Una de las iniciatvias incluye multas para notarios.
Dos proyectos de ley que buscan poner trabas a los inmigrantes irregulares presentaron parlamentarios de Renovación Nacional, quienes buscan que los extranjeros que no ingresan legalmente al país no puedan acceder a arriendos o contratos de trabajo.
Los diputados RN Frank Sauerbaum, Marcia Raphael y Juan Carlos Beltrán idearon un texto que tiene como objetivo "prevenir que los extranjeros en situación migratoria irregular puedan formalizar contratos de arrendamiento de bienes raíces".
Así, se "busca poner un freno a la migración irregular y desalentar la llegada de nuevos extranjeros irregulares por pasos no habilitados".
El proyecto indica que los arrendatarios extranjeros, "al momento de firmar un contrato deberán adjuntar la certificación que acredite su situación migratoria con una vigencia no superior a los 30 días", norma que de no cumplirse implicaría multas de hasta 100 UTM, pero además sanciones disciplinarias para los notarios que no hagan cumplir la norma al momento de visar la transacción.
Para los parlamentarios, el fenómeno migratorio se relaciona con la delincuencia y "hoy es evidente que bandas criminales transnacionales han cambiado para siempre el panorama delictual en Chile".
Delito de contratación de extranjeros no autorizados
El otro proyecto de ley que busca disminuir los incentivos a la migración irregular apunta tipificar como delito "la contratación de personas extranjeras no autorizadas para trabajar en Chile", sumándolo además al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Aunque "esta conducta es sancionada en sede administrativa", por la ley sobre Migración y Extranjería, "resulta plausible, atendida la relevancia de los bienes tutelados, superar las sanciones meramente administrativas y avanzar en una sanción penal, cuestión que igualmente parece de utilidad para desincentivar la llegada de miles de extranjeros que son objeto de abuso producto de la falta de sanciones y fiscalización adecuada", argumentan los patrocinantes.
Los parlamentarios Ximena Ossandón, Miguel Mellado, Diego Schalper, Angel Becker, Eduardo Durán, Andrés Celis, Hugo Rey y Andrés Longton proponen un artículo que señala que "el que empleare, contratare u ocupare a persona de nacionalidad extranjera que carezca de permiso de residencia o permanencia que lo habilite para trabajar o no se encuentre debidamente autorizado para el desarrollo de actividades remuneradas será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a máximo y multa de 21 a 50 unidades tributarias mensuales".
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