Juicio de cuentas por $587 millones complica a diputada Sofía González (PC) y exdelegado Yanino Riquelme (PC) por contratos del megaincendio
La Contraloría Regional de Valparaíso inició un juicio de cuentas por más de $587 millones contra la diputada y exdelegada presidencial Sofía González (PC) y el también exdelegado Yanino Riquelme (PC), junto a otros tres funcionarios de la Delegación Presidencial Regional (DPR) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). El proceso busca determinar responsabilidad patrimonial por contratos asociados a la emergencia del megaincendio de 2024, según El Mercurio de Valparaíso. El 30 de julio, la Contraloría formuló un reparo por $587.011.530 ante el Juzgado de Cuentas de Primera Instancia. El origen está en el Informe Final N°528/2025, que detectó pagos a San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA por servicios no ejecutados o no acreditados, con respaldos como fotografías repetidas y duplicidad de pagos. Entre ambas empresas se adjudicaron más de $7.200 millones en contratos de remoción de escombros, con sobreprecios que alcanzan el 557% en un caso y el 378% en otro, totalizando más de $4.200 millones. El caso ha generado críticas transversales. La diputada Chiara Barchiesi (Republicano) calificó los hechos de «gravísimos» y pidió investigar hasta las últimas consecuencias. La senadora Camila Flores (RN) apuntó contra González, mientras que la diputada María Francisca Bello (FA) exigió rigor para todos. El Partido Comunista respaldó a los exdelegados, señalando que el juicio no implica condena, y llamó a transparentar precios en emergencias. La Fiscalía ya investiga el caso desde febrero, y la PDI incautó dispositivos electrónicos de la DPR y el MOP
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La Contraloría Regional de Valparaíso inició un juicio de cuentas por más de $587 millones contra la diputada y exdelegada presidencial Sofía González (PC) y el también exdelegado Yanino Riquelme (PC), junto a otros tres funcionarios de la Delegación Presidencial Regional (DPR) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). El proceso busca determinar responsabilidad patrimonial por contratos asociados a la emergencia del megaincendio de 2024, según El Mercurio de Valparaíso. El 30 de julio, la Contraloría formuló un reparo por $587.011.530 ante el Juzgado de Cuentas de Primera Instancia. El origen está en el Informe Final N°528/2025, que detectó pagos a San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA por servicios no ejecutados o no acreditados, con respaldos como fotografías repetidas y duplicidad de pagos. Entre ambas empresas se adjudicaron más de $7.200 millones en contratos de remoción de escombros, con sobreprecios que alcanzan el 557% en un caso y el 378% en otro, totalizando más de $4.200 millones. El caso ha generado críticas transversales. La diputada Chiara Barchiesi (Republicano) calificó los hechos de «gravísimos» y pidió investigar hasta las últimas consecuencias. La senadora Camila Flores (RN) apuntó contra González, mientras que la diputada María Francisca Bello (FA) exigió rigor para todos. El Partido Comunista respaldó a los exdelegados, señalando que el juicio no implica condena, y llamó a transparentar precios en emergencias. La Fiscalía ya investiga el caso desde febrero, y la PDI incautó dispositivos electrónicos de la DPR y el MOP
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