El entierro del caso SQM III: La caída de Peñailillo y el frustrado proyecto de amnistía encubierta

La querella de Impuestos Internos contra 172 contribuyentes por boletas falsas emitidas a SQM desnudó en abril de 2015 la profundidad del financiamiento político ilegal. Soterradamente, en el gobierno se había preparado un proyecto de ley que de manera encubierta consagraba la amnistía para los que entregaron y recibieron dinero negro. Alertada de las implicancias de esa reforma, Bachelet desistió de firmarla y selló el destino de su principal colaborador, el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo. CIPER reveló las presiones de Interior sobre el SII para frenar la investigación. Días después, Peñailillo abandonó el gabinete. Vino entonces lo que la Moneda siempre temió: la investigación demostró que las campañas de Frei (2009) y Bachelet (2013) también estaban contaminadas con aportes ilícitos.

Por Gabriela Pizarro y Pedro Ramírez

Vea las entregas anteriores: El entierro del Caso SQM I: así se fraguó la impunidad para el financiamiento político ilegal y El entierro del Caso SQM II: Gajardo y Chahuán resisten la presión de La Moneda

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El 2 de abril de 2015 fue el día en que el Caso SQM se convirtió en un aluvión que arrastró a prácticamente todo el espectro político. Temprano el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una denuncia en la que pidió investigar a 172 contribuyentes sospechosos de haber hecho boletas falsas para la minera. Al final de esa misma jornada, CIPER publicó tres extensos reportajes en los que informó que en la nómina entregada por el SII había al menos 74 personas vinculadas a partidos de derecha y 11 a colectividades oficialistas (incluyendo un funcionario de La Moneda), además de 24 empresas relacionadas con personeros de la UDI y la DC.

La opinión pública recién comenzaba a calibrar el peso de la investigación desplegada por la Fiscalía a partir de la contabilidad de la minera controlada por Julio Ponce Lerou, el ex yerno del dictador Augusto Pinochet.

Los medios de comunicación se convirtieron en esta etapa en un actor clave. A medida que la investigación de los fiscales avanzaba, una cascada de reportajes fue develando cómo los tentáculos de SQM alcanzaban a casi todo el espectro político: desde la UDI hasta el PS (vea el reportaje de CIPER “Platas negras de SQM: el pulpo que puso sus tentáculos en todos los sectores políticos”).


Giorgio Martelli

También se hicieron evidentes las presiones desde distintos frentes sobre el SII para que abandonara la persecución penal y se conformara con cobrar multas, sin indagar en el financiamiento político que se había facilitado a través de boletas falsas. Algunos abogados advirtieron en esta artimaña un símil del artilugio que se usó durante décadas para consagrar la impunidad para los crímenes cometidos en dictadura: aplicar la prescripción y/o Ley de Amnistía sin investigar a los victimarios ni establecer cómo y cuándo se secuestró y se hizo desaparecer a la víctima.

El golpe que La Moneda había intentado evitar desde febrero (ver el capítulo anterior de esta serie) tomó cuerpo: entre los investigados surgió la empresa Asesorías y Negocios (AyN) y su controlador, Giorgio Martelli, quien había sido pieza clave en la estructura de administración de los fondos recaudados para las campañas presidenciales de Eduardo Frei (2009) y Michelle Bachelet (2013). Faltaba por saber el dato más importante: quiénes habían sido los recaudadores.

En medio del vértigo noticioso de ese mes de abril de 2015, The Clinic informó que el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), quien había operado frenéticamente en los últimos meses para parar la indagatoria sobre SQM, también había hecho boletas para la empresa de Martelli. Los documentos fueron pagados con recursos provenientes de SQM. Los pagos se hicieron en 2012, cuando Peñailillo era una de las cabezas de la precampaña presidencial de Bachelet.

Esa fue la primera hebra que llevó a la Fiscalía hasta el corazón de la campaña de la presidenta. Más tarde, la investigación acreditaría que SQM entregó $338 millones para financiar la precampaña de Bachelet a través de Asesorías y Negocios, la empresa de Martelli. La misma sociedad recibió otros $218 millones de compañías del Grupo Angelini, a través de la gestión de Jorge Rosenblut (PPD), quien en ese momento era presidente de Enersis después de haber sido uno de los más importantes funcionarios de los gobiernos de la Concertación.


