Tras las rejas: Gendarmería revela cómo extranjeros extorsionan a “primerizos” chilenos en penal de Santiago 1
Un documento reservado obtenido por CHV Noticias detalla que una banda compuesta por colombianos y dominicanos cobra 200 mil pesos mensuales a las familias de internos para evitar agresiones, torturas e incluso abuso sexual. Como carecen de antecedentes penales en Chile y se desconoce cuáles son los de su país de origen, ingresan a los módulos donde están los internos con bajo compromiso delictivo. El hecho pone a prueba al sistema de persecución penal.
El módulo 34 del penal Santiago Uno es donde ingresan personas con un bajo compromiso delictivo. La idea es mantenerlos separados de los delincuentes con mayor experiencia criminal, para evitar que se produzca la llamada “contaminación criminógena” o que la cárcel se convierta en una escuela del delito.
Eso al menos en teoría, porque hace algunas semanas Gendarmería recibió cartas escritas por madres de internos que denunciaban torturas, golpizas y abuso sexual como forma de extorsión, obligándolas a pegar una suma fija mensual de $200 mil.
Si bien es cierto esta práctica es uno de los tantos fenómenos intramuros, lo cierto es que la información era preocupante: los miembros de la banda eran colombianos y dominicanos que, supuestamente, eran tan “primerizos” como los chilenos.
El hecho encendió las alarmas internas y el Departamento de DD.HH. del Servicio de Prisiones ofició al área de “Investigación Criminal” para que indagaran el hecho.
Y así ocurrió, pero además los datos obtenidos fueron plasmados en un documento reservado que ingresó a Fiscalía Centro Norte y que publica íntegramente CHV Noticias.
“Me van a quebrar”
En su búsqueda, los gendarmes accedieron a un mensaje de Whatsapp de un interno con su madre: “Mami si tu hablas con el alcaide a mí me pitean. No hagas eso. Este módulo está comprado, cámbiame al de protección. Si no pago me van a quebrar”, escribió una de las víctimas.
A lo anterior se sumaron audios amenazantes enviados por la misma aplicación de mensajería donde se prometían venganzas sangrientas. Paradojalmente, los celulares están prohibidos en la cárcel.
Lo llamativo de la extorsión es que el pago exigido debía ser depositado en la cuenta RUT de uno de los integrantes de la banda. Todo muy moderno.
De acuerdo a la denuncia de Gendarmería, los líderes serían sujetos apodados como “papi mono” y el “papi marwan” -ambos colombianos-, quienes operan con un soldado o “perro” que cumple sus órdenes, apodado “Edwin”.
Las platas, de acuerdo a la indagatoria interna, eran depositadas en la cuenta RUT de un dominicano preso por homicidio, cuya identidad podrá conocer esta noche en el noticiario central de CHV Noticias.
Ceguera
El caso revela también un problema que actualmente enfrentan tanto el Ministerio Público, Gendarmería e incluso las policías.
Ocurre que en una parte importante de los casos de extranjeros presos en Chile, se desconocen los antecedentes penales de su país de origen. Luego, como en Chile no están indexados en ninguna base de datos, pasan a ser primerizos sin serlo.
A lo anterior, se suma que tampoco existe claridad para las autoridades si los documentos de identidad son verdaderos, menos cuando se trata de personas que han ingresado clandestinamente al país. Todo un desafío para el sistema.
https://www.chvnoticias.cl/exclusiv...FcMm6ZVLqyA8fCm2DObNX3RHQmXDJZ3XMLWsu9ZTxtBHw
Un documento reservado obtenido por CHV Noticias detalla que una banda compuesta por colombianos y dominicanos cobra 200 mil pesos mensuales a las familias de internos para evitar agresiones, torturas e incluso abuso sexual. Como carecen de antecedentes penales en Chile y se desconoce cuáles son los de su país de origen, ingresan a los módulos donde están los internos con bajo compromiso delictivo. El hecho pone a prueba al sistema de persecución penal.
El módulo 34 del penal Santiago Uno es donde ingresan personas con un bajo compromiso delictivo. La idea es mantenerlos separados de los delincuentes con mayor experiencia criminal, para evitar que se produzca la llamada “contaminación criminógena” o que la cárcel se convierta en una escuela del delito.
Eso al menos en teoría, porque hace algunas semanas Gendarmería recibió cartas escritas por madres de internos que denunciaban torturas, golpizas y abuso sexual como forma de extorsión, obligándolas a pegar una suma fija mensual de $200 mil.
Si bien es cierto esta práctica es uno de los tantos fenómenos intramuros, lo cierto es que la información era preocupante: los miembros de la banda eran colombianos y dominicanos que, supuestamente, eran tan “primerizos” como los chilenos.
El hecho encendió las alarmas internas y el Departamento de DD.HH. del Servicio de Prisiones ofició al área de “Investigación Criminal” para que indagaran el hecho.
Y así ocurrió, pero además los datos obtenidos fueron plasmados en un documento reservado que ingresó a Fiscalía Centro Norte y que publica íntegramente CHV Noticias.
“Me van a quebrar”
En su búsqueda, los gendarmes accedieron a un mensaje de Whatsapp de un interno con su madre: “Mami si tu hablas con el alcaide a mí me pitean. No hagas eso. Este módulo está comprado, cámbiame al de protección. Si no pago me van a quebrar”, escribió una de las víctimas.
A lo anterior se sumaron audios amenazantes enviados por la misma aplicación de mensajería donde se prometían venganzas sangrientas. Paradojalmente, los celulares están prohibidos en la cárcel.
Lo llamativo de la extorsión es que el pago exigido debía ser depositado en la cuenta RUT de uno de los integrantes de la banda. Todo muy moderno.
De acuerdo a la denuncia de Gendarmería, los líderes serían sujetos apodados como “papi mono” y el “papi marwan” -ambos colombianos-, quienes operan con un soldado o “perro” que cumple sus órdenes, apodado “Edwin”.
Las platas, de acuerdo a la indagatoria interna, eran depositadas en la cuenta RUT de un dominicano preso por homicidio, cuya identidad podrá conocer esta noche en el noticiario central de CHV Noticias.
Ceguera
El caso revela también un problema que actualmente enfrentan tanto el Ministerio Público, Gendarmería e incluso las policías.
Ocurre que en una parte importante de los casos de extranjeros presos en Chile, se desconocen los antecedentes penales de su país de origen. Luego, como en Chile no están indexados en ninguna base de datos, pasan a ser primerizos sin serlo.
A lo anterior, se suma que tampoco existe claridad para las autoridades si los documentos de identidad son verdaderos, menos cuando se trata de personas que han ingresado clandestinamente al país. Todo un desafío para el sistema.
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