Era el 14 de diciembre de 2024, y Carabineros de Chile presentaba sus nuevos UAS VTOL Schiebel Camcopter S-100 (drones), los que contarían con un sistema de vigilancia militar para apoyar los servicios policiales en la Macrozona Sur, y los que tuvieron un costo de $6.973.734.425. Sin embargo, fuentes cercanas a la policía uniformada afirmaron a Contrapoder Chile que dichos dispositivos se encuentran inoperativos desde enero de este año, mientras que la empresa proveedora de estos drones, fue fundada por un coronel del Ejército en retiro condenado por fraude al Fisco.
El pasado 10 de junio, Contrapoder Chile informó que El jefe de Tecnologías de Carabineros de Chile y capitán de Carabineros, Víctor Flores, apareció vistiendo su uniforme durante un podcast conducido por un supervisor de Claro Chile, empresa que administra la red de telecomunicaciones del 133 mediante un contrato por más de $5.500 millones, y cuya ejecución es supervisada por el oficial. En la entrevista abordó sistemas tecnológicos, inteligencia artificial, análisis de datos y la relación de la institución con proveedores privados, situación que ha generado cuestionamientos internos por una posible vulneración de normas institucionales y un eventual conflicto de interés.
Sin embargo, nuevamente la policía uniformada vuelve a estar en el escrutinio, esta vez por un elemento que la relaciona con su gestión en La Araucanía: los millonarios drones de vigilancia.
Era el 14 de diciembre de 2024, y Carabineros de Chile presentaba durante una ceremonia en la que participaron los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, sus nuevos UAS VTOL Schiebel Camcopter S-100 (drones), los que contarían con un sistema de vigilancia militar para apoyar los servicios policiales en la Macrozona Sur.
Según antecedentes publicados por diversos medios de comunicación, estos drones de la empresa austriaca Schiebel Aircraft GmbH son considerados vehículos aéreos, poseyendo una forma similar a la de un helicóptero, y con un costo total de $6.973.734.425, siendo adquiridos con fondos de la Subsecretaría del Interior -cada uno con un valor aproximado de $3.500 millones-;
“La llegada de esta nave no tripulada de vigilancia es un nuevo paso en los avances tecnológicos que hemos impulsado en seguridad. Otros ejemplos son el sistema SITIA (Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial) y los nuevos equipos de control fronterizo. Su valor es particularmente significativo porque estará dedicado a reforzar la presencia del Estado en la Macrozona Sur”, expresó la exministra Carolina Tohá durante la presentación de este dron.
Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, afirmó que este vehículo aéreo les iba a permitir sobrevolar, vigilar, y dar cobertura a lugares que no podían cubrir. Sin embargo, aquello no ocurrió, ya que, en abril de 2025, el diputado republicano, Stephan Schubert, denunció que la institución no ha logrado operar estos drones, debido a la falta de permisos de vuelo por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) -según reveló Infodefensa-.
El parlamentario ofició al Ministerio de Defensa solicitando explicaciones respecto al retraso en la obtención de los permisos correspondientes de la DGAC, y llamó al Gobierno a agilizar los trámites para que los vehículos aéreos puedan estar operativo lo más pronto posible. Pero, tampoco sucedió, ya que, según versiones internas de la institución, aquello se debería a que el dron no debe volar a gran altura por su rol de vigilancia -pese a ser considerado un vehículo aéreo no tripulado-, por lo que la DGAC no tendría injerencia en este caso, evidenciándose un error por parte de Carabineros en la solicitud y compra de este tipo de dron.
No obstante, surge un nuevo antecedente respecto a este dron: no estaría operativo desde enero del año 2026, por un desperfecto en una de sus antenas; aunque durante el 2025 también presentó problemas de operación, requiriendo mantención y repuestos en menos de un año de su utilización.
Es más, el 21 de octubre de 2025, el capitán Ignacio Monrás solicitó a la empresa que vendió estos drones como representante exclusivo de Schiebel en Chile, SC Ordenance Spa, una cotización de mantención que incluía una bolsa de sellado, desecante para traslado de motores, y un tornillo M6. Todo avaluado en $1.020.925, y que fue pagado por la entidad policial mediante una orden de compra el 4 de diciembre.
