en el
gobierno de Ricardo Lagos, y tras la resistencia ciudadana que generó en Concepción y sus alrededores el modelo que buscaba incorporar capital privado a la Empresa Servicios Sanitarios del Biobío (Essbio), el gobierno decidió implementar un modelo distinto.
Así se crea la figura de la
Transferencia del Derecho de Explotación de las Concesiones Sanitarias. En concreto, esto significa que a una empresa privada se le entrega la concesión y las inversiones en infraestructura,
pero por un periodo de tiempo establecido de 30 años, con lo que la empresa tiene el derecho a cobrar las tarifas y hacer las inversiones necesarias para dotar de todos los servicios sanitarios a la población que atiende. La empresa, tras hacer una evaluación económica de lo que recibiría en esos 30 años descontando las inversiones, le pagó por esta transferencia al Estado
Estas
empresas operadoras son Aguas del Altiplano, Aguas Antofagasta, Tratacal, Sembcorp Aguas del Norte, Aguas Chañar, Aguas del Valle, Aguas Nuevo Sur Maule, Aguas Araucanía, Aguas Patagonia de Aysén, Aguas Magallanes.
Cada una de estas empresas regionales deja de funcionar con un directorio y una administración por separado y se funden en Econssa.
La única excepción es la
empresa que abastece de agua potable a la comuna de Maipú, que es la única empresa municipal en Chile.
Tras las erráticas declaraciones de Essal, los pobladores de Osorno continúan sin servicio de agua potable tras más de una semana.
Cuando el entonces Presidente Eduardo Frei enajenó y vendió las sanitarias Emos, Esval y Essal, el Estado continuó participando en ellas con un 35% de las acciones, para tener derecho a representación en el directorio. Parte de esas acciones se vendieron en la pasada administración de Sebastián Piñera, quedando sólo con la propiedad de un 5% a través de Corfo.
En el caso de las inversiones en infraestructura para evitar estos problemas a futuro, éstas deben ser pagadas a través de las cuentas mensuales por los clientes.