Cristián Vargas

Días antes, La Tercera había publicado que el director del SII, Michel Jorratt, también hizo boletas a Asesorías y Negocios en la época de la precampaña. A través de ellas, a Jorratt le pagaron el estudio sobre el FUT, pieza clave de la Reforma Tributaria del segundo gobierno de Bachelet. La presidenta ratificó a Jorratt en el cargo y el director del SII decidió inhabilitarse para resolver sobre la empresa de Martelli.

Pero ya era tarde para ese gesto de Jorratt. La crisis provocada por las presiones de La Moneda y de otros actores relevantes había producido un quiebre en la cúpula del SII y tocó fondo durante la primera semana de mayo de 2015. La tensión entre Jorratt y el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, quien pugnaba por seguir adelante con las investigaciones y querellas, se tornó insostenible.

Haciendo frente a todas las presiones, el subdirectorVargas había decidido presentar el jueves 7 de mayo una querella contra Giorgio Martelli por los aportes irregulares que hizo SQM a la campaña presidencial de Frei en 2009 –lo que abriría la puerta para investigar los recursos provistos para la campaña de Bachelet–, y otra contra el histórico senador de la UDI, Jovino Novoa, imputado en el Caso Penta. A pesar del empeño de Vargas, la historia sería otra.

LA UDI SE SUMA A LAS PRESIONES
El lunes de esa primera semana de mayo llegó al despacho de Jorratt el senador Juan Antonio Coloma (UDI), quien había pedido audiencia para discutir sobre el proyecto de modernización del SII. En las declaraciones que posteriormente hizo Jorratt ante la Fiscalía, recordó que una vez que el senador se sentó frente a él le reveló el real propósito de su visita: si se querellaban contra Novoa, la UDI iba a contraatacar, aunque no detalló cómo.

Las presiones desde distintas instancias políticas e institucionales se multiplicaron, dando cuenta del extendido y profundo alcance e influencia de los controladores de SQM. El plan puesto en marcha en La Moneda meses antes por Peñailillo buscaba evitar a toda costa que esas redes quedaran expuestas. Y fue allí donde se produjo la sincronía entre los intereses del oficialismo, el gobierno y la oposición: dejar en evidencia la extensa maraña de financiamiento ilegal aportado por SQM, no solo afectaría al gobierno, sino también al Congreso, por los dineros que recibieron varios parlamentarios de distintas tiendas. Era una crisis institucional que podía alcanzar niveles catastróficos.


Jovino Novoa

Ya figuraban como receptoras de fondos de SQM –investigadas por la Fiscalía y denunciadas por el SII– personas y sociedades relacionadas con los senadores Jorge Pizarro (DC), Jovino Novoa (UDI), Fulvio Rossi (PS) y Andrés Allamand (RN), el diputado Roberto León (DC), el ex alcalde Pablo Zalaquett (UDI) y el entonces embajador en Paraguay Alejandro Bahamondes (ex vicepresidente del PPD). También había aparecido una sociedad de Cristián Warner, hombre de confianza del ex presidenciable Marco Enríquez Ominami.

Entre las boletas de SQM que se seguían acumulando y los coletazos del Caso CAVAL, el barro comenzaba a colarse por la puerta de palacio.

En la noche del miércoles 6 de mayo, cuando la opinión pública ya había conocido las boletas que el ministro Peñailillo emitió para la empresa de Giorgio Martelli, la presidenta Michelle Bachelet apareció en la televisión en horario prime como invitada de Don Francisco en “Qué le pasa a Chile” (Canal 13). Con la voz quebrada, le comunicó al animador –y al país– que le acababa de pedir la renuncia a todo su gabinete y que se tomaría unos días para decidir quién se quedaba y quién se iba.

Al día siguiente, en las oficinas del SII, el subdirector Vargas le dio un ultimátum a Jorratt: si no lo autorizaba a ingresar ese mismo día las querellas contra Martelli y Novoa, la facultad de presentar acciones judiciales en nombre de Impuestos Internos recaería exclusivamente en el director y ya no en el subdirector jurídico. Así, la responsabilidad por una eventual dilación –que Vargas consideraba innecesaria y solo el fruto de presiones políticas– radicaría únicamente en Jorratt. A pesar de que se había inhabilitado respecto de Martelli, Jorratt le quitó la facultad a Vargas y aplazó las acciones legales.


