 agrega otro dato relevante que evidencia la verdadera eficiencia de esta herramienta: del total de controles preventivos realizados a nivel nacional entre enero y septiembre del año pasado (5.658.094), solo 114.365 derivaron en una detención, es decir, el 2,02% de la muestra total.

Sobre la base de esta información, el cientista político, ex jefe de la División de Seguridad Pública del segundo gobierno de Bachelet y actual director de Monitor de Seguridad, Eduardo Vergara, afirma que “el control preventivo de identidad se transformó en una herramienta de control social sobre quienes menos tienen. Por una decisión política este no sólo no se ha evaluado, a sabiendas que resultados serán adversos, sino que además se ha profundizado en los territorios donde siempre el abuso y el castigo ha sido desproporcionado”.

El abogado Mauricio Duce explica que si bien este indicador es relevante, no puede tomarse como un elemento definitivo para analizar si existe discriminación al momento que Carabineros o la PDI realiza los controles de identidad. ¿La razón?: “Si tú ocupas solo el lugar donde se realizó el control puedes meter mucha dispersión, porque puede que en Las Condes hagan el mismo número de controles que en La Pintana, pero puede ser porque en Las Condes le hacen control a todos los que, de alguna u otra forma, se parecen más a los habitantes de La Pintana, por poner un ejemplo”.

Para tener más certeza al respecto, Duce indica que sería conveniente contar con información como la comuna del domicilio en que reside una persona controlada, y no solo en dónde se le tomó el control. Datos de clasificación que son posibles de encontrar en las bases de datos de la policía del Reino Unido, dice Duce, pero que no están consideradas en la de Carabineros.

En el papertitulado«Controles de identidad realizados por Carabineros: una aproximación empírica y evaluativa sobre su uso en Chile», que Duce trabajó junto con el académico de la Universidad Diego Portales Ricardo Lillo, se considera la “tasa de eficacia global” para analizar un potencial sesgo discriminatorio. Este elemento, que corresponde al número de personas que fueron detenidas o que tenían una orden de detención vigente, sobre el total de personas sometidas a un control preventivo de identidad, arroja que entre 2017 y 2018 apenas el 3,52% de los controles preventivos concluyó con la detención del sujeto fiscalizado. Una detención por cada 30 procedimientos.

Siempre sobre la base de datos de Carabineros, que entregó información correspondiente a 2017 y 2018, esa tasa de eficacia también fue aplicada a distintas categorías. Por ejemplo, apenas el 1,76% de extranjeros fueron detenidos tras un control preventivo de identidad. En el caso de las personas con nacionalidad chilena, esa tasa se eleva a 3,87%. Cuando se mide la tasa de efectividad en hombres y mujeres, los resultados son 4,01% versus un 3,03%.

Para determinar una posible discriminación socioeconómica en los controles, Duce y Lillo compararon la tasa de efectividad entre el 10% de las comunas con mayores ingresos y el 10% de las comunas con menores ingresos. Este ejercicio arrojó una tasa de efectividad de 4,13% y 3,18%, respectivamente. Cruzando esta información con los datos expuestos por «Monitor de Seguridad anteriormente, se puede concluir que en las comunas más pobres se controla más pero se detiene menos que en aquellas con más recursos.

Los académicos aplicaron el mismo método de estudio con el 20% y 30% de las comunas más y menos acaudaladas. El resultado, nuevamente, arrojó discriminación estadística en contra de las comunas con menos ingresos.

Para minimizar el riesgo de que esta información se basara en controles de identidad tomados en comunas distintas a la que reside cada persona fiscalizada, Duce y Lillo también filtraron los datos por bloque horario. Con la premisa de que los controles realizados durante la noche se realizan a personas que están cerca de sus domicilios.

El análisis indicó que casi el 30% de los controles de identidad preventivos se realizan entre la medianoche y las 7:59. En ese bloque horario la diferencia se agudizaba aún más entre el 10% y el 20% de las comunas más pobres versus las con más recursos.

Quienes han estudiado las cifras de los controles preventivos advierten que la falta de información es otro obstáculo a la hora de evaluar la medida. El Ministerio del Interior está obligado a publicar estadísticas trimestrales sobre los controles de identidad preventivos que ejecutan las policías, pero los datos disponibles en su página web son insuficientes para analizar su aplicación (vea aquí el registro más reciente, correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2019).

Cuando se solicita más información, las policías se niegan a entregarla. Fue lo que le sucedió a Mauricio Duce, abogado de la Universidad Diego Portales y director de Espacio Público. Más de un año se demoró en conseguir la información detallada de los controles practicados por Carabineros, quienes defendieron ante la Justicia su negativa. Tuvo que ser la Corte Suprema la que zanjara el conflicto, dando luz verde para la entrega de los datos.

Fuente: https://www.ciperchile.cl/2021/02/0...o-la-politica-publica-va-contra-la-evidencia/