Cotización de repuestos
Orden de compra de repuestos
Respecto a esto, Contrapoder Chile consultó al Equipo de Comunicaciones de Carabineros de Chile sobre el estado actual y vuelos del dron Camcopter S-100 que sobrevuela en La Araucanía. Sin embargo, se limitaron a responder que “no pueden proporcionar antecedentes específicos relacionados con las capacidades operativas, procedimientos, despliegue o características técnicas de sus sistemas de aeronaves no tripuladas (drones institucionales), por cuanto dicha información reviste carácter estratégico y sensible para el desarrollo de las funciones policiales y operativas de la institución”.
Tras una serie de conversaciones con fuentes cercanas de Carabineros de Chile, y quienes solicitaron resguardar tu identidad para este artículo -y más la cotización mencionada anteriormente-, el Camcopter S-100 era piloteado por el capitán Ignacio Monrás -hijo del subdirector general Enrique Monrás-. Ante esto, la institución sostuvo que el capitán “cuenta con la certificación correspondiente para la operación de aeronaves no tripuladas, conforme a los requisitos y procedimientos vigentes aplicables a dicha función”.
Incluso, esta certificación también fue mencionada en una publicación de la página Helosmag, en donde se detalla que las tripulaciones encargadas de operar estos sistemas UAS (Unmanned Aerial System), “fueron capacitadas durante dos meses en Austria, directamente en las instalaciones de la empresa Schiebel”.
Sin embargo, según el “Normativa de Operaciones de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA)” de la DGAC -del 27 de mayo de 2024-, quienes operan este tipo de vehículos deben contar con su tarjeta de registro del RPA, y “su credencial del o los pilotos a distancia que operarán el o los RPA registrados” -el que se obtiene a través de una solicitud de credencial-, estableciendo que solo un piloto puede manipular este dron, no bastando con una certificación entregada por la propia empresa, como es el caso del capitán Monrás.
Aunque, a este caso se le suma una nueva arista: la empresa que vendió estos drones como representante exclusivo de Schiebel en Chile, SC Ordenance Spa.
Según la Constitución de la Sociedad SC Ordenance Spa -del 17 de mayo del 2016-, estaba integrada por Marcelo Carvallo, Francisco Javier Miranda y el coronel en retiro, Jorge Silva Hinojosa, teniendo como objetivo “la comercialización de elementos de protección, equipos de seguridad y repuestos e insumos para estos, mantenimiento y reparación de vehículos automotores”.
Pero, 10 días después de la constitución de esta empresa, Jorge Silva, fue condenado por el delito de fraude al Fisco reiterado, en el contexto del “Cuaderno Matriz” del denominado caso fraude en el Ejército.
“La ministra en visita de la Corte Marcial, condenó al coronel (r) Jorge Enrique Silva Hinojosa, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, al pago de una multa de $406.942.718 (…) a las accesorias de cinco años y un día de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado medio, inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y a la accesoria especial de destitución, como autor de los delitos de FRAUDE AL FISCO, en carácter reiterado relacionado con un perjuicio de $2.034.713.593 correspondientes a 49.409,037 UTM, según el valor de la UTM a fecha de la última de las facturas que actualizados equivalen a $3.487.682.492, perpetrados durante un período comprendido entre los años 2010 y 2014”, informó el Poder Judicial en dicha instancia.
Ante esto, Contrapoder Chile consultó nuevamente a Carabineros de Chile sobre si la general inspectora y directora nacional de Apoyo a las Operaciones, María Teresa Araya, tenía conocimiento o no de que la empresa a la que le compraron los drones fue fundada por un militar condenado por fraude al Fisco -dejándose entrever una presunta negligencia-. Esta fue la respuesta de la institución:
“Se informa que Carabineros de Chile contrata bienes y servicios a través de empresas que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente y que se encuentran habilitadas para participar en los procesos de adquisición pública. Asimismo, los procedimientos de compra y licitación efectuados por la institución se desarrollan conforme al marco normativo que regula el Sistema de Compras Públicas y están disponibles a través de las plataformas oficiales dispuestas para tales efectos, garantizando los principios de transparencia, publicidad y legalidad que rigen la contratación pública”, sin referirse a la presunta responsabilidad de la general Araya en la revisión de esta millonaria compra.