Alberto Arenas

Un día después, el viernes 8 de mayo, CIPER publicó un reportaje donde detalló las presiones de Interior y Hacienda sobre el SII y cómo ello provocó el quiebre en su dirección.

Apenas tres días después de la publicación de CIPER, el lunes 11 de mayo, Bachelet comunicó su decisión de sacar del gabinete a Rodrigo Peñailillo y también al titular del Ministerio de Hacienda, Alberto Arenas. “Del lugar que yo provengo, sé de la lealtad y el esfuerzo”, dijo Peñailillo frente a las cámaras tras el cambio de gabinete.

Ese mismo día, el Octavo Juzgado de Garantía recibió la querella contra Martelli y Novoa bajo la firma de Jorratt. A la semana siguiente el director del SII fue despedido por el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés (PPD).

AMNISTÍA ENCUBIERTA
Un mes después del cambio de gabinete, el 10 de junio de 2015, CIPER reveló la existencia de un proyecto de ley que quedó listo para la firma de la presidenta Bachelet, pero que la mandataria desestimó a último minuto. Había sido alertada de que contenía una “amnistía encubierta” para quienes habían entregado y recibido financiamiento ilegal a través de boletas y facturas falsas.

Originalmente, el proyecto sería anunciado el 28 de abril de 2015 junto con la batería de iniciativas que surgieron de la comisión anticorrupción que encabezó Eduardo Engel, creada tras la irrupción del Caso Penta en 2014. Pero nunca vio la luz.

Preparado bajo estricta reserva por un grupo coordinado desde el Ministerio del Interior, cuando aún lo encabezaba Rodrigo Peñailillo, el proyecto contaba con el respaldo de dirigentes de la UDI. En la tarea también participaron asesores del Ministerio de Justicia, cuando era dirigido por José Antonio Gómez (PRSD). Consultado por CIPER, Gómez dijo que la misión le fue encomendada por Interior y por la Secretaría General de la Presidencia, entonces bajo el mando de Ximena Rincón (DC).

La iniciativa legal se presentaba como una fórmula para endurecer las penas de los delitos de corrupción que involucraran a empresas privadas y políticos. Pero era una manzana envenenada: uno de sus artículos facilitaba la amnistía para todos los que ya habían emitido boletas o facturas falsas a cambio de dinero ilegal para financiar actividades políticas, y también para quienes hicieron esos aportes ilícitos.


Ximena Rincón

El proyecto introducía en el Código Penal una reforma que tipificaba como delito “otorgar documentos tributarios falsos, es decir, aquellos emitidos por quien no realizó un servicio o no entregó el producto a que hace referencia el documento, así como también se castiga el contribuyente receptor”. Así, la emisión de boletas falsas dejaba de ser solo un ilícito tributario y se facilitaba su persecución en la justicia penal.

En los hechos, al introducir en el Código Penal un nuevo delito que no estaba tipificado, implícitamente se establecía que todos aquellos que emitieron o pagaron boletas falsas antes de la vigencia de la nueva ley, no podían ser juzgados por ese mismo delito. En la práctica, era una amnistía.

CIPER pudo acreditar que al menos dos personas advirtieron a la presidenta Bachelet sobre lo que realmente se pretendía gestar con esta reforma. Uno de ellos fue el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien, frente a las consultas de CIPER, respondió: “Dado el cúmulo de antecedentes que me entrega, no lo puedo desmentir, pero por secreto profesional no le puedo dar más detalles. Gracias”.

Lo grave es que hasta hoy no ha vuelto a discutirse la urgencia de que sea tipificado como delito el financiamiento ilegal de la política a través de boletas falsas. Sigue siendo una simple falta tributaria, la que tiene una sanción mínima.

NUEVAS CABEZAS EN EL SII Y LA FISCALÍA
Tras la salida de Jorratt, el SII quedó bajo una administración interina que durante dos meses no realizó ningún movimiento en el Caso SQM. La ley reserva a Impuestos Internos la exclusividad para presentar querellas o denuncias por ilícitos tributarios, por lo que la inacción del servicio se fue convirtiendo en el principal escollo para la investigación que ahora dirigía el propio fiscal nacional Sabas Chahuán.

