Presidente de gremio constructor critica a Contraloría y la acusa de paralizar inversiones

Patricio Donoso, timonel de la CChC. Afirma que la entidad sobrepasa sus atribuciones y contradice decisiones de otros órganos estatales, afectando obras inmobiliarias y de infraestructura.

En los últimos meses se ha escuchado con frecuencia en actividades públicas y privadas a ministros de Estado y empresarios quejarse de las decisiones de la Contraloría General de la República sobre sus proyectos. Aseguran que deben realizar más trámites que antes o que el organismo impide el desarrollo fluido de sus programas.

Ahora, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricio Donoso, cuestionó duramente a la institución que encabeza Jorge Bermúdez. El dirigente gremial acusa que las "actuaciones de la Contraloría paralizan proyectos aprobados en distintas etapas de ejecución", incluso terminados y vendidos, tanto en las áreas de infraestructura como inmobiliaria. Asimismo, afirma que ese organismo excede sus atribuciones y contradice decisiones -aprobaciones- tomadas por otros entes públicos competentes, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), municipios y direcciones de obras.

Si bien la CChC no cuenta con un catastro detallado de iniciativas afectadas por decisiones de la Contraloría, Donoso recuerda que un reciente dictamen afectó el desarrollo de 25 proyectos inmobiliarios en Estación Central por un monto cercano a los US$ 25 millones. Agrega que lo mismo ocurre en otras comunas y regiones y sostiene que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas (MOP) "va con cierto retraso y uno de los motivos, no el único, es la demora en autorizaciones de la Contraloría".

En octubre pasado se conoció que la Contraloría estimó que las faenas que la Inmobiliaria del Puerto Spa llevó a cabo en terrenos de su propiedad en Valparaíso no cumplían las exigencias legales para dar por iniciadas las obras para construir el proyecto Parque Pumpin. Por ello, los permisos para levantar 22 edificios en el barrio O"Higgins incurrieron en caducidad.

Patricio Donoso afirma que en la industria de la construcción "el estado de ánimo es de preocupación, porque hay más burocracia cuando estamos todos como país tratando de empujar para que las cosas pasen, que generemos movimiento, inversión, empleo, producción. Vemos que con esta situación vamos en la dirección contraria. Lo vemos también con nuestras contrapartes públicas, que están un poco entregadas a lo que dice o no Contraloría".

El presidente de la CChC señala que el sector ha sido testigo de "recurrentes interpretaciones normativas por parte de la Contraloría que, a nuestro juicio, van más allá de sus atribuciones" y que son opuestas a decisiones previas de otros entes estatales donde deben tramitarse las autorizaciones para invertir. "Esto afecta el ordenamiento jurídico e institucional y la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de cualquier proyecto", afirma.

Como ejemplos del señalado exceso de atribuciones, el dirigente afirma que sabe que la entidad contralora ha estado supervisando excavaciones en terreno o se pronuncia respecto de materias propias de tribunales.

Donoso lanza la pregunta de si la Contraloría tendrá que "ser el órgano del Estado que finalmente valide todos los permisos de edificación". Precisa que esto aún no es algo "estructural" en la industria de la construcción, pero advierte que "puede llegar a serlo".

Otro de los aspectos que cuestiona el dirigente es que la Contraloría "ha desconocido la necesidad del debido proceso". Dice que hay casos en los cuales los titulares de proyectos no han podido tener la debida participación para evitar la "emisión de dictámenes sobre la base de supuestos erróneos".

Propuestas

Donoso plantea que es necesario que se dicte una ley que aclare los ámbitos de competencia de la Contraloría y los alcances de sus pronunciamientos sobre materias que competen a organismos técnicos especializados. Asimismo, que se establezca un procedimiento de participación y reclamación de los afectados por dictámenes de la Contraloría.

A la vez, señala que el marco normativo para enfrentar el crecimiento urbano es insuficiente. Por ello solicita que eso se resuelva en una instancia de trabajo entre autoridades y áreas técnicas del Minvu, y no "mediante la acción directa y autónoma de la Contraloría".

