La insólita toma de 40 días del INDH, que nadie está dispuesto a terminar

La insólita toma de 40 días del INDH, que nadie está dispuesto a terminar


El Consejo del INDH ha descartado avanzar en un desalojo de las instalaciones a través de Carabineros y desde el Ministerio de Interior indicaron que “no corresponde” actuar de oficio en estos casos. Por otra parte, los responsables de la toma han guardado silencio ante un oficio con las respuestas de la institución a sus demandas.

Los últimos 43 días en el Instituto Nacional de Derechos Humanos han sido complejos. Fue el pasado 8 de julio cuando un grupo de manifestantes, liderado por la ACES y la Coordinadora de Presos Políticos, se tomó las instalaciones bajo una serie de solicitudes que incluían, entre otras cosas, la renuncia del director de la organización Sergio Micco y del Consejo y que el Instituto definiera o manifestara que en Chile hay violaciones sistemáticas a los DD.HH, que hay presos políticos y que estos deberían ser liberados.

La discusión se encuentra en un “punto muerto” donde los líderes de la toma no se han sentado a conversar con los miembros del Instituto. Eso sí, miembros del consejo aseguran que no cederán en las demandas solicitadas ya que “atentan contra la propia autonomía del Instituto, y los propios organismos internacionales de Derechos Humanos han manifestado que la toma su petitorio van en contra de la autonomía propia de su institucionalidad”.

Al transitar frente a la sede del INDH ubicada en Eliodoro Yáñez 832, en la comuna de Providencia, una serie de pancartas, afiches y panfletos cubren la fachada del edificio. Algunas apuntan a “reparación y justicia para las víctimas de trauma ocular” y otras piden “justicia para los presos de la revuelta”. Otras exigen la libertad del frentista Mauricio Hernández Norambuena, y de los acusados por participar en la colocación de artefactos explosivos Francisco Solar y Mónica Caballero.



La familia del exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenado por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, solicitó a la Vocería de los Pueblos incluir al “Comandante Ramiro” en la lista de presos políticos.



Por otra parte, Solar y Caballero estuvieron presuntamente involucrados en una serie de explosiones en el frontis de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y Iglesia de Los Sacramentino, en el marco del Caso Bombas de los que fueron absueltos en 2012. Actualmente, ambos están en prisión y siendo investigados por el paquete bomba enviado al exministro Rodrigo Hinzpeter y la colocación de explosivos en el edificio Tánica en Vitacura.

Desde el principio Solar y Caballero han estado relacionados con la “Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de Octubre”. De hecho, Solar fue detenido por Carabineros tras participar en una convocatoria de esta organización en mayo de 2020, lo que permitió relacionarlo con dos artefactos explosivos: uno dirigido a la oficina de Quiñenco del ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y el otro al mayor de Carabineros Manuel Guzmán Hernández en la 54° Comisaría de Huechuraba.

“Paciencia excesiva”
Antes de cumplirse un mes de la toma del INDH -el pasado 6 de agosto- la directiva del instituto elaboró una carta donde dan respuesta al petitorio verbal de la ACES. Allí apuntan a realizar una mesa de trabajo colaborativa y la disposición a dialogar; y subrayan que, con el objeto de proteger su autonomía, la “Dirección informa que mientras se mantenga la toma de la sede central, el Instituto no puede pronunciarse sobre materias que no han sido resueltas” por la justicia.

El consejero del INDH Cristian Pertuzé explica que si bien “han habido acercamientos para decir ‘esto podemos hacer, establezcamos mesas de diálogo’, ha existido silencio por parte de quienes están en la toma”, no se ha recibido respuesta a los planteamientos.

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios es de las agrupaciones que ha estado más activa organizando manifestaciones post 18 de octubre de 2019. Las Convocatorias de la Aces y de la Coordinadora 18 de Octubre generalmente se cruzan, y desde hace varios meses asumieron como causa conjunta la libertad de Hernández Norambuena. Mientras Nicolás Toro y Óscar Castro Vila fueron los abogados a cargo de la defensa de Solar durante la formalización realizada en julio de 2020. Toro además representa a los exvoceros de la ACES, Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau en una querella que introdujeron luego de recibir amenazas en redes sociales, tras el boicot a la Prueba de Selección Universitaria (PSU).



“Siempre la disposición a dialogar ha estado, yo creo que ya ha habido una paciencia inclusive hasta un poco excesiva o con la máxima paciencia que se puede tener sobre estas medidas”, señala el consejero Pertuzé.

El Consejo ha descartado avanzar en un desalojo de las instalaciones a través de Carabineros. “Un desalojo es una medida muy compleja sobre todo para un Instituto de Derechos Humanos”, opina Pertuzé.

