POR JUAN E. PFLÜGER
Los dos primeros decretos que firmó Salvador Allende una vez que tomó el poder fueron claros sobre lo que sería su interpretación de la violencia necesaria y justificada para imponer sus ideas marxistas en una población que solamente le había dado el 36% de su apoyo. El primer decreto indultaba a varios terroristas del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Habían sido condenados por asesinatos, asaltos, secuestros, colocación de bombas,… por terrorismo, a fin de cuentas. Según el presidente chileno, estos jóvenes eran “idealistas” que habían confundido la vía para implantar la solidaridad en la sociedad que les había tocado vivir.
El segundo disolvía el Grupo Móvil de Carabineros, encargado de controlar y luchar contra los grupos violentos extremistas y responsable del encarcelamiento de muchos de los terroristas indultados poco antes. De esta manera desaparecían los grupos policiales encargados de garantizar la seguridad ciudadana frente a los grupos radicales nacidos en los años anteriores. Todos ellos de extrema izquierda. Podían campar a sus anchas los miembros del ya citado MIR, el VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo) o el MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria).
El resultado de estas medidas fue una oleada creciente de asesinatos. Hubo gran variedad de crímenes auspiciados por el Gobierno de Allende. Los más conocidos son los asesinatos de miembros del cuerpo de Carabineros y el Ejército. De ellos, el MIR asesinó a siete en los tres años de Gobierno de Unidad Popular de Allende. Cinco de ellos eran cabos de Carabineros, otro subteniente del mismo cuerpo y el último un agente de Investigaciones.
Por su parte, el VOP, asesinó al ex ministro del Interior y ex vicepresidente del Gobierno anterior a la llegada de Allende, Edmundo Pérez Zujovic. Los autores materiales del asesinato fueron los mismos terroristas que habían sido indultados en el primer decreto de Allende.
También fueron muy importantes los crímenes cometidos durante las ocupaciones violentas de explotaciones agrarias. En su mayor caso cometidos por el Movimiento Campesino Revolucionario, una franquicia del MIR en el mundo rural. En esta serie de hechos, que fueron cometidos en muchos casos por miembros del Partido Socialista, principal fuerza política de la coalición de Gobierno, hay sucesos dramáticos. Quizá el más espeluznante de todos fue el cometido contra Antonia Maechell Ricardi, propietaria de La Tregua de Valdivia. Esta mujer de mediana edad fue secuestrada en su propia casa, violada y secuestrada. Una situación que le llevó al suicidio.
Crímenes similares se cometieron a lo largo de todo el país. Están documentadas más de 500 muertes entre propietarios y trabajadores que les defendían de las ocupaciones. Todo ello en más de 300 ocupaciones violentas de fincas.
Varios empresarios fueron asesinados al negarse a pagar el impuesto revolucionario. Un ejemplo es el caso de Raúl Méndez Espinosa, dedicado a la fabricación industrial de dulces, golpeado hasta la muerte por negarse a entregar dinero a los terroristas.
Entre las actuaciones de los radicales de izquierda del MIR y el VOP, entre los que había no pocos militantes del Partido Socialista, también destacan los asesinatos de miembros de otros partidos políticos. Así Héctor Castilla, de la Democracia Cristiana, fue asesinado en represalia a la victoria de sus asociaciones de estudiantes en las universidades chilenas. También Rolando Matús, miembro del Partido Nacional, asesinado por militantes socialistas colaboradores del MIR. Y el asesinato frustrado del ex presidente Patricio Aylwin, cuando daba una conferencia en un gimnasio de la localidad de Curicó.
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