Asegura que los conflictos que se han generado están afectando las posibilidades de acceso a la vivienda para las personas.

""Distintos actores, reguladores, desarrolladores y financistas, están preocupados respecto de cuál será el modelo de trabajo hacia adelante".

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=523851

 

CChC analiza el rol de Contraloría en permisos en Las Condes: “Se ha producido una invasión de potestades”

Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) han seguido de cerca el dictamen de Contraloría por permisos en Las Condes . Según explica Bernardo Echeverría, presidente del grupo de Certeza Jurídica del gremio, los problemas partieron cuando asumió el nuevo contralor en 2015.

¿Qué le parece el rol que ha tomado la Contraloría en temas inmobiliarios?

El problema principal son las causales bajo las que la CGR ordena a la Dirección de Obras Municipales (DOM) invalidar permisos. En primer término, el único que puede invalidar un permiso de construcción es el director de Obras Municipales y en su subsidio, tribunales. En este caso, no se está recurriendo a ninguno de esos dos procedimientos, sino que a un supervisor administrativo, que ordena que se proceda a invalidar. Y aquí hay un problema de interpretación de la ley y de los instrumentos de planificación. Cuando la Contraloría se mete en un ámbito que es técnico, lo está haciendo en un campo en que la ley específicamente asigna a los organismos técnicos de supervisión. Se produce una invasión de potestades.

- ¿Y qué tipo de acciones está ejerciendo el ente fiscalizador?

La Contraloría dice, por ejemplo, que determinado contenido de un plan regulador es ilegal y no se ciñe a la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y en sentido estricto, si la Contraloría opina eso debiera hacérselo saber a los órganos técnicos pertinentes y no actuar por su cuenta. El segundo tema es que los efectos deben ser hacia adelante, nunca retroactivos (...), pero el efecto general que se está produciendo es de paralización de la administración pública.

¿Se han reunido con autoridades y Contraloría para ver estas inquietudes?

- Sí, se hizo una reunión con el señor contralor, hace unos cuatro meses, y le planteamos estos temas. Éstos además han llegado a las diferentes autoridades.

¿Y hay algún acuerdo?

- Ha habido algunas clarificaciones puntuales, el problema es que tenemos un escenario en que son insuficientes. Aquí es evidente que se necesitan modificaciones en materia de ordenanzas, en planos reguladores y en el ámbito legal. No puede ser que el Estado, que tiene la obligación de coordinar sus distintas instituciones, éstas empiecen a operar cada una en contraposición a la otra.

https://www.df.cl/noticias/empresas...os-en-las-condes-se-ha/2018-12-04/202544.html

Dir. de Obras Municipales: 237 proyectos de un valor de US$ 2 mil millones están detenidos

El presidente de la dirección, Agustín Pérez, dijo que "se ha instalado la especulación de la comunidad".

La industria de la construcción y la inmobiliaria han manifestado su preocupación por los problemas en los permisos de construcción, acusando incerteza jurídica pues aún obteniendo esos permisos no han podido comenzar obras. Según Agústin Pérez, presidente de la Dirección de Obras Municipales de Chile, hay cerca de 80 proyectos con dificultades en la Región Metropolitana y 237 en todo el país. "Son cerca de 2 mil millones de dólares en una actividad muy importante para el país", dijo a Primera Pauta. "Se ha instalado la especulación de la comunidad, los vecinos y por eso termina en Contraloría"

http://www.pauta.cl/negocios/direccion-de-obras-municipales-237-proyectos-de-un-valor-de-us-2-mil

La caída en los proyectos de inversión ingresados a evaluación ambiental

El monto de las iniciativas sometidas a revisión en 2018 sumó US$ 27 mil millones, 45% menos que en 2017 y el nivel más bajo desde 2011. El Gobierno destaca que hay un avance en el número de proyectos aprobados.



