El Proyecto de Ley 10 de Alberta, Canadá, es una afrenta al estado de derecho

La legislación, que se aprobó apresuradamente en menos de 48 horas, otorga a los ministros del gabinete nuevas facultades para redactar leyes de facto y crear nuevas sanciones sin la aprobación de la asamblea legislativa.

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Como si siguiera el consejo maquiavélico de no dejar nunca que una crisis se desperdicie, el gobierno de Alberta ha ampliado silenciosamente sus propios poderes en virtud de la Public Health Act. Bill 10, que fue aprobado apresuradamente por la asamblea legislativa en menos de 48 horas, otorga a los ministros del gabinete nuevos poderes para redactar leyes de facto y crear nuevas sanciones sin la aprobación de la asamblea legislativa.

Antes de que el proyecto de ley 10 se convirtiera en ley el 2 de abril, la Ley de Salud Pública de Alberta ya otorgaba a los políticos y burócratas el poder de quitar propiedades a los ciudadanos y organizaciones, obligar a los ciudadanos a prestar ayuda, reclutar a personas para ayudar a hacer frente a una emergencia y entrar en cualquier edificio o propiedad sin una orden judicial. El oficial médico jefe ya estaba facultado para poner en cuarentena por la fuerza a cualquier persona enferma o a cualquier persona que cuidara a un familiar enfermo.

Antes del proyecto de ley 10, los ministros del gabinete ya estaban facultados para suspender la aplicación de las leyes provinciales, en su totalidad o en parte, una vez que el gabinete declarara una emergencia de salud pública. Pero ahora, los ministros del gabinete han adquirido la facultad adicional de crear y aplicar nuevas órdenes y sanciones, simplemente por orden ministerial, sin que sean discutidas, examinadas, debatidas o aprobadas por la asamblea legislativa de Alberta.

El proyecto de ley 10 también ha aumentado la pena máxima por desobedecer la Ley de Salud Pública de $2.000 a $100.000 por un primer delito y de $5.000 a $500.000 por un delito posterior.

La única justificación proporcionada por el Ministro de Salud Tyler Shandro para estos nuevos poderes fue “fortalecer nuestra capacidad para proteger la salud y la seguridad de los Albertans”. No se explicó por qué los ministros necesitan el poder de escribir leyes sobre la marcha.

Sin revisión o aprobación de la legislatura, un ministro puede ahora crear una nueva orden que requiere que la gente instale dispositivos de rastreo en sus teléfonos celulares, y que les obligue a registrar sus teléfonos con el gobierno. Sin ningún tipo de supervisión, un ministro puede crear una lista exclusiva de personas a las que se les permite salir o que están legalmente autorizadas a conducir un vehículo, e imponer una multa de $1.000 a quienes salgan o conduzcan “ilegalmente”, porque no están en la lista. El Ministro de Salud podría declarar unilateralmente que todas las personas enfermas deben ser retiradas por la fuerza de sus hogares, como ha sugerido la Organización Mundial de la Salud. Y se podría emitir una orden para la vacunación masiva, sin ninguna discusión o debate en la legislatura.

Los poderes del gabinete para suspender leyes y crear nuevas leyes sin el aporte o la aprobación de la legislatura terminarán finalmente, después de que el gobierno decida que la emergencia de salud pública ha cesado. La Ley de Salud Pública se refiere a un período de 30 días para una emergencia de salud pública, pero nada en la legislación impide que el gabinete declare otra emergencia de salud pública al día siguiente de que expire la primera. En la práctica, el gabinete provincial, siguiendo el consejo del jefe médico, podría mantener una emergencia de salud pública durante meses o incluso años.

Con los tribunales actualmente cerrados, o altamente restringidos al derecho penal y algunos asuntos de derecho de familia, los controles y equilibrios habituales en nuestro sistema de gobierno son limitados o inexistentes. Afortunadamente, la nueva capacidad de los ministros para redactar leyes y crear nuevos delitos excluye la facultad de gravar y gastar, y los delitos recién creados no pueden tener un efecto retroactivo.

Sin embargo, el proyecto de ley 10 sigue siendo una afrenta al estado de derecho, uno de los principios fundamentales de Canadá. “Considerando que Canadá se funda en principios que reconocen la supremacía de Dios y el estado de derecho” son las primeras palabras de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. El estado de derecho significa que se rige por leyes, no por los caprichos de un rey o un ministro del gabinete.

Durante esta pandemia, debemos aceptar restricciones razonables a las libertades de nuestra carta de manera temporal, con límites de tiempo definidos y justificaciones claramente explicadas. Sin embargo, la legislación de Alberta no ofrece ninguna garantía de que las violaciones de nuestros derechos sean sólo temporales, y no se ha proporcionado ninguna justificación específica para el proyecto de ley 10.

Fuente: John Carpay: Alberta’s Bill 10 is an affront to the rule of law

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