La frase no pasó inadvertida. "Mayor costo de despido es... cada persona es un cacho, digamos. Cuando tú ves costo de despido, ¿qué es lo que es? Es costo de contratación", afirmó David Bravo, presidente de la Mesa de Reactivación Laboral, durante la presentación del informe con 22 medidas entregado al gobierno para enfrentar el aumento del desempleo.
Las declaraciones generaron un amplio rechazo por el tono despectivo con que se refirió a quienes viven de su trabajo. Pero, más allá de la polémica, la frase revela con claridad la lógica que subyace a las propuestas impulsadas por la Mesa de Reactivación Laboral: entender las protecciones laborales como un obstáculo para la contratación y presentar la reducción de esos "costos" como una condición para crear empleo.
No se trata simplemente de un problema comunicacional. La expresión de Bravo resume una concepción según la cual los derechos conquistados por los trabajadores aparecen como una carga para las empresas antes que como garantías básicas frente a la precariedad laboral.
David Bravo no es un actor secundario del debate económico. Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor por la Universidad de Chicago, ha encabezado diversas comisiones sobre empleo y pensiones, dirigió durante años el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales y hoy preside la Mesa de Reactivación Laboral convocada por el gobierno de José Antonio Kast. Un economista al servicio de este gobierno de los grandes empresarios.
La afirmación de Bravo también instala una pregunta de fondo: ¿quién carga realmente con los costos de la crisis? Mientras se plantea que los derechos laborales encarecen la contratación y deben revisarse, los principales grupos económicos del país continúan obteniendo cuantiosas ganancias y repartiendo millonarios dividendos entre sus controladores. Solo en 2025, las familias Luksic, Angelini y Matte recibieron en conjunto más de US$860 millones en dividendos provenientes de sus sociedades matrices, según cálculos publicados por La Tercera. En ese reparto, la familia Angelini recibió cerca de US$214 millones a través de AntarChile, mientras que la familia Matte obtuvo alrededor de US$145 millones mediante Minera Valparaíso. A ello se suman las utilidades de los holdings que controlan sectores estratégicos de la economía: Quiñenco, del grupo Luksic, volvió a registrar ganancias tras obtener utilidades por US$219 millones en el primer trimestre de 2025; AntarChile, del grupo Angelini, y Minera Valparaíso, ligada a la familia Matte, también continuaron reportando beneficios, aunque con resultados dispares según el desempeño de los mercados internacionales. En ese contexto, presentar las indemnizaciones o los derechos laborales como el principal obstáculo para crear empleo termina desplazando el debate desde la extraordinaria concentración de la riqueza y las ganancias empresariales hacia las condiciones de quienes viven de su salario.
Una contrarreforma laboral presentada como "reactivación"
El informe entregado al Ejecutivo reúne 22 propuestas que el gobierno presenta como una estrategia para enfrentar el deterioro del empleo. Sin embargo, el contenido del documento muestra una orientación distinta. Más que abordar las causas estructurales del estancamiento económico o impulsar inversión pública y creación directa de puestos de trabajo, varias de sus iniciativas apuntan a flexibilizar las relaciones laborales y reducir los costos que enfrentan las empresas al contratar o despedir trabajadores.
Por ello, resulta pertinente caracterizar este paquete como una contrarreforma laboral. Porque varias de sus medidas buscan modificar normas que históricamente han operado como mecanismos de protección para los trabajadores, trasladando parte de los costos de la crisis hacia quienes dependen de un salario.
Entre las 22 medidas destacan algunas que concentran la mayor controversia. El informe propone revisar el sistema de indemnización por años de servicio; modificar aspectos asociados a la causal de despido por necesidades de la empresa; ampliar mecanismos de adaptabilidad para distribuir la jornada laboral en períodos más extensos, lo que abrió el debate sobre semanas de hasta 52 horas, aunque Bravo sostuvo que ese máximo ya existe en la legislación vigente y que la propuesta apunta a flexibilizar la distribución de la jornada; simplificar regulaciones para la contratación, especialmente en pequeñas y medianas empresas; fortalecer modalidades de empleo más flexibles; revisar incentivos y subsidios a la contratación; impulsar cambios en capacitación y reconversión laboral; mejorar los sistemas de intermediación y búsqueda de empleo; promover medidas específicas para aumentar la participación laboral de mujeres y jóvenes; y reducir distintas barreras administrativas que, según el informe, dificultan la generación de empleo.
Las restantes propuestas se concentran en perfeccionar instrumentos de capacitación, fortalecer la información sobre vacantes, mejorar la coordinación entre organismos públicos, revisar programas de subsidios existentes, facilitar procesos de formalización laboral, modernizar mecanismos de intermediación, promover iniciativas para grupos con mayores dificultades de inserción, simplificar procedimientos regulatorios y desarrollar herramientas de evaluación permanente del mercado laboral. Aunque no todas implican modificaciones legales de gran alcance, en conjunto responden a una misma orientación: privilegiar la flexibilidad del mercado laboral como principal respuesta frente al aumento del desempleo.