Aunque el Ministerio Público avanzaba y conseguía nuevas piezas para completar el puzzle del financiamiento político ilegal, sin querellas del SII no tenía cancha para profundizar las pesquisas. Así, el Caso SQM comenzó lentamente a ser estrangulado.


Fernando Barraza

En los dos meses en que el SII operó acéfalo, el equipo de persecutores encabezado por Chahuán sumó en los tribunales nuevos acusados. Pero la situación se volvió crítica el 27 de julio de 2015, cuando la jueza del Octavo Juzgado de Garantía, Ema Tapia, anuló la audiencia de formalización contra Claudio Eguiluz, ex vicepresidente de RN y miembro del Consejo Regional del Bío Bío. Fue un traspié para la Fiscalía, porque la defensa de Eguiluz argumentó que no había querella nominal del SII en su contra.

El conflicto llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que resolvió en septiembre: la querella del SII permitía investigar a Eguiluz –y a muchos otros–, aun cuando no lo individualizara como autor del delito, ya que en su escrito la acusación se hacía extensiva “contra todas las demás personas que resulten responsables”.

Fue un importante triunfo para la Fiscalía, del que tomaron nota La Moneda y todos los actores interesados en terminar con el juicio. Lo que vino después lo evidenció.A partir de ahí, en las querellas del SII se eliminó la frase “contra todas las demás personas…”. En su lugar, a través de un “téngase presente” especialmente anexado, fueron dirigidas “única y exclusivamente en contra de las personas singularizadas de manera expresa y nominativa”.

Esa fórmula fue puesta en ejecución por la nueva dirección del SII, nombrada en agosto por Bachelet: Fernando Barraza (director) y Bernardo Lara (subdirector). A través de las acciones –y silencios– de las debutantes autoridades de Impuestos Internos, el gobierno rayó la nueva cancha donde se enfrentaría con la Fiscalía.

En octubre de 2015, cuando el periodo del fiscal nacional Sabas Chahuán llegaba a su fin, la elección de su sucesor se transformó en el escenario perfecto donde confluyeron todos los actores interesados en terminar con las investigaciones del financiamiento ilegal de la política. La Corte Suprema debía definir cinco nombres, de los que la Presidenta Bachelet debía ungir a uno, el que sería ratificado por los senadores, muchos de ellos con especial interés en sepultar la investigación de la Fiscalía.

El ungido como nuevo fiscal nacional fue Jorge Abbott. Previo a la elección, en su discurso ante el Senado, el abogado instaló tres ideas: la imposibilidad de que el Ministerio Público investigue sin una querella del SII, su preocupación por las filtraciones a la prensa y la importancia del factor “prudencia” en los fiscales, lo que se escuchó como un soterrado mensaje al fiscal Carlos Gajardo. Abbott consiguió los votos.


Pablo Gómez

El hecho relevante es que la instalación del nuevo fiscal nacional significó un reordenamiento del equipo de fiscales. Esta vez, Gajardo quedó definitivamente fuera del Caso SQM, dedicado a los últimos amarres del Caso Penta junto al fiscal Pablo Norambuena, ahora bajo las órdenes del fiscal regional Manuel Guerra.

El Caso SQM fue asignado por Abbott a Pablo Gómez, jefe regional de la Fiscalía de Valparaíso.

El año 2015 cerró con la primera condena de un político por financiamiento ilegal: el ex senador Jovino Novoa (UDI). El histórico líder gremialista recibió una pena remitida de 3 años y un día, además de una multa de casi $10 millones, en el Caso Penta. Novoa reconoció que había recibido recursos de Penta con los que montó un call center durante la campaña de Pablo Longueira en las primarias presidenciales de la derecha. También admitió que evitó el pago de impuestos de su sociedad Inversiones y Mandatos a través de boletas falsas por trabajos que nunca se prestaron. Su confesión contrastó con las primeras declaraciones que hizo, en septiembre de 2014, cuando CIPER reveló su participación en el mecanismo que usó la UDI para recibir dinero ilegal desde Penta: “La publicación de CIPER en lo que se refiere a mi persona, es absolutamente falsa. No existe ni ha existido un sistema de financiamiento ilegal para la UDI. Yo jamás he participado en ningún financiamiento que no esté de acuerdo a la ley de financiamiento de los partidos y jamás he actuado en forma ilegal en mi vida”.

