El Fisco ha ya gastado más de $ 79 mil millones por casos de DDHH

La polémica por la ofensiva de cinco países -Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay y Chile, todos miembros de Prosur- que se materializó el jueves 11 en una carta.






La polémica por la ofensiva de cinco países -Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay y Chile, todos miembros de Prosur- que se materializó el jueves 11 en una carta que critica los procedimientos de los organismos regionales de derechos humanos y defienden la autonomía y soberanía de los Estados para definir la forma en que se resguardan los derechos esenciales en sus territorios tomó por sorpresa a sus emisarios, ya que, según reconocieron fuentes del gobierno, esperaban que la misiva se mantuviera en reserva.

La canciller (S), Carolina Valdivia, aseguró que el tema se venía discutiendo hace algunos meses y que varios países habían manifestado su preocupación por las condenas de reparación económica a las que eran sometidos los Estados.

Este es uno de los temas que inquietan al gobierno de Chile. El 29 de mayo vence el plazo de seis meses que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno dé a conocer y ejecute la sentencia que dictó el tribunal el 28 de noviembre de 2018 en el caso Órdenes Guerra y otros versus Chile.


El fallo obliga al Estado chileno a pagar una compensación civil de US$ 180 mil a cada uno de los 28 familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de 1973 y 1974. Además, ordena al Estado a modificar su legislación interna a fin de eliminar la prescripción en casos similares.

Hasta inicios del año pasado, según cifras del CDE, se habían presentado 939 demandas civiles, de las cuales 538 ya estaban terminadas y otras 401 seguían en tramitación. El Fisco, por conceptos de estas indemnizaciones, ya ha cancelado más de $ 79 mil millones.

Pese a lo anterior, la sentencia de la Corte Interamericana podría generar una nueva ola de demandas civiles contra el Estado. Chile reconoce el carácter de víctimas de torturas a 38 mil personas.

https://www.latercera.com/reportaje...cana-que-preocupa-al-gobierno-chileno/632111/

 

Se avecina nuevo round entre la CIDH y el gobierno: Esta vez por situación de migrantes


Un nuevo capítulo se sumará a la tensión instalada entre gobierno de Sebastián Piñera y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a partir de que el Estado chileno firmara una carta con cuatro países cuestionando su labor. El 8 de mayo próximo, en el marco de su 172 periodo de sesiones en Jamaica, la CIDH recibirá en audiencia pública a un decena de organizaciones ciudadanas que irán a cuestionar públicamente la política de migración del gobierno de Piñera.

La audiencia, denominada “Situación de las personas migrantes”, incluye la presencia de representantes de Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado; del Movimiento de Acción Migrante (MAM); del Observatorio Ciudadano; del Servicio Jesuita a Migrantes; también de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales; así como de la Corporación Migr-Acción; Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile y ONG Migramigos.

Los pronósticos anticipan una jornada tensa con el gobierno chileno. Alertado de que esa sesión estará dedicada a Chile, el Ejecutivo definió enviar una delegación tripartita al evento. Estos son, Mijail Bonito por el Ministerio de Interior; el embajador en la OEA, Hernán Salinas, además de un representante del Ministerio de Justicia.

Qué se va denunciar?

La temática de esta sesión dedicada a Chile surge luego de que la Universidad Alberto Hurtado pidió en noviembre pasado una audiencia ante la CIDH. En su representación va la abogada Macarena Rodríguez y el objeto de la esta es dar a conocer “graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas migrantes que hoy se cometen en Chile”.

Entre los hechos enumerados por la Clínica Jurídica de la UAH, se sindica “las órdenes de expulsión del territorio nacional donde no se respetan las garantías mínimas de debido proceso”.

El organismo también mostrará antecedentes de ejecución de órdenes de expulsión en condiciones que califican como “humillantes, sin respeto a la dignidad de las personas y sin la posibilidad de ejercer su derecho a interponer un recurso judicial para su revisión”. Se señala, además, que no existe un adecuado tratamiento en la frontera sobre la situación de las personas venezolanas y el incumplimiento de las obligaciones estatales en materia de refugio.

Asimismo, se denunciará insuficiencias en el proyecto de Ley de Migración que actualmente se discute en el Congreso.

Para afirmar sus acusaciones, los denunciantes respaldarán con documentación los hechos, así como además copias de falllos de justicia.




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