Entrega lista con docentes afectados por deuda histórica donde aparecen como muertos profesores vivo

¡Cuatro años!, ése es el plazo que el Ministerio de Educación (MINEDUC), en el gobierno de Michelle Bachelet se demoró en elaborar la nómina de profesores, a lo largo del país, afectados por la llamada deuda histórica.

Un plazo bastante largo para chequear de manera correcta la lista de docentes que están vivos y aquéllos que fallecieron esperando que se les entregara el dinero que el Estado les debe. Pero, al parecer, estos cuatros años no fueron suficientes para hacer un registro de manera prolija, en donde ningún profesor chileno que está vivo y jubilado, aparezca en la lista de profesores muertos, lo que, en la práctica, sí ha ocurrido, tal como lo constató EL MURO, al revisar minuciosamente los listados.

Hay que recordar que la semana recién pasada, el MINEDUC hizo pública la lista de docentes que aún esperan que se ponga término a la llamada deuda histórica, 61.990 maestros vivos y 14. 236 fallecidos. La Ministra de Educación, Adriana Delpiano remitió al Magisterio el listado, junto con el oficio N°3, bajo el título de “Informe Daño Previsional Docente”, listado catastrado de profesionales de la educación traspasados al sistema municipal entre 1981 y 1991.

En el documento se señala que “desde fines del año 2014, el Ministerio de Educación trabajó en una mesa técnica con el Colegio de Profesores de Chile A.G., con el objeto de avanzar en el acopio de antecedentes sobre el Daño Previsional Docente afectados en el traspaso desde el Ministerio de Educación hacia los municipios. Con el propósito de avanzar en la materia, se procedió a construir una base de datos fidedigna con el propósito de conocer el universo total de docentes traspasados y caracterizar la situación particular de dicho sector. En este proceso, el área de Estudios del Ministerio de Educación, contempló el levantamiento de la información, considerando los antecedentes consignados en los decretos de traspasos, realizando el cruce de esos datos con los del Registro Civil, para identificar a quienes ya han fallecido, con la Corte Suprema, para tomar conocimiento de quienes han ganado juicios y de la existencia de sentencias ejecutoriadas sobre el asunto y con los de la Superintendencia de Seguridad Social, para conocer quiénes, actualmente, están jubilados o en servicio activo. El universo excluye a los docentes fallecidos y a los docentes que, habiendo judicializado el tema, ganaron sus demandas y sus juicios se encuentran terminados y ejecutoriados”.

La nómina está dividida entre profesores fallecidos a la fecha (14.263) y maestros vivos (61.990), quienes suman 76.253 docentes afectados.

¡Los errores del MINEDUC!

Una vez que los docentes del país se enteraron junto a sus familias de que el Ministerio de Educación entregó, por fin, la lista de profesores a los que se les debe pagar la llamada deuda histórica, muchos, de manera espontánea, se ilusionaron, pero la alegría les duró poco. Esto, porque la nómina, después de 4 años de gobierno de la Nueva Mayoría, contiene errores. Por ejemplo, figuran docentes vivos en la lista de profesores fallecidos y, en el caso de los que han muerto, los dineros adeudados quedan para el Fisco, porque las familias de los deudos no los reciben.

Esto deja en claro que si un profesor vivo aparece como muerto, tiene que entrar en un engorroso trámite ante el MINEDUC para acreditar su real situación. En otros casos, hay docentes que están vivos y que ni siquiera aparecen en la nómina de fallecidos, o sea, no existen para el Ministerio de Educación.

El problema es complejo, porque todos los profesores afectados por la deuda histórica tenían que remitir al MINEDUC una serie de documentos que corroboraban que fueron traspasados de sistema y esos antecedentes el Magisterio los hizo llegar al MINEDUC, ¿se le perdieron algunos documentos a los funcionarios del Ministerio de Educación?, ¿dónde están las fichas de los profesores que faltan en las nóminas?, ¿dónde están las fichas de los que estando vivos figuran como fallecidos, tiene el MINEDUC el certificado de defunción?, ¿qué dice, de estos errores, la Ministra de Educación y amiga de la Presidenta Bachelet, Adriana Delpiano?

En la página web del Colegio de Profesores –www.colegiodeprofesores.cl-, varios docentes enviaron sus testimonios que son de carácter público, entregando su opinión respecto del listado del MINEDUC.

Por ejemplo, Cristina San Martín, de la Escuela Normal N° 2 plantea que “por lo menos, este gobierno se preocupó de entregar un listado que sirve para reconocer que la deuda existe. Por lo tanto, para mí ya es decente”. No obstante, hay otros comentarios como el de Orlando Pineda, quien sostiene que “las listas de profesores que envió el MINEDUC no es la correcta, faltan montones de colegas”, a lo que se agrega las palabras de Marta Inés Gutiérrez, quien afirma “concuerdo que faltamos en las listas. Mi marido aparece, incorrectamente, como fallecido. Aunque con menos esperanza que nunca…”.

