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Saben algo ???

Programa de Generación de Empleo (PGE): El 7 de diciembre de 2005 el alcalde de Quillota, Luis Mella (DC), denuncia que la candidatura a diputado PS Marco Enríquez-Ominami (PS) utilizó fondos públicos para financiar parte de su campaña, comprar votantes y cometer cohecho. El dinero, unos $3 millones, habría sido de 55 documentos bancarios respaldados por el Estado y originalmente destinados a un plan de generación de empleos para trabajadores de Quillota, que iban a recibir $50 mil por desmalezar el cerro Macaya.

El Fiscal Jefe de Quillota, Pablo Bravo, formalizó cargos contra 4 personas: los contratistas Giovanni Malatesta y Hernán Meza; el activista político Luis Fernández Sarmiento, y el ex Seremi de Trabajo en la V Región, José Manuel Mancilla, todos por fraude al fisco. En abril, el Ministerio Público acreditó que estos recursos estatales fueron utilizados para el pago de activistas políticos. En la querella se agregó al presidente regional del PS, Edgardo Lepe, al concejal de Rinconada de Los Andes, Ricardo Romero León, y el ex funcionario de la Intendencia Jaime Quiroz Moscoso.

Recientemente, el fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbott Charme, en el proceso conocido como "empleos brujos", formalizó por el delito de fraude al fisco a Edgardo Lepe ex presidente del PS regional, ex jefe de gabinete del senador Carlos Ominami y jefe de campaña de su hijo Marco Enríquez-Ominami.

Abbott pidió seis meses más para investigar. De acuerdo a las indagaciones que lleva con el fiscal jefe de Quillota, Pablo Bravo, se estableció un traspaso ilegal de fondos a las campaña "presidencial y parlamentaria 2005". "Entre los meses de octubre y diciembre de 2005, José Manuel Mancilla López (ex seremi del Trabajo) y Jaime Quiroz, ambos funcionarios públicos, se concertaron con Edgardo Lepe (ex jefe de gabinete y jefe de campaña de Enríquez-Ominami) a fin de usar dineros destinados a financiar programas de inversión en la comunidad para fines de campaña política".

En la audiencia de formalización de cargos contra varios de los supuestos involucrados en desvíos de fondos en la V Región, el Ministerio Público señaló $4400 millones, como cifra preliminar del perjuicio fiscal en la zona.

El 27 de febrero de 2006, el Ministerio Público formalizó cargos, también por fraude al Fisco, contra Mancilla y Malatesta y otras cinco personas por falsificación de facturas, el pago indebido a una persona que trabajó en la Intendencia y adulteración de documentos. Se investiga el uso de unos $70 millones de pesos.

Durante el proceso, el diputado Enríquez-Ominami se querelló por injurias contra el alcalde Mella.

En 2006 continúan saliendo a la luz antecedentes de uso indebido de los PGE en distintas localidades del país. El Ministerio Público investiga también a los diputados PPD Laura Soto y Rodrigo González.

Recientemente la comisión investigadora de la Cámara no logró consensuar un informe, pero de acuerdo a lo indicado por su presidente, Francisco Chahuán (RN), tanto el texto de la mayoría concertacionista, como el de minoría propuesto por la Alianza, establecieron el desvío de dineros de los PGE para contratar activistas en campañas parlamentarias.