Jueces han dejado en libertad a 20mil imputados alegando vicios en detención: algunos portaban armas

Jueces han dejado en libertad a 20 mil imputados alegando vicios en la detención: algunos portaban armas y traficaban droga
Entre 2018 y 2022, los jueces penales dejaron en libertad a 20 mil imputados, amparados en vicios en las aprehensiones de las policías. Entre los liberados hay narcotraficantes y personas portando armas y drogas. El 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, donde está Daniel Urrutia, lidera la lista con 1.435 de estos casos.




Personas portando drogas, fusiles, metralletas, pistolas y millones en efectivo han sido aprehendidas in fraganti por las policías en diferentes partes del país, pero los jueces han sentenciado que la detención fue “ilegal”, quedando éstas en libertad.

Es un fenómeno que se repite cada año en los tribunales penales, y que impide un mejor combate a la delincuencia, dándoles impunidad a delincuentes basados en resquicios legales e interpretaciones de los magistrados, según denuncian a este diario abogados penalistas.

Ello, en un contexto en que el país vive una severa crisis de inseguridad, con fuerte incremento de delitos violentos y de homicidios. Ademas de ser la principal preocupación ciudadana, según las encuestas.

20 mil detenciones ilegales desde 2018
Según estadísticas entregadas por el Poder Judicial, entre 2018 y 2022 los jueces decretaron 20.441 detenciones ilegales en todo el país.

En 2018 la cifra fue de 4.442 casos, en 2019 -el año del estallido- subieron a 5.300, para luego descender a 4.503 en 2020, 3.746 en 2021 y a 2.450 el año pasado, la cifra más baja del quinquenio.

Al analizar la información por Cortes, la de Santiago lidera con 5 mil casos, San Miguel con 3.721, Valparaíso con 2.141, Concepción con 1.515 y Puerto Montt con 1.447 detenciones ilegales.

Las Cortes con menos casos fueron Punta Arenas, con apenas 25 en los cinco años, Iquique con 149 y Coyhaique con 170.


FUENTE: SISTEMA DE APOYO Y GESTIÓN JUDICIAL (SIAGJ)

El 7mo Juzgado lidera en detenciones ilegales
Entre los 141 tribunales penales que hay en Chile, el 7mo de Garantía de Santiago lidera ampliamente al determinar que 1.435 detenciones fueron ilegales entre 2018 y 2022. Entre los 13 jueces de ese tribunal está el polémico Daniel Urrutia.


Juez Daniel Urrutia

La cifra de detenciones ilegales que determinó este tribunal fue mayor, por ejemplo, que las que se registraron en los últimos cinco años en 10 regiones. Durante 2020, el tribunal liberó a 480 imputados por haber sido detenidos de manera ilegal según su parecer, la cifra más alta entre todos los tribunales.

El segundo tribunal con más casos así fue el Juzgado de Garantía de San Bernardo, con 1.242. El tercer lugar es para el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, con 1.105, y el de Talagante, con 1.097.


FUENTE: SISTEMA DE APOYO Y GESTIÓN JUDICIAL (SIAGJ)

Las polémicas del juez Daniel Urrutia
Santiago está bajo la jurisdicción del 7mo Juzgado de Garantía, que es la comuna donde más protestas y actos vandálicos contra la propiedad y el espacio público han ocurrido desde el estallido. También es una de las que tramita más casos judiciales.


El juez Urrutia es un declarado “octubrista”, hizo campaña política por el Apruebo en el Plebiscito Constitucional, y ha sido investigado varias veces por la Corte de Apelaciones de Santiago por su activismo político.

De hecho, fue suspendido de su cargo por liberar vía oficio en marzo de 2020 a imputados por la violencia en la crisis social de 2019. Su argumento fue que se podían contagiar de coronavirus. Fue derivado a un juzgado de cobranza y se le instruyó un sumario.

En la subcomisión de DDHH de la Convención Constitucional, el juez dijo que «el Poder Judicial chileno es una institución históricamente construida para dominar y reprimir a los pueblos y naciones en Latinoamérica».

“El resultado es una justicia autoritaria, colonialista, racista, heteropatriarcal, machista y clasista y necesitamos todes hacernos cargo de esto”, sostuvo Urrutia.

Por esas declaraciones 50 jueces pidieron su destitución.

Las detenciones de narcotraficantes en Mulchén declaradas ilegales por el juez
Tras varios meses de investigación, la PDI detuvo en julio del año pasado una banda de cinco narcotraficantes en Mulchén, Biobío, con dos kilos de cocaína y $8 millones en efectivo en el auto.

Tras pocas horas, el Juzgado de Letras y Garantía de Mulchén sentenció que no se cumplieron los estándares fijados para el control de identidad, y declaró ilegal la detención.



En noviembre de 2022, en la misma localidad de Mulchén, carabineros detuvieron en un liceo a una mujer con 427 envoltorios de pasta base de cocaína. La imputada también fue dejada en libertad por el tribunal, debido a que no se le habría exhibido la orden de detención, que se dio de forma verbal.