El sentido de una frase: La necesidad de una respuesta unitaria
Las palabras de Bravo adquieren mayor significado cuando se leen junto al contenido del informe. Si el problema se define como que contratar trabajadores resulta demasiado costoso para las empresas, la consecuencia lógica es intentar reducir esos costos mediante cambios en la regulación laboral. La frase "cada persona es un cacho" no constituye entonces únicamente una expresión desafortunada: refleja una mirada en la que el trabajador aparece principalmente como un costo que trae problemas a las empresas.
Frente a esta contrarreforma laboral, no bastan las declaraciones de preocupación ni los llamados al diálogo. La CUT y las principales centrales sindicales tienen la responsabilidad de impulsar una respuesta a la altura de la ofensiva del gobierno de Kast. Eso implica convocar asambleas en los lugares de trabajo para debatir el contenido de las 22 medidas, organizar a los trabajadores desde las bases y elaborar un programa alternativo que enfrente el desempleo sin hacer recaer el costo de la crisis sobre quienes viven de su salario, sino sobre los grandes grupos económicos que continúan concentrando la riqueza.
En esa perspectiva, resulta necesario exigir a las direcciones sindicales que pasen de las declaraciones a la acción, convocando y organizando un paro nacional activo que unifique a los grandes sindicatos de la minería, los puertos, el sector público, el retail, el comercio, la industria y los servicios. Una respuesta de esa magnitud permitiría enfrentar una contrarreforma que busca flexibilizar las condiciones laborales y, al mismo tiempo, abrir la discusión sobre una salida a la crisis del empleo desde los intereses de la clase trabajadora y no de los grandes empresarios.
Esa pelea también requiere fortalecer la unidad entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Durante el primer semestre, las movilizaciones estudiantiles mostraron una disposición a enfrentar las políticas del gobierno y a defender la educación pública. La coordinación entre esas fuerzas sociales, sobre la base de un programa común contra la contrarreforma laboral y las políticas de ajuste, puede transformarse en un punto de apoyo para enfrentar la ofensiva del gobierno y levantar una alternativa desde quienes producen la riqueza del país.
www.laizquierdadiario.cl
El propio gobierno, que los fachos pobres, defienden los trata de CACHOS!! No de personas si no de CACHOS!!
Las declaraciones generaron un amplio rechazo por el tono despectivo con que se refirió a quienes viven de su trabajo. Pero, más allá de la polémica, la frase revela con claridad la lógica que subyace a las propuestas impulsadas por la Mesa de Reactivación Laboral: entender las protecciones laborales como un obstáculo para la contratación y presentar la reducción de esos "costos" como una condición para crear empleo.
No se trata simplemente de un problema comunicacional. La expresión de Bravo resume una concepción según la cual los derechos conquistados por los trabajadores aparecen como una carga para las empresas antes que como garantías básicas frente a la precariedad laboral.
David Bravo no es un actor secundario del debate económico. Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor por la Universidad de Chicago, ha encabezado diversas comisiones sobre empleo y pensiones, dirigió durante años el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales y hoy preside la Mesa de Reactivación Laboral convocada por el gobierno de José Antonio Kast. Un economista al servicio de este gobierno de los grandes empresarios.
La afirmación de Bravo también instala una pregunta de fondo: ¿quién carga realmente con los costos de la crisis? Mientras se plantea que los derechos laborales encarecen la contratación y deben revisarse, los principales grupos económicos del país continúan obteniendo cuantiosas ganancias y repartiendo millonarios dividendos entre sus controladores. Solo en 2025, las familias Luksic, Angelini y Matte recibieron en conjunto más de US$860 millones en dividendos provenientes de sus sociedades matrices, según cálculos publicados por La Tercera. En ese reparto, la familia Angelini recibió cerca de US$214 millones a través de AntarChile, mientras que la familia Matte obtuvo alrededor de US$145 millones mediante Minera Valparaíso. A ello se suman las utilidades de los holdings que controlan sectores estratégicos de la economía: Quiñenco, del grupo Luksic, volvió a registrar ganancias tras obtener utilidades por US$219 millones en el primer trimestre de 2025; AntarChile, del grupo Angelini, y Minera Valparaíso, ligada a la familia Matte, también continuaron reportando beneficios, aunque con resultados dispares según el desempeño de los mercados internacionales. En ese contexto, presentar las indemnizaciones o los derechos laborales como el principal obstáculo para crear empleo termina desplazando el debate desde la extraordinaria concentración de la riqueza y las ganancias empresariales hacia las condiciones de quienes viven de su salario.
