Experimentación farmacológica en niños: el último amarre de Boric
Los gobiernos suelen dejar “amarres” al finalizar su mandato: nombramientos, reglamentos, orientaciones. Todo eso es discutible. Pero habilitar que hospitales públicos operen como laboratorios de intervención hormonal en menores traspasa un umbral distinto.
Credit: Ministerio de Salud
El 17 de febrero recién pasado, el Ministerio de Salud dictó la Circular Nº3, habilitando intervenciones hormonales transafirmativas en menores de 18 años. En términos simples: desde los 10 años puede bloquearse la pubertad de un niño que se percibe como niña —o viceversa—. Se detiene su desarrollo, se interrumpe su maduración biológica, se congela un proceso natural decisivo. Luego, desde los 16 años, se autoriza la administración de hormonas del sexo opuesto para modificar su apariencia. El Estado de Chile no solo permite esto: lo institucionaliza. El gobierno de Gabriel Boric culmina su mandato dejando abierta la puerta a la experimentación farmacológica en niños. Puede ser su “logro” número 1.001.
El Minsal intenta diluir su responsabilidad: la ejecución quedará en manos de equipos especialistas, bajo estándares de lex artis. Pero omite un dato central: no existe hoy consenso científico robusto que respalde estas intervenciones en menores. La calidad de la evidencia disponible es baja o muy baja. Los propios estándares internacionales invocados han sido cuestionados por la precariedad metodológica de los estudios que los sustentan y por la existencia de circuitos cerrados de validación entre un reducido grupo de organizaciones. Incluso se ha denunciado la falta de transparencia en la publicación de resultados desfavorables en investigaciones relevantes. Presentar esto como ciencia consolidada es, cuando menos, una temeridad.
Los efectos de estas intervenciones pueden ser graves e irreversibles. La pérdida de fertilidad es uno de ellos, derivada de la ausencia de gametos viables tras bloqueos prolongados y hormonación cruzada. No es casual que se ofrezca criopreservación de óvulos y espermios antes de iniciar el tratamiento. En términos funcionales, si los bloqueos no se revierten, sus efectos se asemejan a los de una castración química. A diferencia del tratamiento de la pubertad precoz —que sí cuenta con aprobación específica y evidencia consolidada—, aquí se trata de usos controvertidos, de impacto permanente y con sustento incierto.
El nivel de incerteza y riesgo es de tal nivel que recientemente el Reino Unido, decidió suspender un ensayo de bloqueadores de pubertad en menores de edad, luego de una solicitud de la Agencia Regulatoria de Medicamentos y Productos Sanitarios por considerar que representan “un riesgo de seguridad inaceptable” y que su uso temprano, seguido de hormonas cruzadas “muy probablemente dejaría a los participantes infértiles”, pudiendo causar “cambios estructurales óseos persistentes y potencialmente permanentes”.
La Circular representa un riesgo sanitario evidente. El Minsal conoce las revisiones sistemáticas que desaconsejan iniciar estas intervenciones por la extrema baja certeza de la evidencia. Persistir pese a ello no es un simple error técnico. Es una decisión consciente cuyos costos podrían recaer, más temprano que tarde, en el propio Estado mediante demandas indemnizatorias, como ya ocurre en otras jurisdicciones. La eventual falta de servicio será difícil de eludir.
Los gobiernos suelen dejar “amarres” al finalizar su mandato: nombramientos, reglamentos, orientaciones. Todo eso es discutible. Pero habilitar que hospitales públicos operen como laboratorios de intervención hormonal en menores traspasa un umbral distinto. Ofrecer a niños y padres angustiados soluciones ideológicas revestidas de medicina, bajo la presión emocional del “hijo trans o hijo muerto”, es una forma de coerción moral inaceptable. Comprometer la fertilidad, la salud y el desarrollo de niños en nombre de certezas científicas que no existen es una irresponsabilidad histórica.