Juez Felipe Cancino

Un año antes, en octubre de 2021, el juez Felipe Cancino Concha declaró ilegal la detención de carabineros en la madrugada de dos sujetos que portaban 1,15 kilos de drogas duras (cocaína, éxtasis, drogas sintéticas y pasta base).

Según el magistrado Cancino, se consideró ilegal la detención debido al uso de un perro detector sin contar con la autorización respectiva.

Cancino fue nombrado juez en Mulchén en noviembre de 2020, año en que solo se declaró una detención ilegal. En 2018 y 2019 no se decretó ninguna. Ya en el cargo, en 2021 declaró 22 detenciones ilegales y otras cinco el año pasado. En junio de 2022, el juez Cancino fue ascendido a la Corte de Apelaciones de Valdivia como relator titular.

Juez de San Antonio declaró ilegal detención de imputados con armamentos
En junio de 2018 el juez de Garantía de San Antonio, Juan Pablo Flores, decretó la ilegalidad del arresto de dos personas en un auto que portaban dos revólveres, una pistola, 126 cartuchos y $4 millones en efectivo.


Armas incautadas en El Tabo

Las personas fueron detenidas por carabineros en El Tabo, en un control carretero donde se les pidió que abrieran la maleta. Ahí estaban las armas, las municiones y el dinero.

El juez Flores justificó la liberación en que “el chofer sí tenía su documentación y no se observa cómo llegamos a revisar el portaequipajes y, más aún, registrar una maleta en su interior«.

El caso gatilló una serie de críticas, y el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, pidió detalles del caso al general director de Carabineros, Hermes Soto.

El abogado asesor del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, calificó la decisión del magistrado como una «ilegalidad grave», y presentó una querella invocando la Ley de Armas.

«La decisión tomada por el juez de garantía constituye una ilegalidad grave, porque existe una norma expresa del Código Procesal Penal que facultaba a que, sin perjuicio de decretar la ilegalidad de la detención, se procediera a la formalización», indicó Hermosilla.

Pedro Orthusteguy: “Hay muchos casos socialmente graves que están quedando en la impunidad”
El sistema procesal penal chileno contempla una audiencia de comparecencia judicial en el artículo 132 del Código Procesal Penal, que es la denominada “audiencia de control de la detención”, en la cual el juez de garantía hace un análisis de la legalidad de la detención en situación de flagrancia y también de aquellos detenidos por orden judicial, explica Pedro Orthusteguy, abogado penalista, y ex presidente de la Asociación Nacional de Fiscales.


Pedro Orthusteguy, abogado penalista

La “ilegalidad de la detención” se declara principalmente en la detención por flagrancia donde el juez revisa en el caso concreto si una persona fue detenida en alguna de las circunstancias de flagrancia que establece el CPP en los artículos 129 y 130.

Así, por ejemplo, un detenido por la policía 13 horas después de ocurrido un hecho punible no se considera “tiempo inmediato” (el límite máximo es 12 horas) y por tanto se declarará ilegal la detención.

“Los casos más controvertidos de ilegalidad han derivado de controles de identidad (investigativos o preventivos) que por hallazgos casuales se transforman en una detención por flagrancia. El ejemplo más recurrente es el hallazgo de drogas o armas”, señala Orthusteguy.

La ilegalidad de la detención no impide al Fiscal formalizar la investigación, pero pone en serio riesgo el resultado de la misma ya que muy probablemente la prueba de cargo será excluida como evidencia en la etapa de preparación de juicio oral, agrega el abogado.

“Así, en un caso de tráfico de drogas o porte de armas, el Fiscal no tendría la droga o arma incautada para usarla como prueba en un juicio. Esa es la llamada ‘teoría del árbol envenenado’, es decir que si el procedimiento inicial fue ilegal contamina la evidencia mal obtenida. Ahora bien, lamentablemente el criterio de los jueces es muy disímil, no es algo uniforme, por lo que es muy difícil capacitar a las policías con un criterio uniforme”, afirma el ex presidente de los fiscales.

El volumen de “detenciones ilegales” informado por el Poder Judicial es bastante alto, pero estadísticamente bajo en relación con el ingreso anual de detenciones que son declaradas “legales”, explica Pedro Orthusteguy.

“El punto es otro, hay muchos casos socialmente graves que están quedando en la impunidad por un tecnicismo que es subjetivo y depende de la voluntad de un solo juez, sin ulterior revisión, cuyo razonamiento no es de aplicación universal y difiere de una ciudad a otra e incluso dentro de un mismo territorio jurisdiccional entre un juez y otro”, sostiene.

https://ellibero.cl/actualidad/juec...on-algunos-portaban-armas-y-traficaban-droga/

 

Bastante absurdo ese tema, ya han sido varios los casos en que carabineros haciendo controles de rutina en la carretera han encontrado armamento pesado y los tribunales han dejado libre a los individuos!