En 2018 la inversión se recuperó luego de cuatro años de estancamiento y tanto el Banco Central como los agentes de mercado coinciden en proyecciones positivas, con un crecimiento en torno a 6% este año. En su último reporte, la Corporación de Bienes de Capital catastró 912 iniciativas privadas y estatales con cronogramas definidos por un total de US$ 59.280 millones para el periodo 2018-2022. De alguna manera, la inversión se ha vuelto la “niña bonita” de la economía chilena.

En este contexto, es llamativo que los proyectos de inversión ingresados en 2018 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) hayan registrado las cifras más bajas en los últimos siete años. Según la información provista por dicho sistema, el año pasado ingresaron a trámite 725 proyectos, que suman una inversión total por US$ 27 mil millones. Se trata de las menores cifras desde 2011 tanto en número de iniciativas como en montos de inversión totales. Por ejemplo, en 2017 se presentaron 806 proyectos que representaron una inversión total de US$ 59 mil millones. En 2014, el año que hasta ahora tenía las cifras más bajas, ingresaron 829 proyectos por montos que llegaron a US$35 mil millones.

Son proyectos a largo plazo, lo cual explican sus altos montos.



Una cosa es el ingreso y otra es la aprobación de las iniciativas.

La diferencia entre ingreso y aprobación

Las cifras del sistema pueden tener diferentes lecturas. Para el director de la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), del Ministerio de Economía, Juan Obach, los datos de proyectos de inversión ingresados al SEIA “no son el mejor termómetro del dinamismo de los proyectos de inversión del país”, ya que incluyen iniciativas que terminan no ejecutándose y otras que están “repetidas”, pues si inicialmente son rechazadas pueden reformularse y presentarse de nuevo.

“Si analizamos los proyectos de mayor envergadura ingresados al SEIA entre 2014 y 2018, 12 de los 14 proyectos más grandes ingresaron en reiteradas oportunidades y finalmente no calificaban para ser admitidos a trámite o evaluados. Es decir, hay US$ 57.400 millones que no deben ser contabilizados ya que no se ejecutarán”, advierte.

El economista y gerente de estudios de Econsult, Sebastián Cerda, apunta a un cambio relevante que, a su juicio, ocurrió el año pasado: la fuerte caída que registran los proyectos finalizados que no fueron aprobados (lo que incluye a los rechazados, retirados o que salieron de tramitación por cualquier motivo).

“Algo pasó en el SEIA que, en la perspectiva histórica, muy pocos proyectos finalizaron sin ser aprobados. Por ejemplo, en 2017 hubo 475 proyectos no aprobados que involucraron montos totales de inversión por US$50 mil millones, pero en 2018 se trata de 311 proyectos que suman US$10 mil millones; o sea una quinta parte de los montos de 2017. No hay ningún año desde 2011 en que estos montos sean tan bajos”.

Argumenta si se están rechazando menos proyectos respecto de años previos, eso automáticamente resta proyectos reformulados que reingresaban. “Debido a esto el stock no tiene cambios relevantes. Esto es compatible con el hecho que 2018 fue un buen año para la inversión y el crecimiento. Si se están ingresando menos proyectos a evaluación ambiental no es por la sensación que viene una contracción de la inversión, sino que hubo algún cambio en la forma de operar del SEIA que permite tener más proyectos aprobados”, explica.

Por la demora que existe en la aprobación de proyectos en el SEIA, los menores ingresos podrían afectar el stock de iniciativas desde 2020 en adelante. Pero es algo que podría más que compensarse con un trámite más ágil y que concluya con más proyectos aprobados.

Más aprobaciones

Aunque el ingreso de iniciativas al SEIA haya sido bajo, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Hernán Brücher, destaca que la cantidad de proyectos aprobados aumentó 10,6% en 2018, involucrando una inversión asociada que subió 7%. Esto porque en 2018 se aprobaron 394 proyectos, por una inversión total de US$ 25.610 millones de dólares, mientras que en 2017 se aprobaron solo 356 iniciativas, por US$ 23.851.