Finalmente, por lo expuesto en este artículo, Contrapoder Chile contactó a la empresa SC Ordenance Spa para conocer su versión. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo siguen sin emitir respuesta.
contrapoderchile.cl
El pasado 10 de junio, Contrapoder Chile informó que El jefe de Tecnologías de Carabineros de Chile y capitán de Carabineros, Víctor Flores, apareció vistiendo su uniforme durante un podcast conducido por un supervisor de Claro Chile, empresa que administra la red de telecomunicaciones del 133 mediante un contrato por más de $5.500 millones, y cuya ejecución es supervisada por el oficial. En la entrevista abordó sistemas tecnológicos, inteligencia artificial, análisis de datos y la relación de la institución con proveedores privados, situación que ha generado cuestionamientos internos por una posible vulneración de normas institucionales y un eventual conflicto de interés.
Sin embargo, nuevamente la policía uniformada vuelve a estar en el escrutinio, esta vez por un elemento que la relaciona con su gestión en La Araucanía: los millonarios drones de vigilancia.
Era el 14 de diciembre de 2024, y Carabineros de Chile presentaba durante una ceremonia en la que participaron los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, sus nuevos UAS VTOL Schiebel Camcopter S-100 (drones), los que contarían con un sistema de vigilancia militar para apoyar los servicios policiales en la Macrozona Sur.
Según antecedentes publicados por diversos medios de comunicación, estos drones de la empresa austriaca Schiebel Aircraft GmbH son considerados vehículos aéreos, poseyendo una forma similar a la de un helicóptero, y con un costo total de $6.973.734.425, siendo adquiridos con fondos de la Subsecretaría del Interior -cada uno con un valor aproximado de $3.500 millones-;
“La llegada de esta nave no tripulada de vigilancia es un nuevo paso en los avances tecnológicos que hemos impulsado en seguridad. Otros ejemplos son el sistema SITIA (Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial) y los nuevos equipos de control fronterizo. Su valor es particularmente significativo porque estará dedicado a reforzar la presencia del Estado en la Macrozona Sur”, expresó la exministra Carolina Tohá durante la presentación de este dron.
Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, afirmó que este vehículo aéreo les iba a permitir sobrevolar, vigilar, y dar cobertura a lugares que no podían cubrir. Sin embargo, aquello no ocurrió, ya que, en abril de 2025, el diputado republicano, Stephan Schubert, denunció que la institución no ha logrado operar estos drones, debido a la falta de permisos de vuelo por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) -según reveló Infodefensa-.
El parlamentario ofició al Ministerio de Defensa solicitando explicaciones respecto al retraso en la obtención de los permisos correspondientes de la DGAC, y llamó al Gobierno a agilizar los trámites para que los vehículos aéreos puedan estar operativo lo más pronto posible. Pero, tampoco sucedió, ya que, según versiones internas de la institución, aquello se debería a que el dron no debe volar a gran altura por su rol de vigilancia -pese a ser considerado un vehículo aéreo no tripulado-, por lo que la DGAC no tendría injerencia en este caso, evidenciándose un error por parte de Carabineros en la solicitud y compra de este tipo de dron.
No obstante, surge un nuevo antecedente respecto a este dron: no estaría operativo desde enero del año 2026, por un desperfecto en una de sus antenas; aunque durante el 2025 también presentó problemas de operación, requiriendo mantención y repuestos en menos de un año de su utilización.
Es más, el 21 de octubre de 2025, el capitán Ignacio Monrás solicitó a la empresa que vendió estos drones como representante exclusivo de Schiebel en Chile, SC Ordenance Spa, una cotización de mantención que incluía una bolsa de sellado, desecante para traslado de motores, y un tornillo M6. Todo avaluado en $1.020.925, y que fue pagado por la entidad policial mediante una orden de compra el 4 de diciembre.
Respecto a esto, Contrapoder Chile consultó al Equipo de Comunicaciones de Carabineros de Chile sobre el estado actual y vuelos del dron Camcopter S-100 que sobrevuela en La Araucanía. Sin embargo, se limitaron a responder que “no pueden proporcionar antecedentes específicos relacionados con las capacidades operativas, procedimientos, despliegue o características técnicas de sus sistemas de aeronaves no tripuladas (drones institucionales), por cuanto dicha información reviste carácter estratégico y sensible para el desarrollo de las funciones policiales y operativas de la institución”.