Ese puede ser, en definitiva, el legado más duro de este gobierno: haber convertido la incertidumbre en política pública y la fragilidad infantil en campo de prueba para darse un último gustito ideológico.
https://ellibero.cl/columnas-de-opi...acologica-en-ninos-el-ultimo-amarre-de-boric/
Los gobiernos suelen dejar “amarres” al finalizar su mandato: nombramientos, reglamentos, orientaciones. Todo eso es discutible. Pero habilitar que hospitales públicos operen como laboratorios de intervención hormonal en menores traspasa un umbral distinto.
Credit: Ministerio de Salud
El 17 de febrero recién pasado, el Ministerio de Salud dictó la Circular Nº3, habilitando intervenciones hormonales transafirmativas en menores de 18 años. En términos simples: desde los 10 años puede bloquearse la pubertad de un niño que se percibe como niña —o viceversa—. Se detiene su desarrollo, se interrumpe su maduración biológica, se congela un proceso natural decisivo. Luego, desde los 16 años, se autoriza la administración de hormonas del sexo opuesto para modificar su apariencia. El Estado de Chile no solo permite esto: lo institucionaliza. El gobierno de Gabriel Boric culmina su mandato dejando abierta la puerta a la experimentación farmacológica en niños. Puede ser su “logro” número 1.001.
El Minsal intenta diluir su responsabilidad: la ejecución quedará en manos de equipos especialistas, bajo estándares de lex artis. Pero omite un dato central: no existe hoy consenso científico robusto que respalde estas intervenciones en menores. La calidad de la evidencia disponible es baja o muy baja. Los propios estándares internacionales invocados han sido cuestionados por la precariedad metodológica de los estudios que los sustentan y por la existencia de circuitos cerrados de validación entre un reducido grupo de organizaciones. Incluso se ha denunciado la falta de transparencia en la publicación de resultados desfavorables en investigaciones relevantes. Presentar esto como ciencia consolidada es, cuando menos, una temeridad.
Los efectos de estas intervenciones pueden ser graves e irreversibles. La pérdida de fertilidad es uno de ellos, derivada de la ausencia de gametos viables tras bloqueos prolongados y hormonación cruzada. No es casual que se ofrezca criopreservación de óvulos y espermios antes de iniciar el tratamiento. En términos funcionales, si los bloqueos no se revierten, sus efectos se asemejan a los de una castración química. A diferencia del tratamiento de la pubertad precoz —que sí cuenta con aprobación específica y evidencia consolidada—, aquí se trata de usos controvertidos, de impacto permanente y con sustento incierto.
El nivel de incerteza y riesgo es de tal nivel que recientemente el Reino Unido, decidió suspender un ensayo de bloqueadores de pubertad en menores de edad, luego de una solicitud de la Agencia Regulatoria de Medicamentos y Productos Sanitarios por considerar que representan “un riesgo de seguridad inaceptable” y que su uso temprano, seguido de hormonas cruzadas “muy probablemente dejaría a los participantes infértiles”, pudiendo causar “cambios estructurales óseos persistentes y potencialmente permanentes”.
La Circular representa un riesgo sanitario evidente. El Minsal conoce las revisiones sistemáticas que desaconsejan iniciar estas intervenciones por la extrema baja certeza de la evidencia. Persistir pese a ello no es un simple error técnico. Es una decisión consciente cuyos costos podrían recaer, más temprano que tarde, en el propio Estado mediante demandas indemnizatorias, como ya ocurre en otras jurisdicciones. La eventual falta de servicio será difícil de eludir.
Los gobiernos suelen dejar “amarres” al finalizar su mandato: nombramientos, reglamentos, orientaciones. Todo eso es discutible. Pero habilitar que hospitales públicos operen como laboratorios de intervención hormonal en menores traspasa un umbral distinto. Ofrecer a niños y padres angustiados soluciones ideológicas revestidas de medicina, bajo la presión emocional del “hijo trans o hijo muerto”, es una forma de coerción moral inaceptable. Comprometer la fertilidad, la salud y el desarrollo de niños en nombre de certezas científicas que no existen es una irresponsabilidad histórica.
Ese puede ser, en definitiva, el legado más duro de este gobierno: haber convertido la incertidumbre en política pública y la fragilidad infantil en campo de prueba para darse un último gustito ideológico.
https://ellibero.cl/columnas-de-opi...acologica-en-ninos-el-ultimo-amarre-de-boric/