Añade que los sectores productivos que tuvieron mayores montos de inversión aprobados durante 2018 fueron minería (US$ 12 mil millones), seguido por energía (US$5 mil millones) y sector inmobiliario (US$ 2 mil millones).

El funcionario apunta que la gestión del SEA el año pasado "estuvo centrada en mejorar los procedimientos de evaluación, la tecnificación de pronunciamientos, optimizar los plazos de evaluación". Sobre todo, agrega, buscaron "asegurar una evaluación de impacto ambiental transparente, técnica y eficiente que entregue certeza técnica y jurídica a todos los actores del SEIA y que vele por el desarrollo sustentable del país".


El director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brüchner, dijo que en 2018 el trabajo de la entidad se centró en mejorar los procedimientos de evaluación y optimizar los plazos de evaluación, entre otras materias. Crédito: SEA


Apuestas para 2019

Desde Economía son optimistas respecto de lo que está pasando con la inversión y los proyectos que se están impulsando, ya que en la oficina GPS realizan un seguimiento detallado que no solo incluye a las iniciativas que están en tramitación ambiental, sino también las que están solicitando permisos sectoriales o en etapa de construcción.

Juan Obach explica que cuentan con un listado de 241 proyectos de inversión, con una inversión total estimada de US$ 60.486 millones para el periodo 2018-2021. "Entre marzo y diciembre de 2018 el catastro GPS mostró gran dinamismo, lo que da cuenta de la reactivación economía del país", agrega.



El ingeniero comercial proyecta que 2019 "será un muy buen año con respecto al ingreso de nuevos proyectos de inversión" y ejemplifica con una serie de proyectos que ingresarán a trámite, entre ellos los megaproyectos mineros Nueva Unión, El Abra y Los Bronces por un total de US$ 15.200 millones. También prevé que en el ámbito de infraestructura se sumarán el Puerto Exterior San Antonio, Línea 7 de Metro, Américo Vespucio Oriente tramo 2 y la Ruta de la Fruta por un total de US$ 7.200 millones.

"Es decir, sólo con estos siete proyectos el monto de inversión ingresado a tramitación ambiental asciende a US$ 22.400 millones", afirma, cifra que se acerca al monto total ingresado al SEIA en 2018.

http://www.pauta.cl/economia/la-cai...e-inversion-ingresados-a-evaluacion-ambiental

Inmobiliarios ven alza en costos de proyectos por conflictos de obras

El impacto de los cuestionamientos de la Contraloría y otras entidades estatales a cientos de iniciativas preocupa a la industria de la construcción.
La denominada incertidumbre jurídica o cuestionamientos que enfrentan cientos de proyectos inmobiliarios por intervenciones de la Contraloría General de la República y de otras entidades estatales, se verá traducida en mayores costos en el desarrollo de iniciativas de construcción. Esto incidirá en mayores precios.
Así lo indicó ayer el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Vicente Domínguez, tema en el que coincidió el excontralor general de la República, Ramiro Mendoza.Estos, junto al exministro de Obras Públicas Alberto Undurraga, coincidieron en un seminario sobre conflictos y tendencias de la industria inmobiliaria organizado por Imaginación Consultores.Domínguez afirmó que el incremento de la incertidumbre jurídica "se va a transferir a precio sí o sí. Esto no lo está analizando la autoridad política". Agregó que "paralizar" la ciudad es "absurdo", ya que se debe densificar, especialmente para aprovechar las expansiones de Metro.

Durante su exposición, Ramiro Mendoza también indicó que en los cálculos de costos de los proyectos se tendrá que considerar el tema de los conflictos, denominándolos "gastos mayores". Domínguez señaló que calcular en cuánto se encarecerán las inversiones, dependerá del "grado de incertidumbre que se vaya produciendo".Mendoza comentó que entre las recetas para enfrentar la conflictividad están los "parches", como ajustes a leyes sectoriales. También las "vacunas", destacando como ejemplo la creación de un tribunal experto en materias urbanas, como ocurre en el área ambiental.
Alberto Undurraga mencionó que algunos de los desafíos del sector inmobiliario son promover acuerdos de ciudad, desarrollar políticas y capacidad de relacionamiento con la comunidad, ampliar el análisis normativo e instalar nuevos protocolos operacionales.

http://www.elmercurio.com/Inversion...tos-de-proyectos-por-conflictos-de-obras.aspx

Minvu presiona para que Contraloría revise dictamen que pone en riesgo proyectos inmobiliarios

Persiste la disputa entre la Contraloría y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por los proyectos inmobiliarios.

