El Presidente José Antonio Kast realizó una serie de llamadas a parlamentarios oficialistas durante el miércoles 28 de octubre para reforzar el respaldo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y evitar que legisladores del sector apoyen la acusación constitucional anunciada por la oposición. Las gestiones se desarrollaron mientras el secretario de Estado comparecía ante la Cámara de Diputados por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La intervención presidencial fue confirmada por la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, quien reveló que Kast contactó directamente a varios diputados para agradecer sus intervenciones en defensa del ministro y expresar reparos a quienes adoptaron posiciones críticas.
«Ayer el Presidente estuvo llamando personalmente a varios parlamentarios después de la sesión especial para agradecer algunos de los discursos, para llamar la atención en otros», señaló Hoffmann en una entrevista con 13C Radio.
La dirigente sostuvo que las comunicaciones reflejan el compromiso del Mandatario con la continuidad de Rabat y anticipó que el Ejecutivo intensificará las conversaciones para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios.
Según antecedentes publicados por La Tercera, otras dos fuentes confirmaron que el Presidente mantuvo contactos personales con legisladores durante la jornada del miércoles.
Las gestiones se produjeron en medio de crecientes diferencias dentro del oficialismo respecto de la permanencia del ministro. De acuerdo con la misma publicación, presidentes de partidos del sector han transmitido a integrantes del gabinete su preocupación por el costo político de mantener a Rabat y por la posibilidad de que una acusación constitucional reciba votos de parlamentarios cercanos al Gobierno.
La división quedó de manifiesto durante la sesión especial de la Cámara, que terminó con la aprobación de una resolución solicitando la renuncia del ministro de Justicia.
La iniciativa obtuvo 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones, resultado que evidenció que el rechazo a la gestión de Rabat no se limita a los partidos de oposición.
Entre quienes respaldaron la solicitud figuraron los diputados Hotuiti Teao y Marlene Pérez, ambos independientes vinculados a la UDI. Los parlamentarios habían anticipado previamente su disposición a votar favorablemente una eventual acusación constitucional.
También generaron inquietud las abstenciones de legisladores oficialistas. Entre ellos estuvieron los diputados de Renovación Nacional Juan Carlos Beltrán, Francisco Orrego y Ximena Ossandón, además de los representantes de la UDI Flor Weisse, Marco Antonio Sulantay y Guillermo Ramírez.
Este último, presidente de la UDI, explicó posteriormente que su abstención respondió a un error y aseguró que su intención era votar en contra de la resolución.
La votación tuvo lugar después de que Rabat compareciera ante la Cámara para explicar los criterios y procedimientos administrativos utilizados en la concesión de las rebajas de condenas. Durante su exposición, el ministro defendió las actuaciones de su cartera y cuestionó las interpretaciones sobre las competencias legales del Ministerio de Justicia.
Antes de la sesión, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), había advertido que el secretario de Estado enfrentaría a una mayoría inicialmente favorable a acusarlo constitucionalmente. A su juicio, el resultado dependería de la capacidad del ministro para convencer a los parlamentarios con sus explicaciones.
Alessandri también planteó que el respaldo presidencial a Rabat implicaba que La Moneda asumiera directamente las consecuencias políticas de la controversia.
«Dado el apoyo que le ha dado el Presidente Kast, imagino que asume el costo político de esa crisis y lo lleva a La Moneda», afirmó.
Pese a las recomendaciones de dirigentes de su sector que consideran conveniente un cambio en el Ministerio de Justicia, Kast ha decidido mantener al secretario de Estado en el gabinete.
Según los antecedentes conocidos, la determinación responde a la confianza personal y política del Mandatario en Rabat, así como a su disposición a respaldar a quienes aceptaron integrar su equipo de Gobierno.
Desde el Ejecutivo sostienen que las actuaciones del ministro no configuran infracciones legales ni constitucionales que justifiquen su destitución mediante una acusación constitucional.
El subsecretario vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, reiteró esa posición en una entrevista con Radio Duna y aseguró que Rabat conserva la confianza presidencial.
«No hay base para una acusación constitucional y vamos a defender al ministro», afirmó.
La defensa gubernamental se ha concentrado en los fundamentos jurídicos de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, las diferencias surgidas durante la votación del miércoles han obligado al Ejecutivo a reforzar las conversaciones políticas con sus propios parlamentarios.
La acusación constitucional anunciada por la oposición deberá superar primero su tramitación en la Cámara de Diputados. Para su aprobación en esa corporación se requiere el voto favorable de la mayoría de los diputados presentes, por lo que el comportamiento de los legisladores oficialistas podría resultar determinante.
A diferencia de la resolución que solicita la renuncia de Rabat, que no tiene efectos obligatorios sobre su permanencia en el cargo, una acusación constitucional aprobada por la Cámara debe ser conocida posteriormente por el Senado, al que corresponde resolver sobre la eventual responsabilidad constitucional del ministro.
Por ahora, el Gobierno mantiene su decisión de respaldar a Rabat, mientras las llamadas del Presidente buscan impedir que los cuestionamientos surgidos dentro del oficialismo se traduzcan en votos favorables a la acusación.
www.nuevopoder.cl
La intervención presidencial fue confirmada por la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, quien reveló que Kast contactó directamente a varios diputados para agradecer sus intervenciones en defensa del ministro y expresar reparos a quienes adoptaron posiciones críticas.
