El Juzgado de Garantía fijó para el 21 de agosto la audiencia para discutir la decisión del Ministerio Público de no perseverar.
La Fiscalía Regional de Antofagasta decidió cerrar y no perseverar en la investigación de la arista del Caso Convenios que involucraba a Miguel Crispi, Giorgio Jackson y Javiera Martínez, argumentando falta de antecedentes para poder formalizar cargos en contra de dichos rostros del Frente Amplio. Fue el fiscal Cristian Aguilar que presentó una solicitud al Juzgado de Garantía de Antofagasta, el 7 de julio del 2026. El texto informa "al tribunal que con esta fecha se ha cerrado esta investigación y en solicitar se fije audiencia en fecha próxima, a objeto de comunicar la decisión de no perseverar por no a ver reunidos antecedentes suficientes para formalizar la investigación respeto de los imputados Javiera Martínez Fariña, Miguel Crispi Serrano y Kenneth Giorgio Jackson Drago, individualizados en carpeta judicial, y consecuencialmente formular acusación en su contra".
Tras la solicitud, el 9 de julio el Juzgado de Garantía fijó para el 21 de agosto la audiencia para discutir la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación, citando a los intervinientes. Con esto, se cierra el capítulo del Caso Convenios que involucraba a tres de las figuras ancla del frenteamplismo y, específicamente del gobierno del expresidente Gabriel Boric, por cuanto Jackson estuvo a cargo de los ministerios de Secretaría General de la Presidencia y de Desarrollo Social; Crispi fue subsecretaria de la Subdere y luego jefe de asesores, y Martínez estuvo a cargo de la Dipres. La Fiscalía declinó emitir comentarios al respecto. La génesis de esta indagatoria se remonta a la ampliación de una querella interpuesta por los diputados republicanos Araya e Irarrázaval, quienes denunciaron presuntas gestiones administrativas destinadas a facilitar la disposición de recursos públicos hacia fundaciones. La acción legal buscaba establecer si las entonces autoridades habían incurrido en omisión de denuncia o en una falta de control sobre los millonarios traspasos de fondos estatales hacia las cuestionadas organizaciones.
Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacio...an-investigacion-jackson-crispi-martinez.html
La Fiscalía Regional de Antofagasta decidió cerrar y no perseverar en la investigación de la arista del Caso Convenios que involucraba a Miguel Crispi, Giorgio Jackson y Javiera Martínez, argumentando falta de antecedentes para poder formalizar cargos en contra de dichos rostros del Frente Amplio. Fue el fiscal Cristian Aguilar que presentó una solicitud al Juzgado de Garantía de Antofagasta, el 7 de julio del 2026. El texto informa "al tribunal que con esta fecha se ha cerrado esta investigación y en solicitar se fije audiencia en fecha próxima, a objeto de comunicar la decisión de no perseverar por no a ver reunidos antecedentes suficientes para formalizar la investigación respeto de los imputados Javiera Martínez Fariña, Miguel Crispi Serrano y Kenneth Giorgio Jackson Drago, individualizados en carpeta judicial, y consecuencialmente formular acusación en su contra".
Tras la solicitud, el 9 de julio el Juzgado de Garantía fijó para el 21 de agosto la audiencia para discutir la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación, citando a los intervinientes. Con esto, se cierra el capítulo del Caso Convenios que involucraba a tres de las figuras ancla del frenteamplismo y, específicamente del gobierno del expresidente Gabriel Boric, por cuanto Jackson estuvo a cargo de los ministerios de Secretaría General de la Presidencia y de Desarrollo Social; Crispi fue subsecretaria de la Subdere y luego jefe de asesores, y Martínez estuvo a cargo de la Dipres. La Fiscalía declinó emitir comentarios al respecto. La génesis de esta indagatoria se remonta a la ampliación de una querella interpuesta por los diputados republicanos Araya e Irarrázaval, quienes denunciaron presuntas gestiones administrativas destinadas a facilitar la disposición de recursos públicos hacia fundaciones. La acción legal buscaba establecer si las entonces autoridades habían incurrido en omisión de denuncia o en una falta de control sobre los millonarios traspasos de fondos estatales hacia las cuestionadas organizaciones.
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