Por su parte, María Ruiz Hormazábal –de la Universidad de Concepción- plantea que “este gobierno que, alguna vez creímos era nuestro gobierno, nos está tomando el pelo. Es una burla que les costó 4 años entregar esta lista, justo ahora que los que asumen jamás han demostrado interés en pagar, lo que en justicia se nos adeuda. Quedaremos con la publicación de los que ya han partido y los que aún esperamos justicia. Una vergüenza, una tomada de pelo, a días de entregar el poder, reconocen, pero no son capaces de dar solución. Justicia es lo que pedimos, justicia legal y social. Se dieron el lujo de separar los colegas fallecidos y los que ganaron juicios, es decir, la deuda existe y ¿por qué carajo no la asumen?”.

En tanto, el profesor, Nelson Núñez, de la Escuela San Rafael de Teno, sostiene en el sitio web del Magisterio que “aparte de que no aparezco en la nómina, considero que es una falta de respeto entregar la lista al final del período del gobierno, en otras palabras, es tirarle la pelota al otro gobierno, así de simple”.

A su vez, Isabel Opazo, presidenta de la Corporación de Profesores Jubilados y Montepíadas de Puerto Montt afirma, a través de un comentario que publicó en el sitio web del Magisterio: “Por lo menos, se está reconociendo que existe una deuda y es algo. Lamento no aparecer en el listado”.

Marcelo Venegas, de la ciudad de San Javier –Loncomilla- señala en el mismo sitio web del Colegio de Profesores: “Mi madre ha luchado muchos años junto a sus colegas por esta famosa deuda histórica. Le han pedido miles de informes y documentos, sin embargo, nunca han logrado nada. Hoy, a sus 82 años, ya perdió la esperanza de que este gobierno que dijo, en principio, que iba a dar una propuesta a la deuda histórica con un documento firmado por el mismo y arrastrado Ministro (Nicolás) Eyzaguirre, elaboran una lista para que los profesores se ilusionen. Lo considero una burla”.

Frida Muster Leal, profesora en Purén, Concepción y Arauco advierte lo siguiente en la página web del Magisterio: “Realmente y una vez más, las personas encargadas de hacer este catastro y, de ello no tengo la menor duda, lo hicieron mal al estilo ¡al que te pillaron! A mí como tantos, no nos encontraron y, en mi caso, Concepción fue una de las primeras comunas del país en empezar con las demandas y yo era, incluso, dirigente en forma consecutiva en la unidad educativa en que me desempeñé. Fui siempre una defensora de todos mis colegas hasta que me retiré por jubilación en 1997 y, posteriormente, me reincorporé en marzo de 2017, en la comuna de Arauco, con 57 años de docencia y no me tienen en el listado”. Agrega que “yo sé, por lo mismo, que esta es una forma de actualizar y de dar a conocer a quienes el Estado con su máxima autoridad de turno nos han mentido y prometido una posible reparación. Tampoco es menos cierto que nos seguirán ignorando, pero aunque sea por el recuerdo, de esta tremenda estafa e injusticia, no podemos permitir que nos olviden…”.

De acuerdo a un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional al que accedió EL MURO, el Ministerio de Educación remitió una base de datos que permite inferir que entre marzo de 1981 y enero de 1987, fueron traspasados 84.548 profesores a 322 municipios. El monto de la deuda ascendería a $6.574.767.465.392, es decir, US$ 11.637 millones.

¡No hay pago, hasta ahora!

A través de una declaración pública, el Colegio de Profesores declaró lo siguiente: “Termina gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet y no se cumple el compromiso firmado por el Ministro, Nicolás Eyzaguirre de elaborar una propuesta de solución, sólo se entrega un catastro de los profesores afectados por la Deuda Histórica”. Agregan que “el documento entregado por el Ministerio de Educación corresponde al compromiso asumido hace tres años por el MINEDUC con el Colegio de Profesores de entregar un catastro oficial de docentes reconocidos como afectados por el Decreto Ley 3551, llamado por nosotros Deuda Histórica. El listado viene acompañado de una carta de la Ministra de Educación al Magisterio oficializando la entrega y describiendo su metodología de elaboración. Al mismo tiempo, se acompaña del oficio que la cartera de Educación envió al Ministerio de Hacienda, informando oficialmente de la realización del catastro”.

Sin embargo, el Magisterio aclara para evitar las confusiones que ya se han generado y que ilusionaron a los profesores de Chile, al hacerse público el listado de a quienes se les mantiene pendiente el pago de la llamada deuda histórica que: “La entrega de este listado no significa una solución a la Deuda Histórica, es sólo el listado oficial de los profesores afectados por la municipalización de la educación fiscal en dictadura. El Magisterio enfatiza que el Gobierno de Michelle Bachelet no cumplió con su compromiso de resolver la Deuda Histórica”.

Añaden que “este listado, al tener carácter oficial, tiene el valor para nosotros que permite reimpulsar nuestra demanda por una justa solución de la Deuda Histórica ante la OIT y, al mismo tiempo, presentarlo a las autoridades del próximo Gobierno como un punto de partida para avanzar en una reparación para los miles de profesores afectados”.