En particular, por la interpretación del artículo quinto de la llamada “Ley Caval”, que permite fijar incentivos o condiciones entre las inmobiliarias y la dirección de obras municipales de cada alcaldía.

Esto, luego de que el órgano fiscalizador objetara una resolución del Minvu que, en la práctica, habilitaba una serie de proyectos -ahora en riesgo- por dos mil millones de dólares, según La Tercera.

El dictamen señala que la declaración de validez de las condiciones e incentivos establecidos en los planes reguladores, son válidos, siempre y cuando, cumplan con los demás requisitos que han fijado los nuevos artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

En este contexto, el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, cuestionó esta objeción de la Contraloría y adelantó que presentarán un recurso de reposición para que reconsidere el dictamen.

“Lo que ha hecho la Contraloría es interpretar esa ley, acotar la aplicación de la ley a juicio de lo que ellos estiman debe ser la aplicación de esa respectiva legislación”, sostuvo el secretario de Estado asegurando que el veredicto de la Contraloría “es absolutamente reclamable”.

Además, la cartera de Vivienda emitió una declaración pública reafirmando lo indicado por el ministro, ajustando la defensa principalmente a lo promulgado el año pasado por el Congreso.

Desde la Contraloría, en tanto, aseguraron que lo que se busca es que el artículo quinto tenga coherencia, vigencia y pueda ser aplicado, sin que se vulnere la normativa actual y no haya discriminaciones arbitrarias.

La Cámara Chilena de la Construcción advirtió de incertidumbre en el sector en voz de su gerente de Estudios, Javier Hurtado, quien además instó a que el Ejecutivo tome acciones para revertir la medida del órgano contralor.

“Estamos convencidos que esto es una evidencia adicional a la crisis que estamos viviendo en el sector (…) estos dictámenes perjudican básicamente el desarrollo inmobiliario”, afirmó Hurtado.

Por su parte, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, planteó que el Ministerio de Vivienda busca beneficiar a las inmobiliarias.

“Las inmobiliarias abusan porque el Estado, en este caso representado por el Minvu, no ejerce correctamente sus atribuciones”, dijo Herman añadiendo que la cartera de Vivienda tiene “un marcado sesgo inmobiliario”.

En el comunicado del Minvu se señala que “en razón de lo dictaminado por Contraloría, este Ministerio se encuentra preparando una solicitud de reconsideración, pues a nuestro entender, dicho pronunciamiento busca acotar mediante un ejercicio interpretativo la voluntad del legislador”.
https://www.biobiochile.cl/noticias...-pone-en-riesgo-proyectos-inmobiliarios.shtml

 

Proyectos inmobiliarios detenidos afectan a 112 mil personas y US$ 5.700 millones en inversión


Cámara de la Construcción revisó 158 casos cuestionados en Santiago por la Contraloría y otros organismos. El proceso de invalidación de permisos de edificación aprobados ya resiente la actividad, sostiene Patricio Donoso, presidente del gremio: en el cuarto trimestre de 2018 cayó en 10,3% la cantidad de viviendas para la venta.

Más de 200 proyectos inmobiliarios se encuentran paralizados en Santiago debido a diferentes interpretaciones de la normativa vigente por parte de la Contraloría General de la República u otros organismos del Estado, advierte el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso. El gremio hizo un seguimiento de 158 de estos proyectos que hoy afectan a 112 mil personas e involucran inversiones por un monto de 134 millones de UF, equivalente a US$ 5.700 millones.