Otros consejeros apuntan a que se llegó a este acuerdo debido a que se quiere “dar oportunidad al diálogo y bajar la toma conversando”. Por su parte, considerando que el INDH es una institución pública, El Líbero consultó al Ministerio de Interior si puede actuar y responden que no intervendrán en los conflictos internos del instituto ya que sostienen que “no corresponde” actuar de oficio en un desalojo.

En consecuencia no se sabe por cuanto tiempo pueda prolongarse la toma. Algunos consejeros recuerdan que en 2017, cuando Branislav Marelic presidía la instancia, una serie de activistas por los presos políticos del régimen militar ocuparon las instalaciones durante 140 días, alrededor de 4 meses. Y no fue hasta que el exdirector, respaldado por una mayoría de los consejeros, solicitó el desalojo a través de la Intendencia Metropolitana que lograron recuperar la sede.

Por otra parte, Pertuzé enfatiza en que tampoco se han realizado solicitudes al Ministerio de Salud o al Seremi para fiscalizar las tocatas y reuniones que realizan las personas de la toma. “Hemos sabido de tocatas, fiestas o reuniones amplias de personas donde claramente van contra los aforos, tampoco se ha pedido que se vaya a fiscalizar esas temáticas que también es complejo para ellos porque están en una toma”, describe.

Miembros del consejo explican que parte de la toma corresponde a familiares de víctimas de trauma ocular, los que sí se han mostrado abiertos a diálogo con el Instituto. “El conjunto del Consejo ha estado particularmente sensible, son algunos familiares de víctimas de daño ocular que además se ven con una disposición mucho menos agresiva, mucho más educada y más dialogante, en torno a una tema que obviamente es relevante, ahí existe toda la voluntad y disposición de entregar la información que se requiera”, explican fuera de micrófono.

Dos frentes abiertos
Al día siguiente de la toma iniciada por la ACES a la sede de la institución, el 9 de julio, la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (AFFINDH) -uno de los dos sindicatos de la institución- llamó a paro a los miembros del gremio bajo las mismas consignas, a la que se sumó la solicitud de ampliar los contratos de los trabajadores de forma indefinida. En primera instancia la AFFINDH continuó con sus labores en los turnos éticos, el 13 de agosto a través de su cuenta de Twitter publicaron un comunicado en el que aseguraba no seguir cumpliendo con ellos. Luego de varios días de haber anunciado esa medida, ayer luego de 41 días de movilización, el sindicato informó que se llegó a un acuerdo con la Dirección.



Desde AFFINDH bajaron la solicitud de renuncia y de disculpas públicas. Con respecto a que contrataciones pasen a plazo fijo, el acuerdo fue que en caso de que no se fueran a renovar los contratos, se avisará con un plazo mínimo. Y si bien la toma funciona por carril paralelo, pues sus líderes aún no responden la carta enviada por el INDH, en la interna del Consejo se consideraba que en lo político y social el petitorio de la asociación de funcionarios era muy similar a lo planteado por quienes permanecen en la sede.


Pertuzé aborda las peticiones y sostiene que tienen que ver, principalmente, “en la exigencia de la renuncia de Sergio, del consejo, de cambiar la institucionalidad del Instituto, que el INDH definiera o manifestara que en Chile habían violaciones sistemáticas a los DD.HH, que habían presos políticos y que deberían ser liberados. Junto con ello, que se avanzara en políticas de recuperación, de justicia, de verdad y de garantías de no repetición, pero que son casi todas exigencia que no dependen del Instituto y que además atentan contra su autonomía”.

Este era el segundo paro de trabajadores en menos de tres meses. Anteriormente el otro sindicato, la Asociación Nacional de Funcionarios Defensores de Derechos Humanos del INDH (ANDEDH), se paralizó emplazando a su director Sergio Micco a renunciar por un presunto cambio en el criterio con el que contabilizaban las cifras de las víctimas de trauma ocular, con lo que el número pasó de 460 casos a 173. Pero la situación fue aclarada y se generó una mesa de trabajo con el gremio que bajó la movilización.

El 30 de julio un grupo de sindicalistas se reunió con la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, con el propósito de exponer la crisis que los mantiene movilizados. Respecto al encuentro Loncón precisó a través de Twitter: “El respeto a los DD.HH. es fundamental para construir un país más justo. Por ello, recibimos a la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del INDH para incorporar su mirada a esta nueva Constitución”.

https://ellibero.cl/actualidad/la-insolita-toma-de-40-dias-del-indh-que-nadie-esta-dispuesto-a-terminar/

 

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