«Ayer el Presidente estuvo llamando personalmente a varios parlamentarios después de la sesión especial para agradecer algunos de los discursos, para llamar la atención en otros», señaló Hoffmann en una entrevista con 13C Radio.
La dirigente sostuvo que las comunicaciones reflejan el compromiso del Mandatario con la continuidad de Rabat y anticipó que el Ejecutivo intensificará las conversaciones para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios.
Según antecedentes publicados por La Tercera, otras dos fuentes confirmaron que el Presidente mantuvo contactos personales con legisladores durante la jornada del miércoles.
Las gestiones se produjeron en medio de crecientes diferencias dentro del oficialismo respecto de la permanencia del ministro. De acuerdo con la misma publicación, presidentes de partidos del sector han transmitido a integrantes del gabinete su preocupación por el costo político de mantener a Rabat y por la posibilidad de que una acusación constitucional reciba votos de parlamentarios cercanos al Gobierno.
La división quedó de manifiesto durante la sesión especial de la Cámara, que terminó con la aprobación de una resolución solicitando la renuncia del ministro de Justicia.
La iniciativa obtuvo 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones, resultado que evidenció que el rechazo a la gestión de Rabat no se limita a los partidos de oposición.
Entre quienes respaldaron la solicitud figuraron los diputados Hotuiti Teao y Marlene Pérez, ambos independientes vinculados a la UDI. Los parlamentarios habían anticipado previamente su disposición a votar favorablemente una eventual acusación constitucional.
También generaron inquietud las abstenciones de legisladores oficialistas. Entre ellos estuvieron los diputados de Renovación Nacional Juan Carlos Beltrán, Francisco Orrego y Ximena Ossandón, además de los representantes de la UDI Flor Weisse, Marco Antonio Sulantay y Guillermo Ramírez.
Este último, presidente de la UDI, explicó posteriormente que su abstención respondió a un error y aseguró que su intención era votar en contra de la resolución.
La votación tuvo lugar después de que Rabat compareciera ante la Cámara para explicar los criterios y procedimientos administrativos utilizados en la concesión de las rebajas de condenas. Durante su exposición, el ministro defendió las actuaciones de su cartera y cuestionó las interpretaciones sobre las competencias legales del Ministerio de Justicia.
Antes de la sesión, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), había advertido que el secretario de Estado enfrentaría a una mayoría inicialmente favorable a acusarlo constitucionalmente. A su juicio, el resultado dependería de la capacidad del ministro para convencer a los parlamentarios con sus explicaciones.
Alessandri también planteó que el respaldo presidencial a Rabat implicaba que La Moneda asumiera directamente las consecuencias políticas de la controversia.
«Dado el apoyo que le ha dado el Presidente Kast, imagino que asume el costo político de esa crisis y lo lleva a La Moneda», afirmó.
Pese a las recomendaciones de dirigentes de su sector que consideran conveniente un cambio en el Ministerio de Justicia, Kast ha decidido mantener al secretario de Estado en el gabinete.
Según los antecedentes conocidos, la determinación responde a la confianza personal y política del Mandatario en Rabat, así como a su disposición a respaldar a quienes aceptaron integrar su equipo de Gobierno.
Desde el Ejecutivo sostienen que las actuaciones del ministro no configuran infracciones legales ni constitucionales que justifiquen su destitución mediante una acusación constitucional.
El subsecretario vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, reiteró esa posición en una entrevista con Radio Duna y aseguró que Rabat conserva la confianza presidencial.
«No hay base para una acusación constitucional y vamos a defender al ministro», afirmó.
La defensa gubernamental se ha concentrado en los fundamentos jurídicos de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, las diferencias surgidas durante la votación del miércoles han obligado al Ejecutivo a reforzar las conversaciones políticas con sus propios parlamentarios.
La acusación constitucional anunciada por la oposición deberá superar primero su tramitación en la Cámara de Diputados. Para su aprobación en esa corporación se requiere el voto favorable de la mayoría de los diputados presentes, por lo que el comportamiento de los legisladores oficialistas podría resultar determinante.
A diferencia de la resolución que solicita la renuncia de Rabat, que no tiene efectos obligatorios sobre su permanencia en el cargo, una acusación constitucional aprobada por la Cámara debe ser conocida posteriormente por el Senado, al que corresponde resolver sobre la eventual responsabilidad constitucional del ministro.
Por ahora, el Gobierno mantiene su decisión de respaldar a Rabat, mientras las llamadas del Presidente buscan impedir que los cuestionamientos surgidos dentro del oficialismo se traduzcan en votos favorables a la acusación.
Kast llama personalmente a parlamentarios oficialistas para frenar AC contra Rabat - Nuevo Poder
El Presidente José Antonio Kast realizó una serie de llamadas a parlamentarios oficialistas durante el miércoles 28 de octubre para reforzar el respaldo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y evitar que legisladores del sector apoyen la acusación constitucional anunciada por la oposición...
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