Se trata de 37.553 departamentos, 92% de los cuales se concentran en las comunas de Las Condes, Estación Central, Ñuñoa y Santiago. Del número total, 25.374 departamentos ya tienen promesa de compraventa, lo que implica que las personas ya han traspasado un activo o el pie de un crédito para reservar la vivienda y tienen la expectativa de recibirla, agrega el dirigente.

Atribuye el entrampamiento en el desarrollo de estos proyectos inmobiliarios a un cambio de criterio en la interpretación de la normativa que proviene de la Contraloría y de dudas existentes en el ámbito urbano.

En enero de 2018, el Congreso aprobó el artículo 5º de la Ley 21.078 que validó los incentivos y condiciones contemplados en los planes reguladores y comunales de todo el país. Posteriormente, la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda (Minvu) instruyó, mediante circular, a las direcciones de obras municipales (DOM) la aplicación del referido artículo. No obstante, la Contraloría consideró que dichas condiciones e incentivos no se ajustaban a derecho, porque el plan regulador no los podía establecer.

El Ministerio de Vivienda emitió luego una circular aclaratoria, que señalaba la validez de cada uno de los incentivos o condiciones, precisando que quedaban validados los anteproyectos aprobados y permisos de edificación otorgados por las direcciones de obras municipales. Sin embargo, hace unas semanas, la Contraloría nuevamente objetó esta circular y que el Minvu debía ajustarla. Ya se hablaba de un monto de inversión afectado de US$ 2.000 millones. En febrero pasado, el ministerio anunció que prepararía una solicitud de reconsideración, porque, a su entender, el pronunciamiento de la Contraloría "busca acotar mediante un ejercicio interpretativo la voluntad del legislador".

Para Donoso, el organismo público competente en lo que dice relación con la normativa urbana es el Minvu, mientras que el rol de la Contraloría es supervisar el debido funcionamiento de los organismos públicos. Del catastro de los 158 proyectos cuestionados, hay 10 que han sido invalidados solo en Estación Central, y lo que está pasando, advierte el dirigente, es que se está aplicando retroactividad y los permisos de edificación han perdido certeza jurídica, lo que trae incertidumbre y afecta decisiones de inversión.

Los cambios de criterio dicen relación con las condiciones para hacer un proyecto con edificación continua, como en Estación Central, donde hasta 2016 se construía en altura, pero luego se determinó que para la edificación continua, en todo el ancho del sitio, no se puede construir si no hay un límite determinado por el plan regulador. El problema es la retroactividad, dice el dirigente, porque todos los permisos otorgados en un período anterior han entrado en un proceso de invalidación.

"Siempre los proyectos se pueden mejorar", dice Donoso, aludiendo a la crítica pública a los llamados "guetos verticales" de Estación Central por el hacinamiento, falta de luz natural y escasez de ascensores, entre otros factores. Además, hace ver la fuerte demanda que hay en ese sector, porque la gente valora su conectividad. Lo que podría hacerse, dice, es una buena planificación para desarrollar otro tipo de servicios, como buenos espacios públicos. También se pueden mejorar los proyectos en sí mismos, como el tema de los ascensores. Cuenta que a fines de 2015, la mitad de las viviendas que se vendían en Estación Central tenía un valor menor a 1.500 UF y con acceso a subsidio; pero hoy, difícilmente se encuentran por menos de 3.000 UF y sin subsidio.

En cuanto a los incentivos establecidos en los planes reguladores, en el caso de Las Condes, dice que si el desarrollador inmobiliario aporta al buen desarrollo de los proyectos, por ejemplo entregando espacios privados para uso público o soterrando el cableado eléctrico, se le permite una mayor constructividad, lo que es cuestionado por la Contraloría.

Sin haber claridad, por ahora los directores de obras tienen frenados los permisos de edificación, concluye.

""Invalidar los permisos de edificación afecta a la industria completa, porque el financiamiento de los bancos va a dejar de funcionar y se pone en riesgo el desarrollo de la industria inmobiliaria en Santiago y resto de las regiones".

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=552123