Tras una serie de conversaciones con fuentes cercanas de Carabineros de Chile, y quienes solicitaron resguardar tu identidad para este artículo -y más la cotización mencionada anteriormente-, el Camcopter S-100 era piloteado por el capitán Ignacio Monrás -hijo del subdirector general Enrique Monrás-. Ante esto, la institución sostuvo que el capitán “cuenta con la certificación correspondiente para la operación de aeronaves no tripuladas, conforme a los requisitos y procedimientos vigentes aplicables a dicha función”.
Incluso, esta certificación también fue mencionada en una publicación de la página Helosmag, en donde se detalla que las tripulaciones encargadas de operar estos sistemas UAS (Unmanned Aerial System), “fueron capacitadas durante dos meses en Austria, directamente en las instalaciones de la empresa Schiebel”.
Sin embargo, según el “Normativa de Operaciones de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA)” de la DGAC -del 27 de mayo de 2024-, quienes operan este tipo de vehículos deben contar con su tarjeta de registro del RPA, y “su credencial del o los pilotos a distancia que operarán el o los RPA registrados” -el que se obtiene a través de una solicitud de credencial-, estableciendo que solo un piloto puede manipular este dron, no bastando con una certificación entregada por la propia empresa, como es el caso del capitán Monrás.
Aunque, a este caso se le suma una nueva arista: la empresa que vendió estos drones como representante exclusivo de Schiebel en Chile, SC Ordenance Spa.
Según la Constitución de la Sociedad SC Ordenance Spa -del 17 de mayo del 2016-, estaba integrada por Marcelo Carvallo, Francisco Javier Miranda y el coronel en retiro, Jorge Silva Hinojosa, teniendo como objetivo “la comercialización de elementos de protección, equipos de seguridad y repuestos e insumos para estos, mantenimiento y reparación de vehículos automotores”.
Pero, 10 días después de la constitución de esta empresa, Jorge Silva, fue condenado por el delito de fraude al Fisco reiterado, en el contexto del “Cuaderno Matriz” del denominado caso fraude en el Ejército.
“La ministra en visita de la Corte Marcial, condenó al coronel (r) Jorge Enrique Silva Hinojosa, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, al pago de una multa de $406.942.718 (…) a las accesorias de cinco años y un día de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado medio, inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y a la accesoria especial de destitución, como autor de los delitos de FRAUDE AL FISCO, en carácter reiterado relacionado con un perjuicio de $2.034.713.593 correspondientes a 49.409,037 UTM, según el valor de la UTM a fecha de la última de las facturas que actualizados equivalen a $3.487.682.492, perpetrados durante un período comprendido entre los años 2010 y 2014”, informó el Poder Judicial en dicha instancia.
Ante esto, Contrapoder Chile consultó nuevamente a Carabineros de Chile sobre si la general inspectora y directora nacional de Apoyo a las Operaciones, María Teresa Araya, tenía conocimiento o no de que la empresa a la que le compraron los drones fue fundada por un militar condenado por fraude al Fisco -dejándose entrever una presunta negligencia-. Esta fue la respuesta de la institución:
“Se informa que Carabineros de Chile contrata bienes y servicios a través de empresas que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente y que se encuentran habilitadas para participar en los procesos de adquisición pública. Asimismo, los procedimientos de compra y licitación efectuados por la institución se desarrollan conforme al marco normativo que regula el Sistema de Compras Públicas y están disponibles a través de las plataformas oficiales dispuestas para tales efectos, garantizando los principios de transparencia, publicidad y legalidad que rigen la contratación pública”, sin referirse a la presunta responsabilidad de la general Araya en la revisión de esta millonaria compra.
Finalmente, por lo expuesto en este artículo, Contrapoder Chile contactó a la empresa SC Ordenance Spa para conocer su versión. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo siguen sin emitir respuesta.
Estarían inoperativos: Carabineros compró drones en $7 mil millones a empresa fundada por coronel condenado por fraude al Fisco - ContrapoderChile.cl
Era el 14 de diciembre de 2024, y Carabineros de Chile presentaba sus nuevos UAS VTOL Schiebel Camcopter S-100 (drones), los que contarían con un sistema de vigilancia militar para apoyar los servicios policiales en la Macrozona Sur, y los que tuvieron un costo de $6.973.734.425. Sin embargo...
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