Hay que mencionar que en 2009, de acuerdo a los antecedentes recabados por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados relativa a las denominadas Deudas Históricas –conocida como Comisión Montes- el Gobierno aseguró en forma tajante que “no corresponde el pago, porque la asignación que se reclama fue derogada respecto del personal docente traspasado a la administración municipal, por lo que no existe obligación de pago alguna a su respecto desde el año 1982”.

En 2014 y tras las movilizaciones efectuadas por los profesores, se logró incorporar en uno de los cinco puntos de la Agenda Corta, la solución a la deuda histórica. Para tal efecto, se constituyó una Comisión entre el Ministerio de Educación y el Magisterio.

Génesis de la espera

Para entender la historia, hay que retroceder en el tiempo y recordar que el Decreto Ley N° 3.551 de 1981, en su Artículo N° 40 (publicado el 2 de enero 1981), dispuso un régimen de remuneraciones para el sector público, con aumentos desde un 20% hasta un 95%. En el caso del personal docente que dependía del Ministerio de Educación, estableció una asignación especial no imponible, según el escalafón que correspondiera.

Para los docentes titulados, por ejemplo, significaba un 90% del sueldo base de la asignación profesional docente y las asignaciones del D.L. N° 2.411 -de 1978- y, en el caso de los docentes no titulados, era de un 50%. El pago de esta asignación debía realizarse gradualmente entre 1981 y 1984. ¿Qué ocurrió? El aumento se pagó en enero de 1981 a todo el personal docente dependiente del Ministerio de Educación, pero, a contar de febrero de 1981, el Ministerio de Educación inició el traspaso de los establecimientos educacionales al sector municipal y, en virtud del Decreto Ley N° 3.063, -de 1980-, más de 80.000 profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, ya que, al ser traspasados al sector municipal, los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los docentes.

Ese decreto estableció en su Artículo N° 4 que “el personal del sector público que se traspase a la administración municipal se regirá en todo por las normas laborales, de remuneraciones y de previsión aplicables al sector privado”. Esta misma situación se produjo en el caso de los docentes de educación media técnico-profesional transferidos a las corporaciones educacionales, por efecto de la aplicación del Decreto Ley N° 3.166 -febrero de 1980-.

De acuerdo a un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional al que accedió EL MURO, el Ministerio de Educación remitió una base de datos que permite inferir que entre marzo de 1981 y enero de 1987, fueron traspasados 84.548 profesores a 322 municipios. El monto de la deuda ascendería a $6.574.767.465.392, es decir, US$ 11.637 millones.

En este informe de la Biblioteca del Congreso Nacional se advierte: “La situación de interrupción y no pago de la asignación señalada en el Artículo N° 40, D.L. 3.551, ha llevado a muchos docentes a lo largo de todo Chile a recurrir a los Tribunales de Justicia, con el propósito de demandar al Estado una indemnización compensatoria. Los resultados de los juicios de los afectados ante las municipalidades han sido disímiles”.

Hay que recordar que la primera demanda al Fisco la interpuso el Colegio de Profesores -17 agosto de 2000-, en representación de 27.147 docentes, en el 26° Juzgado Civil de Santiago. Tres años después, el Magisterio presentó otra demanda -2 octubre de 2003-, en representación de 29.214 docentes, en el 24° Juzgado Civil de Santiago.

En 2009, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados relativa a las denominadas Deudas Históricas se refirió a la postura adoptada por la Contraloría General de la República y la Corte Suprema frente a este tema, argumentando ambas entidades que “a los profesores traspasados no les correspondió el pago de la asignación contenida en el Artículo 40 del Decreto Ley Nº 3.551, dado que el vínculo que los unió a las municipalidades a partir de ese momento, es de naturaleza privada y regido de acuerdo a las normas del Código del Trabajo”.

No obstante, esta Comisión dejó en claro que no hay un criterio unánime de parte de los tribunales de justicia, lo que queda de manifiesto, dijo expresamente, en el hecho de que “otros tribunales distintos de la Corte Suprema, han sostenido una tesis diversa. Ellos, señalan que la mencionada asignación se habría incorporado al patrimonio de los profesores teniendo, por tanto, derecho a percibirla”.

La frase de Carolina Tohá: ¡No hay nada pendiente!

En 2009, la entonces vocera de Gobierno, Carolina Tohá dijo a los medios de comunicación con total convencimiento que “no hay obligaciones pendientes con los profesores”, enfatizando que “no hay cambios” en la postura del Gobierno sobre el pago de la deuda histórica, ya que “no hay fundamentos jurídicos para tener una opinión distinta que la que hemos tenido”.

Ahora, habrá que preguntarle a la ex Secretaria de Estado y ex alcaldesa de Santiago, ¿qué respaldo tenía, qué documentos concretos puede mostrar y que, según ella, confirmaban que la deuda histórica a los profesores no existía?, ¿habrá sido esa frase la que el gobierno de Michelle Bachelet y sus asesores le recomendaron que debía repetir una y otra vez? Hoy, al menos el MINEDUC, al entregar el listado de docentes afectados, deja en claro que la deuda histórica sí existe, más allá de que se pague o no, echando por tierra la cuestionada tesis de la ex funcionaria pública, Carolina Tohá.

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