Fiscalía investiga fraude al Fisco tras aluvión de 2017 en Tierra Amarilla

Este martes la Fiscalía de Atacama formalizó la investigación en contra de seis imputados, a quienes atribuye responsabilidad en el delito de fraude al fisco cometido en la Municipalidad de Tierra Amarilla, posterior al aluvión ocurrido en mayo del año 2017.

Se trata de funcionarios municipales de la época y representante de una empresa privada que fue contratada por el municipio con la finalidad de desarrollar tareas de aseo tras el aluvión, que finalmente no se concretaron.

La audiencia de formalización se desarrolló este martes en el Juzgado de Garantía de Copiapó, instancia en que el fiscal de delitos económicos, Luis Miranda Flores, expuso los antecedentes de la causa en que se investiga un perjuicio fiscal de más de 240 millones de pesos.

Los hechos expuestos indican que una vez decretada la zona de catástrofe tras el aluvión de marzo de 2017, el alcalde de la época, el administrador municipal, la secretaria municipal y otros dos funcionarios realizaron acciones administrativas para intervenir el proceso de limpieza y sanitización de las casas afectadas.

En concreto, los funcionarios se habrían coordinado la contratación de forma directa de la empresa Tres Montes SPA, la que debía facilitar kits de limpieza a vecinos y entregar ayuda monetaria a residentes afectados por el aluvión.

Detectándose que para proceder con la contratación de dicha empresa hubo, por parte de los imputados municipales, modificaciones al diseño del contrato generándose una sobrevaloración del precio del contrato.

Además, para concretar la firma del documento el municipio no exigió las garantías que la ley establece para velar por la ejecución de los servicios contratados.

A partir de estas acciones, la investigación realizada arrojó que el municipio pagó a los representantes de la empresa, también formalizados, por servicios que no se realizaron.

Así dio cuenta un informe de la Contraloría, el cual estableció que de las 696 viviendas informadas por la empresa contratada para solicitar el primer pago por sus servicios, 291 no figuraban en el catastro municipal, y que de las 256 casas señaladas en el estado de pago sólo 202 estaban incluidas en el catastro de la municipalidad.

Tras la formalización se fijó un plazo de investigación de 6 meses, no otorgando el juez de turno las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía en contra de los imputados.

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