Una contrarreforma laboral presentada como "reactivación"
El informe entregado al Ejecutivo reúne 22 propuestas que el gobierno presenta como una estrategia para enfrentar el deterioro del empleo. Sin embargo, el contenido del documento muestra una orientación distinta. Más que abordar las causas estructurales del estancamiento económico o impulsar inversión pública y creación directa de puestos de trabajo, varias de sus iniciativas apuntan a flexibilizar las relaciones laborales y reducir los costos que enfrentan las empresas al contratar o despedir trabajadores.
Por ello, resulta pertinente caracterizar este paquete como una contrarreforma laboral. Porque varias de sus medidas buscan modificar normas que históricamente han operado como mecanismos de protección para los trabajadores, trasladando parte de los costos de la crisis hacia quienes dependen de un salario.
Entre las 22 medidas destacan algunas que concentran la mayor controversia. El informe propone revisar el sistema de indemnización por años de servicio; modificar aspectos asociados a la causal de despido por necesidades de la empresa; ampliar mecanismos de adaptabilidad para distribuir la jornada laboral en períodos más extensos, lo que abrió el debate sobre semanas de hasta 52 horas, aunque Bravo sostuvo que ese máximo ya existe en la legislación vigente y que la propuesta apunta a flexibilizar la distribución de la jornada; simplificar regulaciones para la contratación, especialmente en pequeñas y medianas empresas; fortalecer modalidades de empleo más flexibles; revisar incentivos y subsidios a la contratación; impulsar cambios en capacitación y reconversión laboral; mejorar los sistemas de intermediación y búsqueda de empleo; promover medidas específicas para aumentar la participación laboral de mujeres y jóvenes; y reducir distintas barreras administrativas que, según el informe, dificultan la generación de empleo.
Las restantes propuestas se concentran en perfeccionar instrumentos de capacitación, fortalecer la información sobre vacantes, mejorar la coordinación entre organismos públicos, revisar programas de subsidios existentes, facilitar procesos de formalización laboral, modernizar mecanismos de intermediación, promover iniciativas para grupos con mayores dificultades de inserción, simplificar procedimientos regulatorios y desarrollar herramientas de evaluación permanente del mercado laboral. Aunque no todas implican modificaciones legales de gran alcance, en conjunto responden a una misma orientación: privilegiar la flexibilidad del mercado laboral como principal respuesta frente al aumento del desempleo.
El sentido de una frase: La necesidad de una respuesta unitaria
Las palabras de Bravo adquieren mayor significado cuando se leen junto al contenido del informe. Si el problema se define como que contratar trabajadores resulta demasiado costoso para las empresas, la consecuencia lógica es intentar reducir esos costos mediante cambios en la regulación laboral. La frase "cada persona es un cacho" no constituye entonces únicamente una expresión desafortunada: refleja una mirada en la que el trabajador aparece principalmente como un costo que trae problemas a las empresas.
Frente a esta contrarreforma laboral, no bastan las declaraciones de preocupación ni los llamados al diálogo. La CUT y las principales centrales sindicales tienen la responsabilidad de impulsar una respuesta a la altura de la ofensiva del gobierno de Kast. Eso implica convocar asambleas en los lugares de trabajo para debatir el contenido de las 22 medidas, organizar a los trabajadores desde las bases y elaborar un programa alternativo que enfrente el desempleo sin hacer recaer el costo de la crisis sobre quienes viven de su salario, sino sobre los grandes grupos económicos que continúan concentrando la riqueza.
En esa perspectiva, resulta necesario exigir a las direcciones sindicales que pasen de las declaraciones a la acción, convocando y organizando un paro nacional activo que unifique a los grandes sindicatos de la minería, los puertos, el sector público, el retail, el comercio, la industria y los servicios. Una respuesta de esa magnitud permitiría enfrentar una contrarreforma que busca flexibilizar las condiciones laborales y, al mismo tiempo, abrir la discusión sobre una salida a la crisis del empleo desde los intereses de la clase trabajadora y no de los grandes empresarios.
Esa pelea también requiere fortalecer la unidad entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Durante el primer semestre, las movilizaciones estudiantiles mostraron una disposición a enfrentar las políticas del gobierno y a defender la educación pública. La coordinación entre esas fuerzas sociales, sobre la base de un programa común contra la contrarreforma laboral y las políticas de ajuste, puede transformarse en un punto de apoyo para enfrentar la ofensiva del gobierno y levantar una alternativa desde quienes producen la riqueza del país.
Empleo y flexibilización. "Cada persona es un cacho": el desprecio de David Bravo hacia los trabajadores al defender la contrarreforma laboral de Kast
La frase no pasó inadvertida. "Mayor costo de despido es... cada persona es un cacho, digamos. Cuando tú ves costo de despido, ¿qué es lo que es? Es costo de contratación", afirmó David Bravo, presidente de la Mesa de Reactivación Laboral, durante la presentación del informe con 22 medidas...
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El propio gobierno, que los fachos pobres, defienden los trata de CACHOS!! No de personas si no de CACHOS!!