LA PRISA DE ABBOTT
A pesar del infarto que sufrió Jorge Abbott el primer día de 2016, su llegada a la cabeza del Ministerio Público fue avasalladora. En enero, su subrogante, el fiscal Andrés Montes, lo representó en las gestiones para tramitar una norma que castigara con fuerza las filtraciones desde las fiscalías a la prensa, bautizada como “Ley Mordaza”. A pesar de la aprobación inicial del Senado, la iniciativa no prosperó.

En el Senado, el artículo que sancionaba las filtraciones, se aprobó por 29 votos a favor y solo tres abstenciones. Entre los senadores que lo aprobaron hubo varios que estaban relacionados con personas y empresas que en ese mismo momento eran indagadas por haber recibido pagos sospechosos desde el Grupo Penta, SQM y el Grupo Angelini, entre otras compañías: Alberto Espina (RN), Felipe Harboe (PPD), Iván Moreira (UDI), Jorge Pizarro (DC), Fulvio Rossi (ex PS) y Patricio Walker (DC).


Pablo Longueira

En la Cámara el artículo se rechazó con 86 votos en contra y 27 abstenciones. Entre quienes se abstuvieron hubo también diputados cuyo entorno era investigado por la Fiscalía: Felipe de Mussy, Jorge Ulloa (ahora intendente de Bío Bío) y Felipe Ward (actual ministro de Bienes Nacionales), todos de la UDI.

En febrero de 2016, el fiscal Pablo Gómez, responsable de la investigación a SQM, adelantó que nadie iría a la cárcel por los ilícitos tributarios. Lo que no quedaba claro era si pasaría lo mismo con los delitos de cohecho y soborno que se investigaban en la misma causa SQM. El episodio que dio origen a esta acusación fue revelado en marzo de 2016 en un reportaje de CIPER que detalló un capítulo que no se conocía de la estrecha relación entre el gerente general de SQM, Patricio Contesse, y Pablo Longueira, líder de la UDI.

Cuando Longueira era senador y en plena tramitación del nuevo royalty minero, desde SQM le enviaron la redacción de un artículo sobre el impuesto a la minería que le aseguraba a la empresa beneficios tributarios con un potencial millonario. El escrito se replicó de manera casi textual en la ley y sería el propio Longueira quien firmaría los contratos que sellaron esos beneficios, tras asumir como ministro de Economía del primer gobierno de Piñera.

La otra parte de la historia son los más de $700 millones entregados por SQM a Longueira a través de una red de boleteros, según determinó el estudio de la consultora estadounidense Shearman & Sterling encargado por la propia minera.

Cuando los fiscales pudieron, después de meses de espera, obtener desde Estados Unidos una copia íntegra del informe de la consultora Shearman & Sterling, constataron que era efectiva su primera apreciación de que a la contabilidad que ellos le habían incautado a SQM le faltaban piezas. El informe de la consultora estadounidense tenía más información de pagos a personas y sociedades relacionadas con políticos.


Carlos Ominami

El 1 de marzo de 2016 el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió hacer un emplazamiento a Impuestos Internos a través de la prensa: si el SII no presenta querellas –dijo– habrá que terminar las causas. La respuesta del director del SII, Fernando Barraza, no tardó: “Nuestro trabajo no es presentar querellas”, dijo, abriendo la puerta a la impunidad que vendría.

A fines de marzo de 2016, la inmovilidad del SII fue factor clave para liberar de toda culpa al primer político: el ex senador socialista, Carlos Ominami. El Ministerio Público lo acusaba de haber facilitado boletas falsas de otras personas para allegar dineros de SQM a su campaña. Pero la querella del SII se presentó más de cinco años después del último delito. Ya todo estaba prescrito. Aunque la Fiscalía llegó hasta la Corte Suprema, el sobreseimiento fue definitivo. El nombre de Ominami sería el primero de muchos que lograrían salir del caso con un borrón y cuenta nueva.

Próxima entrega: Longueira y el cohecho por el Royalty Minero, el masivo proceso desde el SII para terminar con las causas por la vía administrativa y la cascada de procesos suspendidos por la Fiscalía.

http://ciperchile.cl/2018/04/25/el-...el-frustrado-proyecto-de-amnistia-encubierta/